núm.2 (2005)

Tipo de documento: Artículo

Recurso de casación por interés casacional y posible control casacional de la valoración de los hechos realizada por el tribunal de instancia.

(A propósito de la STSJA de 14 de julio de 2004).

Carmen Samanes Ara

Varias e interesantes son las cuestiones que se plantean en la sentencia del TSJA de 14 de julio de 2004, y diversos los pareceres de sus autores –hay dos votos particulares- todo lo cual sugiere alguna reflexión.

1. El recurso de casación se interpuso por la vía prevista en el artículo 477, 2.3º LEC al entender el recurrente que la resolución del recurso presenta interés casacional, resultando admitido el mismo por entender la Sala que dicho interés concurre toda vez que no existe doctrina de este Tribunal, si bien el auto de admisión se dictó con un voto particular. Es lo cierto que el objeto del litigio en el que recayó la sentencia recurrida (pretensión declarativa de servidumbre de paso) es de aquellos que deben tramitarse por el procedimiento correspondiente a su cuantía, al no estar incluido en ninguno de los apartados de los artículo 249.1 y 250.1 LEC. Según esto, el recurso, de compartirse la interpretación que del artículo 477 LEC hace el TS, debería haber sido inadmitido.

Dos son las vías de acceso a la casación que previene la vigente LEC. La primera atiende al contenido de la sentencia: pueden abrir la casación las que deriven de un proceso relativo a la tutela de derechos fundamentales -excepto los que reconoce el art. 24 CE- y las dictadas en procedimientos cuya cuantía rebase los 150.000 euros (art. 477,2, 1º y 2º LEC). La segunda vía aparece cuando el asunto presente interés casacional, concepto éste cuyo exacto alcance se encarga de precisar la norma del art. 477.3 LEC. Pues bien, la exégesis del art. 477.2 llevada a cabo por la Sala Primera del TS condujo a éste a afirmar que la vía del interés casacional está reservada a los asuntos seguidos en atención a la materia que constituya su objeto1. Y llega a esta conclusión (Véase el auto de 3-12-2002) a partir de una serie de preceptos de la LEC:

En primer lugar, de la disposición del artículo 255, que permite al demandado impugnar la cuantía de la demanda cuando entienda que, de haberse determinado de forma correcta, resultaría procedente el recurso de casación. Es difícil, sin embargo, encontrar un nexo entre dicha norma y la configuración, como excluyentes, de los dos supuestos recogidos en el artículo 477.2, sobre todo si se tiene en cuenta que la carga que el artículo 253.1 impone al actor (justificar la cuantía de la demanda) ha de observarse en todo caso, y no solo en aquellos en los que la determinación del procedimiento se ha hecho en relación con la cuantía. Por otra parte, la actividad del demandado en el momento al que se refiere dicho 255, únicamente puede versar acerca del dato de la cuantía, que es el único dato seguro y cognoscible entonces; si existe o no interés casacional es algo que únicamente podrá saberse en el momento de la sentencia de segunda instancia.

En segundo lugar, se alude, en apoyo de la referida interpretación, al diferente alcance de efectos que, según los casos, atribuye el art. 487 a la sentencia dictada en casación. Según dicho precepto, mientras que si el recurso se interpuso al amparo de la norma del art. 477.2.2º la sentencia estimatoria casará en todo o en parte la sentencia recurrida, si se interpuso por interés casacional, aquélla casará la resolución impugnada y resolverá sobre el caso, declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiere producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción o divergencia de jurisprudencia. Ahora bien, no debe atribuirse a esas expresiones legales el significado de que, en el primer caso el órgano de casación ejerza una función meramente negativa, dejando la cuestión sin resolver. Lo coherente, si así fuera, sería ordenar el reenvío al órgano de instancia, pero no existe en la LEC precepto alguno en este sentido y por tanto el tribunal debe resolver, en cualquier caso, sobre el fondo del litigio. Ocurre, únicamente, que en el segundo caso (interés casacional) el tribunal no se encuentra vinculado por las tesis que mantienen las respectivas sentencias confrontadas, sino que puede adoptar una tercera postura. No cabe pues, deducir del art. 487, como hace el TS, que los cauces contemplados en el art. 477.2 son incompatibles, aunque, en efecto, sean distintos. De hecho, puede muy bien suceder que un asunto de cuantía superior a 150.000 euros, y en el que la determinación del procedimiento se haya hecho en razón de la cuantía, presente interés casacional2. Y, si así ocurre, la repetida interpretación obstaculiza la finalidad nomofiláctica del recurso, pues se impide que accedan a la casación, asuntos tramitados por una cuantía inferior a la prevista legalmente pese a la existencia de palmarias contradicciones en la doctrina judicial3

