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Tipo de documento: Artículo

Sentencia TSJA, 2 diciembre 2005

Renuncia al derecho expectante de viudedad. Derecho procesal: recurso extraordinario por infracción procesal; casación por interés casacional. Voto particular.

EXCMO. SR. PRESIDENTE

D. Fernando Zubiri de Salinas

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. Luis Fernández Álvarez

D. Luis  Ignacio Pastor Eixarch

D. Manuel Serrano Bonafonte


En Zaragoza a  dos de diciembre de de dos mil cinco.

En nombre de S. M. el Rey.

Visto por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el presente recurso de casación núm. 8/2005, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, en fecha 30 de septiembre de 2004, recaída en el rollo de apelación núm. 154/2004, dimanante de autos de juicio ordinario núm. 292/2003, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. Dieciocho de Zaragoza, en el que son partes, como recurrente, Dª. Mª Giovanna A C, Dª Mª Carmen A C y Dª Mª Carmen C C, representadas por la Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel Franco Bella y dirigidas por el Letrado D. Juan Ignacio Val Lacosta y como recurridos D. Roberto, Dª Rosa y Dª Carmen A S, Dª Rosario B G de S y D. Fernando R G representados por el Procurador D. Joaquín Salinas Cervetto y asistidos por el letrado D. Juan Francisco Saenz de Buruaga y Marco; I A de C representada por la Procuradora Dª Adela Domínguez Arranz y asistida por el letrado D. Ricardo Soto García.

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Domínguez Arranz presentó ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Zaragoza,  demanda de Procedimiento Ordinario sobre cumplimiento de contrato en nombre y representación de la Compañía Mercantil I de C S.A.  en base a los hechos y fundamentos que en la misma expresa,  suplicando al Juzgado se admita el escrito y se dicte sentencia condenando a los demandados a otorgar la escritura pública de compraventa a favor de la Compañía, solicitando como medida cautelar la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad.  Admitida la demanda se dio traslado de la misma a las partes emplazándolas para contestación en el plazo de veinte días, comparecidas en tiempo y forma, contestaron la demanda  oponiéndose a la misma con base en los hechos y fundamentos de derecho que estimaron pertinentes y terminaron con el súplico de que se dictase sentencia por la que se desestimase íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la actora y formulando reconvención a la que se opuso la parte contraria. Convocadas las partes a una audiencia previa para intentar un acuerdo o transacción no fue conseguido por lo que se acordó la continuación de la audiencia para la proposición y admisión de la prueba, señalándose día para la celebración del juicio, en el que se practicaron las pruebas propuestas y admitidas, cuyo resultado obra en el soporte de vídeo correspondiente, quedando los autos en poder de S.Sª para dictar la resolución que procediera. En fecha 26 de diciembre del año 2003, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente literal: “FALLO.- Que estimando la demanda presentada por la procuradora de los tribunales Dª Adela Domínguez Arranz en nombre y representación de I de C S.A., debo condenar y condeno a Dª Mª Giovanna A C, Dª Mª Carmen A C, Dª Mª Carmen C G, D. Roberto A S, Dª Rosario B G de S, Dª Mª Rosa A S, D. Fernando R G y Dª Carmen A S a otorgar la escritura pública de compraventa a favor de la Compañía I de C S.A.  de los derechos de reversión que les corresponden sobre la tercera parte indivisa de la finca registral nº 7.179, inscrita al Tomo 844, Libro 126 de la Sección 3º, Folio 100 que se describe como finca rústica, hoy urbana, sita en Zaragoza, Partida de El Plano, destinada a erial, pastos y cereal riego, de una superficie de 77 áreas, 63 centiáreas y 70 decímetros cuadrados (6.763,70 m/2), lindante al Norte, riego Escolapios, Sur, herederos de Dª Elvira Garcón Urur, Este, Antonio Liar Gracia y Oeste, Francisco Martínez Gómez, percibiendo los transmitentes en ese mismo acto el precio al efecto convenido de 4.666.666 pesetas (28.047,23 euros), en proporción a sus respectivas cuotas de participación en dicha tercera parte indivisa, más la cantidad de 10.967.729 pesetas (65.917,38 euros) que corresponde a dicha tercera parte en proindiviso como justiprecio fijado por la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en sentencia de fecha 27 de marzo de 2001, cuya cantidad por dicho justiprecio se deberá pagar a los demandados si la hubieran satisfecho al Ente Público que ha reconocido el derecho de reversión,  en otro caso será satisfecha directamente a dicho Ente Público por la Compañía demandante, todo ello con expresa imposición a los demandados de las costas procesales causadas. Que desestimando las reconvenciones formuladas por los demandados, debo absolver y absuelvo a la actora de las pretensiones contenidas en las mismas, con imposición a aquellos de las costas procesales causadas. Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación, que habrá de prepararse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación. Líbrese y únase certificación literal a las actuaciones, incluyéndose el original en el Libro de sentencias”.

