Trabajos de postgrado

Tipo de documento: Artículo

La dote prometida

Alegaciones a un proceso de “iurisfirme gravaminum factorum” (1656)

Natividad Rapún Gimeno

Extracto

A través del estudio de dos alegaciones en Derecho suscritas por los Abogados Jerónimo de Orcau y Francisco Jubillar y aportadas en agosto de 1656 a un proceso de firma "gravaminum fiendorum" ante el Justicia de Aragón y frente a una sentencia dictada por el Juez de Benabarre, se analiza la capacidad de una mujer casada aragonesa, Doña Marina de las Heras, para obligar y comprometer sus bienes mediante una promesa de aumento de dote por importe de quinientas libras hecha al futuro esposo de su hija, Don Jerónimo Gili, a fin de remover los obstáculos económicos que dificultaban la celebración de un matrimonio por ella muy deseado y todo ello sin constancia alguna en los capítulos matrimoniales que se otorgaron con esa ocasión y sin conocimiento ni consentimiento del esposo de la promitente y padre de la novia, Don Juan Sunyol, que en su día se opuso a entregar a su hija en concepto de dote una cantidad superior a la de tres mil sueldos.

El objeto de este trabajo es el estudio de dos alegaciones en derecho aportadas al proceso de “firma de agravios hechos” deducido frente a la sentencia dictada  por el Juez ordinario de Benabarre el 21 de agosto de 1655 que condenó a Doña Mariana de las Heras a pagar a su yerno Don Jerónimo Gili quinientas libras en concepto de dote prometida a su esposa Doña Isabel Ana Suñol con la que había contraído matrimonio en febrero de 1651.

Las alegaciones impresas, que pueden verse en BIVIDA, son:

1. “In processu iurisfirmae gravaminum factorum Mariannae Las Eras por Don Gerónimo Gili, señor de Monfalcón  y Carlan de Albesa” Juan Jerónimo de Orcau. Zaragoza, 1 de agosto de 1656. BUZ. Sig. 73-75 (2). (Ver en BIVIDA)

2. “In processu iurisfirmae gravanimum factorum Mariannae Las Heras por dicha Mariana Las Heras”. Francisco Jubillar. Zaragoza, 18 de agosto de 1656”. BUZ. Sig. 75-7 (44). (Ver en BIVIDA)

La recurrente o firmante fue asistida por el Doctor Francisco Jubillar  y su acreedor por el Doctor Juan Jerónimo de Orcaui1, aportándose las expresadas alegaciones al pleito denominado “proccesus iurisfirmae gravaminum factorum Mariae Annae Las Eras”2, en agosto de 1656,  debatiéndose la cuestión relativa a la obligatoriedad del pago de la dote prometida por la madre de la novia, sin conocimiento del otro progenitor, y sin constancia alguna en los capítulos matrimoniales, documento éste que hasta la fecha no ha sido posible localizar pero sí, curiosamente, aquel donde se plasmaron las capitulaciones otorgadas con ocasión del matrimonio de otra hija de Doña Mariana, María Sunyol con Jerónimo Naval3 aportando la novia, en este caso, una dote notablemente superior por importe de cuarenta mil sueldos, frente a los tres mil que llevó Doña Isabel Ana según declararon las partes que se hizo constar en los correspondientes pactos matrimoniales.

Pese a que no se ha podido hallar otra documentación relativa al proceso de firma de agravios seguido ante el Justicia a instancia de Doña Mariana, es posible, sobre la base del contenido de las alegaciones en derecho aportadas al mismo y del estudio de la legislación y doctrina vigente en la fecha de los hechos, construir una hipótesis acerca de la naturaleza de la resolución que hubo de poner fin al litigio objeto de este trabajo4.

Para ello deben hacerse con carácter previo una serie de precisiones sobre el concepto y la naturaleza jurídica de la dote que tienen su interés para la mejor comprensión de la cuestión suscitada.

I.- El término dote, en el caso que nos ocupa, hace referencia, no al conjunto de bienes que el marido asigna a la mujer con ocasión del matrimonio, sino a la llamada dote romana o castellana5, aportada por la mujer como contribución al sostenimiento de las cargas de aquel y cuya administración se encomendaba al marido así como la disposición de sus frutos a fin de atender con éstos las cargas familiares, constituyéndose así una masa patrimonial destinada “ad sustinenda onera matrimonii”, siendo objeto de un régimen jurídico específico y propio, distinto e independiente del resto de bienes aportados por los cónyuges al matrimonio y ello en atención a la finalidad propia del patrimonio dotal.

 En la doctrina tradicional aragonesa se acostumbró a denominar “dote” a la llevada por la mujer al matrimonio y “firma de dote”6 a la asignada por el marido a su esposa, existiendo en Fueros y Observancias menciones específicas a la dote a que aquí se hace referencia y, en concreto, en los Fueros “De exheredatione filiorum” de 1247 y “Concordias en censales” de 1626, así como en la Observancia 4ª “De iure dotium”, habiendo señalado el Profesor Lacruz Berdejo7 que desde la Compilación de Huesca se rigió la dote en Aragón, en lo no determinado por los Fueros y Observancias, por las normas del Derecho romano, aplicándose éstas con preferencia a la dote constituída por terceras personas ya que la aportación de bienes al matrimonio por la mujer, sin expresa constitución de dote, era objeto de una regulación legal específica.

En este sentido Martón y Santapau8 definieron la dote como todo caudal inmueble o que con la calidad de tal, aportaba la mujer al matrimonio. Y en la misma línea Castán9 afirmó que sólo comprende los bienes inmuebles puesto que, normalmente, los muebles se hacen comunes, cualquiera que sea el título de adquisición o aportación y, por consiguiente, no tienen el carácter ni producen los efectos de los dotales10.

No obstante estas afirmaciones de carácter doctrinal, lo cierto es que la dote mobiliaria y dineraria estaba plenamente admitida y reconocida en el Derecho aragonés y a esta conclusión se llega mediante la simple lectura de capitulaciones matrimoniales otorgadas a lo largo de los siglos en el seno de familias aragonesas, siendo lo cierto que de forma paralela a la evolución de la sociedad, especialmente en zonas urbanas, fue lo habitual constituir la dote en dinero, habiendo señalado La Ripa que, la firma de dote, esto es, la dote del marido, debía consistir aproximadamente en una cantidad igual a la tercera parte de la que llevara la mujer, con independencia del status social de ésta. Cosa distinta es que, desde una perspectiva puramente práctica, consistiendo la dote en una determinada cantidad de dinero o de otro tipo de bienes muebles, su realidad se confundiera con el resto del patrimonio común, pero sin excluir con ello el principal efecto de su constitución, a saber, el nacimiento de un derecho de crédito a favor de la esposa dotada por el importe o valor de los bienes aportados, sin perjuicio, en cualquier  caso, de los pactos que sobre esta cuestión pudieran establecerse en los capítulos matrimoniales a fin de garantizar los derechos de la esposa sobre el patrimonio dotal.

II.- Fue muy controvertida entre los foralistas aragoneses la obligación de los padres de constituir dote a favor de sus hijas ya que, partiendo del Fuero “De desheredatione filiorum”, promulgado por Jaime I en 1247, que preveía que los padres no venían obligados a dotar a la hija que contraía matrimonio sin su consentimiento, la generalidad de ellos deducía, “a sensu contrario”, que, casándose aquella de conformidad con la voluntad de los padres, éstos debían dotarla lo que, de otra parte, era conforme con el sentir de las familias aragonesas en tanto que la dote, en definitiva, facilitaba un más justo reparto de las cargas del matrimonio, mejorando la condición de la mujer y favoreciendo el acceso de ésta al matrimonio debidamente protegida, desde la perspectiva económica, de los avatares que podían afectar al patrimonio común a lo largo del tiempo y ello sobre la base del principio general de inalienabilidad de los bienes que constituían la dote y de su conservación a efectos del sostenimiento de las cargas del matrimonio.

Ocurrió, sin embargo, que Miguel de Molino11, comentando la Observancia “De iure dotium”(50ª), suscitó la duda acerca  de si aquella obligación existía realmente por cuanto este texto prohibía a los hijos compeler al padre a fin de que los dotase12,”filium non possunt compellere patrem ad dotandum eosdem”, planteándose así la cuestión relativa a si dicha observancia había venido a derogar el Fuero “De desheredatione filiorum”, porque para algunos autores el término “filii” comprendía tanto a los hijos como a las hijas, interpretación ésta negada por otros foristas que mantenían que dicha expresión plural hacía referencia exclusivamente a los hijos varones y así la observancia citada, en su apartado 34, señalaba que “foemeninum non concipit masculinum”, de manera que “masculinum non debet concipere foemeninum” y es que, ciertamente,  los Fueros y Observancias, cuando disponen de manera que la norma haya de afectar tanto a hombres como a mujeres, lo expresan con toda claridad, hablando de “hijos e hijas”, “padre o madre”, etc. Además, los juristas que sostenían la obligación de los padres de dotar a las hijas, afirmaban que el Fuero general posterior no deroga el anterior especial, de modo que, aunque se afirmara que el término “filii” de la Observancia comprendía también a las hijas, la norma contenida en el Fuero “De desheredatione filiorum” no habría sido derogada por la Observancia,  porque de forma específica el Fuero se refiere a las hijas que contraen matrimonio sin el consentimiento de sus padres, siendo ésta una norma de carácter especial que no pudo quedar sin efecto por la aplicación de  la Observancia 50ª “De iure dotium” que, en realidad, tenía por objeto la regulación de una cuestión bien distinta a la dote que los padres entregan a sus hijas con ocasión de su matrimonio y que no era otra que la prohibición a los hijos de ejercitar, frente a su padre, un derecho propio de la madre cuando ésta, en vida, no hubiera hecho valer, a saber, la reclamación al esposo de la dote por él prometida y no entregada, en todo o en parte.

Puede afirmarse, pues, que en definitiva, el Fuero y la Observancia citados hacen referencia, respectivamente, a la dote romana o castellana y a la dote goda o firma de dote, no existiendo contradicción alguna entre ambas normas puesto que su objeto venía constituido por instituciones dotales bien distintas.