En tercer lugar, la tesis del TS según la que la vía del interés casacional está reservada a los asuntos seguidos en atención a la materia se apoya en el fragmento de la Exposición de Motivos de la LEC (apdo. XIV) conforme al que el interés casacional se objetiva en la Ley “… no sólo mediante un parámetro de cuantía elevada, sino con la exigencia de que los asuntos sustanciados en razón de la materia aparezcan resueltos con infracción de la ley sustantiva, desde luego, pero, además, contra doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (o en su caso, de los Tribunales Superiores de Justicia) o sobre asuntos o cuestiones en los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales…”. Forzoso es reconocer, sin embargo, que el párrafo en cuestión no es un ejemplo de claridad, pues parece dar a entender que para que un asunto pueda acceder a casación deben concurrir ambas circunstancias (la cuantía y el interés casacional) cuando no es así, pues al artículo 477 y concordantes lo permiten en cualquiera de los dos casos. Y lo razonable es suponer que, de ser la intención del legislador la que presume el TS, el artículo 477.2.3º hubiera debido decir: cuando la resolución del recurso presente interés casacional y el asunto se hubiese sustanciado en razón de la materia.

Por último, se arguye con base en el artículo 483.2 LEC, que ordena la inadmisión del recurso “si el asunto no alcanzase la cuantía requerida o no existiese interés casacional”. A partir de ahí entiende el TS que, si fuera posible que los asuntos de cuantía inferior a 150.000 euros y tramitados en razón de la cuantía, pudiesen tener acceso a casación acreditando interés casacional, la única causa de inadmisión aplicable sería la inexistencia de dicho presupuesto y nunca la insuficiente valoración económica del litigio, que, por sí misma, jamás vedaría el acceso a la casación. Este modo de razonar, a mi juicio, olvida que puede muy bien ocurrir que un asunto tramitado por razón de la cuantía, presente, además, interés casacional por concurrir las circunstancias establecidas en el art. 477.3. Y no es cierto que, admitir que los asuntos que, seguidos por razón de la cuantía, y siendo ésta inferior a 150.000 euros, puedan acceder a la casación por la vía del interés casacional, conduzca a la conclusión de que la insuficiente valoración del litigio jamás vedaría el acceso al recurso y que la única causa de inadmisión deba ser la existencia de tal interés: si el interés casacional no se alega, el dato relevante será la cuantía, y si no se alcanza el mínimo (es decir, si la cuantía no se hubiese determinado conforme a las normas legales aplicables, que era lo que literalmente decía el artículo 1719 LEC 1889 y que es como debe interpretarse el artículo 483.2.3º de la vigente Ley) el recurso habrá de inadmitirse.

En consecuencia, considero que, por lo que respecta a la recurribilidad de la sentencia, es enteramente correcta la admisión del recurso de casación realizada por nuestro TSJ en el asunto que me ocupa.

2. En la demanda se ejercitó una pretensión declarativa de servidumbre de paso adquirida por usucapión, demanda que fue estimada en primera instancia, sobre la base de haber utilizado la actora de manera pública y notoria desde el año 1.985 el acceso a su vivienda a través del solar propiedad de la demandada. La Audiencia Provincial revocó la sentencia, y frente a esta segunda resolución se interpuso recurso de casación aduciéndose infracción del artículo 147 CA, conforme al que “Todas las servidumbres aparentes pueden ser adquiridas por usucapión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, sin necesidad de justo título ni buena fe”.

La Audiencia Provincial denegó la preparación del recurso en cuestión, por estimar que se trataba de una cuestión de hecho no recurrible en casación, al haber entendido aquel órgano que no sirven para la usucapión los actos meramente tolerados. Frente a la resolución correspondiente se interpuso recurso de queja, que fue estimado por el TSJA aunque con un voto particular.

