núm.2 (2005)

Tipo de documento: Artículo

Algunos problemas sobre invalidez, ineficacia y revocación de los pactos sucesorios en la Ley aragonesa de sucesiones por causa de muerte1

(Ley 1/1999 de 24 de febrero)

Carmen Bayod López

La ley aragonesa de sucesiones por causa de muerte dedica su Título II a la regulación de la sucesión paccionada, y en concreto, el capítulo VI de este título se refiere de forma expresa la Revocación, modificación e ineficacia de los pactos sucesorios.

En relación con esta materia hace ya unos años efectúe unas reflexiones sobre la nueva regulación de este modo de delación señalando algunos problemas que en sede de invalidez, ineficacia o revocación, presentaba la misma2.

Estas reflexiones serán en esta sede objeto de revisión y análisis.

Me propongo estudiar los arts. 85 a 89 de la Ley aragonesa de sucesiones por causa de muerte en relación con las normas relativas a la invalidez de los contratos y de los testamentos, tratando de establecer, en función de las mismas, el régimen jurídico de la invalidez de los pactos sucesorios.

Comenzaré por referirme a la ineficacia del pacto sucesorio, materia que aparece en la rúbrica del capítulo VI de la Ley, pero de la que expresamente poco o nada dice la regulación positiva aragonesa.

Seguidamente, me referiré a la modificación y revocación de los pactos sucesorios, haciendo especial referencia a cuestiones relacionadas con la indignidad sucesoria y la preterición, centrando el análisis en su actuación sobre el pacto sucesorio: ¿causas de revocación o de ineficacia?

A. Validez e invalidez. El legislador aragonés en el art. 62 Lsuc. regula, en parte, las condiciones de validez de los pactos sucesorios; a estos efectos, dispone que: “Son válidos los pactos que sobre la propia sucesión se convengan en escritura pública, así como los que en relación a dicha sucesión otorguen otras personas en el mismo acto”.

Son requisitos de validez del pacto: i) la escritura pública  y, desde el punto de vista del contenido, ii) que la disposición sucesoria se realice sobre la herencia de una o varias de las partes contratantes y no sobre la sucesión de un tercero que no intervenga en el otorgamiento.

Estos requisitos son específicos de la sucesión paccionada, pero para la validez del pacto debemos añadir otros: lo que con carácter general exigen las sucesiones por causa de muerte: iii) la capacidad de los otorgantes (mayoría de edad, que exige el art. 63 Lsuc.) y, en función del art. 3 Lsuc., iv) la no contradicción de norma imperativa aplicable en Aragón, como límite la contenido del pacto.

En consecuencia, podemos afirmar que el pacto sucesorio es válido si el acuerdo de voluntades realizado por los otorgantes del mismo se ajusta a la previsiones legales vigentes que el legislador ha establecido sobre el mismo al tiempo del otorgamiento.

La consecuencia de la validez del negocio será la vinculación entre las partes y la fuerza jurídica del pacto que permitirá a cada una de aquéllas, en caso de incumplimiento, la exigencia coactiva de sus efectos.

Por el contrario, el pacto sucesorio será inválido3 cuando los otorgantes lo hayan confeccionado sin cumplir el protocolo previsto por el legislador.

Cuando no se cumplan algunos de los requisitos de validez impuestos por el legislador, la consecuencia será la falta de vinculo jurídico entre las partes: el pacto no desplegará sus efectos propios (vgr. el nombramiento de heredero único; designación de fiduciario o las cargas impuestas al heredero, etc.); y sí tendrá las consecuencias que prevea la ley para el caso de invalidez (vgr. apertura de la sucesión legal o vigencia de un testamento o pacto anterior; la aplicación, en su caso, del art. 1303 Cc.: devolución de prestaciones, si las hubiera habido; daños y perjuicios derivados de las relaciones contractuales frustradas; etc).

B. Ineficacia. Entre la validez y la invalidez del pacto hay una zona que podemos calificar estrictamente de ineficacia.

Todo pacto sucesorio inválido será ineficaz, entendiendo por ineficacia la ausencia de efectos del pacto de acuerdo a lo querido por las partes.

Pero la ineficacia no tiene tan sólo como premisa la invalidez, puesto que los contratos válidos pueden ser también ineficaces, si habiendo cumplido todos aquéllos requisitos exigidos por la ley para poder derivar sobre lo mismos un juicio de validez sin embargo, la ausencia de determinadas condiciones previas o posteriores a la celebración del negocio impiden que el mismo despliegue todos o algunos de los efectos previstos por la partes.

En efecto, el ejemplo paradigmático en esta sede, sería la premoriencia del heredero contractual al instituyente; quizás también para algún autor se incluiría aquí, la posibilidad de revocación en función de las causas previstas en la ley.

De cualquier manera es evidente, que las consecuencias que se deriven de la invalidez (pérdida de la fuerza vinculante del pacto) y de la ineficacia stricto senso (vinculación y producción de efectos no expresamente previstos por las partes, derivándose otros previstos por la ley o acaso también por los contratantes) no son las mismas en esta sede, de ahí que tengamos que atender a ellas partiendo de los supuestos en los que el pacto es invalido, y por lo tanto también ineficaz, y de aquellos otros supuestos en los que, siendo valido el otorgamiento, deviene ineficaz el llamamiento sucesorio, produciendo otros efectos previstos por la ley o por las partes contratantes.

A. Causas de invalidez. La ley de sucesiones no establece de forma directa ninguna regulación acerca de los supuestos en los que la delación paccionada es inválida y muchos menos las consecuencias que se derivan de la misma.

No obstante, en atención a las previsiones de los arts. 62, 63 y 69, creo que podemos establecer el siguiente régimen jurídico.

a) El pacto sucesorio, siguiendo a Lacruz4 lo podemos definir como la ordenación mortis causa en la que la voluntad del ordenante —instituyente— queda vinculada a otra voluntad —instituido o un tercero— no pudiendo revocarse dicha disposición por acto unilateral del causante.

En razón de ello, no hay ninguna duda de la naturaleza sucesoria del pacto, pero tampoco la hay respecto de su evidente contenido contractual (vinculación de presente entre los otorgantes), que permite afirmar al legislador que: “Como supletorias se aplicarán las reglas generales de los contratos y disposiciones testamentarias según la respectiva naturaleza de sus estipulaciones” (art. 69.2 Lsuc.).

Por lo tanto, al pacto sucesorio, y en orden a la invalidez, le resultarán aplicables las causas por las que pueden ser nulos o anulables los contratos así como los supuestos de invalidez e ineficacia de las disposiciones sucesorias, en concreto de las previsiones que en esta materia efectúa el legislador aragonés en el capítulo III del libro III de la  Ley de sucesiones, que considero aplicable analógicamente a la invalidez del pacto sucesorio, sin perjuicio de las pertinentes adaptaciones, como ya señalé en otro lugar5.

B. Nulidad del pacto sucesorio. a) Las causas. El legislador aragonés no establece de forma expresa cuándo un pacto sucesorio es nulo, esto es, cuando no esta llamado a producir ninguno de los efectos previstos en el mismo, puesto que desaparece la vinculación entre las partes.

No obstante, es evidente que lo será cuando no cumpla aquellos requisitos previstos por la ley en orden a su validez.

A lo que creo, las causas de nulidad de los pactos sucesorios las podemos deducir del ya mencionado art. 62 Lsuc. y también de lo que, respecto de los testamentos, establece el art. 108.1 a) Lsuc.

En efecto, el art. 108.1 a) dispone que: “Los testamentos en cuyo otorgamiento no se hayan observado los requisitos esenciales prescritos por la ley para los testadores, el contenido o la forma del testamento otorgado—2. Los testamentos en los que no se hayan observado los restantes requisitos y formalidades prescritos por la ley”.

En consecuencia, podemos enumerar como causas de nulidad del pacto las siguientes:

 i) la falta de capacidad en cualquiera de los otorgantes: ser menor de edad o estar incapacitado (art. 63 en relación con el art. 108 Lsuc.)

ii) no realizar el otorgamiento en escritura pública (art. 62 en relación con el 108 Lsuc.)

iii) En lo que hace al contenido infringir los límites del standum est chartae (vgr. pacto sobre la herencia de un tercero: arts. 3 y 69 en relación con el art. 62 y 108 Lsuc.).

b) Ejercicio de la acción. Considero aplicable analógicamente también el art. 111 Lsuc. Por consiguiente, la acción para ejercitar la nulidad del pacto sucesorio será imprescriptible, pudiendo ser ejercitada (legitimación activa) por cualquiera de los otorgantes del pacto sucesorio o por quien tenga interés en su declaración (vgr. los que resultarían herederos si es inválido el llamamiento paccionado).

La acción se ejercitará (legitimación pasiva) frente a los otorgantes del pacto sucesorio: instituyentes, instituido o tercero cocontrate, no frente al tercero designado heredero, salvo que ya se haya producido la apertura de la sucesión y haya aceptado la herencia.

c) Efectos. La nulidad derivada de estas causas afecta a todo el contenido sucesorio del pacto, ya que para su otorgamiento no se han seguido las prescripciones de validez afirmadas por el legislador.

Ello implica que deviene nulo e ineficaz la designación de heredero contractual así como las cargas y obligaciones impuestas al mismo.