Miguel del Molino resumió en su momento con mucha claridad la polémica suscitada entre los foristas de su tiempo abogando por la obligación de ambos progenitores de dotar a sus hijas con ocasión del matrimonio:

 “Dotare an pater vel mater teneantur filias suas de foro; & secundum foros antiquos est clarum quod pater vel mater tenetur dotare filias suas nisi filiae inconsultis parentibus contrahant matrimonium, quia tunc no tenerent tales filias dotare. De hoc habes in foro primo ti. De exhaeredatione filiorum, fol. 24 & sic probatur aperte in dicto foro argumento a contrario sensu quod si filia contraxit matrimonium consultis, vel volentibus, quod parentes tenente dotare filias suas… Et sic ista observantia videtur fortiter & de directo facere contra dictum forum antiquum de exhaeredatione filiorum; & sic videtur per instam observantia hodie pater non potest compelli ad dotandum filios suos; licte contrarium videatur innuere dictus forus antiquus de exhaeredatione filiorum. Verum est quod dicta observantia loquitur sub verbo filiis in masculino genere & non dicit de filiabus in foeminino sexu, sicut loquitur dictus forus de quo vide per doctores in l qui filiabus ff. De legatis primo & ibi Pau. De Castro. Et vide latius de hoc an sub verbo filiis  comprehendantur filiae, infra in verbo filius verum filiorum apellatione…”

No obstante,  juristas tan destacados como Portolés13, Lissa14 y Franco de Villalba15 defendieron la tesis contraria, es decir, sostuvieron que el padre no venía obligado a dotar a las hijas afirmando este último al respecto que “circa alium verbum compellere, nota quod non teneantur parentes in Aragonia dotare filias”. E incluso, civilistas del siglo XVIII como Asso y De Manuel16 en su obra “Instituciones del Derecho de Castilla” afirmaron que en Aragón el padre no estaba obligado a dotar a sus hijos e hijas por no haber Fuero que así lo impusiera y por respeto a la libertad de los individuos para disponer de sus bienes17.

Pese a la disputa doctrinal a que se ha hecho referencia,  lo cierto es que la obligación de los padres de dotar a sus hijas era una cuestión plenamente admitida por los aragoneses y, en cualquier caso, el Fuero  “Concordias en censales” promulgado en 1626 por Felipe II (Cortes de Calatayud), vino a consolidar este criterio al hacer la siguiente referencia como excepción a la prohibición general de constituir determinado tipo de censales: “Exceptando también  los censales para las dotes de las hijas de los Señores que conforme a Fuero tienen obligación de dotarlas”, y así lo afirmaron Franco y Guillén en 184118, que vieron en este texto la confirmación definitiva del derecho de las hijas a ser dotadas por sus progenitores.

Y ello está plenamente en consonancia con la propia esencia y finalidad de la institución dotal puesto que, sin perjuicio de que con sus frutos la esposa dotada contribuye al sostenimiento de las cargas propias del matrimonio, con su constitución los padres no hacen sino facilitar a su hija un seguro económico19, es decir, un caudal del que poder disponer, obteniendo así cierta independencia económica, para lo cual aquellos se ocuparán de obtener la debida garantía del marido para su aseguramiento y, en su caso, de que se pacte la reversión de la dote a la familia de origen si acaece el fallecimiento de la hija.

III.- Esta obligación de dotar se imponía tanto al padre como a la madre, considerándose la dote de las hijas como una carga del matrimonio, de manera que su importe habría de imputarse al patrimonio común y, en defecto de éste, a los privativos de cada progenitor por mitad e iguales partes pero debe entenderse que este criterio general no debía excluir otras posibilidades como la constitución de la dote de la hija en proporción al caudal privativo de cada progenitor o al de sus aportaciones, no existiendo, en cualquier caso,  norma foral alguna que fijara su cuantía o sus límites entendiéndose que habría de ser proporcional al caudal de los progenitores, esto es, “al haber y poder de la casa”20 y, habiendo varios hijos, la Observancia “De iure dotium” (15ª) facultaba al cónyuge sobreviviente para dar en “axovar”21 o por causa de matrimonio, cuanto ambos hubieran dado a los otros hijos cuando contrajeron matrimonio y atribuía al padre o madre sobreviviente, la facultad de dar al hijo o hija en casamiento, de sus bienes comunes y del cónyuge muerto, “uno o muchos dones en mueble o en inmueble, tanto valor, poco más o menos cuanto ambos cónyuges habían dado a otro de los hijos o hijas en el casamiento en que le habían colocado, con tal que quede de los bienes comunes, tanto, poco más o menos, cuanto pueda darse en casamiento a cualquiera de los hijos o hijas restantes que no hayan contraído matrimonio” (Observancia 12ª).

No debe olvidarse, sin embargo, otro parámetro que, a menudo y así pareció ocurrir en el seno de la familia Sunyol-Las Heras, se tomaba en consideración a la hora de cuantificar la dote de las hijas y al que hizo referencia, calificándolo de negativo, profundamente injusto y perjudicial, Joaquín Costa, y que no era otro que su relación directa con el patrimonio del heredero con quien casaba la hija; de esta forma, la dote de la novia se fijaba en función de lo que ésta “alcanzaba”, es decir, del tipo de familia a la que con el matrimonio se unía; por tanto,  según fuera acaudalada o de mediana posición social aquella, la dote de la hija se graduaba de un modo u otro. Y así, como quiera que la familia Gil era considerada como principal, Doña Mariana de las Heras se esforzó en dotar a su hija convenientemente superando incluso la dote ofrecida por su esposo, y todo ello con el consiguiente quebranto que, con toda probabilidad, le supuso su promesa si el cumplimiento de ésta quedaba fuera de su situación económica.

Lo habitual entre las familias aragonesas era hacer efectivo el pago de la dote de forma aplazada para evitar así que su constitución supusiese una elevada carga sobre la economía de la casa de la novia; ahora bien, el incumplimiento de lo pactado en orden a su modo y forma de pago, además de merecer el reproche social del entorno, implicaba también un notable perjuicio para el marido que se enfrentaba al matrimonio, viendo aumentadas sus obligaciones sin compensación económica alguna como se cuidó bien en alegar uno de los protagonistas de los hechos relatados, el esposo al que se había prometido un incremento de la dote pactada en capítulos matrimoniales y que, ante la falta de voluntad de su pago y cumplimiento, se vio en la necesidad de exigirlo ante los tribunales de justicia defendiendo así sus legítimas expectativas frente a su suegra y autora de la promesa.

IV.- No ha existido tampoco precepto alguno en el ordenamiento foral aragonés que indicara el momento en que debía ser constituida la dote, admitiéndose, por tanto, que pudiera hacerse antes o después de contraer matrimonio, en el seno de las capitulaciones o fuera de ellas siendo preciso, en cualquier caso, que constara con certeza el hecho y la voluntad de que la donación o entrega de bienes se hacía en consideración al matrimonio que había de celebrarse o que ya se había contraído, siendo preciso reiterar que su objeto no había de ser otro que la contribución por parte de la esposa al sostenimiento de las cargas propias de matrimonio, de manera que cualquier otra disposición de bienes con un destino ajeno al propósito indicado carecería de la naturaleza propia de la dote y no le serían de aplicación las normas relativas a ésta y a su protección en el seno del patrimonio familiar.

Las referidas exigencias fueron definidas con mucha claridad en la obra de Asso y  De Manuel “Instituciones del Derecho de Castilla”22, en términos aplicables con carácter general a la dote de la esposa en cualquier parte del territorio español: “Las dotes y arras se dan antes y después de celebrado el matrimonio, siendo sus fines que los que se casan tengan con que vivir y guardar el matrimonio bien y lealmente”, de donde concluían que, disuelto el matrimonio y por tanto desaparecida la finalidad que está en el origen de la dote, el marido vendrá en la obligación de restituir lo aportado a su mujer o a los herederos de ésta.

Sentados ya los presupuestos básicos de los que debe partirse para el estudio de la dote constituida a favor de una hija de familia por uno o ambos de sus progenitores, puede ya iniciarse el análisis del contencioso surgido con ocasión del incumplimiento de la promesa hecha con dicho objeto por Doña Mariana de las Heras a su yerno Don Jerónimo Gil con ocasión del matrimonio de éste con Doña Isabel Ana Sunyol y todo ello sin el consentimiento ni conocimiento del otro progenitor, Don Juan Sunyol.

Vistas ya las notas más destacadas de la dote aragonesa se puede ya pasar a la descripción de los hechos que motivaron la “firma de agravios” que constituye básicamente el objeto de este estudio.

Jerónimo Gili, señor de Monfalcón y carlán de Albesa, e Isabela Sunyol contrajeron matrimonio en febrero de 1651.

En contemplación a dicho matrimonio, los padres de la contrayente, Juan Sunyol y Mariana de las Heras, ofrecieron tres mil escudos que no fueron aceptados por el novio considerando la dote insuficiente habida cuenta de la condición principal de su propia familia. Como quiera que dicho matrimonio era muy deseado por los parientes de la novia, la madre de ésta, valiéndose de la intermediación de un “casamentero” o “asesor”23,  acordó entregar a su hija quinientos escudos más pero sin que ello constase en los capítulos matrimoniales con el fin de que su esposo Juan Sunyol no llegara a conocer tal circunstancia. Fallecido éste, su yerno Gerónimo Gili reclamó la suma ofrecida a su suegra Mariana de las Heras y ante la negativa de ésta a entregarla, la demandó ante el Juez ordinario de Benabarre que, estimando la demanda, la condenó a su pago en sentencia de 21 de agosto de 1655 “en fuerça de la promesa”.

Mariana de las Heras impugnó dicha sentencia ante el Justicia de Aragón y, a través de las alegaciones formuladas en su nombre por Francisco Jubillar y de las opuestas por la defensa de Gerónimo Gili ejercitada por Juan Jerónimo de Orcau, puede determinarse con precisión el objeto de la cuestión litigiosa.

Seguidamente daremos cuenta de las cuestiones fundamentales que las partes hicieron valer en el proceso de firma “gravaminum factorum” contra la referida sentencia del Juez de Benabarre.

Mariana de las Heras basó la impugnación de la sentencia en que “no consta suficientemente de la deuda porque los testigos producidos por el actor son singulares y no contestan sus deposiciones, y que a la promesa nuca se hallaron juntos, de lo que haze greuge especifico en el 3 art. de su cedula. Y otro, que quando constasse, no le pudo condenar a pagar sino poco a poco”, de manera que la impresión que se desprende de la lectura de la alegación presentada por aquella no es otra que la de haber fundamentado la defensa de su pretensión en una errónea valoración de la prueba testifical a lo largo del proceso en primera instancia así como en la improcedencia de una condena al pago total de la dote prometida, considerando que lo más procedente era el abono de la suma en plazos,  esto es,  “de poco en poco”.

Sin embargo, será del cuerpo del escrito aportado por la parte contraria de donde podrán extraerse los principales argumentos de carácter sustantivo que Mariana de las Heras esgrimió a fin de impugnar la resolución judicial que le hizo agravio,  y fueron los siguientes:

1.- La mujer casada no puede obligarse ni aún por causa de dote sin licencia de su marido.

2.- Su promesa de dote no fue aceptada ni por su hija Isabel Ana ni por su futuro marido, de manera que no existiendo aceptación, no quedó vinculada por dicha promesa, o lo que es lo mismo, ésta quedó en términos de nudo pacto que en Aragón no obliga.