SEGUNDO.-  Por los Procuradores Sra. Franco Bella y Sr. Salinas Cervetto se presentaron sendos recursos de apelación contra la sentencia anterior, dándose traslado de los mismos a las partes contrarias; la Procuradora Sra. Domínguez Arranz se opuso y  teniendo por formalizado el trámite de oposición se remitieron los autos a la Sección  Segunda de la Audiencia Provincial, donde comparecieron las partes en tiempo y forma, dictándose sentencia con fecha 30 de septiembre de 2004 cuya parte dispositiva es del siguiente literal: “FALLAMOS: Que desestimando los recursos de apelación interpuestos por Dª Mª Giovanna A C, Dª Mª Carmen A C, Dª Mª Carmen C G y por D. Roberto A S, Dª Rosario B G de S, Dª Mª Rosa A S, D. Fernando R G y Dª Carmen A S contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Zaragoza el 26 de diciembre de 2003, debemos confirmar y confirmamos la misma, con imposición de las costas causadas en esta alzada a dichos recurrentes. Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, juntamente con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo”.

TERCERO.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Franco Bella en nombre y representación de Dª Mª Giovanna A C, Dª Mª Carmen A C y Dª Mª Carmen C G presentó escrito anunciando recurso de casación contra la sentencia anterior, denegándose por la Audiencia, se interpuso recurso de queja que estimó esta Sala, teniéndose por preparado en tiempo y forma el recurso de casación por interés casacional y el recurso extraordinario por Infracción procesal que en su escrito de interposición aparece fundado en los siguientes motivos: Por infracción procesal.-“Primer Motivo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.2º LEC por infracción de las normas que regulan la sentencia, en concreto el apartado 1 del artículo 218 LEC, por no ser la sentencia congruente con la demanda (punto 1. A) del apartado III del escrito de preparación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal presentado). Segundo Motivo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.2º LEC por infracción de las normas que regulan la sentencia, en concreto el apartado 2, “in fine”, del artículo 218 LEC, por no ajustarse la sentencia a las reglas de la lógica y de la razón en el examen de la inexistencia de renuncia al derecho expectante de viudedad por Dª Carmen C (punto 1. B) del apartado III del escrito de preparación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal presentado). Tercer motivo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.2º LEC por infracción de las normas que regulan la sentencia, en concreto el apartado  2, “in fine”, del artículo 218 LEC, por no ajustarse la sentencia a las reglas de la lógica y de la razón en la integración del plazo para el ejercicio de la opción (punto 1.C) del apartado III del escrito de preparación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal presentado). Cuarto motivo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.4º LEC por vulneración del derecho fundamental de mis representadas a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.) por no ser la sentencia una resolución fundada en Derecho (punto 1.D) del apartado III del escrito de preparación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal presentado)”. Motivos de casación.- “Primer motivo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.2.3º LEC por infracción, por aplicación errónea o no aplicación, del artículo 76.2 de la Compilación del Derecho civil de Aragón, en la redacción dada por la Ley 3/1985 de 21 de mayo, en relación con el artículo 74.1” de la Compilación y la doctrina jurisprudencial que los aplica (puntos 1.- A) y 2.- A) del apartado II del escrito de preparación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal presentado). Segundo motivo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.2.3º LEC por infracción, por no aplicación, del artículo 1256 del Código Civil y la doctrina jurisprudencial que establece como requisito de validez de las opciones de compra la determinación de un plazo cierto para su ejercicio que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en ese precepto (puntos 1.- B) y 2.- B) del apartado II del escrito de preparación de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal presentado).”

