núm.2 (2005)

Tipo de documento: Artículo

Los patrimonios fiduciarios en el Derecho civil aragonés

Ponencia presentada en el III Congreso de Derecho civil catalán, octubre de 2005

José Antonio Serrano García

Extracto

Texto de la ponencia presentada al III Congreso de Derecho civil catalán: "Los patrimonios fiduciarios y el trust", en el que se da cuenta de las posibilidades de construir verdaderos patrimonios fiduciarios en Derecho aragonés. Un patrimonio que reúne los rasgos esenciales de un trust del Common Law o de un patrimonio fiduciario propio de algunos países del Civil Law es "la herencia pendiente de asignación" en la fiducia sucesoria aragonesa, en la que nos encontramos ante un auténtico patrimonio autónomo carente de titular, cuyo destino debe ser ordenado por el fiduciario y, mientras tanto, ser convenientemente administrado en beneficio del propio patrimonio autónomo y de los futuros beneficiarios. También se alude a otros patrimonios en los que la idea de "fiducia" está presente con menor intensidad, para terminar afirmando que el principio standum est chartae permite construir a los aragoneses los patrimonios fiduciarios que necesiten.

El deseo de contribuir con una ponencia al III Congreso de Derecho civil catalán: "Los patrimonios fiduciarios y el trust", me ha llevado a plantearme, una vez conocido el estado de la cuestión de estas instituciones, las posibilidades que presenta el Derecho aragonés para la construcción de nuevos patrimonios que, sin recurrir a la creación de una persona jurídica, reúnan los rasgos esenciales de un trust del Common Law o de un patrimonio fiduciario propio de algunos países del Civil Law.

Aunque tanto la figura del trust como su equivalente en el Civil Law presentan una enorme variedad de tipos y formulaciones, pueden extraerse unos rasgos esenciales que, según Cámara Lapuente (2005), serían los siguientes:

a) Disociación subjetiva entre la gestión de los bienes o derechos y sus beneficios económicos: la gestión/disposición tiene un titular distinto de aquel a quien corresponde el derecho de goce.

b) Transmisión de bienes o derechos a otro patrimonio, bien se conciba éste -según los diversos sistemas legales- como un patrimonio autónomo (sin titular ni propietario) o como un patrimonio separado (distinto del propio de su titular). Esta segregación patrimonial, que afecta el fondo a una concreta finalidad, tiene como consecuencias más señeras y distintivas, por un lado, la imposibilidad de que los acreedores personales de cualquiera de los sujetos relacionados con el trust puedan satisfacerse con los bienes así delimitados por deudas ajenas a la finalidad fiduciaria y, por otro lado, la limitación de las facultades de los fiduciarios para cualquier acto que contravenga los objetivos del trust, con posibilidad, incluso, según los sistemas más desarrollados, de recuperar los bienes (o sus subrogados) indebidamente dispuestos.

c) Administración del patrimonio, con amplios poderes, por una persona de confianza en beneficio de otras personas o para la obtención de fines determinados.

¿Qué patrimonios hay de este tipo en el Derecho aragonés o qué posibilidades hay de construirlos? De entrada hay que decir que el Derecho aragonés no regula -ni por el momento tiene proyectado hacerlo- los patrimonios fiduciarios y tampoco tiene una definición de "patrimonio", aunque es éste un término que usa en bastantes ocasiones.

Cualquier persona, física o jurídica, mayor o menor de edad, ausente o presente, con capacidad suficiente o incapacitada, tiene (o puede tener) un patrimonio personal. Así, por ejemplo, los arts. 5 y 6 de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad (Lrem.) se preocupan de establecer la afección, en último término, del patrimonio personal de cada cónyuge a la satisfacción de las necesidades familiares y el deber de información recíproca de la gestión que cada uno hace de él.

Pero también existen patrimonios "autónomos" en sentido amplio, más o menos independientes del general o personal, cada vez que "un fin o interés jurídicamente protegido y una función concreta, más allá de la general del patrimonio personal, justifica que una masa de bienes, un conjunto de derechos y deudas, sean tratados en la forma unitaria típica del patrimonio (sobre todo, con un régimen de responsabilidad diferenciado), y el ordenamiento lo asuma como tal y le dé un tratamiento también unitario y un régimen ad hoc, diferenciados” (Rivero Hernández). Un ejemplo clásico de patrimonio "autónomo", separado del personal de cada uno de los cónyuges, es el patrimonio común o consorcial del que son titulares ambos, con reglas propias para su activo, pasivo, gestión, disolución y liquidación, que le dotan de cierta autonomía patrimonial hasta la división (arts. 28 y ss. Lrem.).

A la muerte de una persona su patrimonio se convierte en herencia, que es adquirida como un todo por el llamado a título de heredero que la acepta (art. 7 de la Ley de sucesiones por causa de muerte -Lsuc.-); pero el patrimonio heredado no se confunde con el patrimonio personal del heredero, sino que permanece separado y afecto con preferencia a la responsabilidad por las cargas y deudas de la herencia (arts. 40-46 Lsuc.). Es otro ejemplo tradicional de patrimonio "autónomo" separado del personal del mismo titular.

Pero en estos ejemplos no hay disociación subjetiva entre los sujetos que administran el patrimonio y los que reciben sus beneficios, porque los administradores y los beneficiarios son las mismas personas.

Ahora bien, en el Derecho de sucesiones sí que existen otros ejemplos de patrimonios (autónomos o separados) en los que, bien por carecer de titular durante un tiempo más o menos largo (herencia yacente: verdadero patrimonio autónomo), bien por tener un titular interino (como en la herencia sometida a condición o en las sustituciones fideicomisarias), sí que cabe apreciar dicha disociación subjetiva.

Una situación de herencia yacente que desde 1999 se halla regulada con detenimiento es la de "la herencia pendiente de asignación" en la fiducia sucesoria (arts. 134-140 Lsuc.), en la que nos encontramos ante un auténtico patrimonio autónomo carente de titular, cuyo destino debe ser ordenado por el fiduciario y, mientras tanto, ser convenientemente administrado en beneficio del propio patrimonio autónomo y de los futuros beneficiarios.

Aunque no suele citarse por los autores que se han ocupado de estos temas, también la fiducia sucesoria aragonesa pendiente de cumplimiento presenta rasgos próximos o similares o los esenciales de un patrimonio fiduciario o un trust, al igual que figuras como la fiducia secreta navarra y catalana, la fiducia continuada navarra o el albacea universal catalán.