Remitidos los autos a la Sala, ésta se pronunció (auto de 6 de mayo de 2004) afirmativamente sobre la admisibilidad del recurso, con base en lo dispuesto en el art. 477.2 y 3, párrafo segundo LEC, y al no existir doctrina del TSJA sobre la materia. También en esta ocasión la resolución contó con un voto particular, en el que se adelantaban argumentos después reiterados en el voto particular que se hizo por el mismo autor a la sentencia de casación. Y ahí se expresa:”… lo que se discute en el presente recurso es la valoración fáctica efectuada por la Audiencia, quien tras la apreciación del material probatorio obrante en juicio considera acreditado que nos hallamos ante una posesión de mera tolerancia que, por tanto, no aprovecha para la usucapión, conforme resulta de los arts. 1942 y 444, ambos del Código Civil; por el contrario, la parte recurrente sostiene que estamos ante una possesio ad usucapionem, apta para la adquisición de la servidumbre. Lo que en definitiva hacen los recurrentes es discrepar de la valoración probatoria de la sentencia impugnada…”

Ciertamente - y como se apunta en el segundo de los votos particulares emitidos en relación con la sentencia en cuestión- el recurrente en casación no denunció exclusivamente la infracción del artículo 147 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón, sino la indebida consideración por la Sala sentenciadora del concepto de hechos meramente tolerados, que no afectan a la posesión y que no sirven para la adquisición por usucapión del derecho así utilizado.

Dado que el demandante intentó comprar el terreno que integraba el paso, y que los sucesivos propietarios no se avinieron a la venta, la Audiencia concluyó que había únicamente una mera licencia tolerante del paso, situación no apta, por tanto, para posibilitar la adquisición de la servidumbre por usucapión. Ante esto, cabe plantearse qué tipo de operación es la realizada en ese punto por la Audiencia - es decir, si lo que se cuestiona es la valoración de la prueba, o si se trata más bien de la valoración de los hechos- y si en efecto, dicha operación es o no susceptible de control casacional, extremos éstos en los que, como ha quedado dicho, los pareceres de los integrantes de la Sala de lo Civil del TSJA no fueron unánimes.

En el supuesto resuelto por la sentencia que me ocupa, lo que se combate por el recurrente en casación no es la valoración de la prueba realizada en la instancia. La prueba en el proceso sirve a los fines de formar la convicción judicial sobre los hechos, de modo que si la actividad probatoria realizada tiene éxito, la sentencia partirá de los hechos relevantes como dados. Y ciertamente, el control de la función que en ese momento realiza el juzgador, es decir, el control de un posible vicio in iudicando en la realización de esa función, no pertenece al ámbito del recurso de casación tal y como lo configura la vigente LEC. Como se expresa en el auto del TS de 8 de octubre de 2002 (FD 5), “…los aspectos atinentes a la distribución de la carga y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el juicio sobre los hechos resultante de la aplicación de esas reglas y principios que rigen la valoración de los diferentes medios de prueba y de ésta en su conjunto, se encuadran dentro del marco de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados…”.

Por consiguiente, no es posible el control en casación sobre la constatación de los hechos, y es muy reducido el que puede llevar a cabo el órgano que resuelve un recurso extraordinario por infracción procesal, que podrá existir cuando efectivamente se haya producido una vulneración de las normas procesales reguladoras de la sentencia (art. 469.1.2º LEC), pero nunca se podrá alterar o sustituir la apreciación, como probados, que de los hechos haya realizado el tribunal de instancia.

Cosa diferente es, sin embargo, el control sobre la calificación de los hechos. Ésta consiste en asimilar una situación de hecho a una noción legal, en determinar en qué categoría legal debe encuadrarse el hecho o el acto cuya existencia ha sido probada, y, en consecuencia, en establecer qué norma jurídica le es aplicable4. Significativo es reparar en el dato de que, mientras que en la operación de valoración de las pruebas es esencial la inmediación, ésta es perfectamente prescindible en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos probados. Sobre la referida operación de subsunción, sobre el paso del hecho al derecho, debe poder operar el control casacional, pues la errónea calificación de los hechos –o de los actos- comporta una infracción de la norma, ya que la consecuencia que se sigue de una calificación incorrecta es que, o bien se aplica la ley a una situación de hecho para la que no está prevista, o bien la norma no se aplica a una situación que encaja dentro del supuesto de hecho legal5.