Emplazadas las partes, se remitieron las actuaciones a esta Sala una vez resuelto el recurso de reposición interpuesto por el Procurador Sr. Salinas.

CUARTO.- Comparecidas las partes en esta Sala y recibidas las actuaciones se resolvió por providencia de nueve de mayo el cambio de ponente por haber sido anunciado voto particular al acuerdo de la mayoría, y ante la posible inadmisión del segundo motivo planteado se dio traslado a las partes conforme establece el artículo 483 apartado 2, punto 3º, presentándose por las mismas las alegaciones correspondientes.

En fecha 24 de junio se dictó auto por el que se admitió a trámite el recurso de casación que viene fundado en el primer motivo de los expuestos así como el extraordinario por infracción procesal, denegándose la admisión a trámite del recurso de casación fundado en el segundo de los motivos, confiriendo traslado a la parte recurrida por el plazo de 20 días para impugnación si viere convenirle, lo que hizo dentro de plazo, señalándose para votación y fallo el día 9 de noviembre de 2005, en que se llevó a efecto.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

PRIMERO.- Planteadas por la parte recurrida causas de inadmisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal planteado, procede, con carácter previo a resolver sobre el recurso, su tratamiento y decisión.

La causa de inadmisibilidad planteada por haber sido alegada por primera vez en el recurso extraordinario la incongruencia extra petita que se imputa a la resolución recurrida por haber integrado el plazo de opción de compra debatido no cabe admitirla, porque, como resulta de la lectura tanto de la demanda como de la sentencia de primera instancia y del escrito de interposición del recurso de apelación, el desacuerdo sobre la fijación o no de plazo, y el momento de su comienzo y fin, sí es planteada en tales momentos procesales.

Las causas de inadmisión formuladas con base en considerar la parte ahora recurrida que los motivos segundo y tercero del recurso de infracción procesal incurren en el defecto de entrar a tratar cuestiones de fondo deben ser igualmente desestimadas por cuanto, sin perjuicio de que se entremezclen en las argumentaciones cuestiones atinentes al aspecto sustantivo con los aspectos procesales sobre las que versa el recurso de por infracción, sin embargo, sí existen motivaciones procedimentales para la fundamentación del recurso por infracción procesal. En concreto las relativas al cumplimiento o no por la sentencia recurrida de las reglas legalmente previstas para su redacción.

SEGUNDO.- Funda el recurrente el primer motivo de recurso por infracción procesal en entender que la sentencia incurre en defecto de congruencia por resolver sobre el plazo en que el derecho de opción de compra pactado entre las partes podía ejercitarse cuando, según expone, en la demanda presentada no se solicitaba tal fijación de plazo.

Como resulta tanto de la demanda como de la contestación hecha por la parte ahora recurrente, fue objeto del debate judicial la pretensión de que se considerara como hecho contrario al cumplimiento de la obligación que exigía el actor, la falta de fijación de plazo expreso en la opción de compra convenida en Escritura de fecha 31 de agosto de 1995. De modo que, en la medida en que la sentencia recurrida, haciendo suyos los extensos razonamientos hechos al respecto por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18, resuelve este desacuerdo planteado es plenamente coherente con lo interesado por ambas partes, y atiende la previsión del artículo 218 párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil de decidir todos los puntos litigiosos objeto del debate y atendiendo a la causa de pedir esgrimida por cada una de las partes.

Por lo que el primer motivo del recurso de infracción procesal debe ser desestimado.

TERCERO.- En el segundo motivo de impugnación por infracción procesal sostiene el recurrente el argumento de considerar que la sentencia impugnada no respeta los criterios de la lógica y razón al tiempo de concluir, como hace, que Doña Carmen C G había renunciado al derecho expectante de viudedad respecto de la finca registral número 7.179, porque, considera el impugnante, no cabe estimar probado que el poder otorgado por la citada a favor de su cuñada doña María Rosa A S contuviera facultad para la apoderada de renunciar en nombre de la poderdante a tal derecho expectante de viudedad.

