Sentencias

Tipo de documento: Artículo

Sentencia TSJA, 9 de noviembre de 2005.

Partición de herencia y liquidación de consorcio conyugal. Bienes comunes. Reembolso de lo pagado por un cónyuge para su adquisición con bienes privativos. Subrogación. Titularidad indistinta de cuentas bancarias.

EXCMO. SR. PRESIDENTE

D. Fernando Zubiri de Salinas

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. Luis Fernández Álvarez

D. Luis  Ignacio Pastor Eixarch


En Zaragoza a  nueve  de noviembre  de dos mil cinco.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de casación núm. 10/2005, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Cuarta, en fecha 7 de febrero de 2005, recaída en el rollo de apelación núm. 283/2004, dimanante de autos de Juicio Verbal núm. 566/2003, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. Dos de Zaragoza, en el que son partes, como recurrente, Dª. Beatriz Patricia D., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Adela Domínguez Arranz y dirigida por el Letrado D. Fernando González Forradellas y como recurrida Dª Nuria Ll. M., representada por el Procurador  D. Pablo Herráiz España y asistida por el letrado D. Pablo Pineda Cudós.

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dª. Adela Domínguez Arranz presentó ante la oficina de registro y reparto del Decanato demanda de División Judicial de Herencia, que correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Zaragoza, en nombre y representación de Dª. Beatriz Patricia D., sobre la base de los hechos y fundamentos que en la misma expresa, suplicando al Juzgado se admita el escrito teniéndose por iniciado procedimiento en partición y adjudicación de bienes hereditarios por el fallecimiento de D. Gregorio LL. P. contra sus hijos Dª. Nuria y D. Miguel Ll. M. a los que se dará traslado y previos los trámites legales oportunos citar a Junta a los herederos para designación de contador y peritos, dictándose resolución por la que se adjudique a la actora los bienes de su esposo D. Gregorio LL. P., solicitándose en otrosí la adopción de medidas cautelares.

Admitida a trámite la demanda se acordó la citación de las partes para la formación del inventario, convocándose a los interesados a la vista prevista en el artículo 794.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  articulando la prueba que estimaron procedente con el resultado que obra en autos. En ellos se dictó sentencia en fecha 18 de noviembre de 2003, cuya parte dispositiva es del siguiente literal: “FALLO.- Que debo pronunciarme y me pronuncio en el inventario de bienes del causante Gregorio Ll. P. sobre inclusión y exclusión de bienes como figura en el Fundamento Jurídico 3º de esta Sentencia que damos por reproducido, sin imposición de costas, por lo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Esta sentencia deja a salvo los derechos de terceros”.

SEGUNDO.-  La Procuradora Sra. Domínguez Arranz  presentó  recurso de apelación contra la sentencia anterior, del que se dio traslado al contrario, que se opuso al mismo e  impugnó la sentencia, impugnación a la que se opuso, a su vez, la parte actora.  Remitiéndose  los autos a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, ante la que comparecieron las partes en tiempo y forma, y tras los trámites legales se dictó sentencia con fecha 7 de febrero de 2005, aclarada mediante auto de 10 de febrero de 2005, siendo la parte dispositiva de la sentencia del siguiente literal: “FALLAMOS: Que estimando en parte el recurso de apelación principal interpuesto por la parte actora,             Dª. Beatriz-Patricia D., y acogiendo en su integridad el formulado por la demandada, Dª. Nuria Ll. M., revocamos parcialmente la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003 dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de esta Ciudad en el referido procedimiento sobre división judicial de herencia seguido con el núm. 566/03, en el sentido de incluir como bien común o consorcial del matrimonio de la actora y su difunto esposo, D. Gregorio Ll. P., las 87.726 participaciones de la sociedad “Ó. B., S. L.” suscritas y desembolsadas por aquel en la ampliación de capital anteriormente referenciada, debiendo reembolsarse al patrimonio privativo de dicho causante, con cargo a dicha sociedad conyugal, el importe actualizado al tiempo de la liquidación de la herencia del Sr. Ll. P. de lo por él satisfecho a costa de sus bienes privativos para la suscripción de tales participaciones sociales, y excluir de las partidas del inventario de la herencia de D. Gregorio Ll. P., aprobado por la sentencia apelada, la relativa a un crédito frente a la heredera, Sra. Ll. M., por importe de 11.146,76 euros, al resultar el mismo inexistente. No se hace expresa imposición de las costas de esta alzada a ninguna de las partes”.