3.- En todo caso, y aunque hubiera existido aceptación, ella prometió que pagaría los quinientos escudos poco a poco, de modo que el Juez no puede obligarla a abonar la suma en una sola vez, considerando más adecuado el pago, a lo sumo, de veinte o treinta libras al mes.

Gerónimo Gili, en un escrito jurídicamente bien construido y plagado de citas de autoridad, respondiendo a todas y cada una de las alegaciones de la parte contraria,  ofreció en defensa de sus intereses una pluralidad de argumentos:

1.- Mariana de las Heras ofreció el pago de quinientos escudos al demandante con el exclusivo fin de que contrajera matrimonio con su hija.

2.- Dicha promesa fue válida y obligatoria porque la mujer por causa de dote puede obligarse y la promesa de dote “sine stipulatione producit actionem” y “ex nudo enim pacto oritur actio favore dotis”.

3.- La promesa de dote formulada por su suegra no consistía en un mero pacto nudo y sin causa, sino que ésta existía y no era otra que el matrimonio de su hija que, de otro modo, no se hubiera contraído.

4.- No obsta a la validez de la promesa su falta de aceptación porque en Aragón la donación hecha al ausente es válida y aunque no se acepte no se puede revocar.

5.- Sí hubo aceptación de la promesa de dote y fue expresa porque, no queriendo Gerónimo Gili contraer matrimonio con la hija de Mariana de las Heras si no se le dotaba con tres mil quinientos escudos, sólo cuando aquella ofreció estos últimos, se accedió a la celebración y este hecho implicó la aceptación de la dote.

6.- Y aunque la promesa fuera condicional, “si matrimonium sequereretur”, contraído el matrimonio, se cumplió la condición, pudiendo exigirse desde ese momento el pago de la dote no constando que Mariana de las Heras fijara plazo alguno para ello; no obstante, y,  tomando como base los capítulos matrimoniales, si sus suegros se obligaron en ellos al pago de dos mil escudos en un plazo de seis años, los quinientos ofrecidos por aquella no se habrían de dar en dos, admitiendo pese a ello la fijación de un plazo máximo de tres años para el cumplimiento de aquella obligación.

7.- No obsta al derecho del actor que, siendo la apelante mujer casada no pudo, sin licencia de su marido, obligarse. Porque en Aragón no hay Fuero ni Observancia que prohíba a la mujer contraer obligaciones, sino que tan sólo se le prohíbe hacer remisión al marido de la dote, de manera que la mujer casada en Aragón puede disponer y obligarse en su perjuicio, constante matrimonio.

8.- La falta de pago de la dote prometida causa en el esposo poco agrado y retiro de su mujer.

Como ya se ha señalado, no contamos con más escritos de este proceso de agravios que dos alegaciones de parte suscritas en agosto de 1656, tras haberse interpuesto la correspondiente demanda,  pero analizando su contenido no cabe duda de que no sólo se puede fijar con exactitud el objeto litigioso, sino que también es posible el estudio de todas y cada una de las normas e instituciones jurídicas cuya aplicación se defiende o se rechaza según la posición procesal de cada parte.

De lo ya expuesto se infiere que la fundamentación jurídica que lleva a cabo la defensa de Mariana de las Heras es breve y somera, haciendo hincapié en aspectos procesales derivados de la práctica de la prueba testifical a lo largo del proceso seguido en primera instancia y en la conveniencia de efectuar el pago de la dote prometida en plazos fijados a su arbitrio24; ahora bien, es posible que la demanda o cédula donde “hizo elección de firma” la actora, contuviera argumentos tendentes a justificar la inexistencia de la promesa en sí misma o, en su caso, su condición de no vinculante habida cuenta de que quien la hizo era mujer casada que actuó sin el consentimiento ni conocimiento de su esposo y así se desprende de la lectura de la alegación aportada por la parte contraria que, uno por uno, pretende impugnar y rebatir cada uno de los argumentos que, al parecer, constaban en el escrito inicial del proceso de impugnación que examinamos y todo ello demostrando un completo conocimiento, no sólo del Derecho aragonés vigente, sino también de la doctrina de los civilistas, canonistas y foristas más destacados y estudiados en esa época y en las anteriores, siendo numerosas las citas que obran en la alegación de las que podemos destacar las que hacen referencia a conocidos autores de Derecho común de diferentes etapas históricas como Rolandino de Passaggiero25 Bártolo de Sassoferrato26, Baldo de Ubaldi27, Gregorio Lupesio, Giovanni de Imola, Giacomo Menochio28 Próspero Farinaccio29, Mantica30, y a otros juristas de gran autoridad en toda Europa como Francisco de Caldas Pereyra31, Pedro Barbosa32, Juan Pedro Fontanella33, Vázquez de Menchaca34,  Dueñas35 Castillo Sotomayor36, Juan Pedro Surdo37, sin olvidar a los juristas que también desarrollaron su actividad científica y forense en el ámbito  del Derecho aragonés, así, Cuenca,38 Molino,  Portolés, Suelves o Sessé.

Y es que, aunque es conocida la reserva que existió en Aragón hacia los Derechos común y natural como fuentes supletorias del ordenamiento jurídico, ello en modo alguno impidió que en los tribunales del Reino, de forma general y reiterada, se citasen como argumentos de autoridad la doctrina de canonistas y romanistas e igualmente de conocidos juristas castellanos, y ello se explica porque, tanto los abogados que intervenían en los procesos como los miembros y asesores de los órganos judiciales, dada su formación académica, eran expertos conocedores de aquellas materias, es decir, tanto del “derecho” como del “fuero”, expresiones equivalentes a Derecho común y Derecho propio de Aragón, respectivamente. Es por ello que una de las denominaciones que con frecuencia se da a los escritos de alegaciones sea la de “alegación en fuero y derecho”, de modo que la rúbrica adelanta ya algo del contenido del documento, a saber, los argumentos que en él se van a desarrollar tendrán su fundamento no sólo en los Fueros y Observancias, único ordenamiento aplicable en Aragón, sino también en los derechos romano y canónico, e incluso el castellano,  así como en la doctrina elaborada sobre su base por sus intérpretes y comentaristas más celebres.

Y en el presente caso los Doctores que defendieron los intereses de las partes del proceso de agravios, se ocuparon de citar a todos aquellos juristas que habían sentado doctrina sobre las materias objeto de controversia, tanto en su aspecto procesal, como sustantivo; así puede verse como la defensa de Doña Mariana de las Heras insistió en los aspectos relativos a la virtualidad de las declaraciones testificales en el seno del proceso y a la capacidad de la mujer casada para obligarse mientras que la de la parte contraria se centró en el estudio de la validez del pacto derivado de una promesa hecha con causa y de los derechos económicos de la mujer aragonesa para disponer de sus bienes.

Para la resolución de la cuestión litigiosa en los términos que han sido descritos, será necesario aplicar el ordenamiento jurídico vigente en el momento de suscitarse aquella, es decir, los Fueros y las Observancias del Reino de Aragón sin olvidar la doctrina de los juristas aragoneses más solventes que de forma habitual eran objeto de cita ante los tribunales a través de los escritos de parte firmados por abogados que resultaban ser perfectos conocedores, tanto del Derecho aragonés como del romano y canónico, disciplinas éstas a las que hacían continua remisión a fin de justificar sus pretensiones o impugnar las de la parte contraria.

La naturaleza jurídica del objeto debatido en este proceso de firma trascendía a la mera aplicación e interpretación de las normas contenidas en el ordenamiento aragonés siendo la dote una institución regulada desde antiguo, tanto en los territorios donde se recibió el Derecho romano, como en aquellos donde se observaban los principios propios del denominado, por oposición, Derecho germánico, constituyendo, en cualquier caso, como aportación al matrimonio,  un elemento de vital importancia para su economía y sostenimiento lo que justificaba, no sólo el interés del marido en la percepción efectiva de la dote sino también, es de suponer,  el de la propia esposa cuya progenitora, como ocurre en el caso que nos ocupa,  no cumplía lo prometido con el consiguiente deshonor que ello conllevaba amén del perjuicio económico que también suponía para la economía familiar. Por ello, examinado el contenido del escrito de alegaciones aportado por Don Jerónimo Gil, no debe sorprender la cita expresa de un precepto del Código de Justiniano (CJ. 4.29.25.1) de la que se sirve para justificar, desde una perspectiva también moral,  su pretensión así como la improcedencia de la conducta de su suegra al negarse a entregar la dote prometida. Efectivamente, dicho emperador se expresó de la siguiente forma:

“Neque enim ferendum est quasi casu fortuito interveniente mulierem fieri indotatam et sic a viro forsitan repelli et distrahi matrimonium. cum enim scimus favore dotium et antiquos iuris conditores severitatem legis saepius mollire, merito et nos ad huiusmodi venimus sanctionem. <a 531 d. k. nov. constantinopoli post consulatum lampadii et orestis.>”  

Y es que, detrás de estas palabras existe una concepción netamente negocial del matrimonio, de manera que cada cónyuge, además de su persona, había de allegar bienes a fin de contribuir al sostenimiento de sus cargas y, en concreto, la esposa que, al parecer, en sí misma, suponía para su cónyuge un gravamen de especial incidencia que debía ser compensado con la consiguiente aportación económica, que, siendo elevada, aumentaba correlativamente el valor de su persona, sin olvidar en ningún caso el instrumento de protección para la propia esposa que suponía la constitución en su favor de una dote ante las posibles pérdidas patrimoniales en que podía incurrir su marido en la administración de los bienes comunes poniendo en peligro la economía familiar y el sustento de sus miembros. Constituida la dote, la esposa, al menos, tenía garantizada la conservación y permanencia de una masa patrimonial cuyos frutos revertían al sostenimiento de la familia al tiempo que su inalienabilidad, en aquellos regímenes legales en que así se dispuso, aseguraba en parte su posición económica, y en los sistemas en los que se admitió su enajenación, la esposa, siendo preciso su consentimiento a tal efecto, estaba en disposición de exigir a su marido las garantías precisas en orden a evitar negocios perjudiciales a sus intereses económicos.

De la lectura de los escritos de alegaciones presentados por las partes en la firma de agravios hechos,  se desprende que el objeto principal de la controversia se concretaba, no tanto en la realidad de la promesa de dote formulada por Doña Mariana de las Heras a fin de completar la suma que su hija aportó al matrimonio, sino en la determinación de la capacidad de aquella para obligarse sin el consentimiento de su esposo, siendo también cuestión debatida  la naturaleza de la expresada promesa y su efecto vinculante.