Respecto de este extremo, en concreto, la sentencia recurrida recogió, en su Fundamento de Derecho tercero: “De las facultades concedidas por ambos poderdantes a su hermana y cuñada y transcritos en la sentencia impugnada, se deduce, claramente, que éste podrá, en su nombre, aceptar herencias, e incluso adjudicar bienes indivisibles a otro interesado, y, al mismo tiempo, renunciar al derecho expectante de viudedad que pudiera corresponder a aquélla en los actos realizados en virtud de ese poder. D. Carmelo ratificó el 3 de octubre de 1995 la solicitud de reversión de la finca registral nº 7.179 (…) y Dª Rosa reconoció en interrogatorio haber entregado a su hermano Carmelo la parte correspondiente de la venta de la otra finca registral nº 4.472, y del precio de la opción de compra”.

Como resulta de la lectura de tal Fundamento de Derecho, la sentencia recurrida especifica como motivos que llevan a entender acreditada la concesión de poder con amplitud para renunciar al derecho expectante de viudedad: la interpretación del propio poder de 28 de julio de 1995; la actuación posterior de D. Carmelo A S (esposo de Dª Carmen C) ratificando el 3 de octubre de 1995 la solicitud de reversión de la finca número 7.179; y el reconocimiento de la apoderada Dª Mª Rosa (hermana de D. Carmelo y cuñada de Dª Carmen) de haber entregado tanto el precio de la venta de la finca registral número 4.472, como el de la opción de compra de la número 7.179.

Con lo anterior, en el ámbito procesal propio del recurso de infracción procesal que ahora se resuelve, no cabe considerar contrario a norma reguladora de la valoración de prueba la atención prestada por la sentencia recurrida a tales medios de prueba, ni, por tanto, cabe considerar contrarios a la lógica o razón jurídica los mecanismos empleados para constatar lo probado. Por el contrario, debe concluirse la correcta atención de la sentencia a las prevenciones del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al exponer todos los elementos tenidos en cuenta para fijar los datos de hecho base de la sentencia, recogiendo tanto los medios probatorios que los evidencian de modo directo (por interpretación del contenido del poder) como los que se deducen de los actos propios de los interesados (ratificación y recepción por uno de los poderdantes de cantidades derivadas de los negocios en que interviene el apoderado).

Por lo que no cabe atender el segundo motivo de recurso por infracción procesal.

CUARTO.- En el tercer motivo de recurso por infracción procesal insiste el recurrente en la incorrección de la sentencia recurrida al tratar sobre si el derecho de opción fue ejercitado en plazo correcto, partiendo ahora, no de la consideración de ser incongruente tal tratamiento como se hizo en el primer motivo de recurso antes estudiado, sino en la de ser la sentencia contraria a las reglas de la lógica y la razón al concluir que no existen inconvenientes derivados del plazo en el ejercicio del debatido derecho de opción.

Hecha exclusión de las cuestiones de fondo que indebidamente introduce la parte por esta vía de recurso por infracción procesal, no existe causa alguna que permita considerar existente infracción formal de la sentencia recurrida al resolver sobre ser temporáneo el ejercicio del derecho de opción, ya que se contienen con claridad en sus razonamientos cuantos motivos justifican que el derecho de opción se ejercitara en tiempo correcto y, especialmente, que la necesidad de previa tramitación de un expediente administrativo dilató la posibilidad del ejercicio del derecho de opción. Por lo que, a falta de argumento concreto en contra de la exposición formal de las motivaciones que hace la sentencia, no cabe sino desestimar este tercer motivo de recurso por infracción procesal.

QUINTO.- El cuarto motivo de recurso por infracción procesal presentado lo formula la parte recurrente por la infracción en que entiende incurre la sentencia recurrida del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida por el artículo 24 de la Constitución. El fundamento de tal alegación reproduce iguales argumentos que los tratados hasta ahora: incorrecta integración del plazo para el ejercicio de la opción de compra, y motivación “irrazonada o irrazonable” de la sentencia con error en la argumentación de la sentencia.

Como se ha expuesto, la sentencia de la Audiencia Provincial recurrida no incurre en incongruencia ni en defecto en los mecanismos empleados y expuestos de valoración de la prueba, puesto que, cabe repetir, atiende a argumentos aportados al procedimiento por el propio recurrente y recoge con claridad todos los elementos que le llevan a las conclusiones fácticas que obtiene. Por lo que, en consecuencia, respeta y ampara el derecho fundamental reconocido para las partes en el artículo 24 de la Constitución. Por tanto, procede desestimar, por carente de fundamento, el cuarto y último motivo del recurso de infracción procesal que se presenta.