La acción, al ser imprescriptible, puede ser ejercitada en cualquier momento y convendría establecer una doble distinción: el ejercicio de la misma en vida de los otorgantes y por cualquiera de ellos o por un tercero con interés en la declaración o bien su ejercicio a la apertura de la sucesión.

a'. Ejercicio de la acción en vida de ambos otorgantes. Si la acción se ejercita en vida de ambos otorgantes, bien por el instituyente, bien por el instituido o bien por un tercero cocontratante, el efecto principal será la desvinculación de las partes, esto es, el instituyente recupera sus facultades de disposición; el instituido ya no es heredero contractual y, en su caso, decaerán las cargas impuestas. También, recobraran su vigencia los testamentos o pactos revocados por este que ahora se declara nulo.

En el caso de que la institución sucesoria hubiera sido de presente y, por lo tanto hubiera operado la transmisión actual de bienes, procederá la retransmisión de los mismos, ya que dicha atribución patrimonial carece de causa.

La reversión de los bienes al patrimonio del instituyente es la consecuencia que necesariamente se deriva de la invalidez del otorgamiento.

Para los supuestos de invalidez, nada establece de forma expresa el legislador aragonés (sí lo hace en los supuestos de revocación unilateral), el fundamento en este caso podría encontrarse en el art. 1303 Cc., en cuanto que lo podemos considerar una norma general en la que fundar las pretensiones restitutorias.

De resultar aplicables supletoriamente estos preceptos del Código civil a las transmisiones de bienes realizadas por el heredero contractual le serían aplicables las previsiones del art. 1307 Cc., para el caso de que el tercer adquirente de los bienes hubiera consolidado la adquisición de la propiedad.

De no operar estos mecanismos (arts. 464 Cc.. o 34 Lh), el tercer adquirente no habrá adquirido la propiedad, al ser su adquisición a non domino, y por lo tanto podrá verse afectado por una acción reivindicatoria ejercitada por el instituyente.

Respecto de los frutos que, en su caso, hubiera producido los bienes transmitidos de presente, a lo que creo, habrá que atender a la buena o mala fe del instituido, por aplicación de los arts. 451 y ss Cc., y ello porque la previsión del art. 1303 Cc. ("devolución de la cosa con sus frutos y el dinero con sus intereses") debe ser interpretada a la luz de estos preceptos6.

b'. Ejercicio de la acción por un tercero en vida de los otorgantes. Si el pacto sucesorio es nulo en virtud de las causas que hemos señalado, teóricamente la legitimación activa no corresponde sólo a los otorgantes sino también a cualesquiera que tengan interés en su declaración.

Esta acción, a lo que creo, puede ser ejercitada también por los terceros y antes de la apertura de la sucesión, puesto que, con independencia de los efectos transmisivos, la delación de la sucesión ya ha tenido lugar (art. 7 en relación con el art. 70 Lsuc.).

Ejercitada la acción de nulidad por un tercero con interés en su declaración (vgr. otros parientes con vocación sucesoria bien legal o voluntaria por haber sido nombrados herederos en el testamento o pacto que éste revoca) es evidente que el pacto será ineficaz de manera que el instituyente recuperará sus facultades de disposición sucesoria, el hasta entonces heredero contractual deja de serlo.

Estos efectos se producen tanto en la institución de presente como en la institución para después los días.

Ahora bien, en el caso de que la institución haya sido de presente, cabe dudar acerca de la suerte que siga la restitución de los bienes, puesto que el tercero accionante no tiene acción para pedir la restitución7.

Por lo tanto, de poco servirá ejercitar en este caso la acción declarativa, salvo que consideremos como un efecto característico de cualquier suerte de ineficacia del pacto de presente, la reversión de los bienes al instituyente por tratarse de un fenómeno sucesorio: quizás combinando una argumentación teleológica junto al argumento a fortiori se podría fundar esta solución.

En efecto, siempre que deviene ineficaz la institución de heredero bien por premoriencia del instituido o bien por revocación unilateral, anuda la ley como efecto de la ineficacia la reversión de los bienes transmitidos de presente con el límite de conservar válidas la enajenaciones realizadas por el heredero contractual (arts. 72 y 87 Lrem.)

Es evidente que en estos casos se parte de la validez del otorgamiento no de su invalidez.

Ahora bien, si en todo caso de ineficacia del otorgamiento, bien por invalidez, bien por otras causas, la consecuencia común es la recuperación de las facultades de disposición por parte del instituyente, no cabe duda que esto sería una falacia si, habiendo operado la transmisión de los bienes, estos no revirtieran al patrimonio del instituyente.

Por lo tanto, cabe afirmar que debemos considerar como efecto de la ineficacia del pacto sucesorio de presente la reversión de los bienes al patrimonio del instituyente.

Tratándose de nulidad, además, la devolución debe ser total pues falla la base del negocio: siendo inexistente el vínculo contractual, no hay causa que justifique la transmisión de bienes a terceros, que habrán adquirido a non domino y , por lo tanto, de forma reivindicable por el verus domini, salvo que haya jugado otros mecanismo de adquisición a favor del tercero (vgr. arts. 34 Lh, 464 Cc.)

c'. Ejercicio de la acción por un tercero abierta la sucesión. Siendo nulo el otorgamiento, y no prescribiendo la acción, también puede instarse la declaración de nulidad a la apertura de la sucesión  (art.5.1 Lsuc).

El efecto general será la apertura de la sucesión legal o la vigencia de una disposición sucesoria anterior que el pacto derogó.

En el caso de que pacto fuera de futuro, muerto el instituyente y habiéndose producido ya la delación, la transmisión de la propiedad y de la posesión tienen lugar sin solución de continuidad, el tercero con vocación hereditaria podrá ejercitar una acción de petición de herencia junto con la acción de nulidad.

Si el pacto hubiera sido de presente, la transmisión de bienes ya habría operado, quizás muchos años antes, y tal vez se hubiera adquirido la propiedad de los bienes por usucapión.

El caso en la práctica no sucederá con frecuencia, además, el plazo de la prescripción adquisitiva siendo nulo el título es excesivamente amplio como para consolidar la adquisición de la propiedad a non domino,

C. Anulabilidad. a) Causas y ejercicio en vida de los otorgantes. Debido a la naturaleza contractual de esta delación sucesoria, pueden resultar aplicables al mismo las previsiones que, en sede contratos, se recogen los arts. 1301 y ss Cc., de manera que el pacto podrá ser impugnado por cualquiera de las otorgantes, si en la manifestación de su voluntad contractual han padecido, error, dolo, falsedad de la causa o intimidación.

La legitimación activa corresponderá al otorgante que padeció el vicio (vgr. uno de los cónyuges coacciona al otro para que designe heredero contractual a un sobrino suyo; o un legitimario renuncia a su legítima inducido por la actuación dolosa de su progenitor; etc.).

El plazo para el ejercicio de la acción dependerá, a lo que creo, de la eficacia transmisiva del pacto, esto es si es de presente o “para después de los días de los instituyentes” . Y ello porque, siguiendo a Delgado Echeverría y a Parra Lucán8, el plazo de 4 años (bien se considere de prescripción, bien se considere de caducidad) se refiere a la restitución de los bienes, considerando que la acción declarativa de la anulabilidad ni prescribe ni caduca.

En consecuencia, sólo si hubo transmisión de bienes, y para conseguir la retransmisión de los mismos, se atenderá al plazo de cuatro años que, siguiendo también a Delgado y Parra, considero como de prescripción.

Hubiera o no transmisión de bienes, la alegación de anulabilidad por estas causas no prescribe ni caduca, de manera que podrá ejercitarse en cualquier momento en vida de ambos otorgantes.

En razón de lo anterior, y a lo que creo, en materia de pactos sucesorios la anulabilidad se asemeja en su ejercicio y efectos a la acción de nulidad, con la diferencia de: i) una legitimación limitada: sólo a favor del otorgante que padeció el vicio o la intimidación; ii) la restitución de los bienes: limitada a los 4 años previstos en el art. 1301 C.c.

b) ¿Anulabilidad del pacto por las causas del art. 108.2 y 112 Lsuc.? Cabe pensar si acaso, una vez abierta la sucesión, todavía cabe la impugnación del pacto sucesorio por aquellos que hubieran resultado llamados a la herencia del instituyente, bien a través de la sucesión legal, bien  a través de su llamamiento como herederos o legatarios en una disposición sucesoria anterior, en definitiva por quienes tuvieran derecho a recibir la herencia anulando el pacto.

Debido a la naturaleza sucesoria del pacto me inclino a aplicar analógicamente esta posibilidad si bien, a lo que creo, habrá que tener en cuenta lo siguiente.

Será aplicable tan sólo cuando el vicio lo haya padecido el instituyente, no el instituido (su no impugnación será una forma de confirmación), y aquél no hubiera impugnado durante su vida su manifestación sucesoria.

El plazo, como prescribe el art. 112 Lsuc. será de cuatro años a contar desde la fecha del fallecimiento del causante.

Ahora bien, una vez más en el pacto de presente el ejercicio de esta acción, pueda ver limitados sus efectos, si respecto de los bienes transmitidos al tiempo del otorgamiento, ha pasado el tiempo suficiente de usucapión. Es evidente que dicho plazo no habrá transcurrido respecto de los bienes que el causante adquiriera con posterioridad al otorgamiento (art. 74.2 Lsuc.).