TERCERO.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Domínguez Arranz  en nombre y representación de Dª. Beatriz Patricia D.  presentó escrito anunciando recurso de casación contra la sentencia anterior, el que se tuvo por preparado en tiempo y forma, interponiendo el mentado recurso, que basa en los siguientes motivos: PRIMERO Y SEGUNDO.- Al amparo del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración del artículo 47.2 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón de 24 de Febrero de 1999 en relación con el artículo 1281 del Código Civil. TERCERO.- Al amparo del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración del artículo 38.4 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón de 24 de febrero de 1999 en relación con el artículo 1281 del Código Civil.

Emplazadas las partes, se remitieron las actuaciones a esta Sala.

CUARTO.- Comparecidas las partes en esta Sala y recibidas las actuaciones, se dictó auto en fecha 30 de junio de 2005 por el que se admitió a trámite el recurso, confiriendo traslado a la parte recurrida por el plazo de veinte días para impugnación si viere convenirle, lo que hizo dentro de plazo, señalándose para votación y fallo el día 19 de octubre de 2005, en que se llevó a efecto.

Es Ponente el Excmo. Sr. Presidente D. Fernando Zubiri de Salinas.

PRIMERO.-  Interpuesto recurso de casación por la representación de la parte actora, y admitido que fue por auto de esta Sala de 30 de junio del presente año, en el trámite conferido para su impugnación la parte recurrida ha solicitado la inadmisión del recurso, por entender que no existe, ni se ha invocado correctamente, interés casacional como requisito imprescindible para su admisibilidad. Dicho invocación, realizada en el trámite  dispuesto en el artículo 485, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de decaer, ya que en el caso de autos el recurso de casación fue admitido por razón de la cuantía, a tenor del artículo 477.2, 2º de la ley procesal, al ser aquélla superior a ciento cincuenta mil euros, y no resultar rechazable a  limine en los términos contenidos en el artículo  483.2 de la citada ley.

SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del recurso es útil recordar los siguientes hechos relevantes, en cuanto han sido declarados como acreditados en las instancias:  

Don Gregorio Ll. P. y Doña Magdalena M. S. contrajeron matrimonio, de cuya unión nacieron los hijos Don Miguel y Doña Nuria Ll. M.

Tras el divorcio de los cónyuges, Don Gregorio Ll. P. contrajo nuevas nupcias con Doña Beatriz Patricia D., el día 8 de mayo de 1991. De este matrimonio no hubo descendencia.

El matrimonio citado se regía por el régimen legal aragonés.

Don Gregorio Ll. P. otorgó testamento notarial, en fecha 19 de febrero de 2001, del que son relevantes para la resolución del proceso las cláusulas segunda, tercera y cuarta, a cuyo tenor:  “SEGUNDA.- Lega a su esposa Dª Beatriz Patricia D., el usufructo universal de viudedad aragonés, con las limitaciones del artículo 73 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón y con expresa relevación de formalizar inventario y prestar fianza, en cuyo usufructo deberá incluirse en primer lugar el de la totalidad de la vivienda de su propiedad sita en Garrapinillos (Zaragoza), Barrio de los Pinilla, sin número. TERCERA.- A los efectos de salvaguardar la preterición y la intangibilidad de la legítima, menciona a su hijo Miguel Ll. M., según lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Sucesiones por Causa de Muerte del Derecho civil de Aragón, y le deja la cantidad de mil pesetas. CUARTA.- En el remanente de todos sus demás bienes, derechos y acciones instituye herederos, a su esposa Dª Beatriz Patricia D., entendiéndose que lo adjudicado a la misma no exceda de la mitad de los bienes del testador y en cuya mitad deberá incluirse la totalidad de los bienes muebles, enseres, electrodomésticos, ropas, en suma, todo lo que se halle de puertas adentro en la vivienda antes mencionada que constituye la residencia habitual de su matrimonio, haciendo constar el otorgante que dichos bienes fueron adquiridos durante la sociedad conyugal; y en la restante mitad indivisa instituye heredera a su hija Nuria Ll. M., a la que sustituye por sus descendientes”.

Don Gregorio Ll. P.l era, en unión de su segunda esposa, titular de  1503 participaciones de la Sociedad Mercantil Ó. B. S. L., suscritas al constituirse la sociedad en fecha 25 de enero de 2002.

En Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la mercantil Ó. B., Sociedad Limitada, celebrada el día 16 de abril de 2002, se acordó la ampliación de capital de dicha sociedad. El Sr. Ll. ejercitó tal derecho, suscribiendo al efecto 87.726 participaciones sociales, para cuyo pago aportó su participación en un negocio denominado “Pedro B. S. y Gregorio Ll. P., Sociedad Civil” cuyo cincuenta por ciento le pertenecía como bien privativo, al haberle sido adjudicado en la liquidación de la sociedad conyugal de su matrimonio anterior.

