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Tipo de documento: Artículo

Sentencia TSJA de 8 de julio 2005

Liquidación de régimen económico matrimonial.- Comunidad postmatrimonial.- Disposición de bienes comunes por un cónyuge con posterioridad a la admisión de demanda de separación.- Derecho intertemporal.- Disposiciones transitorias de la Lrem. Art. 65-2 Lrem (no se aplica en el caso).

EXCMO. SR. PRESIDENTE

D. Fernando Zubiri de Salinas

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. Luis Fernández Álvarez

D. Luis  Ignacio Pastor Eixarch

D. Manuel Serrano Bonafonte

En Zaragoza a ocho de julio de dos mil cinco.

En nombre de S.M. el Rey.

Visto por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el presente recurso de casación núm. 3/2005, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, en fecha 26 de octubre de 2004, recaída en el rollo de apelación núm. 293/2004 dimanante de autos núm. 260/2003, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. Cinco de Zaragoza, en el que son partes, como recurrente D. Ángel F. G. representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Ana Delia Oliva Salvador y dirigido por la Letrado Dª. Carmen Biel Ibañez, y como recurrida Dª. Pilar L. P. representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Pilar García Fuente y dirigida por el Letrado D. Pablo Vera Torrero.

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Sra. García Fuente presentó ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Zaragoza, demanda de juicio civil de liquidación de la sociedad conyugal, en base a los hechos y fundamentos que en la misma expresó, solicitando al Juzgado se tuviese por promovido, admitirlo a trámite y acordar la citación de las partes a la comparecencia del art. 809 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; admitida a trámite se acordó formar inventario para lo que se señaló día y hora, citándose a las partes;  no habiéndose puesto de acuerdo en su formación, se señaló día  para la vista, llevándose a efecto las pruebas propuestas; en fecha 1 de marzo de 2004, el Juzgado dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente literal: “FALLO: Acuerdo que el inventario del patrimonio consorcial de los litigantes, Dña. Pilar L. P. y D. Miguel Ángel F. G., está formado por las siguientes partidas: -ACTIVO: 1.- Libreta ordinaria 1720-32, con un saldo de 69.773 pesetas.- 2.- Fondo Ibercapital número 41-145134-79, con un saldo, a finales de marzo de 1999, de 804.61931 participaciones (documento 7 de la demanda).- 3.- Cuenta de valores 88480 en Ibercaja.- 4.- 80 acciones BBVA.- 5.- Acciones Argentaria: 48 títulos.- 6.- Acciones Altadis: 61 títulos.- 7.- Depósito a plazo en el Corte Inglés. El esposo adeuda a la sociedad la cantidad depositada en 1998 (12.103.750 pesetas), más sus intereses al vencer el fondo al tiempo de la separación.- 8.- Saldo de 152.689 pesetas, en cuenta de administración de personal de El Corte Inglés. Importe que debe retornar el esposo a la sociedad.- 9.- CUENTAS Y DEPÓSITOS DE LOS ESPOSOS CON TERCERO: 9.1.- Un tercio del saldo al tiempo de las medidas, del fondo de inversión 10-4106983034; importe que deberá reintegrar el esposo a la sociedad.- 9.2.- Un tercio del saldo de la cuenta de valores 14-4004233630; importe que deberá reintegrar el esposo a la sociedad.- 9.3.- La mitad del saldo de la libreta y cuentas de valores en IBERCAJA, según certificación de dicha entidad, de 24 de junio de 2003, en que el esposo es cotitular con el hijo común Miguel Ángel.- 9.4- La mitad del saldo de la cuenta de valores de que es titular la esposa, en IBERCAJA, junto con el hijo Rubén.- 10.- Mobiliario de la que fue vivienda conyugal. Deberán incluirse aquellos muebles y enseres sobre los que haya conformidad sobre su existencia al tiempo del auto de medidas.- No hago especial pronunciamiento sobre costas.”

SEGUNDO.- Contra la sentencia anterior la representación legal de D. Miguel Ángel F. interpuso recurso de apelación al que se opuso la parte contraria, pasando las actuaciones a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que dictó sentencia en fecha 26 de octubre de 2004 cuya parte dispositiva es del siguiente literal: “FALLAMOS.- Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D. Miguel Ángel F. G. frente a la sentencia de fecha 1 de marzo de 2004, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Zaragoza, en autos de Liquidación de Sociedad de Gananciales, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, sin hacer pronunciamientos sobre las costas del recurso”.

