Sentencias

Tipo de documento: Artículo

S E N T E N C I A TSJA, 20 octubre 2006

Convenio regulador: se pretende nulidad por dolo (alegación de "vejaciones, amenazas e injurias"); se pretende rescisión por lesión: no procede en el caso

EXCMO. SR. PRESIDENTE

D. Fernando Zubiri de Salinas

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. Luis Fernández Álvarez

D. Luis  Ignacio Pastor Eixarch

D. Manuel Serrano Bonafonte

Dª. Carmen Samanes Ara

En nombre de S.M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de casación núm. 3/2006, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, en fecha 20 de marzo de 2006, recaída en el rollo de apelación núm. 37/2006, dimanante de autos núm. 311/2005, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia número Once de Zaragoza, por nulidad parcial de convenio regulador, en el que son partes, Dª. Marcela Mabel S. M., representada por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Bañeres Trueba y dirigida por el Letrado D. Rafael Hidalgo Alcay, como recurrente y D. Francisco Javier M. L., representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Elisa Mayor Tejero y asistido por el letrado D. Valentín Romero Garcés, como recurrido.

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales D. Pedro Luis Bañeres Trueba, en nombre y representación de Dª. Marcela Mabel S. M., presentó demanda de nulidad parcial de convenio regulador de separación de fecha 19 de marzo de 2001 en cuanto a sus cláusulas octava y novena y nulidad total del documento de 27 de septiembre de 2001 y subsidiariamente indemnización de daños y perjuicios y complemento de las operaciones liquidatorias y subsidiariamente de rescisión por lesión con base a los hechos y fundamentos que en la misma expresó, suplicando al juzgado que, previos los trámites legales, dictara sentencia que declarase:”

A) Por apreciación en el demandado de dolo causal, la nulidad parcial del convenio regulador de fecha 19 de marzo de 2.001, en todo lo referente a la liquidación de la sociedad de gananciales, cláusulas octava y novena, y la nulidad del documento de modificación del convenio regulador de fecha 27 de septiembre de 2.001, con todas las consecuencias inherentes a esta declaración, incluso registrales e hipotecarias, y especialmente restitución al primitivo estado de la sociedad de gananciales disuelta, condenando al demandado a estar y pasar por esta declaración e imponiéndole el pago de las costas procesales.

B) Por apreciación de dolo incidental en el demandado, se le condene a indemnizar por los daños y perjuicios causados a mi representada, debiendo realizarse una liquidación complementaria de la sociedad de gananciales de demandante y demandado, con las valoraciones que resulten de este procedimiento y fijando las compensaciones a establecer en función de ellas, condenando al demandado a estar y pasar por esta declaración e imponiéndole el pago de las costas procesales.

C) Subsidiariamente, rescisión del convenio regulador y del documento de fecha 27 de Septiembre de 2001 en lo relativo a la liquidación de la sociedad de gananciales por lesión a la actora en más de una cuarta parte, condenando al demandado a estar y pasar por esta declaración, concediéndole la opción de indemnizar el daño a mi representada en la cantidad de 437.629,26 euros más el interés legal desde el día 19 de Marzo de 2.001, o consentir que se proceda a una nueva partición, todo ello con imposición de las costas procesales al demandado.” Por otrosi solicitó la designación de peritos para diversas valoraciones.Admitida a trámite la demanda, se emplazó  a la parte demanda que compareció en forma oponiéndose a la misma con base en los hechos y fundamentos expresados, suplicando dictase sentencia que desestimase la demanda interpuesta con condena en costas al actor. En fecha 13 de octubre de 2005, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “FALLO: Que, desestimando la demanda promovida en Juicio ordinario nª 311/A-2005, instado por el Procurador Sr. Bañeres Trueba, en nombre y representación de Dña. Marcela Mabel S. M., contra Dn. Francisco Javier M. L., representado por la Procuradora Sra. Mayor Tejero, debo absolver y absuelvo a dicho demandado de los pedimentos contra el mismo formulados, condenando a la parte actora al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Interpuesto por la parte actora recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número Once de Zaragoza, se opuso la parte demandada y pasaron las actuaciones a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza que dictó sentencia con fecha 20 de marzo de 2006, cuya parte dispositiva dice así: “FALLO que desestimando el recurso de apelación formulado contra la sentencia de fecha 13-10-2005 dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado nº 11 en los autos nº 311/2005, debemos confirmar y confirmamos la misma.- Imponemos las costas de esta alzada a la parte recurrente.”