Los tiempos actuales demandan cada vez más, por muy diversos motivos, que podamos "aislar" determinados bienes de una persona (bien en vida o bien tras su muerte) y dotar a esta masa de bienes de una cierta autonomía sin necesidad de acudir al expediente de la personificación (Garrido Melero). El ejemplo de la fiducia sucesoria aragonesa unido al principio standum est chartae pueden permitir alcanzar este objetivo.

En la sucesión por causa de muerte el patrimonio personal del causante se transforma automáticamente por ministerio de la ley en herencia, que puede ser adquirida como un todo y en un solo acto por el heredero que la acepta (art. 7 Lsuc.). Hay aquí un fenómeno de sucesión universal en un patrimonio, que entre personas físicas sólo puede producirse por causa de muerte. Si bien, no siempre la herencia será un único patrimonio porque, bien por voluntad del disponente, bien en la sucesión legal por la presencia de bienes de carácter troncal y no troncal (art. 203.1 Lsuc.), puede descomponerse en varios y ser objeto cada uno de ellos de llamamientos universales independientes. De manera que en los llamamientos sucesorios a título universal se sucede en la totalidad o en una parte alícuota del patrimonio del fallecido (art. 4.1 Lsuc.).

Pero desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación del llamado la herencia carece de titular y se dice que la herencia está yacente (art. 9.1 Lsuc.). La yacencia puede ser voluntaria o forzosa y puede prologarse más o menos tiempo.

En la fiducia sucesoria la yacencia es forzosa porque, al no haber todavía delación, no hay nadie que pueda aceptar la herencia, y esta situación puede durar todo el tiempo que tarde el fiduciario en cumplir su encargo o en extinguirse la fiducia (arts. 6.4 y 133 Lsuc.). El fiduciario dispone para ello del plazo que le haya señalado el comitente o, en su defecto, del previsto por la ley (art. 129 Lsuc.).

En toda situación de herencia yacente estamos ante un patrimonio autónomo, carente interinamente de titular actual, destinado a ser adquirido por los llamados como herederos, quienes sólo podrán adquirirlo mediante la aceptación desde el momento de la delación. Con la adquisición por el heredero la situación de herencia yacente se extingue y el patrimonio autónomo carente de titular se transforma en patrimonio hereditario.

Mientras dura la situación de yacencia, el patrimonio necesita ser administrado y representado en interés de los futuros titulares. Los criterios generales de administración, eminentemente conservativa y funcional, de la herencia yacente son los contenidos en el art. 9 Lsuc.: la administración corresponde a la persona designada al efecto por el causante, en su defecto a los llamados como herederos, salvo si instan el nombramiento de un administrador judicial. En los casos de herencia yacente en virtud de llamamiento a favor de no nacidos previstos en el art. 10 Lsuc. (nasciturus concebidos al tiempo de la apertura de la sucesión, concepturus mediante fecundación asistida post mortem con material reproductor del causante y concepturus hijos de persona determinada viva al tiempo de la apertura de la sucesión) la herencia se pondrá en administración, con sujeción a las reglas de la herencia bajo condición suspensiva (art. 11 Lsuc.). Y si se trata de crear u ordenar crear una persona jurídica que sólo quede constituida legalmente después de la apertura de la sucesión, ésta tendrá capacidad para adquirir las atribuciones patrimoniales ordenadas por el causante desde que tenga personalidad, pero los efectos se retrotraerán al momento de la delación (art. 12 Lsuc.); mientras tanto el patrimonio tendrá que ser gestionado conforme al destino dado por el fundador (art. 13 Ley estatal de fundaciones).

En la fiducia sucesoria pendiente de cumplimiento, como la falta de titular puede prolongase bastante tiempo, el legislador de 1999 ha previsto reglas propias para esta situación jurídica de herencia yacente (art. 9.4 Lsuc). En efecto, según dice el art. 133.2 Lsuc., “mientras no se defiera la herencia, se considerará en situación de herencia yacente, y su administración y representación se regirá por lo establecido en el capítulo siguiente”, que está dedicado a la “herencia pendiente de asignación” (arts. 134 a 140).

El régimen de este patrimonio autónomo ha sido introducido de nuevo cuño por el legislador de 1999 para atender con detalle a los problemas de la administración y disposición de los bienes durante el tiempo en que la herencia está pendiente de asignación y, por tanto, necesariamente yacente (Preámbulo, VI, Lsuc.). Además, la inexistencia de titular actual hace que este patrimonio esté dotado de la máxima autonomía al hallarse separado tanto del patrimonio del fiduciario o fiduciarios como del de los beneficiarios (futuros sucesores) y, a la vez, tiene la responsabilidad limitada a las deudas y cargas propias.

La institución de la fiducia sucesoria amplía la libertad de la persona para ordenar voluntariamente su sucesión, al permitirle hacerlo, no sólo por sí mismo en pacto o testamento, individual o mancomunado, sino también por medio de uno o más fiduciarios (art. 3 Lsuc.).

La función histórica que ha desempeñado la fiducia ha venido siendo la de permitir con mayor seguridad de acierto la elección del sucesor más idóneo cuando es precisa, para mantener la viabilidad económica de la “casa”, la designación de un único sucesor. Necesidad especialmente sentida en casos de muerte prematura. En la actualidad, en un ámbito predominantemente urbano, la fiducia sucesoria puede servir para propiciar la conservación y buena administración de la empresa o explotación familiar o, en general, del patrimonio del comitente (Zubiri Salinas, Parra Lucán).

De esta manera, al retrasar en el tiempo la designación de sucesor, se consiguen varios objetivos: de un lado, permite atender mejor las eventuales necesidades de los descendientes, sobre todo si son de corta edad en el momento de fallecer el causante; de otro lado, refuerza la posición del cónyuge viudo frente a los posibles llamados, al depender de él la designación de sucesor; y en tercer lugar, permite no sólo prolongar la unidad de la familia a través del mantenimiento de la integridad del patrimonio, aumentando con ello las posibilidades de acierto en la elección, sino que también se alcanza el objetivo de conservación e integridad de ese patrimonio a transmitir a la siguiente generación.” (Martínez Cortés, Parra Lucán).

Un sujeto siempre necesario en la fiducia sucesoria es el causante, es decir, la persona de cuya sucesión se trata, que en este caso ha decidido, para ordenar mejor el destino de sus bienes tras su muerte, contar con la colaboración de uno o varios fiduciarios, convirtiéndose así en “comitente” o constituyente de la fiducia (el settlor en el trust).

Otro sujeto que no puede faltar es el fiduciario (trustee en el trust), la persona a la que se le encarga que ordene o complete la ordenación de la sucesión del comitente, con facultades mientras tanto de disposición y, a falta de administrador, también de administración y representación.