Por todo ello, considero que la vía adecuada para la denuncia del vicio en el que se supone que incurrió la Audiencia Provincial, es efectivamente la del recurso de casación y no la del recurso extraordinario por infracción procesal y, que, por tanto, fue correcta la admisión del recurso, sin que, -contrariamente a lo que se dice en uno de los votos particulares- hubiera debido exigirse para su admisión la alegación de vulneración de una norma reguladora de valoración de la prueba, pues no fue la valoración de la prueba lo que se cuestionó, sino la indebida consideración por la Sala sentenciadora del concepto de hechos meramente tolerados.

3. En la sentencia que da pie a estas reflexiones, se indica que el recurso de casación fue admitido por entender que su resolución presentaba interés casacional, y al no haber al respecto doctrina del TSJA. Como he dicho antes, la Audiencia Provincial, en su momento, rechazó la preparación del recurso por entender que se trataba de una cuestión de hecho no recurrible en casación, y el oportuno recurso de queja fue estimado (Auto TSJA de 12 de diciembre de 2003) con un voto particular. Y este parecer discrepante, para el que el recurso de queja debió desestimarse, se sustenta, no solo sobre la base de que la cuestión era de hecho, sino además sobre la de entender que la concurrencia del interés casacional debe quedar acreditada de modo suficiente en la fase de preparación, pesando sobre la parte recurrente la carga de explicar el interés casacional y de acreditar su efectiva existencia. En concreto, y recogiendo el criterio del TS se indica: “…no le basta al recurrente con afirmar que la sentencia impugnada se opone a la jurisprudencia sentada en otras resoluciones, las cuatro de la Audiencia Provincial de Zaragoza que cita, sino que es necesario recoger el sentido de las sentencias, su ratio decidendi, con expresión de la específica materia en que se suscita la contradicción jurisprudencial y de qué modo se produce ésta, siendo preciso, además, razonar sobre la identidad de supuestos entre la sentencia recurrida y las que se invoquen como contradictorias con ella, lo que resulta imprescindible para que la Audiencia efectúe el control de recurribilidad que le corresponde en fase preparatoria…”.

Dejando a un lado el dato de que en este caso lo relevante era la ausencia de doctrina del TSJ, lo que por sí determina la concurrencia de interés casacional de acuerdo con la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 477.3, el párrafo transcrito mueve a alguna consideración acerca de lo que debe ser exigible en la fase de preparación del recurso cuando se alegue dicho interés por existir jurisprudencia contradictoria.

Conforme a lo prevenido en el artículo 479.4 LEC, cuando se pretenda recurrir una sentencia al amparo de lo dispuesto en el número 3 del apartado 2 del artículo 477, el escrito de preparación deberá expresar, además de la infracción legal que se considere cometida, las sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria en que se funde el interés casacional que se alegue. La expresión o mención de esas sentencias, es (debería ser) pues, suficiente, de acuerdo con la norma del artículo 480.1, para que la Audiencia Provincial deba tener por preparado el recurso. Ni siquiera hace falta en ese momento acompañar el texto de las sentencias, labor que legalmente (artículo 481.2) está reservada para un momento posterior, cual es el de la interposición del recurso. En este particular, sin embargo, también el Tribunal Supremo ha ido mucho más allá de lo que van las normas legales6. En el ATS de 3 de julio de 2003 -en la línea del Acuerdo de 12 de diciembre de 2000- se dice que, para que se vean cumplidas las exigencias del artículo 479.4, hace falta que ”…se indique por la parte cómo y por qué se ha vulnerado la doctrina de esta Sala Primera que se contenga en las sentencias que se expresa, y qué puntos y cuestiones resuelve la sentencia que se intenta recurrir en casación sobre las que existe jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, reseñando las sentencias correspondientes, que han de ser dos de un mismo órgano de segunda instancia, Audiencia o Sección, y otras dos de diferente órgano, por cada punto o cuestión sobre la que se alegue esa contradicción, que deberá ser explicada, exponiendo por ello el contenido de las sentencias y razonando de qué modo se produce la contraposición jurisprudencial…”. Está claro que, de seguirse esta interpretación, o bien ha de producirse en la práctica un doble e innecesario control realizado por dos órganos distintos sobre el mismo presupuesto, o bien ha de quedar vacío de contenido el trámite de admisibilidad del recurso, momento procesal en el que, legalmente, debe examinarse la concurrencia del interés casacional7.