TERCERO.- El Procurador de los Tribunales Sr. Bañeres Trueba, actuando en nombre y representación de Dª. Marcela Mabel S. M. presentó, en tiempo y forma, escrito preparando recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, y tenido por preparado lo interpuso basando el recurso en los siguientes motivos: Primero, Segundo y Tercero, en la no aplicación de lo dispuesto en los arts. 1.269, 1.270 1º y 1.270 2º del Código Civil, respectivamente; Cuarto, en la indebida aplicación del art. 9.2 del Código Civil; Quinto, no aplicación del art. 14.1 del Código Civil; Sexto, no aplicación de lo dispuesto en el art. 37 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón;  Séptimo, no aplicación de lo dispuesto en el art. 40 del mismo texto legal; y Octavo, no aplicación de lo dispuesto en los arts. 1.074 y 1.410 del Código Civil.Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se dictó en fecha 16 de junio de 2006 auto por el que se admitió a trámite, confiriéndose traslado del escrito de interposición a la parte contraria por 20 días para impugnación, y verificada que fue dentro de plazo,  se señaló para votación y fallo el día 20 de septiembre de 2006.Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel Serrano Bonafonte, quien expresa el parecer del Tribunal.

PRIMERO.- Para la mejor comprensión de la resolución del recurso resulta obligado hacer referencia al convenio regulador que suscribieron Dª. Marcela Mabel S. M. y D. Francisco Javier M. L. el 19 de marzo de 2001.En dicho convenio manifestaron que contrajeron matrimonio canónico en Argentina el 12 de octubre de 1.989 del que nacieron dos hijos;  que su régimen económico matrimonial era el de aforados aragoneses; que debido a la situación de conflicto  en que vivían daban por terminado el sistema económico matrimonial de aforados aragoneses, conviniendo para lo sucesivo la absoluta separación de bienes; renunciaron al derecho expectante de viudedad foral aragonesa y a cualquier otro derecho que les pudiera corresponder sobre los bienes del otro consorte;  pactaron el uso del domicilio conyugal en el que el esposo tenía instalada su consulta de dentista; convinieron que los hijos quedaban bajo la guarda y custodia de la madre, compartiendo la autoridad familiar, fijando el régimen de visitas y los periodos de vacaciones; establecieron los alimentos para los hijos que inicialmente fijaron en 55.000 pesetas mensuales, con incremento del IPC anualmente; fijaron como pensión por desequilibrio económico la cantidad del 25.000 pesetas mensuales a favor de la esposa, que se incrementaría anualmente conforme a las variaciones del IPC, conviniendo que dejaría de abonarse en el momento en que  tuviera ingresos propios.Y en lo que aquí interesa, es decir, en el particular relativo a los bienes que integraban la “sociedad de gananciales” (sic), la cláusula octava estableció lo siguiente:“”

OCTAVA.- Los bienes que componen la sociedad de gananciales, son los siguientes:

ACTIVO:

1.- Piso sito en Zaragoza, Gran Vía 31, 3ª dcha., cuya descripción es la siguiente: “NUMERO TRECE.- Piso tercero derecha, en la séptima planta, mide ciento cuarenta y cuatro metros cincuenta y dos decímetros cuadrados. Linda frente, zaguán de la escalera y los dos patios de luces; derecha entrando, escalera y piso tercero; izquierda, casa número treinta y tres provisional del mismo Paseo; y fondo, Gran Vía. Le corresponde el cuarto de desahogo rotulado como el piso y una participación de tres enteros ochenta y cuatro centésimas de entero por ciento de las cosas comunes del inmueble. Forma parte de la casa de esta Capital, en la Gran Vía número 31; mide cuatrocientos diecisiete metros trece decímetros cuadrados. Tiene un patio de luces interior y otro posterior totalmente cubierto en la planta de tiendas y cuyas coberturas sirven totalmente en el interior y parcialmente en el posterior de terrazas para los pisos principales. Linda: frente, Gran Vía; derecha entrando, solar número treinta y tres no oficial de la misma Avenida; y fondo, esta última finca. Todo ello y más extensamente consta en la escritura de compraventa otorgada ante el Notario de Zaragoza don José Luis Merino y Hernández, de fecha 8 de noviembre de 1994, con el número 2892 de su protocolo. Inscrita en el Registro de la Propiedad número UNO de Zaragoza, al tomo 4279, libro 163 de R-I, folio 9, finca número 9156, antes 45962, Sección 2ª, inscripción 1ª.

2.- Vehículo Ford Mondeo, matrícula Z-….-BG.

3.- Muebles y ajuar de casa.

4.- Consulta médica sita en Zaragoza.

5.- Pólizas de jubilación con: Wintenthur, por importe de 1.200.000 ptas.- Royal Sunalliance, por importe de 859.000 ptas.- Royal Sunalliance, por importe de 828.000 ptas.

PASIVO:

1.- Deuda con Banco Santander, actualmente de 15.835.917 pts.

2.- Deuda con CAI por importe de 725.000 ptas. Aproximadamente.

3.- Deuda con CAI por importe de 300.000 ptas. Aproximadamente.

4.- Deuda de la consulta médica.

5.- Cuanta Crédito CAI de 1.110.000 ptas.Se divide la sociedad de gananciales y se adjudica AL ESPOSO los bienes señalados con los números 1, 2, 3, 4 y en relación al bien señalado con el número 5 del activo se le asigna a él la mitad de la cantidad señalada; y asume íntegramente el pasivo.- Se adjudica a la ESPOSA, en cuanto al bien señalado con el número 5 del activo la mitad de cantidad indicada; asimismo se le adjudican sus ropas y enseres personales y los muebles de los hijos.-Dado que la diferencia entre lo adjudicado al esposo y lo adjudicado a la esposa supone que el esposo debería reintegrar a la esposa la cantidad de 15.000.000 pts., el esposo se compromete a comprar a la esposa con ese dinero antes del día 31 de agosto del presente año (y en caso de que hubiera dificultades antes del plazo de dos años a partir de la fecha de este documento) un piso en Zaragoza, cuyo valor, con impuestos y demás gastos incluidos, sea de alrededor de 15.000.000 pts. En tal caso se producirá el efecto establecido en la cláusula cuarta.La esposa, en todo caso, podrá reclamar al esposo la entrega de 15.000.000 pts. si hubieran transcurrido dos años sin que este hubiera comprado el piso anteriormente indicado y, además, la esposa tendría derecho a seguir usando el domicilio conyugal (los departamentos no destinados a consulta de dentista) durante el período de otro año más, una vez que hayan terminado los dos años que se le dan como máximo al esposo para que adquiera el piso.””A modo de cierre del pacto anterior la cláusula novena estableció:

“NOVENA.- Con las adjudicaciones efectuadas ambos consortes manifiestan haber dividido la sociedad de gananciales por mitad y no tenerse nada que reclamar entre sí, por ningún concepto.”El convenio fue aprobado mediante sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Dieciséis de Zaragoza de fecha 7 de mayo de 2001 y con posterioridad, el 27 de septiembre de 2001 los cónyuges suscribieron un convenio aclaratorio o complementario del anterior en el que manifestaron haber liquidado definitivamente la sociedad de gananciales haciendo constar los acuerdos a los que habían llegado, en especial que el esposo entregaba a la esposa la cantidad convenida de 15.000.000 de pesetas; que ésta se obligaba a abandonar el piso que en la fecha ocupaba, sito en Gran Vía 31, 3º  dcha. antes del 31 de octubre de 2001; que los gastos derivados de la ocupación del piso en el mes de octubre de 2001 serían abonados por mitades partes, siendo de cuenta de la esposa la factura del teléfono, obligándose ésta a franquear al esposo el acceso desde la consulta médica a los espacios de la vivienda; que quedaba pendiente de rescate una póliza de jubilación por importe de 1.200.000 de la que se le entregaría a la esposa la mitad hasta el 5 de noviembre de 2001.  Convinieron que con el abono de las cantidades antes dichas, la sociedad de gananciales quedaba totalmente liquidada sin que existiera ninguna reclamación pendiente por ningún concepto.Este nuevo pacto  fue aprobado mediante sentencia del antes dicho Juzgado de Primera Instancia el 25 de octubre de 2001.Ambos convenios fueron redactados y suscritos con asesoramiento de Letrado por ambas partes.

SEGUNDO.-  En la demanda rectora del proceso la hoy recurrente intentó la nulidad parcial del convenio regulador de separación suscrito el día 19 de marzo de 2001, en cuanto a las estipulaciones octava y novena,  y  la nulidad total del convenio ampliatorio y aclaratorio de 27 de septiembre de 2001, fundamentando  su petición de nulidad, en ambos casos, en la existencia de dolo causal. Subsidiariamente, de indemnización de daños y perjuicios y complemento de las operaciones liquidatorias, y, subsidiariamente, de rescisión por lesión. Fundamentaba sus peticiones en la existencia de “vejaciones, amenazas e injurias” por parte de su esposo, quien consiguió por este procedimiento que “firmara unos documentos a través de los cuales tan solo el demandado obtenía beneficios”.La sentencia del Juzgado consideró probado que ambos documentos fueron ratificados a presencia judicial y que en la redacción de los mismos los esposos fueron asistidos de Letrados, admitiendo que si bien durante los trámites de separación la esposa tenia problemas psicológicos, no tenia anulada su voluntad hasta el punto de consentir acuerdos contrarios a sus intereses, por lo que desestimó la demanda de nulidad por no haber quedado acreditada la existencia de vicio alguno en el consentimiento prestado por Dª. Marcela Mabel.En cuanto a la petición subsidiaria de rescisión de convenio por lesión de la cuarta parte, el Juzgado no apreció la existencia cuantitativa, atendidos los informes periciales judiciales que modificaron en gran parte la valoración realizada por la actora.En definitiva, desestimó la demanda.Interpuesto recurso de apelación la Audiencia lo desestimó al entender, como hiciera el juzgado, que el estado de ánimo que le produjera su esposo con su conducta no podía servir de base para apreciar la concurrencia de dolo habida cuenta que la actora, antes de la firma de los convenios fue asesorada por su Letrado.Rechazó igualmente la existencia de lesión de la cuarta parte porque las adjudicaciones a la esposa, en atención al valor de los bienes inventariados, no implicaba la lesión pretendida “salvo que se incluyan en la partición las dos clínicas”, si bien afirmó, por haber sido reconocido por la actora, que las clínicas no fueron incluidas deliberadamente.