A. Ineficacia stricto senso. Como advertía al principio hay supuestos en los que el pacto sucesorio ha cumplido el protocolo previsto por el legislador para alcanzar la validez y, en consecuencia, vincular a las partes contratantes.

Sin embargo, ciertos acontecimientos van a provocar que, en orden a la eficacia del mismo, se siga un programa distinto al previsto por las partes al tiempo del otorgamiento, de manera que el pacto será válido, pero sus consecuencias serán otras: bien las previstas por el legislador  bien las previstas por el instituyente para ese determinado supuesto.

En estos casos, siendo válido el otorgamiento no recuperará (salvo previsión distinta del instituyente) su fuerza y vigor un otorgamiento sucesorio anterior: aquél, por ser válido, aunque ineficaz, mantiene su fuerza revocatoria.

Las consecuencias serán, bien la apertura de la sucesión legal, bien el llamamiento singular a otros sujetos (sustituciones legales o voluntarias), así como el mantenimiento de todos los actos de disposición que sobre los bienes trasmitidos haya podido realizar el instituido; y todo ello porque la premisa es la validez del pacto operando sobre él una ineficacia sobrevenida.

Por esta razón, y a lo que creo, en muchos supuestos, si el instituido hubiera estado casado, sobre los bienes retransmitidos al instituyente, pervivirá la viudedad del cónyuge supérstite.

Dentro de los supuestos de ineficacia stricto sensu podemos citar i) la premoriencia del instituido, ii) los efectos de la nulidad separación y divorcio, iii) el juego de la preterición en algunos supuestos y iv) el nacimiento o supervivencia de hijos en los casos de pacto de institución recíproca.

No obstante, y sin perjuicio de lo que luego diré, estas últimas causas serán tratadas en sede de revocación.

B. Premoriencia del instituido.9

a) Cualquier llamamiento sucesorio deviene ineficaz si el sucesor no sobrevive al causante (art. 10 Lsuc.) frustrándose la delación, salvo que el causante haya nombrado un sustituto u opere la sustitución legal.

Premuriendo el instituido, y no teniendo lugar la sustitución voluntaria o legal, el pacto será ineficaz, recobrando el instituyente sus facultades de disposición mortis causa.

Con todo, el pacto sucesorio es algo más que un simple testamento, al provocar de presente un estrecho vínculo jurídico entre el instituyente, que ha perdido su facultades de disposición mortis causa, y el instituido, que adquiere la condición de heredero contractual (hay efectiva delación y aceptación del llamamiento: arts. 6 y 7 en relación con el art. 70 Lsuc.)

Por ello en la tradición aragonesa de forma expresa, y fuere cual fuere el tipo de institución —de presente o “para después de los días”—, se afirmó que premuerto el instituido, la institución contractual no queda ineficaz, si al instituido premuerto le sobrevivía descendencia: sólo en el caso de que no la tuviera, quedaba ineficaz el heredamiento, dando lugar a la apertura de la sucesión legal.

Tal y como afirmará Sapena, en base a la costumbre aragonesa, se entendió que la institución de heredero a favor de los hijos no sólo recaía en ellos, sino también en los nietos 10.

La misma afirmación puede hacerse respecto al Derecho vigente al contemplar expresamente dicha situación el art. 72 de la ley, a cuyo tenor:

“1. Salvo lo establecido en el pacto sucesorio, cuando el instituido premuera al instituyente, transmitirá a sus descendientes los derechos y obligaciones derivados del pacto y, en su caso, los bienes adquiridos de presente.

2. Si tales descendientes fueran varios, podrá el instituyente designar a unos de ellos como heredero en testamento o escritura pública, o encomendar la designación a fiduciarios, si no lo hubiere hecho ya el primer favorecido.”

En estos casos, el legislador ha propuesto una solución alternativa a la ineficacia definitiva del pacto: se mantiene su validez y su eficacia pero introduciendo determinados cambios en el programa sucesorio: la designación de otro sucesor a través de diversos mecanismos de sustitución.

b) Supervivencia de descendientes. Si al instituido le sobreviven descendientes, el pacto no queda ineficaz y los efectos del mismo serán los siguientes: i) Si sólo hay un hijo del instituido, a él pasara la designación y en su caso los bienes que se hubieran transmitido; ii) Si hay varios descendientes, el instituyente designará a uno de ellos como sucesor, lo que podrá hacer por sí, bien en testamento o escritura pública, bien a través de fiduciarios, y salvo que el heredero premuerto hubiera ya designado sucesor entre ellos.

El heredero contractual por sustitución, si acepta el llamamiento, "queda sujeto a las mismas modalidades, limitaciones y obligaciones impuestas al primeramente designado, salvo que fueran puramente personales de éste o que el disponente hubiera previsto otra cosa".

El derecho de transmisión regulado en este precepto a favor de los descendientes del instituido no tiene límite de grado y es de naturaleza dispositiva.

En consecuencia, i) podría excluirse el derecho de transmisión previsto en el art. 72 por voluntad del instituyente manifestada en el pacto, de forma que muerto el instituido, y aun teniendo descendencia, quedase ineficaz el llamamiento sucesorio, recobrando el instituyente sus facultades de disposición mortis causa, ii) o bien regular expresamente el supuesto, nombrando un sustituto para el caso de premoriencia del instituido en persona distinta de los herederos de éste.

c) Premoriencia del instituido sin dejar descendientes: art. 72.3 Lsuc.

a'. Ineficacia definitiva. Premuerto el instituido sin dejar descendientes, la institución contractual de heredero deviene ineficaz, tal y como señala el párrafo 3º del art. 72:

“La institución quedará sin efecto cuando el instituido premuera al instituyente sin dejar descendientes. En este caso, los bienes transmitidos de presente que aún subsistan en el patrimonio del instituido revertirán al instituyente”.

En este supuesto, y salvo sustitución expresa prevista por los otorgantes, la institución deviene ineficaz recuperando el instituyente sus facultades de disposición mortis causa, pues en este supuesto no resulta aplicable la sustitución legal (art. 22 Lsuc).

b'. Efectos derivados de la ineficacia: 72.3 Lsuc. Los efectos dependerán de si hubo o no transmisión actual de bienes a favor del instituido premuerto.

• Si el pacto es de futuro, al no haber transmisión de bienes, el instituyente recupera las facultades de disposición (efecto general, al dejar de estar vinculado por el pacto); no pervivirán anteriores otorgamientos sucesorios.

• Si el pacto es de presente se producen las mismas consecuencia que en el caso anterior. No obstante y debido a la transmisión actual de bienes juega el principio de reversión.

En efecto, en principio los bienes transmitidos han de retransmitirse al instituyente, si aún subsisten en el patrimonio del instituido (art. 72.3 in fine). Las transmisiones que sobre ellos haya realizado el heredero contractual, tanto a título oneroso como lucrativo, serán válidas, puesto que el otorgamiento sucesorio sigue siendo válido: un hecho posterior simplemente le ha privado de eficacia.

Ahora bien, aun cuando nada dice al respecto la ley de sucesiones, si el heredero contractual premuerto sin descendencia estuviera casado, la retransmisión de los bienes al instituyente se efectuará dejando a salvo el derecho de viudedad del cónyuge instituido (art. 89 Lrem.)11.

C. Efectos de la nulidad, el divorcio y la separación. Cuando los instituyentes son cónyuges, el art. 89 dispone:

“Salvo que del contrato resulte otra cosa, las atribuciones sucesorias pactadas entre los cónyuges quedarán sin efecto si, al fallecimiento de uno de ellos, estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite los procedimientos dirigidos a este fin” .

Dada la vinculación que produce el pacto sucesorio, y no encontrándose entre las causas de revocación este supuesto, la norma reviste especial importancia pues, salvo previsión expresa de las partes, la separación o la disolución del vínculo matrimonial no afectaría a la disposición paccionada (a salvo los motivos, art. 156 Lsuc..).

De manera que la nulidad, separación y divorcio son causas de ineficacia del pacto sucesorio, salvo previsión en contrario de los otorgantes. No lo son la separación de hecho ni la ruptura de la convivencia de la pareja estable.

En estos casos, y sería más que conveniente, podrían estipularse estas circunstancias como causas de revocación pacto (art. 86.1 Lsuc.).

D. Validez e ineficacia sobrevenida. En estos casos (también en los supuestos de supervivencia o supervivencia de hijos a lo que luego me referiré) nos encontramos ante unos supuestos de ineficacia sobrevenida, de manera que habiendo sido el otogarmiento válido un hecho posterior puede desencadenar su ineficacia.

Por ello, y tomando como premisa la validez del otorgamiento, el legislador busca vías para conseguir una eficacia alternativa al pacto e incluso, aun cuando la ineficacia es definitiva, mantienen los derechos que hubieran sido adquiridos en virtud de la titularidad adquirida en base al otorgamiento.

La modificación del pacto sucesorio o bien su revocación por mutuo disenso supone un nuevo acuerdo que afecta al vínculo contractual: bien respecto a la producción o no de determinados efectos bien la ruptura del mismo, produciendo definitivamente su ineficacia.

Teóricamente la perdida de efectos deberá ser ex nunc salvo que las partes acuerden efectos ex tunc (reversión de los bienes transmitidos de presente) y a salvo siempre los derechos adquiridos por terceros durante la vigencia del contrato, lo que puede tener relevancia respecto de la viudedad.