En cualquier caso, cuando el motivo alegado se basa precisamente en una incorrecta calificación jurídica de los hechos, acreditar la concurrencia de interés resulta problemática, no tanto si aquel interés existe por no haber doctrina del TSJ, como ocurre en el caso objeto de este comentario, sino especialmente, si resulta necesario llevar a cabo una comparación entre sentencias. Y ello porque, en tal caso, para poder establecer que, efectivamente existe una contradicción8, se hace preciso constatar que hechos de iguales características se han calificado de distinto modo, operación ésta que excede de lo que debería ser simple comprobación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso9.

4. Todo esto conduce al examen de la calificación de los hechos que se llevó a cabo en la sentencia impugnada en casación, para lo que han de destacarse los hechos relevantes de los que parte la sentencia impugnada, y que son los siguientes. Por una parte, y según se indica en el Fundamento de Derecho Primero de la Sentencia del TSJA, Que en fecha 17 de octubre de 1985 fue interesada y obtuvieron licencia municipal para la apertura de una puerta en el corral de la vivienda que da a la calle Hermanos Cubel, hecho acreditado por prueba testifical de las vecinas de la localidad de la que son también vecinos los actores y mediante documentos consistentes en fotografías. Pese a esta afirmación de que tal hecho se ha probado, en el Fundamento Cuarto se precisa que los recurrentes olvidan que en el extraordinario recurso de casación no son los hechos probados por la sentencia del Juzgado los que han de ser tenidos en cuenta, sino los que el Tribunal de apelación consideró acreditados, Y lo que la Audiencia consideró probado y la parte recurrente no ha combatido en debida forma fue (…) el demandante aportó unos datos relevantes, a saber: precisó que pretendió comprar el terreno que integraba el paso y que los propietarios intermedios rechazaron tal petición.

Pues bien, esos hechos han de ser subsumidos en la norma del artículo 147 CA que establece la usucapibilidad de las servidumbres aparentes, si bien, y consistiendo la usucapión en la adquisición de un derecho real a virtud de la posesión del mismo durante el tiempo legalmente exigido, resulta necesario para llevar a cabo adecuadamente dicha operación de calificación, integrar dicha norma con otras que precisan cuándo la posesión es o no apta para producir ese efecto prescriptivo. En concreto, la sentencia del TSJA que estoy comentando, acude por una parte, al artículo 430 del Cc, que exige a dicho fin “la intención de haber la cosa o derecho como suyos”, y por otra parte, al 1942 del mismo cuerpo legal, conforme al que los actos meramente tolerados no aprovechan a la posesión.

Los hechos que la Audiencia consideró probados son considerados por dicho órgano, reveladores de que los mencionados sucesivos propietarios lo que nunca pretendieron era permitir la consolidación de derechos de los demandantes y sí solo mera licencia tolerante del paso, pues en otro caso aquella consolidación hubiera sido tan perjudicial tratándose de fincas urbanas. Estimó, por ello, la Audiencia, -y este parecer fue compartido por la mayoría de los integrantes de la Sala que falló el recurso de casación- que no hay título para la constitución de la servidumbre ni tampoco título para la usucapión ni posesión en concepto de dueño para usucapir.

Ocurre, sin embargo, que la posesión habilita para adquirir por prescripción no sólo el dominio, sino los demás derechos reales (las servidumbres entre ellos). Y parece indudable que para la adquisición del dominio es exigible poseer la cosa en concepto de dueño, que es tanto como la intención de haber la cosa como suya. Pero para usucapir otro derecho real, ese ánimo deberá identificarse con la intención de tener como suyo el derecho real de que se trate. El intento de compra del terreno por parte de los demandantes en la litis de la que trae causa este comentario, dato que fue crucial para la resolución de la controversia, pretendía adquirir el dominio, negocio diferente del que hubiera debido servir para adquirir la servidumbre. Del mismo modo, la negativa a vender el suelo por parte de sus propietarios, si bien indica el ánimo de estos de evitar que sus vecinos fueran titulares de un derecho dominical sobre el suelo, no es óbice para que éstos pudieran consolidar otro derecho real, en concreto la servidumbre de paso. Por el contrario, y según se desprende de la fundamentación de la sentencia, no hubo oposición de los titulares del predio sirviente a la apertura de una puerta y a la permanencia de la misma durante casi veinte años. Es decir, esta circunstancia no movió a los dueños del terreno a impedir la utilización del paso, lo que hubieran podido muy bien hacer, sino que lo consintieron, situación ésta que excede de la mera condescendencia.