Por otra parte, el Sr. Ll. vendió un local de su propiedad privativa, mediante escritura pública otorgada el 7 de mayo de 1999, por cuya venta obtuvo un precio de doce millones de pesetas (72.121,45 €).

Dicha cantidad fue aportada para la adquisición de 1.502,170739 participaciones en Fondo España Internacional III, FIM,  suscripción que se llevó a cabo en fecha 1 de junio de 1999 por importe de 15.000.001 pesetas (90.151,82 €), suscribiéndose tales participaciones a nombre de los cónyuges D. Gregorio Ll. P. y Dª Beatriz Patricia D.

El valor liquidativo de dichas participaciones a fecha 17 de mayo de 2002 era de 87.722,55 €.

Don Gregorio Ll. P. falleció el día 17 de mayo de 2002.

TERCERO.- La sentencia de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso que la demandada Dª. Nuria Ll. M. interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, y ha estimado en parte la apelación de la actora. En la sentencia de la Sala se declara incluido como bien consorcial del matrimonio de D. Gregorio Ll. P. y Dª. Beatriz Patricia D. las 76.726 participaciones de la Sociedad Ó. B.  S. L., suscritas y desembolsadas por aquél en la ampliación de capital referenciada, debiendo reembolsarse al patrimonio privativo de dicho causante, con cargo a la sociedad conyugal, el importe actualizado al tiempo de la liquidación de la herencia del Sr. Ll. P. de lo por él satisfecho a costa de sus bienes privativos para la suscripción de tales participaciones sociales.

Frente a este pronunciamiento se alza la demandante y recurrente en casación esgrimiendo, en su primer motivo de recurso, la vulneración del artículo 47.2 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, en relación con el artículo 1281 del Código Civil. En el desarrollo del motivo expresa que dicha parte admite plenamente que las 87.726 participaciones sociales suscritas por el Sr. Ll. tienen carácter consorcial, pero no acepta la obligación de rembolsar al haber hereditario del Sr. Ll. el importe actualizado de lo satisfecho para el pago de las participaciones sociales, con cargo al patrimonio consorcial, estimando que se produce en la sentencia una vulneración del artículo 47.2 de la Compilación Aragonesa que establece que “sólo puede exigirse antes de la liquidación de la comunidad cuando así se hubiere pactado o mediando justa causa”.

El motivo de recurso ha de ser desestimado. En primer lugar, y en cuanto concierne a la infracción del artículo 1281 del Código Civil, que regula la interpretación de los contratos, es de recordar que dicha interpretación es facultad del Tribunal de Instancia, no siendo revisable en casación, salvo en los supuestos en que se estime que el Tribunal Provincial ha incurrido en error patente o ha realizado una valoración contraria a las reglas de la lógica, que no es el caso.  Como se expresa en la sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 2003, con cita de jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, debe recordarse que “el ámbito del recurso de casación es limitado, ya que no se trata de una tercera instancia, sino de un remedio procesal encaminado a determinar si, dados unos hechos (los fijados por el Tribunal de Instancia) que son en principio inalterables, resulta o no adecuada la solución jurídica dada por el órgano judicial; por consiguiente, no cabe volver a suscitar la apreciación de la prueba efectuada en la instancia, y si bien es cierto que la valoración probatoria puede excepcionalmente acceder a la casación, ello precisa de un soporte adecuado, ya en la doctrina constitucional sobre el error patente o la arbitrariedad, ya en un error de derecho en la apreciación de la prueba, requiriéndose la cita de la concreta norma valorativa de prueba supuestamente infringida (véanse las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1999 y 26 de abril del año 2000, entre otras)”.

Y en cuanto a la invocada infracción del artículo 47.2 de la Compilación Aragonesa, debemos afirmar que no se ha producido en la sentencia, porque no es de aplicación al caso. No se trata aquí de un reintegro entre patrimonios anticipado, en alguno de los supuestos que prevé dicha norma, sino que nos hallamos ante la propia liquidación del consorcio, que se extinguió por fallecimiento del marido, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Sucesiones, 1/1999, en relación con los artículos 52 y 55 y siguientes de la Compilación.

Por tales razones, el motivo decae.