TERCERO.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Oliva Salvador interpuso recurso de casación contra la anterior resolución en base a los siguientes motivos: 1º.- Por indebida aplicación de la Ley aragonesa 2/2003, de 12 de febrero, en lo relativo a las Disposiciones Transitorias 1ª y 2ª, con relación al art. 65 de la misma.- 2º.- Interés casacional por oponerse la sentencia dictada en grado de apelación a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo con infracción de jurisprudencia reiterada del Alto Tribunal.- 3º.- Indebida aplicación del artículo 35 de la Ley aragonesa 2/2003 de 12 de febrero, relativo a la presunción de comunidad.- 4º.- Infracción por indebida aplicación del art. 28 de la Ley aragonesa 2/2003 de 12 de febrero relativo a los bienes comunes.

Emplazadas las partes se remitieron las actuaciones a esta Sala, y recibidas y comparecidas las partes, se formó el oportuno rollo y se nombró Ponente; en fecha 2 de marzo se dio a las partes el término de 10 días a los efectos del art. 483.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante la posibilidad de concurrencia de causa de inadmisión de los motivos 3º y 4º del recurso, presentándose alegaciones en base a sus pretensiones; en fecha 31 del mismo mes se dictó auto  que admitió a trámite el recurso por sus motivos 1º y 2º, inadmitiendo el 3º y 4º por referirse a aspectos concretos de la valoración de la prueba sin respeto a los hechos que la Audiencia estimó probados, confiriendo traslado a la parte recurrida por el plazo de 20 días para impugnación, lo que hizo dentro de plazo, señalándose para votación y fallo el día 29 de junio último,  fecha en que se llevó a efecto.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel Serrano Bonafonte.

PRIMERO.- El proceso del que el presente recurso dimana fue promovido por Dª. Pilar L. P. contra D. Miguel Ángel F. G. sobre liquidación del régimen económico matrimonial al amparo de los arts. 806 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil que concluyó con la formación de inventario recogido en el fallo de la sentencia dictada, trascrito en el antecedente primero.

Disconforme el demandado interpuso recurso de apelación y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza lo desestimó, al entender, en contra de la tesis del demandado, que era de aplicación la Ley Aragonesa 2/2003 de 12 de febrero en cuanto a la retroacción de los efectos de la disolución y a la inclusión en el activo de determinadas partidas cuya exclusión interesaba el apelante.

SEGUNDO.- Frente a esta sentencia interpuso el recurso de casación que ahora se decide.  Inadmitidos los motivos tercero y cuarto del recurso por referirse a aspectos concretos de la valoración de la prueba que no respetaban los hechos que la Audiencia estimó probados, queda para este momento el examen de los motivos primero y segundo.

El motivo primero se refiere a la indebida aplicación de la Ley Aragonesa 2/2003, de 12 de febrero, en lo relativo a las Disposiciones Transitorias 1ª y 2ª, con relación al art. 65 de la misma.

Sostiene el recurrente que no es de aplicación el art. 65.2 de dicha norma aragonesa porque el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Zaragoza, decretó la separación de los cónyuges y acordó la disolución del régimen económico matrimonial en sentencia de 3 de marzo de 2000, resolución que fue recurrida y confirmada por la Audiencia Provincial, a excepción del particular relativo a la pensión compensatoria, con fecha 13 de marzo de 2001, fecha en la que adquirió firmeza la separación matrimonial. Habida cuenta, dice el recurrente, que la Ley 2/2003 entró en vigor el 23 de abril de 2003, no estaba en vigor en el momento de adquirir firmeza la resolución de 13 de marzo de 2001.

Considera que “en la fase de liquidación, la ley aragonesa no permite retrotraer la eficacia de la disolución del consorcio a la fecha de admisión a trámite de la demanda de separación”, de ahí que defienda la indebida aplicación del art. 65.2 en relación con las ya dichas Disposiciones Transitorias.

TERCERO.- El Preámbulo de la Ley 2/2003 advierte de las innovaciones respecto del Derecho anterior en lo referente a las normas sobre disolución, liquidación y división del consorcio y se refiere a “la posibilidad de que el Juez retrotraiga los efectos de la disolución hasta el juicio de los procedimientos de nulidad, separación o divorcio”. Así, el art. 65.2 dispone: “En los casos de nulidad, separación o divorcio y en los de disolución de la comunidad conyugal por decisión judicial, el Juez podrá retrotraer los efectos de la disolución hasta el momento de admisión a trámite de la demanda, pero quedarán a salvo los derechos adquiridos por terceros.”