Si el nombramiento de fiduciario se hace en pacto sucesorio, junto al comitente ha de concurrir al menos otro otorgante para la existencia del pacto, y ese otro otorgante no puede ser el fiduciario porque su nombramiento es siempre revocable (art. 127 Lsuc.).

En ocasiones puede existir un administrador y representante de la herencia pendiente de asignación distinto del fiduciario o fiduciarios.

Los sucesores que finalmente se beneficien de la herencia pendiente de asignación (beneficial owner en el trust) serán los designados por el fiduciario al cumplir el encargo recibido.

A. El comitente. La constitución de la fiducia. Todo aragonés capaz de testar (mayor de catorce años y que no carezca de capacidad natural: art. 93 Lsuc.) puede nombrar fiduciario en testamento o escritura pública; pero si el testamento es ológrafo o la escritura contiene algún pacto sucesorio necesita ser mayor de edad (arts. 124, 127, 93.2, 63 Lsuc).

La Ley 1/99 trasciende el carácter familiar que tenía la institución en la Compilación de 1967, en la que sólo los cónyuges podían nombrarse fiduciarios. Ahora cualquier persona, soltera o casada, puede nombrar fiduciario a quien tenga por conveniente, sea o no su cónyuge, incluso aunque no sean parientes (Martínez Cortés).

De la misma forma, es decir en testamento o escritura pública, el comitente puede dar al fiduciario instrucciones sobre ejecución de la fiducia o sobre administración y disposición de los bienes sujetos a ella (art. 127 Lsuc.). Las instrucciones pueden darse con anterioridad, de manera simultánea en el mismo instrumento o con posterioridad al nombramiento de fiduciario.

El nombramiento del fiduciario - como dice Parra Lucán- es un negocio jurídico unilateral, con independencia de que en el instrumento de su otorgamiento intervengan otras personas (capitulaciones, pactos sucesorios, testamento mancomunado). Dado ese carácter unilateral, se explica que pueda ser revocado el nombramiento en todo caso, con independencia de la forma en que se haya efectuado (art. 128.1 Lsuc.). Cabe también la revocación tácita por el nombramiento de nuevo fiduciario, a no ser que resulte clara la voluntad del causante de que actúen conjunta o sucesivamente (art. 128.2 Lsuc.)

Por otra parte, el establecimiento de la fiducia sucesoria no limita la libertad del comitente de dar instrucciones al fiduciario o de hacer por sí mismo la ordenación de su sucesión, en todo o en parte: por ello, salva expresa autorización del comitente, el fiduciario no puede modificar las disposiciones sucesorias del causante, sean anteriores o posteriores a su nombramiento (art. 126). Una vez hecho el nombramiento de fiduciario, para que adquiera eficacia frente a terceros hay que esperar al fallecimiento del comitente. Hasta ese momento, como acabamos de decir, el comitente puede, en  testamento o escritura pública, dar instrucciones al fiduciario (art. 127 Lsuc.), así como hacer disposiciones sucesorias que el fiduciario no puede modificar porque le vinculan, dado el papel siempre subsidiario que el fiduciario tiene en la ordenación de la sucesión del comitente (art. 126 Lsuc.). Producido el fallecimiento del comitente, si el nombramiento del fiduciario sigue siendo eficaz, queda constituida la fiducia sucesoria y el fiduciario puede acceder al cargo.

La existencia de legitimarios no es un impedimento para que el comitente pueda constituir la fiducia. La legítima es colectiva y ninguno de los descendientes del comitente puede reclamar una porción individual. No puede haber infracción cuantitativa porque todavía no ha habido distribución de los bienes; pudiera entenderse que el establecimiento de la fiducia, en cambio, sí representa una infracción cualitativa al retrasar el acceso a los bienes por parte de los legitimarios y establecer mientras tanto su administración por tercera persona. Pero lo que se retrasa es el momento de la delación, que el comitente puede encargar hacer al fiduciario, y mientras no haya delación no hay posibilidad de que en ella se hayan infringido los derechos de los legitimarios: ninguno de ellos ha recibido todavía bienes gravados. En otro caso, habría que entender que la constitución de la fiducia es un gravamen permitido por estar previsto en la ley (art. 186.4º Lsuc.). Desde luego el legislador (art. 139 Lsuc.) contempla como algo normal la situación de fiducia habiendo legitimarios.

B. El fiduciario (o fiduciarios). Fiduciario es la persona (o personas) a quien el comitente ha encargado que complemente la ordenación de su sucesión siguiendo sus instrucciones o atendiendo a lo dispuesto por la ley. Es también la persona que tiene las máximos poderes sobre el patrimonio autónomo existente hasta la extinción de la fiducia: a él le corresponden las facultades de disposición que el comitente le hubiere dado o las previstas por la ley y, a falta de otro administrador, es él quien administra y representa a la herencia pendiente de asignación. Históricamente, y también en la actualidad, lo más frecuente es nombrar fiduciario al cónyuge.

La fiducia puede ser individual o colectiva. El comitente puede nombrar uno o varios fiduciarios para que actúen individual, conjunta o sucesivamente. Nombrados varios sin señalar cómo deben actuar, se entenderá que el llamamiento es conjunto (art. 124 Lsuc.). No existe límite al número de fiduciarios que pueden ser nombrados. La nueva regulación de la fiducia colectiva (arts. 144 y 145 Lsuc.) supone una ampliación de su ámbito respecto de la Compilación de 1967 que la limitaba a los supuestos en que existía la tradicional “casa” aragonesa. Cabe, por tanto, junto a la fiducia colectiva (solidaria o conjunta), la fiducia individual de varios fiduciarios nombrados para que actúen de forma sucesiva (aludida también en los arts. 130 b) y 148.1 Lsuc.), en la que la pérdida de la condición de fiduciario por el primero de ellos no extingue la fiducia sino que da paso al siguiente y así sucesivamente.

a) Capacidad: Indica el art. 125.1 Lsuc. que el fiduciario ha de ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar (exigencia razonable y coherente por tratarse de actuaciones con trascendencia sobre bienes ajenos) en el momento del fallecimiento del causante (lo que también parece positivo: de esta forma se evitan situaciones innecesarias de interinidad y resulta, además, coherente con las facultades de administración y disposición que la nueva Ley atribuye al fiduciario hasta el momento en que se ejercite la fiducia).