TERCERO.- Frente a esta sentencia la Sra. S. M. interpone el recurso de casación que ahora resolvemos, que articula en ocho motivos.  Los tres primeros denuncian, respectivamente, infracción de los arts. 1269, 1270.1 y 1270.2 del Código Civil;  el cuarto, indebida aplicación del art. 9.2 también del Código Civil; el quinto, inaplicación del art. 14.1 del mismo Código; el sexto, inaplicación del art. 37 de la Compilación del Derecho civil de Aragón; el séptimo, inaplicación del art. 40 de dicha Compilación y el octavo,  inaplicación de los arts. 1074 y 1410 del Código Civil.Procede el examen conjunto de los tres primeros motivos de recurso en cuanto que los tres se refieren a la existencia de dolo y a las consecuencias de dicha existencia.En defensa de la apreciación de dolo argumenta la recurrente la situación de violencia doméstica y su sometimiento a la tensión que afectó tanto a ella como a sus hijos; al padecimiento de malos tratos por parte del esposo, según informe de la Dra. Serrat Moré, y al hecho incontrovertible  de  la existencia de una sentencia condenatoria del esposo por una falta de injurias. Afirma que sin la existencia de miedo y bloqueo económico no hubiera firmado los documentos de marzo y septiembre de 2001. Considera que tal miedo y bloqueo económico fueron de carácter grave y en todo caso considera, al menos, que estaríamos en presencia de un dolo incidental que obligaría al esposo a indemnizar daños y perjuicios.Obligado resulta recordar (véase por todas la sentencia del T.S. de 31 de mayo de 2000) que “la función de la casación ni es una tercera instancia ni revisa el soporte fáctico, sino que valora la correcta aplicación del ordenamiento, sin que quepa hacer supuesto de la cuestión, es decir, alterar los datos fácticos sin combatir la apreciación de la prueba siempre que haya una norma legal de valoración”.En este caso es evidente que concurre supuesto de la cuestión por cuanto la recurrente acude en defensa de su argumentación a otros datos de hecho distintos a los declarados probados en la sentencia recurrida que expresamente consideró que el estado de ánimo de la recurrente en modo alguno podía servir de base para la apreciación de dolo, ni siquiera incidental, tras razonar que la existencia de dolo no se presume, sin que pueda admitirse por meras conjeturas o deducciones.Al pretender la recurrente una valoración distinta de la prueba hubiese tenido que recurrir al recurso por infracción procesal, con fundamento en haberse infringido las normas procesales reguladoras de la sentencia, o vulnerado el derecho fundamental a obtener una resolución motivada.  En este sentido puede verse el Auto de esta Sala de fecha 26 de julio de 2006 dictado en recurso 4/2006.Los motivos se desestiman.