A. Por acuerdo entre los otorgantes o sus herederos. El art. 85 establece el principio de irrevocabilidad de los pactos sucesorios y la vinculación mortis causa a la que queda sujeto el instituyente.

Solo mediante un nuevo pacto sucesorio celebrado entre las mismas personas puede revocarse o modificarse el contenido contractual del pacto.

Eso es lo que señala el art. 85 del pacto:

«Las estipulaciones contractuales pueden modificarse o revocarse mediante pacto sucesorio celebrado por las misma personas o sus herederos».

El precepto permite que la modificación o revocación se lleve a cabo no sólo entre las partes contratantes sino también entre sus herederos.

Esta posibilidad estaba también prevista en el derogado art. 103 Comp., y en defensa de la misma se argumentó que con ello se pretendía que el pacto sucesorio no quedase definitivamente cerrado o inmutable por la muerte de una de las partes12.

Cristóbal Montes, respecto del art. 103 Comp., señaló que “el precepto parece dar pie a pensar que el contrato que modifica o extingue otro precedente cabe concluirlo por quienes no fueron parte en éste, circunstancia tan  improcedente e inadmisible que hace por completo innecesario e incómodo el aditamento que se comenta”13, opinión que, en general, comparto.

En efecto, si muere es el instituyente, se consolida la situación jurídica del instituido, y no parece que fuera oportuno permitir ahora a los herederos (de los que, muy probablemente, uno de ellos es el instituido) mudar la voluntad pretérita del causante. Si el que fallece es el heredero instituido y premuere al causante, los efectos serán los previstos en el pacto, en la ley o bien habrá lugar a la ineficacia de la institución. Tampoco parece sensato que aquí los herederos del fallecido pretendan modificar nada, pues en su caso el instituyente decidirá que quiere hacer, y posiblemente si pacta con ellos, eso será un nuevo pacto sucesorio y no una modificación del anterior.

Ahora bien, tal vez la norma podría aplicarse al supuesto de pacto a favor de tercero, para el caso de que fallezca el cocontratante. La muerte del tercero cocontratante precluiría la posibilidad de modificar el pacto sucesorio y tal vez fuera conveniente su modificación (vgr. el designado heredero no presenta las aptitudes que considera el instituyente necesarias para gestionar el patrimonio familiar). Esta posibilidad es la que facilita el art. 85, ya que el instituyente podrá mudar su voluntad otorgando un nuevo pacto con los herederos del cocontratante premuerto.

Este supuesto, quizás fuera el único que cumpliría esa finalidad de no dejar cerrado e inmutable el pacto, ya que si fallece el cocontrantate no se producen las consecuencias señaladas anteriormente para los casos de muerte del instituido o del instituyente14,y si parece sensato dejar en este caso la posibilidad de modificar el pacto.

B.- Modificación o revocación por testamento mancomunado. El art. 85.2 Lsuc. prevé la posibilidad de modificar o dejar sin efecto el pacto sucesorio cuando fueran dos los otorgantes del mismo utilizando como forma el testamento mancomunado, fórmula especialmente apropiada en las modalidades de pacto de institución recíproca o de pacto a favor de tercero, aunque aplicable también a las otras modalidades de sucesión paccionada, siempre que tan sólo concurran dos otorgantes.

A.- En general. Los pactos sucesorios válidamente celebrados son irrevocables, en el sentido de que el instituyente no puede mudar su voluntad de forma unilateral, salvo por las causas pactadas o previstas en la ley.

A la revocación unilateral de los pactos sucesorios se refiere el art. 86 Lsuc.

La revocación unilateral, podrá considerarse también como un supuesto de ineficacia sobrevenida, puesto que se priva de efectos a un pacto válido en función de determinadas actuaciones que efectúa el heredero contractual y que permiten al instituyente liberarse de su compromiso, algo así como una resolución del contrato por incumplimiento, de ahí también, que los efectos de esta revocación presenten algunas diferencias con los vistos hasta ahora, fundamentalmente por lo que respecta a la viudedad del cónyuge del heredero contractual, para el supuesto de pacto de presente.

B.- Las causas. El art. 86 en su párrafo primero establece las causas de revocación unilateral del pacto sucesorio, causas que van a posibilitar al instituyente desvincularse de su declaración de voluntad.

Estas causas se aplican a cualquier modalidad de pacto sucesorio de institución y presentan un carácter taxativo: las causas son las que dice la ley o las que de forma expresa hayan convenido los otorgantes,

El precepto contiene una lista cerrada de supuestos que no son susceptibles de aplicación analógica.

Las causas enumeradas en el art. 86 son las siguientes:

a) Causas expresamente pactadas. Los particulares pueden crear las causas de revocación que tengan por conveniente, con los límites del Standum est Chartae, pero también modificar o excluir las previstas en la ley.

La ley aragonesa no regula los supuestos que el Derecho vasco denomina de resolución, entre las que incluye, por ejemplo la institución sometida a término o condición.

De cualquier manera, y en la medida en que dichas modalidades son también admitidas en nuestro Derecho (art. 66 Lsuc.), no hay duda de que ellas son también causas que permiten la resolución del pacto, si así las establecen los otorgantes15.

Desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar "Derecho preventivo" convendría incluir de forma paccionada algunas que no han sido previstas por el legislador, como por ejemplo el nacimiento o supervivencia de hijos, o en el caso de las parejas no casadas, la ruptura de la conviviencia o bien la ingratitud.

b) Por incumplimiento grave de las cargas y prestaciones impuestas al instituido, así como cuando éste, con su conducta, impida la normal convivencia familiar si ésta hubiera sido pactada. En la letra b) del art. 86 se regulan dos causas de revocación unilateral en favor del instituyente. Por un lado el incumplimiento grave de cargas y prestaciones impuestas.

A ello ya se hacía referencia en el art. 103.3 Comp. añadiendo también como causas de revocación los supuestos de revocación de donaciones del Código civil (supervinencia y supervivencia de hijos; incumplimiento de cargas e ingratitud) y exigiendo, respecto del incumplimiento de cargas y condiciones, la intervención de la Junta de Parientes, cuya intervención podía ocasionar más de un problema, por lo que ha sido un acierto su supresión de texto legal. Si bien, ello no impide que de forma paccionada pueda establecerse la intervención de la Junta de Parientes.

Por lo que respecta al incumplimiento del instituido deberá ser grave y culpable16.

Es causa también de revocación el que se impida la convivencia cuando esta haya sido pactada. Causa también típica en la tradición aragonesa.

c) Por haber incurrido el instituido en causa de indignidad o en situación que de ser legitimario implicaría causa de desheredación.

a' La indignidad y la desheredación en la ley de sucesiones. Estas han sido causas de revocación tradicionales en Aragón y también en otros territorios forales, que antes de estar expresamente reguladas eran objeto de “causas pactadas” por las que tendría lugar la revocación.

Además, buena parte de la doctrina aragonesa consideró que, aun no mencionadas en el pacto, ni en su momento incluidas en el Apéndice, si el instituido incurría en causa de desheredación o indignidad, podría el instituyente revocar la institución17.

Evidentemente, en esos casos y durante la vigencia de la Compilación, las causas eran las referidas en el Código civil, que se aplicaba como supletorio.

Hoy la regulación presenta una novedad: ahora las causas de indignidad y desheredación están reguladas en la ley aragonesa y a ellas habrá que estar (arts. 13 y 195 Lsuc.).

La concurrencia de alguna de estas causas en el instituido faculta al instituyente para revocar el pacto sucesorio en la forma con los efectos previstos en la ley (arts. 86.2 y 87 Lsuc.).

b'. La indignidad sucesoria: ¿causa de revocación? Los supuestos de indignidad sucesoria, además de actuar como causas de revocación cuyo ejercicio corresponde al instituyente, son también causas de incapacidad sucesoria y desde esta perspectiva podrían ser invocadas por las personas que resultarían favorecidas, si se declarase la indignidad (art. 15 Lsuc).

Precisamente por ello, creo que es conveniente tratar de coordinar el doble papel que en la sucesión paccionada tiene la indignidad sucesoria.

Se tratará de establecer si cabe o no el ejercicio de la acción de indignidad sucesoria por los legitimados para actuarla en vida del instituyente o si sólo es posible a su muerte. También será necesario determinar la relevancia que pueda tener el conocimiento por el instituyente de la causa de indignidad. De manera que se podría pensar que si el instituyente conoce la causa de indignidad y no revoca el pacto, impide también que la misma opere como causa de incapacidad que puedan alegar otras personas que hubieran resultado llamadas a la sucesión del instituyente de no mediar pacto sucesorio.

Además, siendo la indignidad un supuesto en el que juega la sustitución legal, y en principio también en el pacto sucesorio (art. 21 Lsuc.) habrá que determinar, si en estos casos se producen o no los efectos genéricos del 87 Lsuc. o ciertamente, en esta materia debido a la facultad revocatoria del instituyente, y para cuando la ejercite no se aplica la sustitución legal.

c'. Legitimación y momento.

Si el instituyente conoce la causa y no revoca la institución, fallecido el instituyente, no podrá ser utilizada por los personas que tuvieran derecho a la herencia de haber prosperado la indignidad.

La actuación del instituyente, que pudiendo revocar no revoca, debe ser interpretada como un supuesto de reconciliación (art. 17 Lsuc.).

Por el contrario, si el causante falleció sin conocer la causa de indignidad, podrán las personas que hubieran resultado llamadas a la herencia invocar dicha causa.