Pasamos ya al examen de cada una de las cuestiones que constituyeron el objeto del proceso que hubo de resolverse en la Corte del Justicia:

I.- Podemos considerar probado, a la vista de las declaraciones de los testigos a que se hace referencia en dichos documentos,  que, efectivamente, la apelante, con la intención de que su hija contrajera matrimonio con Don Jerónimo Gili, ofreció a éste la suma de quinientos escudos completando así la dote por éste pretendida, y todo ello sin conocimiento del padre de la novia y esposo de Doña Mariana, que en modo alguno aceptaba una aportación superior a los tres mil escudos lo que impidió que la promesa constara en los capítulos matrimoniales otorgados con ocasión de dicho matrimonio sin que, por otra parte, se extendiera instrumento o documento alguno acreditativo de la obligación contraída por la promitente.

II.- Nos encontramos, pues, ante un supuesto de promesa dotal, estipulación que, desde la constitución de Teodosio II (C.5.11.6), no exigía para desplegar su carácter vinculante, formalidad alguna:

“Ad exactionem dotis, quam semel praestari placuit, qualicumque sufficere verba censemus, sive scripta fuerint sive non, etiamsi stipulatio in pollicitatione rerum dotalium minime fuerit subsecuta”

 Y, concretando más la figura que examinamos, ante lo que los romanistas y civilistas desde antiguo vinieron denominando “dote adventicia”, aportada por la madre o un tercero, frente a la “dote profecticia” que era la constituida exclusivamente por el padre de la contrayente, siendo tradicional y generalmente aceptada la tesis doctrinal39 según la cual en supuestos como el que nos ocupa, existe un doble contrato, uno expreso, que tendría lugar entre el constituyente donante y la mujer donataria,  y otro tácito, entre la mujer y su marido mediante el cual aquella aporta los bienes que acaba de recibir, o que se le prometen entregar, a éste con el fin de ayudarle a soportar las cargas del matrimonio, de manera que los derechos del marido no tienen otra fuente que la convención tácita pactada con su esposa, doctrina ésta de difícil encaje en el seno del Derecho aragonés puesto que, tanto de los preceptos de Fueros y Observancias que hacen referencia a esta institución como de la práctica notarial, se desprende que los verdaderos constituyentes de la dote son los padres o parientes de la esposa que, siendo parte interviniente en los capítulos matrimoniales, de forma directa, aportan o se comprometen a la entrega de bienes con el fin de que aquella pueda contribuir al sostenimiento de la familia, existiendo pues un único negocio jurídico “propter nupcias” y una única aportación dotal.

III.- La promesa controvertida fue sin duda aceptada por los contrayentes ya que, de otro modo, el matrimonio no habría llegado a celebrarse, vistas las pretensiones económicas del novio y de su familia, lo que nos conduce directamente a una de las cuestiones que fueron también objeto del pleito, esto es, al análisis de la existencia de “causa” en la referida promesa.

La Observancia 40ª de la rúbrica “De generalibus privilegiis” contenida en el Libro VI de la colección  de Fueros y Observancias del Reino de Aragón40, preveía que:

 “Si quis sine carta promiserit aliquid dare sine causa. Non tenetur dare, nisi voluerit, vel nisi iuxta causa probetur promissionis”

 Es decir, la promesa hecha con causa justa se constituía en fuente de obligaciones, resultando por tanto vinculante en sus propios términos41.

Así, en el supuesto objeto de estudio, como quiera que la promesa de dote se hizo, como ya se ha dicho, a fin de remover los obstáculos económicos que impedían el matrimonio entre Don Jerónimo Gili y Doña Isabelana Suñol, hija de la promitente, no puede existir duda alguna acerca de la existencia de una causa capaz de sustentar válidamente la obligación contraída por aquella y, como quiera que el matrimonio se celebró al considerarse satisfecho el novio con la aportación adicional de dote ofrecida por su suegra, cualquier alegación de ésta pretendiendo la inexistencia de causa en la promesa por ella hecha, carece de todo fundamento legal y así se desprende también de la doctrina sustentada por los juristas citados en el escrito de alegaciones suscrito por Don Jerónimo Gili y su abogado el Doctor Orcau, de los que destacamos a Mantica, Caldas Pereyra, Gregorius y, en el ámbito propio del Derecho aragonés a Molino (“Repertorium fororum et observantiarum…”, voz “Promissio”), Portolés (“Scholia ad Molinum”, voz “pactum”), Sessé (“Decissionum Sacri Senatus…”, Tomo II. Dec. CLXXXII “De materia promissionis cum causa, vel sine causa factae”)

Así, confrontando las citas referidas con los textos originales, se constata que Miguel de Molino42, comentando la Observancia 40ª señaló que

 “Promissio simplex facta alicui sine aliqua causa, et sine carta, non obligat promittentem in Aragonia nisi voluerit vel nisi iusta causa promissionis probetur”

Esto es, que se puede reclamar el cumplimiento de una promesa cuando se pruebe que se basa en una justa causa. Y, comentando la Observancia 17ª “De fide instrumentorum”, afirmó la obligatoriedad del cumplimiento de la promesa pese a no constar la misma en documento alguno siempre que apareciera fundamentada en una justa causa:

“Promissio bene potest in Aragonia probari per testes”

Y, como señala el Profesor Lacruz en su estudio sobre la promesa “sine causa” en el Derecho aragonés, Molino, en otro lugar, excepciona este tipo de promesas de la innacionabilidad general propia del “nudo pacto”, al indicar que:

“Et tenuerunt foriste antiqui quod non, ita tenent gloss. ordinaria Petri de Patos…ubi probatur aperte quod actio non oritur in Aragonia ex nudo pactio seu promissione nuda; nisi esset vestita coahrentia contractus, vel nisi iusta causa promissionis probetur”

De otra parte,  Jerónimo Portolés, en la “Quarta pars scholia sive adnotaciones ad repertorium Michaelis Molini super Fori et Observantiis Regni Aragonum”43, bajo la rúbrica “Pactum”, pese a admitir con carácter general la inaccionabilidad de los pactos nudos, ya afirmó que en Aragón el pacto puede ser acreditado mediante declaración de testigos no siendo preciso, por tanto, que constase por escrito:

“Sed haec sentencia limitanda est, quando simplex promissio vestita fuerit coahrentia contractus… Secundo, eadem sentencia fallit quando promissio cum causa facta sit nam si causam probetur, promissio valet… Tertio, fallit quando promissio instrumento vallata fuerit”

Y asimismo Ibando de Bardají, al comentar el Fuero “De promissione…”, al tiempo que proclamaba el carácter vinculante de las promesas con causa, señalaba el arbitrio judicial como el determinante de la existencia o no de la justa causa, en cada caso concreto,  como elemento sustentador de la promesa:

“Disponit hic foro quod promissio simplex sine expresione alicuius causae iustae non obligat promissore, nisi ex adverso probetur causa promissionis iusta ad instar causarum expresarum in isto foro… quae ex natura ipsius promissionis videtur in se habere causam invisceratam, super qua debet iudex arbitrari ad sustinendum vel destruendum dictum pactum vel promissionem. Nam ex quo forus non disponit qualia interlligatur iusta causa, quam allegat, cui facta est promissio ad illam sustinendum, totum ho residet in arbitrio iudicia, nam in non dispositis a iure, versatur iudicis arbitrium”

José de Sessé, en su obra “Decisionum Sacri Senatus Regni Aragonum et Curiae Domini Iustitiae Aragonum causarum civilium et criminalum”, decisión CLXXXII del tomo II44, hizo un completo estudio de la promesa hecha con y sin causa, concluyendo que la justificación de la causa debe quedar a la valoración del tribunal y que:

“… quia licet alias pactum nudum etsi sit nullius efectus,  tamen si adest promissio geminata, est eficax”.

Los foristas del siglo XIX como Franco y Guillén o Isábal no añadieron ninguna innovación a la doctrina anterior de manera que siguieron sosteniendo que la simple promesa de dar o hacer algo no generaba obligación alguna y el promitente no venía obligado a cumplirla si no lo deseaba a no ser que estuviera pactada en instrumento o se acreditase que medio una justa causa, no pudiendo existir duda alguna, en el caso que nos ocupa, que, dejada al arbitrio del tribunal la valoración de la existencia de justa causa en la promesa hecha por una madre, con ocasión del matrimonio de su hija, de dotarla, la decisión de aquel no sería otra que la de declarar la obligatoriedad de su estricto cumplimiento en los términos pactados, siendo suficiente a tal efecto, la prueba de su existencia y contenido mediante declaración testifical, como ya se ha indicado anteriormente.

IV.- Pueden también añadirse a lo expuesto algunas consideraciones desde la perspectiva de la naturaleza jurídica de la donación y de sus exigencias formales constitutivas, y citaremos a Gil Custodio Lissa y Guevara que, en su obra “Tyrocinium jurisprudentia forensis”45, le dedicó un capítulo de su Libro II a la donación “inter vivos” señalando su carácter irrevocable y la innecesariedad de su insinuación ante el Juez ordinario siendo su objeto bienes muebles de cuantía inferior a quinientos sueldos de conformidad con lo previsto en el Fuero promulgado por el Rey Martín I en 1398:

“Para evitar muchos escándalos que se realizan en Aragón con el pretexto de falsas donaciones, establecemos, queremos y ordenamos que la donación que sobrepase la cantidad de quinientos sueldos dineros jaqueses, no haga fe en juicio o fuera de juicio contra ninguna persona privada, excepto si se demuestra que el donante la insinuó personalmente ante un Juez ordinario, la cual insinuación pueda hacerse cuando plaza al donante o le parezca… la cual donación e insinuación se registre en el libro de la Corte del Juez Ordinario donde se haga dicha notificación y dicho ordinario esté obligado a dar y dé su autorización y decreto de dicha donación…” ampliando este contenido la glosa recogida por Pérez de Patos46 según la cual: “Intellige tamen istud capitulum de donationibus inter vivos... Vel de donatione, qua fit per patrem filio tempore nupciarum, secundum observanciam…”

Las Observancias del Reino de Aragón permiten también concluir que, dada la naturaleza del objeto de la promesa litigiosa, no era preciso el otorgamiento de escritura pública, así en el Libro II, bajo la rúbrica “De las pruebas”, se contienen los siguientes textos:

“(17ª)Así mismo, según la costumbre del Reino, ninguna deuda que provenga de un préstamo puede probarse si es por medio de carta pública. Al contrario ocurre cuando se trata de un depósito que no sea de dinero contado o de prenda o de una promesa hecha o de la venta de un bien mueble. Pues todas estas cosas se prueban mediante testigos…”

(21ª) “….Así mismo, aun cuando el Fuero diga que no se prueba ninguna deuda si no es por carta pública; si la deuda se exige sin documento y el reo rechaza la demanda y el actor prueba la deuda con testigos, y el reo no objeta que la deuda no se puede probar con testigos sino que se dice, de otra forma, contra los testigos que no prueban, o bien opone en el juicio algunas acusaciones contra los testigos diciendo que éstos no prueban, y además las acusaciones propuestas no son tales que rechacen a los testigos, el Juez puede condenar al reo a pagar la deuda porque, tal como la causa ha sido afianzada y llevada, debe darse sentencia”

Puede afirmarse por tanto la existencia,  plena validez y el carácter vinculante de la promesa formulada por Doña Mariana de las Heras en tanto que, pese a no estar documentada, fue expresa y manifiesta,  dotada de una causa justa y aceptada por aquellos a quienes iba dirigida.