CUARTO.- Desestimados los tres motivos anteriores procede el examen del octavo que alega infracción por inaplicación de lo dispuesto en los arts. 1074 y 1410 del Código Civil, petición subsidiaria de las anteriores.Recordemos que el art. 1074 contempla la posibilidad de rescisión de las particiones por causa de lesión en más de una cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas.En defensa de su pretensión, partiendo de sus propias valoraciones, la impugnante afirma que lo adjudicado al esposo era de un valor muy superior a lo recibido por ella.  Dice que el piso de 140 metros cuadrados en Gran Vía de Zaragoza tenía un valor de 296.701,33 euros; que el derecho de traspaso de la clínica de Pinseque ascendía a 20.000 euros; que los bienes muebles del piso tenían un valor de 40.785 euros; el instrumental de ambas clínicas alcanzaban los 55.000 euros; el turismo valía 12.417 euros y el valor de las clínicas dentales era de 810.000 euros.  Resalta que mientras la adjudicación al esposo ascendió a 1.060.631, 70 euros ella tan solo percibió 97.024,39 euros.Se refiere a las pruebas periciales practicadas en el juicio -que considera mas perjudiciales para ella- que pusieron de relieve como lo adjudicado al esposo fueron 326.178,52 € mientras que solamente fueron 88.348,78 € lo adjudicado a ella por lo que considera que la existencia de lesión “ha quedado suficientemente acreditada”.Pero no le asiste la razón.La sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2003 declaró que: “Es doctrina harto conocida de esta Sala la de que la interpretación de las declaraciones de voluntad es tarea privativa de la instancia, que en casación ha de ser respetada cuando no sea contraria a la lógica, desmesurada, arbitraria o vulneradora de preceptos legales”.  También dice que “las renuncias han de ser claras, terminantes o deducidas de hechos o actuaciones de interpretación unívoca, no dudosa o incierta. La lectura de las estipulaciones del  convenio regulador  y la consideración de estar inscritas en el más amplio pacto sobre separación y divorcio, con consecuencias diferentes a la liquidación de la sociedad de gananciales, como es el de guarda y visita de los hijos, obliga a concluir que en la cláusula séptima se ha renunciado a la  rescisión por lesión  al declararse que el convenio no ha supuesto desequilibrio económico alguno para ninguna de las partes. En este caso no puede admitirse, por tanto, la inexistencia de renuncia a la acción de  rescisión por lesión que ha tenido en cuenta para la estimación de la demanda la sentencia recurrida, pues la renuncia es clara y de interpretación unívoca; y, además, se deduce de hechos, actos o conductas relacionadas con la misma, como lo son todas las estipulaciones que se contienen en el convenio y que se han sometido a aprobación jurisdiccional y contra los propios actos ahora se pretende modificar lo pactado, que llevaría de tener lugar a modificar también las resoluciones judiciales aprobatorias en proceso distinto al incidental de modificación por alteración de las circunstancias en las que el convenio se produjo.”En la instancia el Juzgado consideró que los informes periciales judiciales modificaron en gran parte la valoración realizada por la actora, lo que le llevó a afirmar que “ni tampoco resulta admisible la rescisión por lesión al no acreditar dicho perjuicio en más de la cuarta parte del valor de las adjudicaciones  realizadas a cada parte”. La Audiencia aceptó el razonamiento y concretó con acierto que el art. 1410 permitía el complemento de la partición cuando se omiten valores o bienes, pero no cuando se sostenga que se han dejado de incluir bienes.  Y afirmó: “En el presente caso, como paladinamente reconoce la recurrente, no se ha producido una omisión de las clínicas, sino que estas no fueron incluidas deliberadamente”.  Añadamos a todo esto que la cláusula novena del convenio regulador –redactado con intervención y asesoramiento de Abogados-  dispuso que con las adjudicaciones la sociedad se había dividido por mitad y que no tenían nada que reclamar entre sí por ningún concepto, para concluir que  debe estarse a lo aprobado por las partes voluntariamente, sin vicios del consentimiento respectivo, tras la labor del Letrado que aunó la voluntad de las mismas, a modo de Contador-Partidor dedicado a lograr el equilibrio buscado, pues ello supone una composición de las disputas que surgieron durante el período negocial entre los cónyuges, y que en el pleito se han querido suscitar de nuevo, tras ese acuerdo vinculante (aplicación de la doctrina del “venire contra proprium factum”) y dado que, en definitiva, la valoración de los bienes, no es preciso que sea exacta matemáticamente hablando, sino aproximada, conforme al art. 1061 CC ( SS. Del T.S. de 13 de junio de 1970  y 6 de octubre de 2000),  es decir, “según las circunstancias del caso”.

QUINTO.- Al no prosperar los cuatro motivos anteriores quedan definitivamente fijados los hechos de la instancia y por tanto deja de ser necesario el examen del resto de los que fueron sometidos a la consideración de la Sala, lo que habrá de conllevar la desestimación del recurso en la forma que se dirá.

SEXTO.- De conformidad con el art.  398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de casación deben imponerse las costas a la parte vencida. La razón de la condena en costas radica en el daño producido a la parte contraria al obligarle a seguir un proceso, con los gastos que ello comporta, sin razón jurídica para el mantenimiento de lo pretendido, pero el art. 394 de la ley procesal contempla la posibilidad de la no imposición de las costas cuando el caso presente serias dudas de hecho o de derecho. En el caso que nos ocupa no hay dudas de derecho en el aspecto procesal, pero sin embargo la Sala entiende que existen dudas de hecho que mueven a la no imposición de costas.

DESESTIMAMOS  el presente recurso de casación  interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Bañeres Trueba en nombre y representación de Dª. Marcela Mabel S. M. contra la sentencia dictada en apelación por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en fecha 20 de marzo de 2006, debemos confirmar y confirmamos los pronunciamientos de dicha resolución, sin imposición de costas.Devuélvanse las actuaciones a la referida Sección de la Audiencia Provincial, juntamente con testimonio de la presente resolución, debiendo acusar recibo.Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.   

Para citar este artículo :

. «S E N T E N C I A TSJA, 20 octubre 2006», núm. 3 (2006), Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=366