Ahora bien, las anteriores afirmaciones, válidas a lo que creo cuando el pacto es “para después de los días”, no son tan fáciles de mantener si el pacto es de presente debido al dies a quo para el ejercicio de la acción de indignidad sucesoria.

En efecto, el art. 18 establece:

“La acción declarativa de la indignidad caducará transcurridos cinco años desde que el indigno de suceder esté en posesión de la herencia o legado”.

Cuando el pacto es de presente, la delación y la transmisión de los bienes se produce en el momento del otorgamiento del pacto sucesorio.

En estos supuestos, la duda está en determinar si en vida del instituyente podrán las personas que hubieran resultado favorecidas en su sucesión invocar la causa de indignidad.

En teoría (aunque muy improbable en la práctica), creo que sería posible ejercicio de la acción en vida del instituyente, puesto que, a diferencia de lo que prevé el Código civil, el momento para calificar la indignidad no es la muerte del causante, sino el momento en que tiene lugar la delación (art. 14 Lsuc.), teniendo en cuenta el legislador que la misma, en Aragón, no tiene por qué coincidir con la muerte del causante.

Por el contrario Serrano García considera que no es posible el ejercicio de la acción indignidad en vida del instituyente, salvo que él sea quien ejercite la acción:

“En vida del instituyente, él es el único legitimado tanto para invocar la indignidad (o desheredar) como para revocar la disposición paccionada a favor del indigno; el instituyente tendrá que probar que el instituido ha realizado hechos tipificados como constitutivos de causa de indignidad (o desheredación) y, sin tener que esperar en su caso, a que haya sentencia condenatoria o a que se declare judicialmente la indignidad (o la licitud de la desheredación) —si no es reconocida la causa por el indigno—, podrá revocar unilateralmente en escritura pública. La revocación será nula si luego no hay sentencia condenatoria (letras b, c y de del art. 13) o si el indigno (o desheredado) prueban, en el correspondiente procedimiento judicial, que no ha incurrido en causa de indignidad (o desheredación)”18.

Las anteriores afirmaciones de Serrano derivan, a lo que creo de dos premisas que no comparto:

1) considerar inaplicable el art. 18 Lrem. a los pactos sucesorios de presente, puesto que afirma que: "en caso de institución de presente, los cinco años contarán desde el fallecimiento del instituyente",

2) afirmar la legitimación del instituyente para instar la acción de indignidad, cuando la ley no se la otorga; el instituyente sólo puede, si quiere, revocar.

En efecto, a mi juicio el art. 18 Lrem. también se aplica a los pactos sucesorios de presente (no hay una norma que lo excluya). La circunstancia de que se haya de atender al momento de la delación para calificar la conducta del indigno favorece la posibilidad de impugnación en vida del instituyente pero, tan sólo, "por parte de las personas que resultarían favorecidas en la sucesión" (art. 15 Lsuc.).

El instituyente no es una persona favorecida por la sucesión: el instituyente cuando actúa no alega la falta de capacidad de suceder del indigno (no está legitimado), sino la causa de desvincularse de su propósito, por ello él no necesita que se declare la indignidad para conseguir el efecto revocatorio.

En razón de ello, considero que es posible ejercitar la acción de indignidad en vida de los otorgantes del pacto con las consecuencias que he señalado. No obstante, en la práctica no será muy probable que se dé esta situación.

Con todo, si en vida del instituyente se intenta la acción de indignidad por aquéllos que, de no mediar el pacto, hubieran podido resultar llamados a su sucesión, supondrá el conocimiento de la causa de indignidad por parte del instituyente, quién podrá revocar el pacto, remitir la causa o bien no hacer nada; y si no hace nada su inercia, debe ser interpretada como un supuesto de rehabilitación tácita del indigno.

d'. Efectos. Cuando las causas de indignidad son alegadas por el instituyente para revocar la institución paccionada, a lo que creo, y en contra de la opinión de Serrano García19, no juega la sustitución legal, siendo el efecto la recuperación por parte del instituyente de sus facultades de disposición como se deduce del art. 87 Lsuc. Lo contrario, a lo creo vulneraría el principio de libertad civil de los particulares.

Afirma Serrano García que: "aunque la revocación tiene por causa la indignidad, podría pensarse que no opera la sustitución legal a favor de los descendientes del instituido indigno (descendiente o hermano del instituyente), sin embargo, tal solución no parece la más razonable, porque en el pacto a favor de contratante el instituyente al hacer la disposición queda vinculado, a falta de disposición en contrario, a mantenerla a favor del instituido o de sus sustitutos en caso de premoriencia, ausencia o indignidad (art. 21.1); parece que, aunque la exclusión del indigno tiene lugar por la revocación, la incidencia de la indignidad debe permitir operar (en defecto de sustitución voluntaria o de otra previsión en contrario) la sustitución legal con aplicación analógica de lo previsto en el art. 72 (así esta previsto expresamente en el art. 72 CSC)".

Como argumento de su afirmación utiliza el autor referido, el Derecho Catalán que prevé, en los casos de revocación del pacto por indignidad, se aplique la sustitución legal.

A mi juicio, eso es así en Cataluña porque de forma expresa lo prevé el legislador, y quizás también porque los principios del Derecho catalán y la

regulación de los pactos sucesorios en Cataluña no coincidan con las previsiones de la Ley aragonesa.

En Derecho aragonés, y no obstante la previsión del art. 21 Lsuc., la propia teleológia del pacto aconseja otra solución que, a lo que creo, se deduce de la regulación de esta materia y de las características propias de la delación paccionada.

El art. 87 regula con carácter general los efectos de la revocación del pacto: la reversión de los bienes transmitidos al instituyente; por el contrario, el art. 72, norma excepcional frente al régimen general, no debe aplicarse de forma analógica sino, en su caso, a través del argumento a contrario, evita la aplicación de la sustitución legal en este supuesto.

En efecto, la finalidad de la sustitución legal es evitar la ineficacia del llamamiento sucesorio, lo que en este caso no tiene sentido porque i) el instituyente, que vive, revoca la institución, ii) lo oportuno es que recupere sus facultades sucesorias, de manera que pueda, si quiere, nombrar un nuevo heredero y iii) la imposición en este caso de la sustitución legal, en los supuestos de indignidad cuando ésta actúa como causa revocatoria, conculcaría, a lo que creo, la libertad sucesoria del instituyente y, en consecuencia, todo ello sería contrario al principio Standum est charte.

Creo que estas razones permiten afirmar que la indignidad sucesoria articulada como causa de revocación que ejercita el instituyente impide la aplicación del sistema de sustitución legal porque, en este supuesto no actúa como causa de indignidad, sino como causa de revocación, cuyo efecto es la resolución del vínculo contractual, recuperando el instituyente sus facultades de disposición.

C.- Preterición, supervivencia  y supervivencia de hijos.

El art. 103. 3º de la Compilación, al remitirse a las causas de revocación de donaciones como causas de revocación del pacto, incluía como un supuesto más la superveniencia o supervivencia de hijos.

Circunstancias, que facultaban al instituyente para revocar el pacto sucesorio, y que tradicionalmente fueron tenidas en cuenta en el Derecho aragonés20.

La ley de sucesiones no recoge como causa de revocación la supervivencia o superveniencia de hijos, de manera que no son causas legales de revocación del pacto, sin perjuicio de su previsión paccionada (art. 86.1.a Lsuc.).

Las consecuencias de que estos hechos actúen o no como causas de revocación del pacto sucesorio tienen, a mi juicio, especial importancia si, además, se relacionan con la preterición.

a) La supervivencia o supervinencia de hijos como causa de revocación paccionada. El instituyente puede prever como causas de revocación el nacimiento o la supervivencia de hijos que creía muertos al tiempo del otorgamiento del pacto sucesorio.

Si así lo establece, será el instituyente quien de forma unilateral podrá revocar su disposición paccionada, produciéndose los efectos previstos en la ley: recuperará sus facultades de disposición mortis causa y si el pacto fue de presente, los bienes transmitidos que aún conserve el instituyente en su poder y de los subrogados en ellos (art. 87 Lsuc.)

Si no revoca el pacto sucesorio, para lo que sólo él está legitimado, seguirá siendo válido, pero se verá afectado por los efectos de la preterición intencional: arts. 190 y 192 Lsuc.

Si el instituido era también un legitimario, el pacto sucesorio no se verá afectado por esta causa, ya que “el legitimario preterido no tiene otro derecho que el que pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma” (art. 192 Lsuc).

Ahora bien, y teniendo en cuenta el precepto transcrito, si el instituido es un tercero, el preterido podrá reclamarle la legítima correspondiente, salvo que ésta la hayan percibido otros legitimarios (art. 172.2 Lsuc.).

b) La supervivencia o superveniencia de hijos a falta previsión del causante. En este caso el nacimiento de un nuevo hijo o la supervivencia del que se creía muerto, afectará a la eficacia del pacto sucesorio, pues al no estar recogidos estos supuestos como causa de revocación, estaremos ante un supuesto de preterición no intencional:191 Lsuc.

Las consecuencias que se derivan sobre el pacto sucesorio son distintas según el instituido sea o no legitimario del instituyente.

En efecto, si el nombrado heredero es un extraño por no tener hijos el instituyente y no haber nombrado heredero o legatario a ningún otro descendiente,  se producirá la delación abintestato del caudal relicto (art. 193.2 Lsuc.).