Por su parte la Disposición Transitoria Primera se refiere a la aplicación inmediata de la Ley y dice: “Las normas de esta Ley serán aplicables de inmediato, cualquiera que fuere la fecha de celebración del matrimonio o de inicio  del usufructo vidual, con las excepciones señaladas en las disposiciones siguientes.”

La Transitoria Segunda, referida a los hechos, actos y negocios, dispone: “Los hechos, actos o negocios relativos al otorgamiento o modificación de capítulos, adquisición de bienes, contracción de obligaciones, gestión o disposición de bienes y disolución, liquidación o división del consorcio conyugal, así como los relativos al derecho expectante y al usufructo de viudedad, sólo se regirán por esta Ley cuando tengan lugar o hayan sido realizados con posterioridad a su entrada en vigor”.

Se trata por tanto de determinar si la sentencia de la Audiencia al considerar –cual hiciera el Juzgado de Primera Instancia- de aplicación estas normas, cometió o no la infracción que el recurrente denuncia.

CUARTO.- El art. 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil faculta al cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio para solicitar los efectos y medidas a que se refieren los arts. 102 y 103 del Código Civil. Son las medidas provisionales previas, que el Juzgado debe resolver mediante Auto en el plazo de tres días, medidas que subsisten si en el plazo de treinta días se presenta la demanda de separación. En el supuesto de haberse adoptado estas medidas, admitida la demanda se confirman o modifican (art. 772 Ley de Enjuiciamiento Civil) y tales medidas provisionales quedan sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo (art. 773.5 Ley de Enjuiciamiento Civil). En todo caso el Tribunal debe determinar en la propia sentencia las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda, cargas del matrimonio, disolución del régimen económico y cautelas y garantías, en el supuesto de que no se hubiese adoptado ninguna (art. 774.4 Ley de Enjuiciamiento Civil).

Es decir, la nueva Ley de Enjuiciamiento ha introducido un nuevo sistema basado en unas medidas únicas, que a lo largo del proceso se van adaptando a las peculiares circunstancias de las distintas fases procesales, de suerte tal que cada medida sustituya a la anterior. O lo que es lo mismo, las medidas previas ordinarias se convierten o son sustituidas por las medidas provisionales las que, a su vez, se convierten o son sustituidas por las definitivas que se adopten en la sentencia de primera instancia, que igualmente pueden convertirse o ser sustituidas por las medidas firmes que puedan acordarse por la Audiencia, en el supuesto de haberse interpuesto recurso de apelación.

En el caso presente la Sra. L. solicitó medidas provisionales de separación de su esposo que fueron acordadas mediante auto de 6 de mayo de 1999. Las medidas acordadas, en lo que aquí interesa, fueron: la revocación de los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro; la imposibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica y el bloqueo de las cuentas corrientes, depósitos, acciones, títulos o cualquier otro producto financiero del que fueran titulares los esposos, conjuntamente o con terceros.  En autos de separación 687/99 del mismo Juzgado se dictó sentencia de 3 de marzo de 2000 que mantuvo las medidas acordadas en el auto de anterior mención y declaró disuelto el régimen económico matrimonial, advirtiendo que desplegaría sus efectos a partir de su firmeza. Fue recurrida por el esposo y confirmada por la Audiencia (Sección 2ª),  en sentencia de fecha 13 de marzo de 2001, excepto en el particular relativo a la pensión compensatoria.  Por tanto a partir de esta fecha quedaba disuelto el régimen consorcial.

Ello suponía, como dijo esta Sala en sentencia de 20 de diciembre de 2004 con cita de las de 31 de diciembre de 1998, 25 de noviembre de 1999 y 14 de febrero de 2000 del Tribunal Supremo, que los bienes que hasta entonces habían tenido carácter consorcial, hasta el momento de la liquidación pasan a integrar una comunidad de bienes postmatrimonial que supone que ninguno de los cónyuges, pueda disponer de los concretos bienes que la integran, quedando viciado de nulidad cualquier acto dispositivo realizado por los cónyuges, subsistiendo esta situación hasta que las operaciones de liquidación-división, determinare que partes concretas de bienes pasan a pertenecer a cada uno de los comuneros.