SEXTO.- El único motivo de casación admitido a trámite tiene su fundamento en la consideración del recurrente de que no debe reconocerse eficacia a la renuncia al derecho de viudedad hecho por la representante de Dª Carmen C G respecto de la registral 7.179, ya que no reunió los requisitos de ser expreso, hecho en documento público y de modo personal por la interesada.

Según resulta de las actuaciones, y tal y como valoran la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 primero, y luego la de la Audiencia Provincial que es recurrida, el día 28 de julio de 1995, en Escritura de apoderamiento número 1590 otorgada ante Notario de Soria, Dª María Rosa A S es designada mandataria por D. Carmelo A S y su esposa Dª Carmen C G.

Al fijar las facultades de la mandataria, D. Carmelo otorga poder amplísimo para que le represente, entre otras actuaciones, para “en general, practicar cuanto proceda hasta dejar ultimadas las testamentarías –incluso adjudicando en ellas todos los bienes, si fueren indivisibles, al poderdante o a otro interesado…”.

Por relación con las anteriores facultades otorgadas por D. Carmelo, su esposa, en el mismo acto ante Notario concede a igual mandataria la facultad de “…RENUNCIAR al derecho de viudedad foral que pudieran corresponderle en los actos que se realicen en virtud de este poder”.

Con las anteriores facultades que le habían sido conferidas, la apoderada Dª María Rosa, actuando en representación de uno y otra, interviene en el otorgamiento, el día 31 de agosto de 1995, de Escritura número 2.354 ante Notario de Zaragoza, en relación con la finca sita en igual ciudad con número registral 7.179, perteneciente a D. Carmelo en virtud de herencia de su madre Dª María Rosa S G. Y conviene, en lo que ahora más interesa, en otorgar a favor de “I de C S.A.” derecho de opción de compra sobre el citado inmueble, a la vez que renuncia al derecho expectante de viudedad foral aragonés que sobre la finca pudiera corresponder.

SEPTIMO.- Los hechos expuestos acreditan, primero, la intervención personal de la titular del mencionado derecho, Dª Carmen C G, cuando el día 28 de julio de 1995 otorga el poder en que autoriza a renunciar en su nombre al derecho de viudedad foral que sobre la mentada finca pudiera corresponderle. E igualmente, evidencian el cumplimiento del requisito de que tal renuncia fuera hecha de modo expreso: la mencionada Dª Carmen, que sólo intervino en el apoderamiento para facultar a la mandataria a renunciar en su nombre al derecho de viudedad, señaló un amplio objeto a este poder de renuncia que otorgaba, al incluir en su ejercicio cuantas operaciones resultaran hasta ultimar las testamentarías en que su marido participara, incluida la adjudicación de bienes al propio marido o a un tercero. Por lo que, aunque no citó de modo explícito la finca registral 7.179, sí quedaba ésta incluida en la facultad de renuncia otorgada al mandatario, con cumplimiento de la exigencia de renuncia expresa prevenida en el artículo 76 de la Compilación Aragonesa, pues no cabe entender que esta norma imponga la obligación de cita expresa e individualizada de cada bien a cuya viudedad se renuncia, siendo suficiente que aparezca con claridad de la interpretación de lo otorgado sobre qué se hace la renuncia. Lo que acontece en el presente caso, en que se hace renuncia al usufructo a ejercitar en posibles negocios jurídicos a concertar respecto de un conjunto de bienes entre los que se encuentra, sin duda, la finca en cuestión.

Tanto la manifestación de apoderamiento para renuncia de la interesada poderdante como la del posterior ejercicio del mandato por la apoderada fueron hechos ante presencia notarial y recogidos en sendos documentos públicos.

Con todo lo cual, finalmente, la renuncia hecha por Dª Carmen C a su derecho de viudedad reunió los requisitos para desplegar su eficacia exigidos por los artículos 74.1 y 76.2 de la Compilación de Aragón, y es también conforme a la Jurisprudencia de esta Sala que entiende infringida el recurrente, porque son respetadas tanto la constancia expresa en documento público de la renuncia, como la intervención personal de la interesada exigidas por las sentencias de 4 de abril de 1995 y 5 de noviembre de 2001.