Por el contrario, si el pacto de institución ya había recaído en un legitimario, se reducirá la herencia hasta la mitad o de recaer entre varios de ellos, el preterido tendrá derecho a una porción del caudal relicto igual a la que corresponda al menos favorecido.  (art. 193.1 Lsuc.)

Ahora bien, los efectos previstos en el art. 193.1 Lsuc. serán de aplicación, “salvo previsión en contrario del disponente”.

Por lo tanto, y al parecer, podrá el instituyente prever el supuesto y señalar al posible preterido una cantidad, no afectando entonces, a mi juicio, la preterición no intencional a la eficacia del pacto sucesorio21.

Esta solución creo que viene favorecida por la regulación que ahora establece el llamado pacto al más viviente regulado en los art. 80 y 81 Lsuc. que impiden el juego de las reglas de la preterición estableciendo uno propio y la posibilidad de evitar la preterición permitiendo su subsanación para el caso de que se produzca.

E. El pacto al más viviente y la superviviencia de hijos comunes o no.

a) La institución de heredero como efecto propio del pacto de institución recíproca .

a'. En la tradición jurídica aragonesa los efectos propios del pacto de institución recíproca de herederos, además de ser posible su otorgamiento únicamente entre cónyuges, se hacían depender de la existencia o no de hijos, señalando Costa, que dicho pacto se solía concertar entre segundones y cuando parecía seguro que ya no iban a tener descendencia22.

De manera que si sobrevivían hijos de ambos cónyuges, el pacto de institución no surtía sus efectos propios, y a lo mas se concedía al cónyuge supérstite la facultad de fiducia y el usufructo universal, que no le correspondía por ley en tiempos pretéritos (hasta la Compilación de 1967).

Pues bien, en virtud de esta tradición se regularon los efectos del pacto al más viviente en el art. 108 de la Comp.

En consecuencia, dicho pacto sólo era posible entre cónyuges, y para que produjera plenos efectos (la efectiva institución de heredero en favor del sobreviviente) no debían de sobrevivir hijos del instituyente premuerto.

En el caso de que sobrevivieran hijos, la ley distinguía entre que fueran sólo descendientes del premuerto o comunes a ambos, declarando en el primer caso ineficaz el pacto, y en el segundo transformándolo, ministerio legis, en concesión de usufructo y fiducia en favor del supérstite23.

Todo ello, además, acompañado de debates doctrinales sobre la naturaleza imperativa o dispositiva de este precepto en todas o en algunas de sus partes,  así como las críticas que también recibía la diferencia de tratado a que estaba sometida la institución recíproca de herederos según se estipulara en pacto sucesorio o en testamento mancomunado.

Pues bien, interesa ahora que nos preguntemos si la supervivencia de hijos sigue siendo o no una condición de eficacia del pacto de institución, ya que ahora la ley de sucesiones de forma expresa permite instituir heredero a un extraño aun cuando haya legitimarios (art. 172 Lsuc.).

b)  El párrafo 1º del art. 80 dispone:

“En la recíproca institución de heredero o pacto al más viviente, el sobreviviente hereda los bienes del premuerto, siempre que éste no tenga descendientes, o todos ellos fallezcan antes de llegar la edad para poder testar”.

Este párrafo, siguiendo el Derecho aragonés tradicional, parece imponer como conditio sine qua non para que uno de los otorgantes llegue a ser heredero del otro es necesario: i) que el premuerto no tenga descendientes o ii) que todos ellos hayan fallecido antes de la edad para poder testar.

c) Ahora bien, según me parece, la previsión del art. 81.1 Lrem. no es del todo exacta y creo que en la ley de sucesiones, y a diferencia de lo que sucedía en el Derecho anterior, la supervivencia o no de descendientes de uno de los otorgantes de esta modalidad de pacto sucesorio no priva necesariamente al otro de su condición de heredero.

En efecto, en la Ley de sucesiones la existencia o no de descendientes del instituyente premuerto no es condición de eficacia (o de ineficacia de la institución), sino tan sólo un elemento modificativo del cuantum  que llegue a recibir el supérstite.

La ley de sucesiones permite instituir heredero a un extraño aun cuando haya legitimarios, con la única exigencia de respetar la legitima de éstos (la 1/2 del caudal).

Las anteriores afirmaciones creo que se derivan de lo dispuesto en el art. 81.1 Lsuc., que a la sazón establece:

“Los otorgantes podrán establecer las previsiones que tengan por conveniente para el caso de que les sobrevivan descendientes, comunes o no, respetando la legítima de los mismos”.

Por lo tanto, el párrafo 1º del art. 80 no contiene una conditio de eficacia de la institución recíproca de heredero, sino tan sólo un efecto subsidiario para el caso de que no  se hay previsto otra cosa24,.

La regla general, entonces, es el art. 81.1 Lsuc.: Los efectos del pacto al más viviente serán los que de forma voluntaria establezcan los otorgantes (respetando la legítima)25, a falta de dicha previsión, y habiendo hijos se estará a lo dispuesto en el párrafo 2º del art. 81.

Teniendo en cuenta este planteamiento, los efectos del pacto de institución recíproca dependerán, en todo caso, de lo que hayan dispuesto los otorgantes (art. 81.1), si no han dispuesto nada, de que al premuerto le sobrevivan o no descendientes (arts. 80.2. y 3), y de sobrevivirle éstos, si son o no comunes a ambos otorgantes (art. 81.2).

b) Efectos de la institución recíproca de heredero si sobreviven descendientes sin haber establecido disposición al respecto.

La regulación del supuesto se encuentra en el art. 81.2 Lsuc. que es una transcripción de los párrafos 1 y 2 del art. 108 Comp.

En consecuencia, lo mismo que de ellos se decía cabe afirmar ahora, si bien señalando el carácter subsidiario de la disposición:<A_falta_de_disposición_expresa_sobre_este_particular> “A falta de disposición expresa sobre este particular”,  dice ahora la ley.

a'. Supervivencia de hijos sólo del premuerto. A este supuesto se refiere el párrafo 1º del art.81.2 Lsuc. siendo las consecuencias las que se venían señalando con respecto al art. 108.1 Comp., esto es, la ineficacia del pacto sucesorio: la invalidez de la institución hereditaria del otro otorgante, dando lugar a la apertura de la sucesión legal26.

b’ Supervivencia de hijos comunes. Tal y como se venía afirmado con anterioridad a la reforma, la institución se transforma, ministerio legis, en el usufructo universal y vitalicio y en la facultad de distribuir la herencia27.

De cualquier manera obsérvese que esta transformación misterio legis no tiene ahora el mismo alcance que tenía respecto del art. 108 Comp.

Vigente la Compilación los únicos que podían otorgar pacto al más viviente eran los cónyuges, de manera, que salvo pacto en contrario (arts.72, 73 y 74 Comp.) lo más previsible era que el cónyuge supérstite ya tuviera viudedad universal, y en ese sentido poco añadía la disposición del art.108 Comp..

Ahora sensatamente no se hace referencia a la viudedad, pues los otorgantes pueden no ser cónyuges, y lo que se reconoce a favor del supérstite es el Derechos real de usufructo y la facultad de distribuir la herencia entre los descendientes, esta facultad deberá someterse a las reglas de la fiducia.

c) Efectos del pacto de institución recíproca si no sobreviven hijos.

 a'. No habiendo hijos o muriendo todos ellos antes de la edad para poder testar, el sobreviviente hereda todos los bienes del premuerto sin ninguna limitación, pues no hay que salvaguardar legítima de los descendientes.

b'.  El párrafo 2 del art. 80 dispone:

«Los terceros designados herederos o legatarios en los bienes que quedaren al fallecer el último de los otorgantes del pacto sucederán en los bienes del primeramente fallecido, directamente de éste, como sustitutos de aquél, salvo estipulación en contrario».

El párrafo 2º prevé la posibilidad de que ambos otorgantes establezcan a su vez un pacto sucesorio en favor de tercero, que recibirá los bienes que quedaren del primeramente fallecido como heredero suyos y sustitutos del segundo fallecido (sustitución fideicomisaria de residuo), o que disponiendo individualmente (cada uno de los otorgantes respecto de sus propios bienes) las estipulaciones estuvieran recíprocamente condicionadas (art. 88 Lsuc.). De cualquier manera, sería admisible la disposición mediante testamento.

Un ejemplo de este supuesto lo encontramos en la Auto del Presidente de 30 de julio de 2004 que, aún referido a un supuesto de testamento mancomunado, es aplicable a los casos de sucesión paccionada, en virtud de la identidad de razón entre la previsión del art. 80 y la del art. 106, también de la Lsuc.

En el auto se afirma lo siguiente, que resultaría aplicable al párrafo 2 del art. 80 que comento:

"Se trata de una institución semejante al fideicomiso de residuo en su modalidad si aliquid superit, en la que el primer llamado a la herencia no está obligado a conservar todos los bienes, ya que puede disponer por actos jurídicos intervivos, pero si fallece sin haber realizado tal disposición, lo que quedase forma parte de la herencia del premuerto y los terceros designados como herederos le sucederán directamente. Ahora bien, no estamos ante una auténtica sustitución fideicomisaria, en su modalidad de fideicomiso de residuo, sino una institución propia del Derecho aragonés, que se rige por sus propias normas y que opera como una limitación a las facultades de disponer mortis causa de los bienes recibidos en virtud de institución recíproca, precisamente porque el testador ha querido que esos bienes no enajenados por actos intervivos pasen a quiénes el ha designado como herederos en el testamento".

c'. Si no hay llamamiento a tercero, la ley prevé lo que ya establecía el art. 108.3  Comp., pero mucho más perfeccionado.