En esta situación, el 24 de febrero de 2003 la Sra. L. promovió procedimiento de liquidación de la sociedad conyugal del que  conoció el mismo Juzgado y al formalizar el inventario incluyó en el activo de la sociedad el depósito de 12.103.750 ptas. existente en el Corte Inglés a nombre del esposo, al entender que era de aplicación la presunción de consorcialidad. Consideró la Audiencia, en la sentencia ahora recurrida, que no se había acreditado que el origen del fondo fuera privativo por lo que regía la presunción de ganancialidad, y sostuvo igualmente que los fondos 9.1 y 9.2 debían mantenerse en el activo, como acordó el Juzgado, al no haber quedado acreditado que los ingresos en ellos provinieran de terceros.

Debe dejarse constancia de que con fecha 9 de marzo de 1999 –un mes antes de la presentación de las medidas provisionales- el esposo retiró del fondo del Corte Inglés la dicha suma de 12.103.750 ptas., si bien con posterioridad reconoció 1.800.000 ptas, con carácter consorcial.

QUINTO.- Tras todo lo expuesto la solución de este recurso ha de  partir de la base de que la separación matrimonial y la consiguiente disolución de la sociedad consorcial, no se produjo sino hasta el 13 de marzo de 2001, fecha de la sentencia de la Audiencia dictada en recurso de apelación, pero sin olvidar que la Audiencia declaró probado que tanto el depósito del Corte Inglés, como las cuentas y depósitos 9.1 y 9.2 eran copropiedad de los esposos, así como que al tiempo de presentación de la demanda (24 de febrero de 2003) todavía no estaba en vigor la Ley aragonesa 2/2003.

En la Compilación el concepto de bienes comunes tenía un carácter residual: eran comunes todos aquellos bienes cuyo carácter privativo no constara o careciera de justificación. Así se desprendía del art. 40.

Partiendo del hecho probado de que las partidas que el recurrente impugna son bienes consorciales, su administración correspondía “a ambos cónyuges conjuntamente o a uno cualquiera de ellos con el consentimiento del otro”, según rezaba el art. 48, y tenía prevista la forma de proceder en los supuestos de disolución de la comunidad, disponiendo el art. 54 que “ Extinguida la comunidad por causa distinta de la muerte, la administración provisional se regulará por acuerdo de los cónyuges y, en su defecto, resolverá el Juez de Primera Instancia, pudiendo adoptar las medidas necesarias, hasta que se efectúe la liquidación”.

Lo ocurrido en el caso presente encaja perfectamente en el supuesto  que el precepto contempla: Solicitada por la esposa la adopción de medidas previas a la separación conyugal, el Juzgado de Primera Instancia adoptó las medidas a que se hizo referencia anteriormente, bloqueando cuentas corrientes, depósitos, acciones, títulos o cualquier otro producto financiero del que fueran titulares los esposos, conjuntamente o con terceros, y acreditado que de forma indebida el recurrente dispuso de un capital que era consorcial, la sentencia que acordó la liquidación, ordenó correctamente su inclusión en el activo de la sociedad, resolución ésta que fue confirmada por la Audiencia Provincial. Pero vigente la Compilación en el momento de interposición de la demanda, no podía  aplicarse el art. 65.2 de la Ley aragonesa 2/2003, de Régimen Económico Matrimonial y Viudedad, ni  resultaba necesario decretar retroacción alguna por el carácter indiscutible de la consorcialidad de los bienes y porque ya habían sido tomadas a su tiempo las oportunas medidas.

Por lo expuesto el motivo se desestima.

SEXTO.- La desestimación del motivo primero comporta la del segundo, pues las sentencias del Tribunal Supremo que cita no tienen semejanza con la cuestión aquí debatida.

SEPTIMO.- Por imperativo legal las costas del presente recurso deberán ser satisfechas por el recurrente.

DESESTIMAMOS el presente recurso de casación interpuesto por la representación legal de D. Angel F. G. contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 26 de octubre de 2004, que confirmamos íntegramente, con expresa imposición al recurrente de las costas causadas en el presente recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamientos, mandamos y firmamos.

Para citar este artículo :

. «Sentencia TSJA de 8 de julio 2005», núm.2 (2005), Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=322