CUARTO.- Los motivos segundo y tercero  pueden ser objeto de examen conjunto, ya que ambos se refieren a la consideración, como bien privativo del causante, del 80% del valor de 1.502,170739 participaciones del Fondo España Internacional III FIM, por valor liquidativo a 17 de mayo de 2002 de 87.722,55€ . En el motivo segundo se denuncia la vulneración del artículo 47.2 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón, en relación con el artículo 1281 del Código Civil, mientras que el motivo tercero considera vulnerado el artículo 38.4 de la Compilación, en relación con el precepto citado del Código Civil. Estima al efecto el recurrente que existió voluntad expresa de ambos cónyuges de considerar consorcial o ganancial la suscripción, existiendo un pacto válido y un acto de voluntad y disposición por parte de          D. Gregorio Ll. P., por lo que no se puede considerar como no conyugal el fondo de inversión, sin  vulnerar el principio de la autonomía de la voluntad proclamado por el artículo 1281 del Código Civil y el propio artículo 47.2 de la Compilación, puesto que es un pacto con justa causa la suscripción del fondo de inversión a nombre conyugal.

Tales motivos de recurso tampoco han de gozar de acogida favorable. El principio de autonomía de la voluntad, recogido de modo general en el derecho español en el artículo 1255 del Código Civil en cuanto a la contratación y, en el derecho aragonés, en el artículo 3º de la Compilación como principio general de nuestro ordenamiento, bajo la rúbrica standum est chartae, no ha resultado infringido por la sentencia de que se discrepa.

Únicamente acaece que en la declaración fáctica de dicha sentencia, recogida en cuanto a este extremo en su fundamento de derecho cuarto, se expresa que “queda cumplidamente acreditado por los documentos bancarios obrantes en autos (folios 226 a 229) que para pago del importe de la suscripción, a nombre de los cónyuges      D. Gregorio Ll. P. y Dª Beatriz Patricia D., de dichas participaciones en el referido fondo de inversión efectuada en fecha    1 de junio de 1999, importe que ascendió a la suma de 15.000.001 pesetas (90.151,82€), se aportó por el Sr. Ll. dinero privativo del mismo en la cantidad de 12.000.000 pesetas (72.121,45 €)”.  Realmente la parte recurrente echa en falta la declaración en la sentencia de que discrepa, como hecho probado, de que el Sr. Ll. transmitiese a su mujer la mitad de la cantidad percibida como precio del inmueble enajenado, a título de donación o por otra justa causa, y a partir de esa titularidad se constituyese a nombre de los dos la suscripción de las participaciones en el fondo de inversión mobiliaria citado.  Pero la declaración de los hechos como comprobados, a través de la valoración de la prueba practicada en autos, es, según se ha dicho, facultad del tribunal de instancia, no revisable en casación salvo en los estrechos márgenes a que hemos hecho referencia anteriormente.

Es aplicable al caso la doctrina consolidada del Tribunal Supremo acerca de la titularidad indistinta de cuentas bancarias. Como se afirma en la Sentencia de 7 de noviembre de 2000, con cita de muchas otras, “lo único que significa prima facie, es que cualquiera de los titulares tendrá frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta, pero no determina por sí sólo la existencia de un condominio que vendrá determinado únicamente por las relaciones internas y, más concretamente, por la propiedad originaria de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta”. En el caso de autos, la Audiencia Provincial ha valorado la prueba, concluye que el importe del 80% de la aportación era privativo, y rechaza implícitamente que el marido transmitiese la mitad a su mujer.

No se ha hecho en la sentencia recurrida aplicación del artículo 47.2 de la Compilación, por las razones ya expresadas, sino que la declaración del 80% del valor actualizado de la suscripción como bien privativo del marido se fundamenta en el artículo 38.4 de la Compilación, que aplicando el principio de subrogación da la consideración de privativos a los bienes que vienen a sustituir a otros de igual naturaleza, o se adquieren con el importe percibido por la enajenación de otros bienes privativos, que es lo sucedido en el caso presente.

Por las razones expresadas, los motivos segundo y tercero del recurso son también desestimados.

QUINTO.-  La desestimación de todos los motivos de casación comporta la del recurso, lo que acarrea en este caso la expresa imposición de costas a la parte recurrente, de conformidad a lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,

 Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Doña Beatriz Patricia D. contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Cuarta, de fecha 7 de febrero de 2005, que confirmamos en todos sus pronunciamientos, imponiendo a la parte recurrente el pago de las costas causadas en el presente recurso de casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Para citar este artículo :

. «Sentencia TSJA, 9 de noviembre de 2005.», núm.2 (2005), Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=350