Pero, salvo disposición del comitente, no surtirá efecto el nombramiento del cónyuge como fiduciario si al fallecimiento de aquél estuviera declarada judicialmente la nulidad del matrimonio, decretado el divorcio o la separación o se encontraran en trámite los procedimientos dirigidos a ese fin (art. 125.2 Lsuc.). En cambio, en la separación de hecho será necesaria la revocación expresa.

b) Caracteres del cargo: El cargo es voluntario y gratuito, salvo que el comitente haya previsto que sea retribuido; las facultades del fiduciario tienen carácter personalísimo (art. 125.3 Lsuc.) y están siempre subordinadas a la voluntad del comitente (cuyas disposiciones sucesorias e instrucciones debe respetar: arts. 126 y 127). Para el comitente el cargo de fiduciario es esencialmente revocable (art. 128).

Al ser un cargo voluntario, el fiduciario siempre tiene la posibilidad de no ejercerlo o de renunciar con posterioridad si inicialmente lo aceptó. Con la finalidad de evitar la prolongación de situaciones de incertidumbre, la Ley ha previsto la posibilidad de interpelar al fiduciario para que en el plazo de 60 días acepte el cargo, entendiéndose que, si no lo hace en dicho plazo, lo renuncia (art. 147 d) Lsuc.)

c) ¿Persona física o jurídica?. La legislación vigente, como la histórica, está pensada para el fiduciario persona física (cónyuge viudo, parientes, otras personas físicas.), pero nada parece impedir que puedan serlo también personas jurídicas. El fiduciario, lo mismo que el heredero o legatario, puede ser persona física o jurídica. El comitente puede depositar su confianza en una persona jurídica y ésta puede estar perfectamente habilitada y capacitada, no sólo para gestionar el patrimonio fiduciario, sino para establecer su destino conforme a las instrucciones del comitente.

C. El administrador. Cuando el comitente haya designado como único fiduciario al cónyuge, éste será también necesariamente el administrador y representante de la herencia pendiente de asignación, por su condición de administrador de la comunidad conyugal o, en otro caso, por ser usufructuario por derecho de viudedad o, en su defecto, por su condición de fiduciario (art. 134.1 Lsuc.).

En la fiducia individual a favor de persona distinta del cónyuge viudo, éste puede ser por ley el administrador y representante de todos los bienes y derechos del premuerto, “mientras tenga la condición de administrador de la comunidad conyugal, o, en otro caso, sólo sobre los bienes afectos al usufructo de viudedad" (art. 134.1.1º Lsuc.). En cuanto no corresponda al cónyuge viudo, la administración y representación de la herencia pendiente de asignación la tendrá el fiduciario, no permitiendo la ley que el comitente pueda nombrar además como administrador a una tercera persona. Pero puede haber supuestos en que concurrirán dos administradores: el cónyuge viudo y el fiduciario.

En la fiducia colectiva, en cuanto no administre el cónyuge viudo, la administración del patrimonio pendiente de asignación corresponde al administrador designado por el comitente y, sólo en su defecto, a los fiduciarios (art. 134 Lsuc.). El designado administrador puede ser lógicamente uno de los fiduciarios.

La administración de la fiducia, en todo o en parte, por el cónyuge viudo, aunque tiene la posibilidad de asesorarse por gestores profesionales, no siempre será lo más adecuado para la gestión eficazmente de una empresa o explotación económica si el cónyuge carece de la preparación y experiencia necesarias para ello (Martínez Cortés).

Resulta, por tanto, que a la persona casada que no desee que su cónyuge administre los bienes de la fiducia no le basta con nombrar fiduciario a otra persona, sino que ha de conseguir que su régimen económico matrimonial no sea de comunidad de bienes y que su cónyuge no tenga derecho de viudedad sobre los bienes objeto de la fiducia. Para ambas cosas existen suficientes mecanismos legales.

D) Los sucesores. Los sucesores o beneficiarios de la herencia pendiente de asignación serán designados por el fiduciario siguiendo las instrucciones recibidas del comitente o, en otro caso, nombrando a alguno o algunos de los descendientes de éste, con la misma libertad con que hubiera podido hacerlo el causante (art. 142.1 Lsuc.). La legítima es un límite que debe ser respetado tanto por el comitente como por su fiduciario.

En los supuestos de que la casa o un patrimonio deban deferirse a un solo heredero, sin determinación de normas para su nombramiento o cuando resulten de imposible cumplimiento, la elección (a efectuar por el cónyuge viudo o los parientes) deberá recaer en uno de los hijos o descendientes del causante y, en su defecto, en uno de los parientes de éste con preferencia de los comprendidos hasta el cuarto grado (art. 146.2 Lsuc.).

El fiduciario puede haber recibido bienes del causante a título de heredero o legatario o tener derecho a una retribución, pero parece que no puede nombrarse a si mismo sucesor en los bienes objeto de fiducia.

a. Gestión eficaz de un patrimonio dinámico. Objeto de la fiducia pueden ser toda clase de bienes y derechos transmisibles por sucesion mortis causa: todo el patrimonio del causante, o una parte alicuota de el, o solo bienes determinados o determinables. Aunque la regulación esta pensada para el supuesto de un “patrimonio hereditario”, una universalidad, no hay inconveniente en que objeto de la fiducia sea bien concreto y determinado del caudal relicto.

La administración y disposición se confiere a personas de confianza del comitente que, sin embargo, no son por ello herederos o titulares de los bienes, sino que deben emplear sus poderes para gestionarlos de manera dinámica y eficaz siguiendo las instrucciones del comitente en beneficio de los hijos y descendientes de éste y de los que resulten finalmente sus sucesores. No hay propiedad, pero los poderes de administración y disposición de los bienes de este patrimonio son similares a los propios de la llamada “propiedad fiduciaria”. La administración debe ser dinámica y productiva, tomando cuantas decisiones considere oportunas para la buena marcha del patrimonio en administración, incluida la posibilidad de disponer de los bienes cuando lo juzgue oportuno, de tal manera que los bienes y negocios no sufran una merma o disminución en su actividad y funcionamiento, con relación a la situación de los mismos cuando vivía su titular (Parra Lucán, Martínez Cortés).

La Ley de 1999 suprime, acertadamente, la remisión que la Compilación de 1967 hacía a las reglas de la comunidad hereditaria (si no hay herederos, menos comunidad hereditaria) y mejora notablemente la situación anterior al considerar el patrimonio sujeto a fiducia como algo vivo y dinámico, tratando, en consecuencia, de impedir que esa situación de pendencia –que puede durar mucho tiempo- suponga el entorpecimiento y la paralización del tráfico normal de los bienes. Por eso, la nueva Ley se preocupa de regular detenidamente la administración, representación y disposición del patrimonio hereditario, así como las cargas y obligaciones que lo gravan, entre las que incluye "las obligaciones contraídas por el administrador en la gestión de los negocios del causante o que se deriven de su explotación" (art. 136 c) Lsuc.).