V.- Sentado esto, se trata de resolver la cuestión relativa a la capacidad de aquella para obligarse, constante matrimonio y sin el conocimiento ni consentimiento de su esposo, teniendo la promesa controvertida como objeto dotar a una hija con ocasión de su matrimonio.

La negativa u oposición al cumplimiento de la promesa hecha por Doña Mariana de las Heras las pretendió fundamentar su defensor, el Doctor Jubillar,  en el Fuero de Jaime I de 1247 “Ne vir sine uxore” cuyo contenido era el siguiente:

“De aquí en adelante ningún Infanzón, ni ningún otro, desde que tenga esposa legítima puede ni debe conforme a Fuero vender, permutar, dar o enajenar de ninguna manera ni por causa alguna la heredades que tenga sin el consentimiento y la voluntad de la esposa mientras viva ésta, tenga hijos o no… El mismo Fuero hay sobre la esposa. Establecemos que no puedan enajenar sus bienes el marido sin consentimiento de la esposa, ni la esposa sin consentimiento del esposo”

 Y también aquel jurista alegó a los mismos efectos el Fuero “De rerum amotarum” promulgado por el mismo monarca en la fecha señalada y según el cual:

“Si aliquam rem communem amborum uxor contra voluntatem viri duxerit retinendam super eam fideiussorem iuris poterit vir oferrit; quod non licet uxori. Item potest si vult eam perducerem vir domum suam quod uxor contradicente viro facere non voluerit”

Citándose igualmente y con la misma finalidad de negar la capacidad de Doña Mariana para obligarse sin el consentimiento de su esposo la Ley 55 de Toro ya que, según consta en su texto:

 “La muger durante el matrimonio sin licencia de su marido, como no puede hacer contrato alguno, asimismo no se pueda apartar, ni se desistir de ningún contrato que a ella toque, ni dar por quito a nadie de él; ni pueda hacer cuasicontrato ni estar en juicio, haciendo ni defendiendo sin la dicha licencia de su marido; y si estuviere por sí o por su procurador, mandamos que no vala lo que hiciere”.

Frente a estas argumentaciones, el Doctor Orcau, defendiendo los intereses de Jerónimo Gili, alegó que:

 “…Ni puede hazerse reparo considerable, diziendo, que siendo muger casada no pudo sin licencia de su marido, contraher ni prometer, como se topará en los DD Castellanos porque sus doctrinas y razones se fundan en la ley 55 de Toro, en la cual se dispone y prohibe a la muger el contraher sin licencia de su marido. Pero en Aragón no ay Fuero, ni observancia que prohiba a la muger contrahere, sine licentia viri, solo se le prohibia el hazer remisión al marido de la dote… pero este Fuero y Observancia están corregidos por la Observancia Item secundum usum Regni de donat. Obser. Item filii 39 de iur. dot. Ibi De consuetudine tamen uxor poterit dotes suas alienare, obser. Item mulier 35 de iur. dot. Item mulier, etiam non vidua potest remitti… De modo que la muger casada en Aragon puede contraher y agenar constante matrimonio a su perjuyzio aunque a perjuyzio del marido no se podrá hazer execucion en los dotes que el marido posee… y esta es materia sin contradicción, con que no parece pueda tenerla el que fue valida la obligacion que contraxo Mariana Las Eras & quod remansit efficaciter obligata”

A la vista de las radicalmente opuestas pretensiones de las partes, se plantea así la cuestión de si aquella prohibición alegada por Doña Mariana de disponer de bienes o de obligarse un cónyuge sin el consentimiento del otro, constante matrimonio,  afecta también a las donaciones “propter nupcias”, tratándose además, como ocurre en este supuesto, de una suma dineraria no excesivamente alta, porque no se duda de la facultad de la esposa, una vez viuda, de dotar a sus hijos y así lo contempla la Observancia titulada “De donationibus” (12ª) que prevé:

”El padre o la madre sobreviviente puede hacer en casamiento y no de otro modo al hijo o hija que son comunes, de sus bienes y de los del cónyuge muerto, una o muchas donaciones en bienes muebles o inmuebles de tanto valor, poco más o menos, cuanto eran las que ambos cónyuges habían hecho a otro hijo o hija en matrimonio cuando lo casaron, pero con tal de que quede, de los bienes comunes, tanto, poco más o menos, que pueda darse en casamiento a cada uno de los hijos o hijas que quedan por contraer matrimonio”

 Pero, como se ha señalado, nos encontramos ante una situación bien distinta como es la de la madre que, en vida de su esposo y sin el consentimiento de éste, promete completar la dote de una hija común.

Pues bien, para resolver esta cuestión debe tomarse en consideración el origen de la suma prometida, esto es, el caudal del que la madre pretendiera detraer la suma dineraria porque la determinación de aquel extremo permitirá conocer el régimen jurídico de los bienes afectados, siendo claro que no podría hacerlo del patrimonio común sin la autorización de su esposo como se desprende con toda claridad del Fuero “De rerum amotarum”47 o de la Observancia del mismo nombre, puesto que el marido se constituye en administrador de todos los bienes inmuebles comunes y en “dominus”48, además, de todos los muebles también comunes con las facultades inherentes a tal condición, prohibiéndose, en consecuencia, a la esposa, disponer de aquellos sin el consentimiento de su marido a quien se le atribuye una acción tendente a la recuperación de los bienes retenidos o dispuestos ilícitamente por la esposa, denominada “actio rerum amotarum”.

Efectos bien diferentes los producidos si la esposa promitente quisiera disponer de la cantidad destinada a la dote de su hija de su propia dote o “axovar”, debidamente asegurada por su marido49, puesto que aquella le pertenecía en su totalidad como se afirma en la Observancia 5ª bajo el título “De secundis nuptiis” y, por tanto, podía disponer de ella según se expresa en la Observancia 39ª de la rúbrica “De iure dotium” que afirma de forma contundente:

“Con todo, según costumbre, la mujer podrá enajenar su dote”

Tesis confirmada por Joaquín Costa en su obra “Derecho consuetudinario y Economía popular de España” para quien la “firma de dote”, esto es, el conjunto de bienes con que el marido dota a la mujer, entra en el dominio absoluto de la mujer, como caudal enteramente libre, sin que tenga parte en el ella el marido ni los herederos de éste; y contraria a la defendida por Luis Franco y López y Felipe Guillén de Carabantes en sus “Instituciones” y por Manuel Dieste en su obra “Diccionario de Derecho civil aragonés” autores éstos que sostuvieron que, no obstante las terminantes palabras de la Observancia citada, era preciso el consentimiento del marido, considerando que, si la facultad de la mujer para enajenar fuera tan ilimitada como parece desprenderse del texto, fácilmente podría privar a su marido del producto de las dotes, único derecho que sobre ellas le concede el fuero en recompensa de las obligaciones con que le grava.

Ciertamente, este principio general que declara la facultad de la mujer para enajenar bienes de la dote, como señala la expresada observancia, hay que conjugarlo con el contenido de la Observancia 1ª “De iure dotium” que, aunque ratifica esa libertad de disposición, ya sea a favor del marido, ya de un extraño, la somete a la forma establecida en el Fuero “De los contratos de los cónyuges”, señalándose, en concreto, que:

 “Uxor potest transferre in virum, sicut in extraneum bona sua mobilia & inmobilia, quae non sunt dotis, nec axovarium. Dotes vero & axovarium non potest transferre nisi ad formam contractus conjugum, mobilia autem de quidus facta esse translatio, quae persunt post mortem alterius conjugum, veniunt in divissione”

  Lo que supone una clara limitación, que no una negación,  de la autonomía de la esposa sobre el caudal constituido por la dote o el “axobar” en tanto que el citado fuero “De contractibus coniugum” exigía la autorización o consentimiento parental exclusivamente cuando aquella pretendía enajenar su dote a favor de su marido y no tratándose de terceros o extraños, situación ésta en la que la esposa podía disponer de los bienes constitutivos de dote o “axobar” sin necesidad de cumplir dicha exigencia50.

Vistas pues las limitaciones existentes en torno a la disposición de la mujer, constante matrimonio, de los bienes procedentes de su dote o “axobar”, analizaremos otra de las posibilidades que nos ofrece el examen del supuesto controvertido, a saber, que Doña Mariana pretendiera detraer la dote prometida de bienes de su exclusiva titularidad recibidos por ella a título gratuito. Puesto que si bien es cierto que la obligación de dotar a las hijas se considera como una carga del matrimonio debiendo imputarse su pago a los bienes comunes de los padres, no lo es menos, que nada se opone a que la madre, como ocurre en el caso que nos ocupa, quisiera completar la dote y hacer entrega a su hija de una suma adicional con cargo, exclusivamente, a sus bienes privativos.

Sobre esta cuestión ya se manifestó el jurista Jaime Cáncer51 en “Variarum resolutionum”, al afirmar que, no tratándose de bienes dotales, en los cuales no debe ser perjudicado el marido, la mujer puede, sin licencia de éste, contratar y obligarse, adhiriéndose a esta opinión Franco de Villalba en su obra “Fororum ac Observantiarum Regni Aragonum sive ennodata metódica compilatio: iure civile et canonico”52

En definitiva, nada se opone a que la mujer pudiera detraer de sus propios bienes la suma necesaria para dotar o hacer una donación “propter nuptias” a uno de sus hijos, y ello sin el conocimiento o consentimiento de su esposo.

De la lectura de las alegaciones aportadas al proceso objeto de estudio bien pudiera concluirse que Doña Mariana de las Heras, cuando prometió a su yerno dotar a su hija con quinientos escudos más de los pactados en capitulaciones matrimoniales, a fin de que no tuviera conocimiento de ello su esposo,  estuviera posponiendo el cumplimiento de su obligación al momento de la muerte de aquel, porque viuda ella ninguna limitación legal afectaba a su capacidad de disponer de la cantidad prometida, a salvo los derechos hereditarios de sus hijos en los bienes del padre fallecido,  pudiendo detraer aquella, no ya sólo de sus bienes privativos, sino también de los frutos percibidos del caudal por ella usufructuado, y del mismo modo obligarse libremente mediante la obtención de un préstamo por dicho importe con cargo también al patrimonio sometido a su libre y entera disposición.

Ciertamente el Derecho aragonés contemplaba la situación del cónyuge viudo que deseaba dotar a alguno de sus hijos, pudiendo gravar para ello no sólo sus propios bienes sino también los del cónyuge premuerto o de los comunes siempre y cuando la cuantía de la dote fuera análoga a la entregada el resto de los hijos comunes.