En efecto, el párrafo 3º del art. 80 dispone:

“Si no hubiera ulterior llamamiento a tercero, fallecido el instituyente supérstite sin haber dispuesto por cualquier título de los bienes procedentes del primeramente fallecido, se deferirán los que quedaren a los parientes llamados, en tal momento, a la sucesión legal de éste, como herederos suyos y sustitutos de aquél. A falta de estos parientes, tales bienes quedan integrados en la herencia del sobreviviente”. (sustitución preventiva de residuo)

En primer lugar, y como señala Batalla28, lo más característico del precepto es su parte final, pues el llamamiento abintestato a los herederos del primeramente fallecido es sólo a favor de parientes, excluyéndose el posible llamamiento a la Comunidad autónoma (o Diputación) a falta de tales parientes, ya que en ese supuesto “tales bienes quedarán integrados en la herencia del sobreviviente”.

Precisado lo anterior, son requisitos para la aplicación de esta norma: i) el fallecimiento de uno de los otorgantes sin descendientes, ii) que no haya dispuesto de los bienes suyos que quedaren al fallecimiento del otorgante supérstite y ya heredero suyo, iii) que éste (el heredero en virtud del pacto de institución recíproca) tampoco haya dispuesto de dicho bienes por ningún título.

Concurriendo estos requisitos se producirá sobre dichos bienes, y porque así lo establece la ley, una nueva sucesión a la que están llamados los herederos abintestato del premuerto que lo sean al tiempo de abrirse la sucesión del otorgante supérstite.

F.- Legitimación y ejercicio de la acción de revocación.

A ello se refiere el art. 86.2 y 3, que señala:

«La revocación unilateral deberá hacerse en escritura pública. El notario notificará a los demás otorgantes dentro de los ocho días hábiles siguientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de la revocación.— 3. Si la institución se hubiera inscrito en el Registro de la propiedad, su revocación podrá hacerse constar en el mismo una vez transcurridos tres meses desde el otorgamiento de la escritura».

a) Legitimación activa. Está legitimado para revocar el pacto sucesorio el disponente, esto es, quien ordena su sucesión a través del pacto sucesorio.

a'. Teniendo en cuenta que en las diversas modalidades de pacto sucesorio se prevé la posibilidad de que haya una pluralidad  de instituyentes, cabe pensar si para revocar el pacto sucesorio deben o no actuar de forma conjunta todos los instituyentes: vgr. el pacto en favor de contratante en el que el padre y la madre instituyen heredero universal a uno de sus hijos, para revocar la institución: ¿deben de actuar conjuntamente?

La ley 118 de la Compilación navarra así lo establece29.

La ley aragonesa de sucesiones no dice nada.

En atención al carácter personal del pacto y a la falta de previsión que en este punto tiene la ley, creo que no es necesaria la actuación conjunta de ambos instituyentes, de manera que cada uno, y por lo que a su sucesión convenga, podrá ejercitar de forma unilateral la revocación, perviviendo el vínculo sucesorio respecto del otro instituyente.

Con todo, si el nombramiento de heredero por parte de uno de los instituyentes está recíprocamente condicionado al del otro, será de aplicación los dispuesto en el arts.88 Lsuc.

b’. La ley no establece si la acción de revocación es o no transmisible a descendientes u otros sujetos con derecho a la herencia.

En la legislación navarra se prevé expresamente la transmisibilidad de la acción si ya había sido interpuesta la demanda por los instituyentes (ley 118 )

La ley aragonesa no dice nada y ello responde a la naturaleza personalísma del pacto sucesorio.

En efecto, tanto el otorgamiento del pacto sucesorio como su revocación, principalmente si esta es en base a las causas previstas en el art. 86, es personalísima, de manera que no cabe representación, y tampoco sustitución, si tenemos en cuenta que no es necesario un proceso para hacer valer las causas de revocación del pacto sucesorio.

En consecuencia, o las ejercita el instituyente, o nadie podrá hacerlo por él.

De cualquier manera, si la revocación del pacto diera lugar a un procedimiento judicial, y iniciado éste falleciera el instituyente, entiendo que podría continuar el proceso hasta su resolución, ocupando la posición del instituyente quienes resultaran ser sus herederos a falta de disposición paccionada (art. 16 Lec).

b.  Legitimación pasiva.

La legitimación pasiva se deduce del art. 86.2 Lsuc. cuando señala que “El notario la notificará (la revocación) a los demás otorgantes”.

 Los otorgantes serán, por tanto, los legitimados pasivamente, y son otorgantes el resto de instituyentes, si fueran varios; el instituido o instituidos a los que se pretende privar de la condición de herederos, que han intervenido en el pacto; la contraparte que recibe la voluntad del instituyente que ahora se quiere revocar; el renunciante a la herencia del disponente.

En general, todos los sujetos que en el pacto sucesorio hayan establecido alguna estipulación contractual con el disponente-revocante.

No es otorgante el tercero beneficiado con la institución, pues no ha intervenido en el otorgamiento del pacto sucesorio

c. Forma y notificación de la revocación.

Como requisito de validez, la revocación debe realizarse en escritura pública, que se notificará a los otorgantes en el plazo de ocho días hábiles.

La notificación no es requisito ni de validez ni de eficacia de la revocación: “Sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, la falta de notificación no afectará a la eficacia de la revocación”.

d. Plazo de revocación, plazo de oposición.

La ley no establece plazo para el ejercicio de la acción de revocación. Por lo que parece que en vida del instituyente, éste podrá ejercitarla en cualquier momento, siempre que concurra causa para ello.

La ley no regula un plazo ni un procedimiento para que los otorgantes a los que se ha de notificar (art. 86.2 Lsuc.) puedan manifestar su oposición a la revocación alegando lo que a su derecho convenga.

Resulta relevante a estos efectos lo dispuesto en el art. 86.3 Lsuc. “Si la institución contractual se hubiera inscrito en el registro de la propiedad, su revocación podrá hacerse constar en el mismo una vez transcurridos tres meses desde el otorgamiento de la escritura”.

Según afirma Batalla, “con ello se da tiempo para que pudiera anotarse con anterioridad a la inscripción de revocación una posible demanda de quien pudiera sentirse afectado en sus derechos por la revocación unilateral”30.

Ciertamente no hay un plazo para que el instituyente pueda oponerse a la revocación, ni tampoco se señala de qué forma puede hacerlo, si bien y por lo que respecta a esto último parece que será a través de una acción judicial.

De cualquier manera, a mi juicio, el legislador debería haber regulado un plazo de oposición a la revocación efectuada, pues obsérvese que mientras sea posible oponerse a la revocación la misma no será plenamente eficaz, y aunque es cierto que si transcurren tres meses, las adquisiciones posteriores de los bienes objeto de la herencia por un tercero en la condiciones del art. 34 Lh serán inatacables, ello no liberar al instituyente de responsabilidad frente al instituido, quién a falta de otro plazo especial puede, si quiere, atacar la revocación durante 15 años (art. 1964 Cc.)31.

A.- En general.

Si el pacto es ineficaz o es revocado, el instituyente, en principio, recobrará sus facultades de disposición mortis causa.

Respecto del instituido, éste dejará de ser heredero contractual.

B.- Modalidad de institución.

a'. Para después de los días. Al no haber ninguna transmisión de bienes, en el aspecto patrimonial no habrá mayor problema, pues nada se había entregado, y nada habrá que retransmitir.

De cualquier manera, habrá que tener en cuenta si acaso subsiste el heredamiento en favor de los descendientes del instituido: bien porque así se pacto, bien porque opere la sustitución legal, bien porque hubiera dispuesto el heredero en favor de sus hijos.

b'. De presente. A ello atiende el art. 87 cuando señala que:

“Si no se hubiere convenido otra cosa, la revocación de la institución de presente produce la reversión al instituyente de los bienes transmitidos al instituido que éste conserve y de los subrogados en ellos”.

En aras a la seguridad del tráfico jurídico subsisten los negocios ya realizados por el instituido, la retransmisión sólo opera sobre los bienes que aún se conserven en el patrimonio del instituido y de los subrogados en ellos. No juega aquí el sistema de recuperación del valor como en sede de donaciones.

En este supuesto, a lo que creo, no subsiste el Derecho de viudedad a favor del cónyuge del instituyente, por su semejanza con la resolución contractual.

No atiende la ley de sucesiones a la liquidación de los frutos pendientes o de las mejoras o inversiones que el heredero haya hecho, vigente el pacto, en los bienes transmitidos. A falta de pacto expreso al respecto, considero aplicables las reglas de la posesión del Código civil.