B. Contenido de la administración y representación. Una primera obligación del administrador, salvo para el cónyuge viudo que sea único fiduciario, es hacer inventario en los términos (plazo, forma, prórroga, incumplimiento) que señala el art. 135.

El contenido de la administración y representación lo indica con bastante detalle el art. 137.1 al decir que “el administrador satisfará las obligaciones y cargas a que se refiere el artículo anterior [alimentos a los descendientes, cargas y deudas de la herencia, gastos de conservación y gestión de los bienes], gestionará los negocios que formen parte del caudal, podrá cobrar créditos vencidos y consentir la cancelación de las fianzas y derechos que los garanticen y realizar cualesquiera otros actos propios de todo administrador, así como ejercer las facultades de gestión que el causante le haya podido atribuir”.

Queda claro que se considera al patrimonio sujeto a fiducia como algo vivo y dinámico a gestionar con eficacia y que no responde de las deudas del administrador o fiduciario, ni de las de los hijos o descendientes. La herencia podría ser declarada en concurso en caso de insuficiencia de bienes para atender al pago de las deudas que la gravan (art. 3.4 Ley concursal).

El administrador tiene legitimación activa y pasiva en el ámbito procesal (art. 137.2 Lsuc.). Se quiere con ello que el normal funcionamiento del patrimonio, así como la responsabilidad frente a los acreedores, estén asegurados en todo momento. El patrimonio pendiente de asignación, aunque carece de titular, puede adquirir y perder derechos, ser objeto de gestión independiente y demandar y ser demandado como patrimonio autónomo (art. 6.1.4º y 5º Lec.).

Pero, por otro lado, sobre los bienes afectos al usufructo de viudedad se aplican con preferencia las reglas de administración y disposición de esta institución (art. 74 Lrem.); y, a falta de viudedad o sobre los bienes no afectos a ella, mientras permanezca indivisa la comunidad que continúa tras la disolución del consorcio conyugal, su administración y disposición se rige por sus reglas propias (art. 71 Lrem.), mientras que a los bienes privativos del comitente se le aplican las reglas de gestión de la fiducia. Sólo al viudo que sea administrador de la fiducia por su condición de fiduciario, y no por otros títulos, se le aplicarán exclusivamente las reglas de la fiducia.

La responsabilidad del administrador al finalizar la fiducia no está prevista en la Ley. Parece que el administrador de la fiducia, en cuanto no sea usufructuario, responderá de su gestión y dará cuenta de ella a los sucesores (cfr. art. 71.4 Lrem.), a quienes hará entrega de los bienes adjudicados. A tal efecto podrán ser de aplicación normas como las de rendición final de cuentas de la tutela. Como en todo caso de administración de patrimonio ajeno, el administrador será responsable ante los sucesores de los daños y perjuicios que su gestión les haya causado por acción u omisión en la que intervenga culpa o negligencia.

C. Facultades de disposición entre vivos. El fiduciario puede disponer a título oneroso de los bienes o derechos hereditarios sujetos a fiducia si el comitente le hubiere autorizado para ello, o para atender el pago de las obligaciones y cargas señaladas en el artículo 136, o cuando lo juzgue conveniente para sustituirlos por otros. En las fiducias colectivas, a falta de instrucciones del causante, el acuerdo sobre la disposición se tomará por unanimidad (art. 138.1).

Cuando hay un administrador distinto del fiduciario, las facultades de disposición son exclusivas de éste. Por ello el fiduciario o fiduciarios no administradores darán cuenta al administrador de toda enajenación que hayan realizado y, en su caso, de los bienes que han sustituido a los enajenados (138.3 Lsuc.). Información necesaria para una adecuada gestión de la fiducia.

Aunque el fiduciario no es heredero ni titular de los bienes objeto de fiducia, tiene poder de disposición sobre ellos y la representación legal necesaria para poder transmitirlos a terceros, que adquieren su titularidad plena. Son facultades que el fiduciario ha de utilizar siempre al servicio de los fines fijados por el comitente. La disposición sólo cabe a título oneroso; la disposición a título lucrativo sería ya un acto de ejecución de la fiducia, sujeto a sus propias normas (Calatayud Sierra). La contraprestación obtenida queda subrogada en lugar de los bienes enajenados, salvo que se haya destinado al pago de las deudas y cargas del caudal pendiente de asignación (138.2). En este patrimonio opera, por tanto, el principio de subrogación real.

Si el comitente tiene legitimarios, la disposición de inmuebles por naturaleza, empresas y explotaciones económicas, valores mobiliarios u objetos preciosos, precisa la autorización de cualquiera de ellos con plena capacidad de obrar y, siendo todos menores o incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente (art. 139 Lsuc.). La Ley establece, pues, un control externo de los actos de disposición sobre los bienes de mayor importancia económica en defensa de los fines de la fiducia y de los derechos de los sucesores futuros. Como la legítima es colectiva y ningún legitimario tiene derecho individual a nada, basta con el consentimiento de uno de ellos. La exigencia de fiscalización y control de este artículo es aplicable incluso cuando medie autorización para la venta por parte del comitente, según parece deducirse de la no existencia de excepciones en el artículo 139. La falta de la preceptiva autorización exigida por este artículo 139 hará que el acto dispositivo realizado sin ella sea anulable a instancia de los legitimarios o de quienes ostenten su representación (Parra Lucán).

No habiendo legitimarios no hay necesidad de un control externo, pero los actos de disposición realizados con infracción de las instrucciones del comitente o en fraude de los fines de la fiducia, deberían poder ser anulados a instancia de los parientes con expectativas de ser llamados a dicha herencia.

En todo caso, los sucesores, una vez que los haya, deberían disponer de un plazo de 4 años para ejercitar la acción de anulabilidad de los actos de disposición realizados por el fiduciario en fraude de la fiducia.

D. Facultades de liquidación y partición de la comunidad conyugal disuelta. El fiduciario, cuando sea persona distinta del cónyuge viudo, puede solicitar la liquidación de la comunidad conyugal disuelta (art. 140 Lsuc.), y actuando junto con el cónyuge viudo, puede practicar su liquidación y división (art. 77.2 Lrem.). El cónyuge viudo que sea fiduciario del premuerto puede realizar él sólo dicha liquidación y división, pero necesita para ello la autorización de cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar y, si son todos menores o incapaces, de la Junta de Parientes o del Juez competente; y no habiendo legitimarios, precisa la autorización del Juez (o de la Junta de Parientes, habría que añadir) según dice el apartado 3 del art. 77 Lrem.