Por lo que no cabe estimar el motivo de recurso de casación alegado.

OCTAVO.- No se considera que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho, por lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer al recurrente el pago de las costas causadas en el presente recurso de casación y por infracción procesal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso extraordinario por infracción procesal y al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dª. Mª Giovanna A C, Dª Mª del Carmen A C y Dª Mª del Carmen C G contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de fecha 30 de septiembre de 2004 que confirmamos en todos los pronunciamientos contenidos en su fallo, imponiendo al recurrente al pago de las costas causadas en el presente recurso.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, anunciando Voto particular el Magistrado Ilmo. Sr. D. Luis Fernández Álvarez.

 Que formula el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Fernández Álvarez a la sentencia  de esta Sala dictada el dos de diciembre del presente año en el rollo de recurso de casación número 8/2005, procedente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de esta Ciudad.

Con absoluto respeto a la decisión de la mayoría y lamentando tener que discrepar de ella, formulo al amparo de lo prevenido en el art. 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil voto particular, entendiendo que la resolución a adoptar debió ser la siguiente:

En Zaragoza a dos de diciembre de dos mil cinco.

Aceptando el encabezamiento y los antecedentes de hecho de la sentencia de la mayoría.

PRIMERO.-  Las últimas reformas del recurso de casación en la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior, movidas por la necesidad de aliviar la carga competencial desmesurada del Tribunal Supremo, imposible de afrontar con la deseable prontitud, estuvieron presididas por el propósito de limitar el elenco de supuestos en que aquél procedía; dichas reformas operaron, principalmente, sobre el elemento de la cuantía litigiosa, elevando su tope mínimo, lo que dio lugar a que, mientras ciertos temas se repetían sin fruto alguno para el enriquecimiento de la doctrina jurisprudencial, había numerosas cuestiones jurídicas, algunas de relevancia, que permanecían excluidas del ámbito de la casación, con lo que se privaba al recurso de cumplir de manera adecuada su primordial función de unificar la aplicación de las normas, cometido que en los últimos años resulta más necesario toda vez que el derecho privado ha experimentado cambios importantes merced a la publicación de nuevas leyes en parcelas de gran repercusión social.

Consciente de este panorama, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 ensaya una nueva fórmula de acceso a la casación que sin entrañar una apertura exagerada del recurso, permite que lleguen al mismo aquellos asuntos que, si bien no rebasan el tope cuantitativo fijado –veinticinco millones de pesetas-, merecen recibir un pronunciamiento en éste grado jurisdiccional máximo.

Dicha fórmula significa la innovación más saliente en la nueva regulación del recurso de casación, y consiste, según señala el artículo 477.2, apartado 3º, en admitir también dicho recurso cuando la resolución del mismo presente “interés casacional”, cuya apreciación no queda confiada a la discrecionalidad del tribunal, sino que se objetiva, concretándose en el número 3 de dicho artículo sus dos hipótesis, debiendo reseñarse que el recurso por interés casacional queda referido exclusivamente a las normas sustantivas.

Sólo si se da previamente interés casacional, que se circunscribe a la función revisora del juicio sobre el sentido y alcance de la norma material, es posible la preparación del recurso extraordinario por infracción procesal del párrafo segundo de la regla 5ª de la Disposición Final Decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual si se acordase la inadmisión del recurso de casación por interés casacional, “se inadmitirá, sin más trámites, el recurso por infracción procesal”, y “sólo en el caso de que el recurso de casación resultase admisible, se procederá a resolver sobre la admisión del recurso extraordinario por infracción procesal”; por lo tanto, si bien se autoriza a incluir en el recurso por interés casacional motivos del artículo 469, supedita el eventual examen de estos motivos a la previa admisibilidad del recurso de casación por interés casacional en que se insertan, casación que se admitirá atendiendo únicamente a los hechos declarados probados en la sentencia impugnada, sin que quepa atacar la valoración de la prueba por la vía del artículo 469 de la mentada Ley Procesal Civil para, una vez alterada, en su caso, y fijados unos nuevos hechos, poder defender la infracción de doctrina jurisprudencial (véanse los autos del Tribunal Supremo de 16 y 23 de octubre y 27 de noviembre de 2001, 11 de mayo de 2004, etc.).