Notas a pie de página numéricas:

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación “Ineficacia e invalidez de los actos jurídicos”, BJU2002-01178, financiado por la CICYT (2002-2005) y cuyo investigador principal es el Dr. Delgado Echeverría.
2 Bayod López, Carmen: “La sucesión paccionada en la Ley aragonesa de sucesiones por causa de muerte. (Reflexiones y comentarios)”, RDCA, 2000, VI, nº 1, pp. 37-98
3 En relación  a las cuestiones sobre invalidez, y en especial nulidad y anulabilidad de los contratos, me remito al tratado de Delgado Echeverría, J. y Parra Lucán, María Ángeles, De las nulidades de los contratos en Derecho español, (2003) en http://www.unizar.es/derecho/nulidad/nulcontratos.htm.
4 Lacruz Berdejo, José Luis y Sancho Rebullida, Francisco de Asís, Derecho de sucesiones, I. Parte General, Sucesión voluntaria, Bosch, Barcelona, 1979, p. 719.
5  Cfr. Bayod López, Carmen, "La sucesión paccionada …", RDCA, 2000, nº1 (op. cit. nota al pie 1), p. 66 y ss.
6 Delgado y Parra, De las nulidades de los contratos en Derecho español, (2003), vol. II, pp. 61-65 (2ªparte)
7 Delgado y Parra, De las nulidades de los contratos en Derecho español, (2003), vol. II, pp. 34 y ss.
8 Delgado y Parra, De las nulidades de los contratos en Derecho español, (2003), vol. II, pp. 34 y ss.
9 Como señalaba Merino Hernández  respecto del derogado art. 105 Comp. en el que se regulaba el Derecho de transmisión, dentro del término premoriencia habrá que considerar también incluida la declaración judicial de fallecimiento. (cfr. Comentarios al Código civil y a las Compilaciones forales, p. 235)
10 Sapena, "El pacto sucesorio en el Alto Aragón", RDP, 1954 p. 752 y ss.
11 Esta es también la solución que señala Sapena en lo que hace al Derechos consuetudinario aragonés y cuando en los capítulos se pactaba expresamente el reconocimiento de viudedad universal a favor de ambos cónyuges.  Cfr. El pacto sucesorio …, op. cit. nota 9, p. 751).
A la misma solución se llega en Derecho catalán por disponerlo expresamente así el Código de sucesiones: "El heredamiento quedará resuelto cuando el heredero premuera al heredante sin dejar hijos, o si, dejándolos, ninguno de ellos fuera heredero de aquél. Sin embargo, salvo pacto en contrario, subsistirán los derechos establecidos en las propias capitulaciones matrimoniales a favor del consorte del heredero premuerto, o de otras personas, aunque el usufructo universal que pueda corresponder a aquél sobre los bienes relictos por el heredante quedará, al fallecer éste, reducido a la mitad" (art. 83.2 CSC).
12 Merino Hernández, Comentarios al Código civil …, op. cit. nota 8, p. 209-211.
13 Cfr. En Cristóbal Montes, La sucesión contractual aragonesa (comentarios). Libros Pórtico, Zaragoza, 1978, p. 94.
14  El profesor Delgado me sugirió la idea que he transcrito de considerar incluído en el art. 85 Lsuc. el supuesto de pacto a favor de tercero, e incluso me hizo caer en la cuenta de que este art. 85, como en su momento el 103 Comp., tal vez estén inspirados en el viejo art. 58 Apéndice, que ya recurría a los pactos con los “herederos de los otorgantes” para modificar los capítulos matrimoniales, cuando en ellos se pactaba la sucesión: Fallecidos todos los ascendientes que fueran otorgantes en las capitulaciones, si no van transcurridos veinte años desde el casamiento, habrán de reemplazarles en los pactos novatorios dos parientes del marido y dos de la mujer, que sean, respectivamente, los más cercanos, varones y de más edad. En todo caso, los derechos adquiridos al amparo de las capitulaciones con anterioridad a un nuevo otorgamiento, quedarán íntegramente a salvo, si los interesados no hacen de ello renuncia expresa, siendo los nuevos pactos ineficaces en cuanto vulneren o modifiquen aquellos derechos”. (art. 58.2 Apéndice de 1925).
15 Vid. Celaya Ibarra, Comentarios al Código civil y a las Compilaciones forales, T. XXVI, Edersa, Madrid, 1997, p. 329 y ss
16 Bayod López, La revocación de los pactos sucesorios por incumplimiento de cargas. (A propósito de la STSJ de Aragón de 9 de noviembre de 1991), RDCA, II, 1996, nº 1,  pp. 121y ss.
17 En este sentido, Costa,  Derecho consuetudinario y economía popular de España, T. II, en «Obras de Joaquín Costa», ed. Guara, Zaragoza, 1981, pp. 140 y ss.; Sapena, El pacto sucesorio …, op. cit. nota 9, pp 754 y ss. En contra, Cristóbal Montes, La sucesión contractual …, op. cit. nota 12, pp. 20 y ss.
18 Serrano García “La sustitución legal", Novenos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, Zaragoza, 1999, p. 104 y ss.  
19 Serrano García. "La sustitución …, ob. Cit. nota 17, p. 108.
20  El fuero Donationibus de 1398 atendió de forma expresa a este supuesto, y dispuso: “Y si tras la donación nacen algunos hijos naturales y legítimos y de ellos no se hizo mención en el momento de la donación, quede rota de inmediato dicha donación y sea tenida por no hecha cuando el hijo o los hijos reclamen contra esta donación”. La superveniencia de hijos tras el otorgamiento del pacto (la donación de todos los bienes habidos y por haber) posibilitaba más que la revocación por parte del instituyente, su impugnación por parte de los preteridos.
Los fueristas consideraron el nacimiento de hijos del instituyente (donante) con posterioridad a la celebración del pacto sucesorio como una causa de revocación del mismo. Así, Portolés señaló que el donante puede revocar la donación si después procrea hijos. (Cf. Portolés, Scholiorum sive adnotationem ad repertorium Michaelis Molini, super foris et observantis Regni, Zaragoza, 1590, voz donatio, fol. 570).
21 En relación a la preterición y a esta posibilidad vid. Rodríguez Boix, Francisco, "La preterición", en Actas de los Décimos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, Zaragoza, 2000, pp. 32 y ss.
22 Costa, Derecho consuetudinario y economía popular de España, T. II, en "obras de Joaquín Costa", ed. Guara, Zaragoza, 1981, p. 228
23 Por todos, vid. Merino Hernández, Comentarios …,. op. cit. n.8,  p. 246 y ss
24 El planteamiento que ahora hace la ley soluciona, a mi juicio, el problema que el art. 108 Comp. venía planteando al ser considerado todo él imperativo (o al menos su párrafo 1º) por algún sector importante de la doctrina. Tal premisa  hacía suponer que habiendo hijos no surtía su efecto propio la institución recíproca de herederos. Vid. Sánchez-Rubio, "El pacto al más viviente en la Compilación del Derecho civil de Aragón", en <Segundos_Encuentros_de_Foro_de_Derecho_aragonés>Cuartos Encuentros de foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1994, p, 83 y ss.; García Vicente, “Comentario al art. 95 Comp.” en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, vol. III, dirigidos por José Luis Lacruz Berdejo† y Jesús Delgado Echeverría, ed. DGA, Zaragoza, 1996, p.218 y ss; Delgado Echeverría, Testamento mancomunado aragonés, en «Setenes Jornades de Dret Català a Tossa”, 24 a 26 septiembre de 1992, Barcelona, 1994, p. 299.
Por  su parte Merino  consideró que toda la norma era dispositiva (cfr.Merino Hernández, Comentarios …, op. cit. nota 8, p. 246 y ss. y Cristóbal Montes en parte sí y en parte no (Cfr. Comentarios a la Compilación …, op. cit nota 12, p.274 y ss
25 A estos efectos, tener en cuenta el art. 189 Lrem para evitar la preterición (Sobre mención suficiente cabe entender lo mismo que en art. 120 de la Comp. vid Calatayud Sierra, "Las legítimas en Aragón", en Actas de los Terceros Encuentros de Foro de Derecho aragonés, <Actas_de_los_terceros_encuentros_d_de_Foro_d_de_Derecho_aragonés>ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1993, p.66); también Rodríguez Boix, F., "La preterición" …, op. cit. nota 20, p.23.
26 Cfr. Merino Hernández, Comentarios …, op. cit. nota 8, p. 258 y ss.
27 Cfr. Merino Hernández, Comentarios …,op. cit. nota 8, p. 260 y ss.
28 Batalla Carilla, Ley de sucesiones. Comentarios breves por los miembros de la Comisión aragonesa de Derecho civil, ed. Librería General, S.A.,  Zaragoza, 1999, p. 57.
29 La ley 118 de la Compilación navarra dispone: “Cuando la donación se hubiera hecho conjuntamente por varios donantes, la revocación deberá hacerse respeto de la totalidad de los bienes y por todos los donante o sobrevivientes”.
30  Batalla Carilla, Ley de sucesiones. …, op. cit. nota 27,  p. 60.
31  A mi juicio hubiera sido una buena ocasión para que el legislador estableciera un plazo de caducidad por el que el instituido-otorgante del pacto sucesorio pudiera manifestar su oposición a la revocación: por ejemplo,  hubiera bastado con añadir que si en el plazo de tres meses desde que se le notifico la revocación el instituido no interpone demanda judicial oponiéndose a la misma, la revocación será ya inatacable.

Para citar este artículo :

Carmen Bayod López. «Algunos problemas sobre invalidez, ineficacia y revocación de los pactos sucesorios en la Ley aragonesa de sucesiones por causa de muerte1», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=268
organismo : Universidad de Zaragoza

función : Prof. Titular de Derecho civil