La fiducia se constituye para que sea ejecutada por el fiduciario en el plazo y en la forma que el comitente le haya indicado y, en su defecto, como dispone la Ley. Ejecutar la fiducia es atribuir los bienes del comitente a quienes sean designados herederos o legatarios suyos por el fiduciario, con la misma libertad con que hubiera podido hacerlo el causante. El cumplimiento de la fiducia, una vez alcanzada su eficacia, conlleva la delación de la herencia (art. 133.1 Lsuc.) y produce la salida de los bienes del patrimonio fiduciario a medida que los bienes son adquiridos por los sucesores del comitente. La ejecución total de la fiducia supone la extinción de la herencia pendiente de asignación.

Los beneficiarios a quienes el fiduciario defiere los bienes del comitente los adquieren en el estado en que se encuentran y conforme a las reglas del Derecho de sucesiones: los efectos de la aceptación se retrotraen al momento del fallecimiento del causante (art. 28.1 Lsuc.), pero la adquisición de la herencia no tiene efectos retroactivos sino que opera ex nunc, de manera que los beneficiarios son sucesores del causante, pero quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de conformidad con las normas de la fiducia.

El fiduciario puede hacer uso total o parcial, y aun en tiempos distintos, de sus facultades de distribución de los bienes del comitente (art. 142.2 Lsuc.), y si el único fiduciario es el cónyuge puede atribuir también bienes pertenecientes a la disuelta comunidad conyugal con el causante, sin necesidad de practicar su previa liquidación (art. 142.3 Lsuc.).

La fiducia debe ejecutarse necesariamente por acto inter vivos formalizado en escritura pública (art. 141.1). Los actos de ejecución entre vivos son irrevocables. Ahora bien, puede reiterarse el llamamiento si resulta ineficaz la atribución porque los beneficiarios llamados no quieren o no pueden aceptarla, o porque es declarada nula (art. 143 Lsuc.). Desde que el primer llamamiento resulte ineficaz (art. 130 Lsuc.), el fiduciario dispone, si el plazo ha caducado, de un nuevo plazo de dos años para ejecutar de nuevo la fiducia (art. 129.3). Luego, hasta la eficacia de la atribución ordenada por el fiduciario no se extingue la fiducia. La razón para admitir esta posibilidad de reiteración del llamamiento se encuentra en el respeto a la voluntad del causante que, al designar fiduciario, quiso evitar la sucesión legal, y representa una excepción a lo dispuesto con carácter general en el art. 8 Lsuc. (Parra Lucán).

Cuando se haya designado como único fiduciario al cónyuge (normalmente usufructuario y administrador de los bienes por otros títulos), éste podrá cumplir su encargo también en testamento, salvo disposición contraria del causante o que la fiducia se haya sometido a plazo (art. 141.2). Los actos de ejecución de la fiducia en forma testamentaria son siempre revocables y no impiden la eficacia de los actos de disposición realizados por el viudo fiduciario con posterioridad (art. 143.3 Lusc.). Si el cónyuge viudo pierde la condición de fiduciario antes de ejecutar la fiducia o si la atribución testamentaria resulta ineficaz, antes de considerar extinguida la fiducia y abierta la sucesión legal, se llamará a otro fiduciario en los casos de fiducia sucesiva (art. 148.1 Lsuc.) el cual dispondrá de nuevo plazo para ejecutar el encargo (art. 130 Lsuc.), y en los supuestos de que la casa o un patrimonio deban deferirse a un solo heredero según las instrucciones del comitente la elección se efectuará por los parientes llamados a integrar la fiducia colectiva conforme al art. 144 (art. 146 Lsuc.). De manera que la muerte del cónyuge único fiduciario no siempre extingue la fiducia.

De quiénes pueden ser los beneficiarios a los que el fiduciario puede atribuir los bienes de la fiducia ya hemos hablado. El fiduciario o fiduciarios han de respetar las instrucciones del comitente y la legítima  de los descendientes y, si no hay disposición en contra del comitente, actuar como dice el art. 142.1 o, en su caso, como señala el 146.2.

El fiduciario debe cumplir su encargo en el plazo que expresamente le haya señalado el comitente (art. 129.1 Lsuc.), que es libre de hacerlo en la forma que desee, en principio, sin límite temporal alguno, incluso nombrando fiduciarios sucesivos y permitiéndoles actuar como tales de por vida. En los llamamientos sucesivos a fiduciarios no vivos hay que entender implícito el límite de orden público del segundo grado de las sustituciones fideicomisarias. Para las personas jurídicas podría servir el límite de 30 años del usufructo (art. 515 Cc.).

A falta de señalamiento expreso, la fiducia debe ejecutarse dentro del plazo de tres años a contar desde el fallecimiento del causante, pero si en ese momento existen legitimarios de grado preferente menores de edad, el plazo no finalizará hasta que transcurran tres años desde que alcancen la mayoría de edad todos ellos. Por otra parte, si el único fiduciario es el cónyuge del comitente, a falta de plazo, su nombramiento se entiende hecho de por vida (arts. 129.2 y 130 a) Lsuc.).

Acabamos de ver que la fiducia se extingue por la ejecución realizada por el fiduciario de forma eficaz y dentro del plazo existente para ello.

También se extingue la fiducia individual cuando, sin haber cumplido el encargo, el fiduciario pierde la condición de tal, salvo en caso de fiducia sucesiva o que resulte de aplicación el art. 146 Lsuc.

Cuando se extingue la fiducia individual sin haberla ejecutado totalmente, conservan su eficacia los actos ya efectuados con anterioridad por el fiduciario, tanto si son de disposición entre vivos como de ejecución parcial de la fiducia por acto entre vivos (art. 148.1 Lsuc.); y los actos de disposición que el cónyuge viudo fiduciario hubiere efectuado en su testamento hasta ese momento, parece que adquieren eficacia al dejar de ser fiduciario, salvo en los casos de las letras e) y f) del artículo 147 en que no surtirán ya ningún efecto. Pero, salvo en caso de muerte o declaración de fallecimiento del cónyuge viudo, no resultará fácil a los beneficiarios conocer la existencia de tales disposiciones testamentarias.

Según el art. 147, la condición de fiduciario se pierde: a) Por las causas establecidas por el causante; b) Por expirar el plazo establecido para su sucesión; c) Por renuncia del fiduciario; d) Cuando el cónyuge viudo fiduciario contraiga nuevas nupcias o lleve vida marital de hecho, salvo que el comitente hubiera dispuesto expresamente otra cosa; f) Por incurrir el cónyuge viudo, para con el causante o sus descendientes, en alguna de las causas legales de desheredación o indignidad para suceder.