Efectivamente, el Fuero de Jaime I “De donationibus”  prescribía:

“El marido muerta la esposa o la esposa muerto el marido, no puede hacer una donación separada y perfecta a uno de los hijos, excepto si cuando vivían juntos hubieran hecho entre ellos documento de hacer esto con fianzas y testigos; sin embargo, puede hacerlo legítimamente si ha partido con los hijos”

Y la Observancia “De iure dotium”, en su número 15, señalaba que:

 “Si el marido y la mujer hubiesen casado a alguno de sus hijos o hijas y les hubiesen dado axovar cuando contrajeron el matrimonio, después, muerto uno de los cónyuges, el superviviente podrá perfectamente casar al hijo o a la hija que quedó sin casarse y darle como axovar o por razón de matrimonio, de los bienes comunes, cuanto el marido o la esposa habían dado a los demás cuando contrajeron matrimonio, o algo más  o menos”.

Ambos textos legales, no obstante, hacen referencia al supuesto en que el viudo dota a un hijo aún soltero y no ya casado como ocurre en el supuesto analizado. Pero estas previsiones propias del Derecho aragonés no impiden, sin embargo, que uno de los progenitores, movido por cuestiones personales atinentes a su matrimonio, se comprometa a dotar a una hija o a completar su dote, fallecido que sea el otro para gozar así, especialmente tratándose de la madre, de una mayor libertad de disposición con ese objeto o para evitar, como parece desprenderse de los hechos que constan en las alegaciones que estudiamos, un conflicto de intereses en el seno de la familia.

En definitiva,  cuando Doña Mariana de las Heras, constante su matrimonio, se comprometió con su yerno a aumentar la dote de su hija, legalmente podía hacerlo no pudiendo oponer, como hizo en su escrito de alegaciones, la incapacidad de la mujer casada para disponer y obligarse ya que, en aplicación del ordenamiento jurídico aragonés, aquella venía facultada para asumir obligaciones con cargo a sus bienes privativos e incluso, pese a la oposición de algunos sectores de la doctrina forense, para comprometer bienes dotales siendo deseable que con ello no se perjudicaran los intereses del marido que destinaba sus frutos, siendo inmuebles, al sostenimiento de las cargas derivadas del matrimonio. Libertad de disponer que, como ya se ha señalado, vendría a ampliarse cuando, ya viuda, comenzase a gozar de los derechos derivados del usufructo vidual, sin olvidar tampoco la existencia, en su caso, de las denominadas “aventajas forales” extraídas por aquella con carácter previo a la división del patrimonio conyugal o de los “recobros de dote” si hubieran tenido lugar,  caudales éstos que, con independencia de su valor, bien podrían afectarse al cumplimiento de la promesa de dote efectuada aún en vida del esposo.

VI.- Una vez admitida la capacidad de la promitente para obligarse con cargo a determinados bienes sometidos a su libre disposición, hemos de señalar que nada se opone a que la dote prometida pudiera satisfacerse de forma aplazada en el modo y forma más adecuado teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, a saber, el tiempo transcurrido desde que se comprometió Doña Mariana y la fecha en que le fue exigido su pago o la situación económica y patrimonial de ésta o de la propia familia del acreedor, siendo aceptable la fijación de unos plazos que resultaran proporcionales a los establecidos en los capítulos matrimoniales respecto de la dote allí constituida por aquella y su esposo en favor de la hija común o, incluso, tomando como referencia los pactados en las capitulaciones otorgadas con ocasión del matrimonio de alguna de las hijas de la casa.

Joaquín Costa en la obra de constante referencia, “Derecho consuetudinario y economía popular de España”, hizo notar que la mitad de la dote suele satisfacerse en plazos anuales muy cortos, según la costumbre de cada comarca y las cuantías fijadas a las legítimas o dote necesarias de donde se desprende que lo habitual, precisamente, era hacer entrega de la dote de la hija de forma aplazada53 según los “ajustes” previos al otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales y en los términos expresamente pactados en ellas, que, como hemos indicado, bien podrían tomarse como referencia por el órgano judicial para determinar, según su prudente arbitrio, si era justo y equitativo conceder a la firmante la posibilidad de abonar su deuda de esta forma, esto es, como cualquier dote, o si, por el contrario, visto su escaso interés por dar cumplimiento a lo pactado en su día respecto de la dote de su hija, lo procedente era exigirle su pago y entrega de forma inmediata y en su totalidad.

De lo expuesto en el presente trabajo pueden extraerse las siguientes conclusiones en orden a fijar, como hipótesis del mismo, el contenido de la resolución judicial que puso fin al proceso de firma de agravias que se ha venido estudiando:

1.- Aparece suficientemente probado que Doña Mariana de las Heras, con el fin de remover los obstáculos económicos que dificultaban el matrimonio de su hija Isabel Ana con Don Jerónimo Gil, prometió a éste completar la dote aportada por la novia y fijada en los capítulos matrimoniales con la suma de quinientas libras.

2.- La existencia y contenido de la promesa referida, pese a no estar documentada en instrumento alguno, fue debidamente probada en el proceso mediante la deposición de testigos, resultando vinculante para la promitente habida cuenta de que la dote de su hija resultaba causa suficiente para justificar la exigibilidad del pacto verbal tanto en juicio como fuera de él.

3.- Doña Mariana de las Heras, pese a hallarse casada cuando efectuó la promesa de completar la dote de su hija, quedó obligada a su estricto cumplimiento en tanto que ningún precepto del ordenamiento aragonés limita o impide a la esposa disponer y obligarse sobre bienes propios aún sin el conocimiento de su esposo.

4.- Fallecido su cónyuge, Don Juan Sunyol, se incrementó el ámbito patrimonial sobre el que la promitente podía disponer habida cuenta del usufructo vidual del que sin duda era titular y al que podría imputar la suma prometida si no deseaba hacerlo sobre bienes privativos o carecía de éstos, sin olvidar los productos de las aventajas que hubiera extraído del patrimonio conyugal tras la muerte de su esposo o los bienes constitutivos su propia dote si, atendidas las circunstancias, hubiera tenido lugar su recobro.

5.- Nada impide que la dote prometida pudiera satisfacerse de forma aplazada en el modo y forma más adecuado teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, a saber, el tiempo transcurrido desde que se comprometió Doña Mariana y la fecha en que le fue exigido su pago o la situación económica y patrimonial de ésta o de la propia familia del acreedor, siendo aceptable la fijación de unos plazos que resultaran proporcionales a los establecidos en los capítulos matrimoniales respecto de la dote allí constituida por aquella y su esposo en favor de la hija común o, incluso, tomando como referencia los pactados en las capitulaciones otorgadas con ocasión del matrimonio de alguna de las hijas de la casa.

“Observancias del Reino de Aragón de Jaime de Hospital”. Edición a cargo de Gonzalo Martínez Díez. CAI. Zaragoza, 1977.

“Glosas de Pérez de Patos a los Fueros de Aragón”. Edición a cargo de Antonio Pérez Martín. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1993.

"Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón". Edición Facsimilar de la de Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa. Zaragoza, 1991.

“Summa de todos los Fueros y Observancias del Reino de Aragón y Determinaciones de micer Miguel del Molino”. Bernardino de Monsoriu. Zaragoza, 1589. Ed. Facsimilar del REICAZ de 1981.

“In processu iurisfirmae gravaminum factorum Mariannae Las Eras por Don Gerónimo Gili, señor de Monfalcón  y Carlan de Albesa” Juan Jerónimo de Orcau. Zaragoza, 1 de agosto de 1656. BUZ. Sig. 73-75 (2). Vid. también en http://www.bivida.es.

“In processu iurisfirmae gravanimum factorum Mariannae Las Heras por dicha Mariana Las Heras”. Francisco Jubillar. Zaragoza, 18 de agosto de 1656”. BUZ. Sig. 75-7 (44). Vid. también en http://www.bivida.es.

ASSO Y DEL RÍO, Ignacio y DE MANUEL Y RODRÍGUEZ, Miguel. “Instituciones del Derecho civil de Castilla”. Madrid, 1786.

BALLESTEROS Y ÁLAVA, Pío. “Origen de la firma de derecho ante el Justicia de Aragón”. Revista  de Archivos, Bibliotecas y Museos" Madrid, 1904.

BAYOD LÓPEZ, María del Carmen. “Sujetos de las capitulaciones matrimoniales”. Ed. IFC. Diputación Provincial de Zaragoza. 1995. Capítulos “Los sujetos en los capítulos matrimoniales en función de los distintos tipos de familia”, pág. 49-92 y “La modificación de capítulos matrimoniales en el Derecho histórico aragonés”, pág. 255-280.

BONET NAVARRO, ÁNGEL. “Procesos ante el Justicia de Aragón”. Editorial Guara. Zaragoza, 1982.

CAMÓN AZNAR, Leonardo. “La dote en el Derecho de Aragón”. Boletín del REICAZ, año XIV, número 52. Zaragoza, enero de 1974.

COSTA, Joaquín. “Derecho consuetudinario y Economía popular de España”. Tomo I. Guara Ed. Zaragoza, 1981.

DIESTE Y JIMÉNEZ, Manuel. “Diccionario del Derecho civil aragonés”. Ed. Minuesa. Madrid, 1869.

GARCÍA HERRERO, María del Carmen. “Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV”. Vol. I. Cuadernos de Zaragoza. Zaragoza, 1990. Capítulo “Los fundamentos económicos del matrimonio”.

FRANCO Y LÓPEZ, Luis y GUILLÉN Y CARABANTES, Felipe. “Instituciones de Derecho civil aragonés”. 1841. Edición facsimilar de la I.F.C. Diputación de Zaragoza. 2000.

FRANCO DE VILLALBA, Diego. “Fororum ac Observantiarum Regni Aragonum Codex sive Ennodata methodica compilatio: iure civili, et canonico…”. Tomo II. Ed. Malo. Zaragoza, 1743.

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel y NAVARRO SOTO, Ana L. “Capitulaciones matrimoniales y firmas de dote en el Valle de Tena”. El Justicia de Aragón. Zaragoza, 2002.

ISABAL, Marceliano. Biblioteca de “El Foro español”. Voz “Dotalicio”. Pág.285 y ss.

LACRUZ BERDEJO, José Luis.

 “El régimen actual de la dote romana en el Derecho aragonés”. “Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo”. Vol. II. Consejo General del Notariado. Madrid, 1988. Pág. 491 y ss.

 “Dote”. Artículo publicado en “Nueva Enciclopedia Jurídica”. Ed. Bosch. Barcelona,  1958. Pág. 280 y ss.

“Notas para el estudio de la “promissio sine causa” en los Fueros de Aragón”. Estudios de Derecho Común y Foral. Tomo II. Cometa S.A. 1992.