SEGUNDO.- Todos los miembros de esta Sala admitimos que cabe recurso de casación por interés casacional en los asuntos cuya cuantía no exceda de 150.000 euros; la discrepancia surge porque la mayoría considera que en dicho recurso cabe dotar de interés casacional a la resolución impugnada sobre la base de cuestionar la valoración de la prueba realizada en la instancia, haciendo supuesto de la cuestión, lo que nos sitúa ante un interés casacional artificioso.

Ello pugna abiertamente con la doctrina del Tribunal Supremo y conduce a resultados inaceptables, pues confiere a este cauce de impugnación una extensión desmesurada, aproximándolo a la casación ordinaria ( o a la apelación), ya que basta con atacar la valoración de los hechos para generar la admisibilidad del recuso por interés casacional, toda vez que la revisión del juicio fáctico permite defender la infracción de norma sustantiva, lo que implica hacer supuesto de la cuestión, pues el recurrente fundamenta su postura sobre la base de cuestionar los hechos declarados probados en la sentencia impugnada: la resolución de instancia carece de interés casacional, pero se le intenta dotar de él  sobre la base de cuestionar la valoración de la prueba realizada en la sentencia recurrida, lo que nos sitúa ante un interés casacional artificioso (véanse los autos del Tribunal Supremo de 8,15 y 22 de octubre y 30 de diciembre de 2002, entre otros).

TERCERO.- En el presente recurso el debate recae sobre la valoración probatoria realizada en la instancia acerca del ámbito del poder notarial otorgado el 28 de julio de 1995; tanto las partes como el Tribunal están de acuerdo en el sentido de la norma foral, a saber: se precisa renuncia expresa para la extinción del derecho expectante de viudedad en caso de enajenación de los bienes privativos del otro cónyuge (art. 76.2 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón), y la discusión se centra en determinar el ámbito del poder notarial otorgado en fecha 28 de julio de 1995 por los esposos D. Carmelo A S y Dª. María del Carmen C G, en el que ésta facultaba a su cuñada Dª. Maria Rosa A S a “renunciar al derecho de viudedad foral que pudiera corresponderle en los actos que se realicen en virtud de” dicho poder.

A este respecto es muy significativo el fundamento de derecho tercero de la sentencia de la mayoría que dice así :

<<TERCERO.- En el segundo motivo de impugnación por infracción procesal sostiene el recurrente el argumento de considerar que la sentencia impugnada no respeta los criterios de la lógica y razón al tiempo de concluir, como hace, que Doña Carmen C G había renunciado al derecho expectante de viudedad respecto de la finca registral número 7.179, porque, considera el impugnante, no cabe estimar probado que el poder otorgado por la citada a favor de su cuñada doña María Rosa A S contuviera facultad para la apoderada de renunciar en nombre de la poderdante a tal derecho expectante de viudedad.

Respecto de este extremo, en concreto, la sentencia recurrida recogió, en su Fundamento de Derecho tercero: “De las facultades concedidas por ambos poderdantes a su hermana y cuñada y transcritos en la sentencia impugnada, se deduce, claramente, que éste podrá, en su nombre, aceptar herencias, e incluso adjudicar bienes indivisibles a otro interesado, y, al mismo tiempo, renunciar al derecho expectante de viudedad que pudiera corresponder a aquélla en los actos realizados en virtud de ese poder. D. Carmelo ratificó el 3 de octubre de 1995 la solicitud de reversión de la finca registral nº 7.179 (…) y Dª Rosa reconoció en interrogatorio haber entregado a su hermano Carmelo la parte correspondiente de la venta de la otra finca registral nº 4.472, y del precio de la opción de compra”.

Como resulta de la lectura de tal Fundamento de Derecho, la sentencia recurrida especifica como motivos que llevan a entender acreditada la concesión de poder con amplitud para renunciar al derecho expectante de viudedad: la interpretación del propio poder de 28 de julio de 1995; la actuación posterior de D. Carmelo A S (esposo de Dª Carmen C) ratificando el 3 de octubre de 1995 la solicitud de reversión de la finca número 7.179; y el reconocimiento de la apoderada Dª Mª Rosa (hermana de D. Carmelo y cuñada de Dª Carmen) de haber entregado tanto el precio de la venta de la finca registral número 4.472, como el de la opción de compra de la número 7.179.