El tribunal de instancia es soberano para fijar en el proceso los hechos, pero eso no impide al órgano de la casación controlar el valor dado a los mismos. La clave está, por consiguiente, en el paso de lo concreto a lo abstracto, en la identificación de la situación de hecho con la noción jurídica de ánimo de poseer o de licencia o mera tolerancia. Toda noción jurídica es susceptible, en mayor o menor medida, de ser definida en abstracto. Cuando el órgano de la casación examina si la calificación hecha por el juez de instancia se ajusta o no a dicha definición, cumple claramente su función de asegurar la correcta aplicación de la ley. Y, cuando dicho órgano determina los caracteres de las calificaciones jurídicas no definidas por la ley, emite doctrina10. No estoy de acuerdo, por tanto, con la afirmación que se vierte en uno de los votos particulares a la sentencia comentada, en el sentido de que el pronunciamiento que se dicte sobre la cuestión litigiosa aquí planteada, ni crea jurisprudencia ni la unifica.

Enlaces: Sentencia TSJA 14 julio 2004 (texto íntegro)

Pequeño comentario de la sentencia

Notas a pie de página numéricas:

1 El TC ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, y así, en STC 164/2004, de 4 de octubre denegó el amparo solicitado, sosteniendo (FJ 3) que “… Por discutible que pueda considerarse la argumentación que ha conducido a la inadmisión del recurso de casación, la densidad del control que puede ejercerse sobre las decisiones judiciales de inadmisión de recursos por la vía del recurso de amparo constitucional en el que se invoque el art. 24.1 CE no habilita a este Tribunal a revisar resoluciones como la aquí impugnada…”. Cierto es, sin embargo, que esta sentencia se dictó con un voto particular.
2 Como señala atinadamente DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, “…no sólo se va a dar la paradoja de que en procedimientos seguidos por razón de la materia pero de cuantía superior a veinticinco millones habrá que justificar el interés casacional, sino, lo que es más importante, que en los procedimientos seguidos por razón de la cuantía, es decir, la inmensa mayoría, aunque exista el más palmario interés casacional sólo tendrán acceso a casación los pleitos de más de veinticinco millones de pesetas” (Un torpedo a la casación. Tribunales de Justicia 2001 nº 2, p. 7.
3 En estos términos se expresa el voto particular del magistrado D. Eugeni Gay Montalvo en el voto particular formulado a la sentencia citada en la nota nº 1.
4  BORÉ, La cassation en matière civile, París 1980, p. 474.
5 BORÉ, La cassation… p. 481.
6 Han sido muy duras las críticas doctrinales que se han dedicado a este proceder del TS. Así, MORÓN PALOMINO señala: “…en cuanto al “interés casacional, las exigencias formales de su invocación en el escrito de preparación del recurso resultan en el “acuerdo” tan  alejadas de las impuestas legalmente que sorprende hayan sido formuladas por los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Sala de casación, que en cuanto tal y desde la función juzgadora que a sus componentes concierne, ha de velar por la estricta aplicación de la legalidad vigente. ¿Concuerdan los magistrados con semejante cometido?…”(Precisiones y significación constitucional del recurso de casación, La Ley , miércoles 17 de noviembre de 2004, p. 6).
7 Véase al respecto, LÓPEZ SÁNCHEZ, El interés casacional, Madrid 2002, pp. 128 y ss.
8 La contradicción que aduzca el recurrente en casación, puede estar referida no solo a sentencias de las Audiencias Provinciales, que es lo que literalmente expresa el artículo 477.3 LEC, sino también a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia. (En este sentido, MUÑOZ JIMÉNEZ, Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, coord. FERNÁNDEZ BALLESTEROS; RIFÁ SOLER y VALLS GOMBAU, T. II, p. 2266).
9 En opinión de LÓPEZ SÁNCHEZ convendría arbitrar mecanismos para establecer en estos casos una forma de alegación de la existencia de interés casacional a pesar de la especificidad de cada supuesto y, por lo tanto, de la dificultad de llevar a cabo un juicio de contradicción  (El interés casacional… cit., p. 198).
10 BORÉ, La cassation…cit., p. 485.

Para citar este artículo :

Carmen Samanes Ara. «Recurso de casación por interés casacional y posible control casacional de la valoración de los hechos realizada por el tribunal de instancia.», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=246
organismo : Universidad de Zaragoza

función : Profesora Titular de Derecho Procesal, Juez excedente