La concurrencia de la causa deberá ser alegada y probada, en su caso ante los Tribunales, por el interesado que se crea con derecho a los bienes de la fiducia.

Cuando los fiduciarios sean varios (fiducia colectiva), la pérdida de tal condición por alguno de ellos, una vez agotada la posibilidad de sustitución del art. 144.2 si se trata de fiducia a favor de parientes, no impedirá el cumplimiento del encargo por los restantes, aunque sólo quede uno, salvo que sea el cónyuge no designado por el comitente o que éste haya dispuesto otra cosa (art. 148.2 Lsuc.). Agotadas todas estas posibilidades, y en su caso las del art. 146, la fiducia colectiva se extingue.

La extinción de la fiducia, sin haber sido ejecutada en todo o en parte, conlleva la delación de la herencia pendiente de asignación (art. 133.1 Lsuc.) a favor de los que en ese momento sean llamados a la sucesión legal del comitente, a menos que éste haya previsto para este evento una solución distinta.

Otro grupo de casos de patrimonios fiduciarios propio del Derecho de sucesiones se produce cuando el causante o la ley (completando la inicial sucesión voluntaria) han previsto que sus bienes pasen sucesivamente a dos o más sucesores. Son supuestos que se producen en cualquiera de las múltiples variedades de sustituciones que genéricamente conocemos como sustitución fideicomisaria. A todas esas modalidades propias de la sucesión voluntaria, cabe añadir las sustituciones fideicomisarias (preventivas de residuo) previstas por la ley, bien como complemento de una institución recíproca en testamento mancomunado (art. 104 Lsuc.) o pacto sucesorio (art. 80 Lsuc.), bien como complemento de la sucesión legal a favor del cónyuge sobreviviente (art. 216 Lsuc.). También en el consorcio foral está previsto un posible fideicomiso a favor de los otros consortes cuando alguno de ellos fallece sin descendientes y sin haber dispuesto en la forma limitada que la ley permite (art. 59 Lsuc.).

En el nombramiento de sucesor de presente, con entrega actual de bienes, el instituido adquiere ya la titularidad, aunque en muchas ocasiones lo hace con la reserva del señorío mayor a favor del instituyente, reserva que atribuye a éste el usufructo y administración de los bienes, cuyo producto deberá destinarse al sostenimiento y mejora de la casa (art. 73 Lsuc.). Salvo pacto en contrario, el poder de disposición sobre los bienes que le hayan sido transmitidos corresponde al instituido, con las limitaciones establecidas (art. 75 Lsuc.). Sobre los bienes trasmitidos de presente, los acreedores por deudas contraídas por el instituyente con anterioridad al pacto sucesorio tienen preferencia respecto de los acreedores del instituido (art. 76 Lsuc.). Hay separación de patrimonios a efectos de responsabilidad y puede haber disociación de la gestión y la titularidad de los bienes.

Con las reservas, modalidades, cargas y obligaciones que se convengan, puede haber un patrimonio hereditario adquirido por el instituido (que ha de ser mayor de edad: art. 63 Lsuc.) en vida del instituyente, si bien siempre bajo la condición resolutoria de que el instituido sobreviva al instituyente: si el instituido premuere sin dejar descendientes, la institución queda sin efecto y los bienes transmitidos de presente que aún subsistan en el patrimonio del instituido revertirán al instituyente, según dice el art. 72.3 Lsuc. Si el instituido premuere pero con descendencia, transmite a sus descendientes los derechos y obligaciones derivados del pacto y, en su caso, los bienes adquiridos de presente (art. 72.1 Lsuc.).

Aunque su uso en la práctica es muy escaso, no cabe duda de que el pacto sucesorio de presente es un instrumento adecuado para la creación de modernos patrimonios fiduciarios en los que, a diferencia de la fiducia, exista ya el beneficiario (el heredero de presente) y la gestión corresponda al instituyente (o a otra persona por él designada). La finalidad y objetivos que ha cumplido históricamente respecto del patrimonio familiar puede seguir cumpliéndola en la actualidad con los nuevos patrimonios fiduciarios (también en los llamados protocolos familiares).

Por lo demás, en la moderna regulación aragonesa no es necesario parentesco alguno entre los otorgantes, ni que el pacto sucesorio se otorgue en capítulos matrimoniales, ni que se pacte en contemplación al matrimonio del instituido, ni que se nombre un solo heredero; puede limitarse el pacto a sólo una parte de la herencia y el instituido puede ser legatario; pueden intervenir, además del instituyente y el instituido, otras personas; los instituyentes y los instituidos pueden ser varios.

Los menores y las personas incapacitadas suelen adquirir bienes a título lucrativo (donación, herencia o legado) de personas (padres, ascendientes, hermanos, etc.) que quieren beneficiarles y contribuir con ello a asegurar su subsistencia, su formación, desarrollo o integración, pero, a la vez, no quieren que sean los administradores legales quienes gestionen tales bienes y, en ocasiones, tampoco quieren que lo hagan los propios menores cuando lleguen a la edad en que la ley se lo permite, o los incapacitados en el caso de que evolucionen favorablemente y recuperen toda o parte de su capacidad. El disponente suele establecer unas reglas de gestión (administración y disposición) distintas de las legales y nombra un administrador que las cumpla mientras no puedan hacerlo por sí mismos los menores o incapacitados o hasta que se cumpla el plazo o condición expresamente previsto para ello. En tales casos la ley suele decir que “se estará a lo ordenado por la persona de quien procedan [los bienes]” (art. 13.1 Comp.) y, en su defecto, parecen aplicables las mismas limitaciones, formalidades y responsabilidades impuestas al tutor (cfr. art. 16.2 Comp.).

De esta manera se puede constituir un patrimonio del menor o incapacitado separado de su patrimonio personal o general por el hecho de que la administración y disposición de tales bienes corresponde a otra persona. El administrador especial representa al menor o incapacitado en la realización de los actos propios de dicha gestión (art. 14.1 Comp.), que debe respetar las instrucciones del disponente, quien ha podido excluir la necesidad de autorización de la Junta de Parientes o del Juez para los actos relativos a estos bienes, o ha podido conferir al administrador especial la facultad de prestar al menor mayor de catorce años o al incapacitado sujeto a curatela la debida asistencia que tales actos requieran. Pero el disponente no puede excluir la utilización de los frutos de estos bienes o los propios bienes para atender los gastos de crianza, educación y mantenimiento del menor o incapacitado, ni puede excluirlos de su deber de contribuir a otras necesidades familiares, ni de la responsabilidad universal de todos sus bienes por sus deudas. No llega a formarse, por tanto, un verdadero patrimonio autónomo.