Con lo anterior, en el ámbito procesal propio del recurso de infracción procesal que ahora se resuelve, no cabe considerar contrario a norma reguladora de la valoración de prueba la atención prestada por la sentencia recurrida a tales medios de prueba, ni, por tanto, cabe considerar contrarios a la lógica o razón jurídica los mecanismos empleados para constatar lo probado. Por el contrario, debe concluirse la correcta atención de la sentencia a las prevenciones del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al exponer todos los elementos tenidos en cuenta para fijar los datos de hecho base de la sentencia, recogiendo tanto los medios probatorios que los evidencian de modo directo (por interpretación del contenido del poder) como los que se deducen de los actos propios de los interesados (ratificación y recepción por uno de los poderdantes de cantidades derivadas de los negocios en que interviene el apoderado).

Por lo que no cabe atender el segundo motivo de recurso por infracción procesal.>>

Las sentencias de instancia de modo uniforme, y tras una valoración global y conjunta de la prueba de autos, declaran que la renuncia del derecho expectante de viudedad efectuada por Dª. Rosa A S en la escritura pública de 31 de agosto de 1995 estaba dentro de lo autorizado por el poder otorgado a su favor por su cuñada Dª. María del Carmen C G en fecha 28 de julio de 1.995, y efectuada tal valoración probatoria, es obvio que no se infringió el art. 76.2 de la Compilación, por lo que el recurso de casación interpuesto se tenía que haber inadmitido, pues no concurría interés casacional, (tanto las partes como el órgano jurisdiccional de instancia estaban de acuerdo en el sentido de la norma foral).

Lo que en el presente recurso se ataca es el juicio de hecho sobre el ámbito del mentado poder y  la revisión de tal valoración probatoria es lo que permite defender que se ha infringido la doctrina jurisprudencial relativa al mentado artículo 76.2 de la Compilación, haciendo supuesto de la cuestión.  

Además resulta que se entra en el examen de la valoración de la prueba realizada por el Juzgado y la Audiencia en base a lo prevenido en el art. 218, apartado 2, in fine, que se refiere a la motivación de la sentencia, no a la valoración probatoria en sí, lo que convierte, de facto, el recurso de casación en una tercera instancia, contrariando  la esencia de este recurso extraordinario.  

CUARTO.- La consecuencia de la postura mayoritaria de este Tribunal es el incremento de la litigiosidad y de los gastos a soportar por las partes, que en muchos casos rebasarán el valor de lo discutido en el proceso, y ya  que ésta Sala se separa abiertamente de la doctrina del Tribunal Supremo, al menos debe fijar con precisión los criterios a seguir para conocimiento de los interesados en orden a la adecuada defensa de sus derechos.

 QUINTO.- Lo anteriormente razonado conduce a la desestimación del recurso, pues según reiterada jurisprudencia las causas de inadmisión no acogidas oportunamente se convierten en causa de desestimación en el momento de dictar sentencia (véanse las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1992, 5 de septiembre y 14 de diciembre de 1996, 22 de septiembre de 1997,

8 de noviembre de 2001, etc), sin que proceda hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Debería en consecuencia dictarse el siguiente:

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso nº 8/2005 por carecer de interés casacional, interpuesto por la Procuradora Dª Isabel Franco Bella, en nombre y representación de Dª María Giovanna A C, Dª Mª Carmen A C y Dª Mª Carmen C C, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de esta Ciudad en fecha 30 de septiembre de 2004, recaída en autos de juicio ordinario 292/2003 del Juzgado de Primera Instancia número Dieciocho de Zaragoza, y en su consecuencia se declara la firmeza de dicha resolución, sin que se haga especial pronunciamiento sobre las costas de este recurso.

Devuélvanse los autos a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de esta Ciudad, juntamente con testimonio de esta resolución, debiendo acusar recibo.

Voto particular que firmo en Zaragoza en la fecha arriba indicada.

Para citar este artículo :

. «Sentencia TSJA, 2 diciembre 2005», núm.2 (2005), Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=353