LALINDE ABADÍA, Jesús. “Vida judicial y administrativa en el Aragón Barroco” AHDE LI, 1981. Pág. 393 y ss.

LISSA GUEVARA, Gil Custodio. “Tyrocininium Jurisprudentiae forenses seu animadversiones theorico-practicae juxta foros aragonum in IV libros Institutionum iuris Imperatoris Justiniano. Nova aeditio; Cum aliquibus annotationibus tamipsius acuthoris, quam aliorum iurisconsultum adiectis, et iuxta ordinem titulorum et paragraphorum ad calam operis appositis”. Medardi de Heras. Zaragoza, 1788.

MARTÍNEZ, Manuel Silvestre. “Librería de Jueces”. Tomo I. Madrid, 1771. Pág. 113 y ss.

MARTON y GAVÍN, Joaquín Y SANTAPAU y CARDÓS, Francisco. “Derecho y jurisprudencia de Aragón en sus relaciones con la legislación de Castilla”. Imprenta de Vicente Andrés. Zaragoza, 1865.

MOLINO, Miguel. “Repertorium et Observantiarum regni Aragonum: una pluribus cum determinationibus consilii Iustitiae Aragonum practicis atque cautelis eisdem fideliter annexis”.   Jorge Cocci. Zaragoza,  1513.

MOUTON Y OCAMPO, Luis. “Las donaciones matrimoniales en el Derecho civil foral”. Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Tomo 118. Madrid, 1911. Pág. 885 y ss.

NOUGUÉS SECALL, Pedro. “Tratado del consorcio conyugal con arreglo a la jurisprudencia de Aragón”. Zaragoza, 1859.

PORTOLÉS, Jerónimo. “Scholia sive adnotationes ad repertorium Michaelis Molini superforis et observantiis regni aragonum”. Robles. Zaragoza, 1637.

SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. “Instituciones jurídicas consuetudinarias y su regulación” en “Cuartas jornadas del Bidasoa”

SESSÉ, José.  “Decisionum sacri senatus regii regni Aragonum et curiae domini Iustitiae causarum civilium et criminalium”. Lanaja. Zaragoza, 1615.

Notas a pie de página numéricas:

1  Orcau (Micer Juan Gerónimo). Latassa hace la siguiente referencia a este Jurista: “Parece que nació en Huesca, y que era del linage conocido con las armas de ocho rosas de oro en campo rojo. Su sabiduría en la jurisprudencia, de que fué Doctor, se distinguió en el patrocinio de causas en los tribunales de Aragon. Fué individuo del Colegio de Abogados de Zaragoza y su Decano ó Mayordomo en el año 1653, como consta del libro de matrícula del mismo. Asimismo fue Lugarteniente del Justicia de este reino y desempeñó también otros cargos de la magistratura. Escribió á mas de un grande número de Alegaciones y papeles en derecho, de que el Sr. Latassa tuvo algunos:
Discurso sobre la nobleza de la casa de Abarca en Aragon. Zaragoza, 1654, en folio. Se halla In Proces. Curat. Don Thomæ Abarca super nobilitate, respondiendo á un escrito que publicó en esta lite el Doctor D. Juan Antonio de Costas, Abogado fiscal y patrimonial de Aragón, con fecha de 24 de Octubre del referido año”.
2  El proceso de “iurisfirma gravaminum factorum” era un recurso deducido ante el Justicia de Aragón, en una primera época y, posteriormente, ante la Real Audiencia frente a una sentencia dictada por el órgano judicial inferior infringiendo las normas procesales o materiales que, según Fuero, debían ser aplicadas al caso concreto, obteniéndose mediante este remedio procesal una protección más ágil y rápida que a través de un recurso de apelación. Sobre esta cuestión, ver BONET NAVARRO, Ángel. “Procesos ante el Justicia de Aragón”. Editorial Guara. Zaragoza, 1982.
3 Capitulaciones matrimoniales otorgadas por Jerónimo Naval y María Suñol el día 27 de enero de 1647 ante el Notario de Benabarre Martín de Ardanuy. Archivo Histórico Provincial de Huesca. Fondo de la familia Bardaxi. Sig. 25-1-3.
4 En el trabajo de doctorado titulado “Alegaciones en Fuero y Derecho. Siglo XVII. (Fuentes documentales para el estudio del testamento de Don Antonio Ximénez de Urrea, V Conde de Aranda. Si impugnación ante los tribunales del Reino)” pretendí poner de relieve el valor de las alegaciones en derecho como importantes fuentes documentales tanto para los estudiosos del Derecho civil como de la Historia de Aragón a fin de introducir a su lector en el complejo sistema procesal y judicial aragonés sin olvidar su relevancia como instrumento y método documental de reconstrucción de la secuencia histórica y jurídica de determinadas instituciones aragonesas.
5 Las Partidas de Alfonso X El Sabio contenían la siguiente definición de la dote: “el algo que da la mujer al marido por razón de casamiento… con entendimiento de se mantener e ayuntar al matrimonio con ella”. Ley 1ª, título XI, partida IV.
6  La firma de dote aragonesa puede definirse como la porción de bienes que el marido asignaba a su esposa en concepto de dote, si era indotada, o de aumento de dote, en caso contrario. Tiene su origen en la antigua dote del marido, regulada en la Compilación de Huesca, que era de carácter obligatorio y de distinta naturaleza según el status social de la esposa, infanzona, franca o villana. Por influencia del Derecho romano en el aragonés, se introdujo la dote de la mujer, sufriendo la del marido una profunda transformación que se refleja tanto en sus denominaciones como en su carácter específico. Así, reservándose el nombre de dote a la aportada por la mujer, a la que asignaba a ésta el marido se le denominó “firma de dote” e,  incluso, de forma impropia, “escreix”, “aumento de dote”, “arras” o “axobar”, aunque en Aragón, esta última denominación, se reservaba a la donación que procedía de los padres de la esposa. La doctrina aragonesa creyó ver en la firma de dote una especie de compensación de la dote de la misma forma que la catalana consideró su “excreix” como una figura semejante a la contradote romana. El ordenamiento aragonés histórico reguló la firma como obligatoria y así la Observancia 50ª “De iure dotium” preveía que la mujer podía compeler durante el matrimonio a su marido para que la dotase según su decencia lo que llevó a algunos jurisconsultos a afirmar que la firma no era sino una recompensa o garantía de la dote aportada por la mujer de manera que concluyeron que, no recibida la dote por el marido, no se debía la firma.
7 LACRUZ BERDEJO, José Luis. “La Dote”. Artículo publicado en “Nueva Enciclopedia Jurídica”. Ed. Bosch. Barcelona, 1958. Pág. 280 y ss. Y en “Estudios de Derecho Civil” de la misma editorial.
8 MARTÓN Y SANTAPAU en  “Derecho y jurisprudencia de Aragón en sus relaciones con la legislación de Castilla”, se refirieron a la dote aportada por el marido como dote goda, también denominada “arras” en el Derecho castellano.
9 CASTÁN TOBEÑAS, José. “Derecho civil español, común y foral”. Tomo V. Derecho de Familia. Ed. Reus. S.A. Madrid, 1987.
10 En la misma línea, el Apéndice señalaba, en su artículo 61,  que “tienen la consideración de dote los bienes inmuebles y los muebles a los cuales se atribuye por pacto el carácter de raíces que la mujer aporte al matrimonio, y los que durante el mismo adquiera a título gratuito, ora provengan de ascendientes, ora de liberalidades de otros parientes o de extraños”
11  MOLINO, Miguel. “Repertorium fororum…”
12 La Observancia “De iure dotium”, cuando señala que “filii non possunt compellere paterem ad dotandum eos”,  se refiere con toda probabilidad a la llamada en Aragón firma de dote, es decir, a la que el marido entrega a la mujer con ocasión del matrimonio que, no exigida por ésta en vida, tras su fallecimiento, tampoco sus hijos podrán exigirla al padre.
13 PORTOLÉS,  Jerónimo “Secunda pars scholiorum sive adnotaciones ad repertorium Michaelis Molini super Fori et Observantiis Regni Aragonum”. Ed. Robles. Zaragoza, 1588.
14 LISSA, Gil Custodio. “In hoc regno, parentes neutiquam teneantur dotare filius, ut plene docet Portolés”
15 FRANCO DE VILLALBA, Diego. “Fororum ac Observantiarum Regni Aragonum Codex sive Ennodata methodica compilatio: iure civili, et canonico…”. Tomo II. Ed. Malo. Zaragoza, 1743.
16 ASSO Y DEL RÍO, Ignacio y DE MANUEL Y RODRÍGUEZ, Miguel. “Instituciones del Derecho civil de Castilla”. Madrid, 1786. Título VII. “Que en Aragón no está obligado el padre a dotar sus hijos e hijas ya por no haver Fuero que tal diga, ya por la libertad que tiene cualquiera para disponer de sus bienes, y este es el parecer de Portoles, verb. Dos, n. 2 que discrepa del de Molino, verb. Dos, II”
17 Al margen de la disputa doctrinal referida parece mantenerse Manuel Silvestre Martínez en su obra “Librería de Jueces” (Tomo I) Madrid, 1771. Señala aquel, comentando las diferencias existentes entre las legislaciones de Castilla y Aragón, que “… y aunque en quanto a las hijas no hay Fuero que exima a los padres de dotarlas, por lo que insinúa la Observancia 52 de iure dotium, es lo mejor no fiarse de ella, porque sientan por principio que no hay tal obligación los Juristas del Reino…”
18  FRANCO Y LÓPEZ, Luis Y GUILLÉN Y CARABANTES, Felipe. “Instituciones de Derecho civil aragonés”. 1841. Ed. Fac. Institución Fernando el Católico. Diputación Provincial de Zaragoza, 2000.
19GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel y NAVARRO SOTO, Ana L. “Capitulaciones matrimoniales y firmas de dote en el Valle de Tena”. El Justicia de Aragón. Zaragoza, 2002.
20 Sobre esta cuestión resulta de especial interés la lectura de la obra de Joaquín Costa “Derecho consuetudinario y economía popular de España” que analiza la tradición de la “Casa” aragonesa en relación con las dotes y legítimas de los hijos que contraen matrimonio y relata las costumbres arraigadas en torno a la negociación entre familias con carácter previo al otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, sin olvidad la figura del “casamentero” como encargado de mediar entre las partes, de dar forma concreta al acto y de redactar la cédula matrimonial que servirá de base al documento que, en su momento, redactará el notario y unirá a su protocolo.
21 Para el Profesor Lacruz, en la Compilación de Huesca se llama a la aportación de la mujer “aixovar”, palabra árabe que se incorpora entonces al léxico jurídico aragonés y que sirve para designar una institución ya formada. Por ello, añade, no cabe dejarse impresionar por la palabra, igual a ajuar, para determinar la calidad mueble o inmueble de la dote. Nótese, señala, que el “aixovar” es aportación de la mujer al matrimonio, y por consiguiente es falseo hacer coexistir esta modalidad jurídica con la dote romana: es el “aixovar” la misma dote romana transplantada a Aragón. Op. Cit. Pág. 288.
22  Asso y De Manuel. “Instituciones…”. Op. Cit.
23  Vid. Op. Cit. de Joaquín Costa, pág. 161.
24 La simplicidad de la fundamentación jurídica que obra en el escrito firmado por el Doctor Jubillar no obsta a que el mismo aparezca plagado de citas de autoridad, todas ellas relativas a la prueba testifical y su valoración en el proceso, y destacamos entre ellas las de Aretino, Filippo Decio (1454-1535), Felino Sandeo, Antonio de Butrio (“Commentarium Decretalii…”), Oriano Lanfranco (“Aurea & excellens iudicibus aduocatis notarijs practicisque omnibus oppido quam necessaria iudiciaria practica”, Lyon 1535)  Pietro Follerio (Practica criminalis dialogica), Michael Grass (1541-1595), Catelliano Cotta (Memoralia Ex uariis utriusque iuris doctoribus collecta. Opus multiplici eruditione refertum, ac postremo ab ipso auctore & recognitum & auctum…” 1553), Giuseppe Mascardi (De probationibus. Conclusiones probationum omnium, quae in vtroque Foro quotidie versantur, iudicibus, aduocatis, causidicis, omnibus denique iuris pontificii, caesareiq[ue], professoribus, vtiles, practicabiles, ac necessariae), NOGUER, Agostino Bèro (14745-1554), Juan Bautista de Luca (“Theatrum veritatis et justitiae, sive Decisivi discursus per materias, seu titulos distincti” 1614-1683)
25 Rolandino de Passaggiero, (1217-1300). “Flores vltimar[um] voluntatu[m]no[n] sine sudore collecti p[er] d[omi]n[u]m Rola[n]dinu[m] Bononie[n]sem Juris vtriusq[ue] p[ro]fessore[m] opti[m]e meritu[m] ; Annexo in calce peculiari quoda[m] frugiferoq[ue] admodu[m] sup[er] successiones ab intestato tractatu”
26  Bartolo de Sassoferrato (1314-1357)
27 Baldo degli Ubaldi (1327-1400)
28  Giacomo Menochio (1532-1607). “De praesumptionibus, coniecturis, signis, & indicijs, commentaria in sex distincta libros, et recens in lucem…” . Colonia, 1595.
29 Prosperus Farinacius (1554-1618).  “Sacrae Rotae Romanae decisionum ab ipso recentissime selectarum & hactenus nondum editarum, cum argumentis, summariis & triplici indice, uno causarum, altero argumentorum, tertio rerum & verborum locupletissimo”. Lyon, 1633.
30 Francesco Mantica (1534-1614). “Vaticanae lucubrationes de tacitis et ambiguis conuentionibus, in libros 27”. Roma, 1645.
31 Francisco de Caldas Pereyra y Castro. “Consilia in quibus varii casus ad praxis forensem perutiles enodantur”. Lyon, 1660.
32 Pedro Barbosa. “Commentariorum ad interpretationem tituli. ff. soluto matrimonio quemadmodum dos petatur”. Madrid, 1595.
33  Juan Pedro Fontanella (1576-1650), “Tractatus de pactis nuptialibus siue De capitulis matrimonialibus”. Venecia, 1625.
34 Fernando Vázquez de Menchaca, (1512-1569), “Controversiarvm illvstrivm aliarvmqve vsv freqventivm”
35  Antonio de Dueñas “Axiomata et loca comuna utriusque iuris: nunc noviter aucta multis aliis locis, Axiomatibus, ampliationibus, limitationibus et declarationibus…”. Madrid, 1649.
36  Juan del Castillo Sotomayor, (1563-1640), “Quotidianarum controuersiarum iuris liber quintus…” Granada, 1627.
37 Juan Pedro Surdo. ”Tractatus de alimentis”.  Venecia, 1612.
38 Juan Francisco de Cuenca, (1620-1685), “Ad comandae sive depositi instrumentu. Scholium Accedunt additiones…” Zaragoza, 1644.
39 Sobre la naturaleza jurídica del negocio dotal y, en concreto, tratándose de su constitución por un tercero, se han pronunciado civilistas como Castán, Manresa y Bonet haciéndolo consistir en un doble contrato: uno expreso, que tiene lugar entre el constituyente donante y la mujer donataria; y otro tácito, que tiene lugar entre la mujer y el marido, mediante el cual la mujer aporta los bienes que acaba de recibir a su marido con el fin de ayudarle a soportar las cargas del matrimonio. Desde esta perspectiva el marido no obtiene los bienes dotales directamente del constituyente porque la dote se entrega a la mujer, no al marido, de manera que los derechos de éste tendrían su origen en una convención o acuerdo tácito con su esposa. Pero como señaló en Profesor Lacruz, esta visión de la naturaleza del negocio dotal no es aplicable al Derecho español y tampoco lo es al aragonés, no existiendo esta doble transferencia como se desprende de los textos de Fueros y Observancias, puesto que son los progenitores o terceras personas quienes, directa y personalmente, efectúan la aportación, sin perjuicio de  que la propia esposa pueda aportar al matrimonio bienes propios con la finalidad de contribuir a las cargas derivadas del mismo.
40 "Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón". Ed. Facsimilar de la de Pascual Savall y Dronda y Santiago Penén y Debesa. Zaragoza, 1991. Tomo III, página 386.
“Si uno, sin carta y sin causa, promete dar algo, no está obligado a darlo si no quiere o si no se prueba que hubo causa justa para la promesa”.
En  las Observancias del Reino de Aragón de Jaime de Hospital, dicho texto aparece en el apartado 53 del Libro VI en estos términos: “Si quis promiserit dare sine charta, non tenetur dar nisi voluerit, vel nisi iusta causa probetur promissionis, ut cap.finali, de divisione pecuniae poenalis [Fori 6,5,1]
41 Para el Profesor Lacruz, en los últimos siglos de la Edad Media la causa se convirtió en un elemento esencial del contrato; de afirmar la admisibilidad del “pactum nudum a solemnitate sed non nudum a causa”  se pasa casi insensiblemente a afirmar la inadmisibilidad “pactum nudum a causa”, siendo éste aquel en el que la causa no se consigna, considerándose por canonistas primero, y por civilistas después, que la simple promesa sin expresión de causa es nula de pleno derecho. Esta teoría romano canónica influyó sin duda en los Fueros de Aragón y, en concreto, en el denominado “De promissione sine causa” que hace referencia al supuesto de que el objeto de la promesa sea una donación, conteniendo una enumeración “ad exemplum” que permite concluir que la causa suficiente para justificar la obligatoriedad de este tipo de negocio jurídico debe ser de carácter efectivo y oneroso y no el simple “animus donandi”.
La Observancia “De promissione sine causa” modifica el Fuero del mismo nombre de manera que el simple ánimo liberal puede ya justificar la donación prometida, admitiéndose la promesa causada verbal.
LACRUZ BERDEJO, José Luis. “Notas para el estudio de la “promissio sine causa” en los Fueros de Aragón”. Estudios de Derecho Común y Foral”. Tomo II. Cometa S.A. 1992.
42 “Repertorium forroum et observantiarum Regni Aragonum”. Portonariis. Zaragoza, 1585. Voces “Promissio” y “Pactum”.
43 Editada en la imprenta zaragozana de Robles en 1592.
44 Editada en la imprenta zaragozana de Lanaja en 1615.
45 LISSA Y GUVARA, Gil Custodio. “Tyrocinium…”. Editada en Zaragoza, imprenta de Heras, en 1788.
46 Glosas de Pérez de Patos a los Fueros de Aragón. Edición a cargo de Antonio Pérez Martín. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1993.
47 Fuero “De rerum amotarum”, Jaime II, Huesca, 1247: “Si aliquam rem communem amborum conjugum, uxor contra voluntatem viri duxerit retinendam, super ea fidejussorem iuris potest vir offerre quod non licet uxori; idem potest si vult eam perducere in  domum suma; quod quidem uxor contradicente viro, facere non valebit”
48  Observancia “De rerum amotarum”: “De consuetudine Regni, vir constante matrimonio est admnistrator bonorum sedentium & dominus & administrador bonorum omnium mobilium communium inter eum & suma uxorem; si quod mobilia administrat prout vult, distrayendo & alienando; sic in morte & mortis tempore vir de usu REgni hoc facere non potest”.
49 “Si la muger trae mil, el marido gana la metad sino se los firmo”. Ob. “De iure dotium”, 44ª; en otra versión: “Si la mujer aporta al casamiento mil sueldos, el marido lucra la migad a no ser que el marido haya afirmado especialmente aquellos mil sobre sus cosas, porque entonces quedarían siempre salvos a la mujer”
50 A esta conclusión llega la Profesora Bayod López en su libro “Sujetos de las capitulaciones matrimoniales aragonesas”. Institución Fernando El Católico. Zaragoza, 1995. Ver capítulo “La libertad de contratación entre cónyuges en los Fueros y Observancias de Aragón. Modificación del negocio capitular sin control parental”. Pág. 255-270.
51 “Variarum Resolutionum Juris Cæsarei, Pontifitii; et Municipalis Principatus Cataloniæ”, Barcelona, 1594. Obra en tres tomos en folio que se reimprimió en aquella ciudad en 1608 y, con posterioridad, en Turnon y Lyon en 1635, 1644, 1659 y 1760.
52 FRANCO DE VILLALBA, Diego. “Fororum ac Observantiarum Regni Aragonum Codex sive Ennodata methodica compilatio: iure civili, et canonico…”. Tomo II. Libro V, Título I, “De iure dotium” Ed. Malo. Zaragoza, 1743.
53 En la obra indicada Joaquín Costa relaciona la costumbre de pactar el pago aplazado de la dote con el recobro de ésta. Así, decía “Esta restitución es muy gravosa para la casa que la sufre, al paso que la otra rescata sumas que había dado ya como perdidas; el objeto de doblar los plazos es aminorar en lo posible el quebranto de la primera, dándole facilidades para cancelar poco a poco esa obligación; y esto explica que las casas troncales, lejos de oponerse a que los cónyuges forasteros aporten sus dotes en muchas anualidades, lo soliciten y exijan, en previsión de que sobrevenga una de las causas de recobro o reversión y les sea forzoso enajenar o hipotecar bienes patrimoniales; únicamente cuando la casa está muy atrasada procura que la dote le sea satisfecha en el menor número posible de plazos”

Notas finales literales:


Para citar este artículo :

Natividad Rapún Gimeno. «La dote prometida», núm.2 (2005), Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=306