La constitución de un patrimonio separado de este estilo no plantea dificultades legales mientras el disponente se limita a sustituir al administrador legal por otro administrador con sus mismas facultades y límites. Tampoco las hay cuando, aunque modifique el régimen legal de disposición o administración de los bienes del menor o incapacitado, éste no sea descendiente suyo o, caso de serlo, la legítima no quede afectada por tales modificaciones.

Los límites a la libertad del disponente de establecer el régimen de gestión que desee surgen cuando el menor o incapacitado es un legitimario suyo y el valor de los bienes atribuidos a sus descendientes libres de gravamen sumado al de las donaciones imputables a la legítima no cubre el importe de la legítima colectiva (art. 183.1 Lsuc.). En tal caso la supresión del control externo previsto por la ley en beneficio del menor o incapacitado para determinados actos de disposición de su representante legal, así como la limitación de las facultades legales del menor o incapaz de disponer y administrar por sí mismo (en su caso, con la debida asistencia) desde que legalmente pueda hacerlo, constituyen gravámenes prohibidos sobre la legítima, que el menor o incapacitado tiene derecho a que se tengan por no puestos (art. 184 Lsuc.).

Parecidas consideraciones podrían hacerse en relación al patrimonio protegido de las personas con discapacidad de la ley 41/2003, que es también un patrimonio separado pero dotado de menor autonomía porque el disponente no puede suprimir los controles externos previstos por la ley para determinados actos del administrador y los bienes que lo integran responden de las deudas de la persona discapacitada igual que sus restantes bienes.

Para conseguir la plena autonomía de un patrimonio es preciso limitar la responsabilidad de los bienes que lo integran a las deudas generadas por su explotación y a las que tuviera el constituyente al tiempo de su establecimiento. Hemos visto que este resultado se consigue en la fiducia sucesoria permitiendo al comitente crear un patrimonio hereditario sin titular que queda sujeto a un régimen de gestión dinámica en beneficio de los futuros sucesores. ¿Podría conseguirse un efecto similar en vida del comitente?

A falta de una regulación general de los patrimonios fiduciarios, podría lograrse esta finalidad mediante un pacto sucesorio de presente con fiducia también de presente.

Se trataría de un pacto entre el instituyente y otro contratante por el que el primero dispone que quiere que su herencia sea para quien designe el fiduciario una vez que él haya fallecido, con las instrucciones sobre ejecución, administración y disposición que juzgue convenientes, y con el añadido de que quiere que la situación de fiducia sucesoria se produzca ya de presente. De manera que desde el otorgamiento del pacto y la aceptación del fiduciario habría herencia yacente sujeta a fiducia, patrimonio hereditario sin titular, sobre el que tendrían preferencia los acreedores por deudas contraídas por el instituyente con anterioridad al pacto sucesorio (art. 76 Lsuc.), y con la responsabilidad en todo caso limitada por ley a los bienes del caudal “relicto”.

En el pacto sucesorio de presente, el instituyente que establece una fiducia de presente puede reservarse determinadas prerrogativas y el poder de controlar el cumplimiento de las instrucciones dadas al fiduciario, pudiendo establecer las oportunas causas de revocación unilateral de su disposición paccionada. La revocación o extinción de la fiducia en vida del comitente haría que, si no se había previsto otra cosa, el patrimonio fiduciario se reintegrara a su patrimonio personal (reversión: art. 87, 72.3)

En principio lo previsto es que la herencia yacente comienza con la apertura de la sucesión, que sólo se abre en el momento de la muerte del causante (art. 5.1 Lsuc.). Pero si sin apertura de la sucesión se puede adquirir la “herencia de presente” también ha de poderse algo que es previo y de menor intensidad: dejar la herencia sin titular hasta que lo designe el fiduciario. Admitido el pacto sucesorio de presente que permite anticipar la adquisición de la herencia, también se debería poder anticipar sólo la vigencia de la fiducia sucesoria sobre el patrimonio pendiente de adquisición. La posibilidad de que los pactos sucesorios puedan contener “fiducias”, sin matices de ningún tipo, está expresamente prevista en el art. 66.1 Lsuc. Sería, ciertamente, un pacto atípico y sin tradición en nuestro Derecho, pero creo que no prohibido por el Derecho vigente, que aunque contenga una enumeración de las modalidades de pactos sucesorios, no parece que impida construir otros nuevos, o fruto de la combinación de esas modalidades, como se deduce de la dicción más genérica del art. 66.1 sobre el contenido posible de los pactos sucesorios. Sería un pacto a favor de contratante (no de institución sino de constitución de fiducia), sin institución de heredero o sólo con instrucciones para hacerla, pero con establecimiento de una fiducia sucesoria de presente.

Y si utilizar así la figura de la fiducia “sucesoria” parece demasiado artificioso, el principio standum est chartae permite a los particulares construir las figuras nuevas que necesiten siempre que lo querido no resulte de imposible cumplimiento o sea contrario a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés.

La construcción de un trust o de un patrimonio fiduciario, dotado de plena autonomía, no parece algo prohibido a los aragoneses porque en nuestro Derecho la causa no es un requisito constitutivo del contrato, lo que hace posible el contrato abstracto de transmisión del dominio y otros derechos reales, y el sistema aragonés de derechos reales es de numerus apertus. Como dice Lacruz, “el principio Standum est chartae representa la conservación del sistema medieval de libre creación de derechos sobre las cosas, tan rico en combinaciones y estructuras en las que el derecho de propiedad se disuelve entre una multitud de titulares y titularidades, con facultades y deberes distintos según las comarcas, las clases sociales y los individuos, y en el que siempre caben nuevas y no conocidas modalidades.”

Por lo demás, cabe defender que el principio de responsabilidad patrimonial universal no es de orden público, con lo cual el Standum permite que por voluntad unilateral del deudor parte de su patrimonio personal no responda en el futuro ante sus acreedores personales, siempre que esa parte haya sido previamente segregada con la finalidad de crear un patrimonio fiduciario, un trust o, en general, un patrimonio de afectación, del que puede ser beneficiario el propio constituyente o tercera persona.

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Para citar este artículo :

José Antonio Serrano García. «Los patrimonios fiduciarios en el Derecho civil aragonés», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=346
organismo : Universidad de Zaragoza

función : Profesor Titular de Derecho civil