núm. 3 (2006)

Tipo de documento: Artículo
Jesús Delgado Echeverría

Antecedentes y Proyectos del Apéndice de 1925

El Derecho civil aragonés en la Codificación española

La Compilación del Derecho civil de Aragón aprobada en 1967 ha estado vigente hasta abril de 1999 casi en su totalidad. Ahora que la Ley de Sucesiones por causa de muerte (Ley 1/1999, de 24 de febrero) inicia una nueva etapa con el declarado propósito de reformular el Derecho civil de Aragón en un nuevo Cuerpo legal, es buen momento para echar la vista atrás y reflexionar sobre el camino recorrido en la redacción de leyes civiles aragonesas en la Edad contemporánea. En primer término, para profundizar en el conocimiento de la cultura jurídica específicamente aragonesa; pero también, dado el papel central que el foralismo aragonés ha tenido en algunos momentos, para mejor comprender la historia de los Derechos civiles "forales o especiales" en sus relaciones con el Código civil. Sin esa historia, las actuales competencias legislativas autonómicas serían incomprensibles.

Salvo en Aragón, las leyes que en cada territorio foral recogieron por vez primera, en la edad contemporánea, su Derecho civil propio son todas posteriores a la guerra civil y al Congreso Nacional de Derecho civil celebrado, significativamente, en Zaragoza en 1946. La primera Compilación, la del Derecho vizcaíno, apareció en 1959: sesenta y un años después de que la Ley de Bases del Código civil (1888) prescribiera en su artículo 6º que "el Gobierno, oyendo a la Comisión de Códigos, presentará a las Cortes, en uno o en varios proyectos de ley, los apéndices del Código civil, en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen". En los demás territorios el proceso se retrasa aún más (Cataluña, 1960; Baleares, 1961; Galicia, 1963) hasta llegar a la Compilación navarra de 1973, muy cerca ya de importantes cambios en la configuración global del Derecho civil español, primero por la reforma del Título Preliminar del Código civil del mismo año 1973 y luego, mucho más profundamente, por la Constitución de 1978.

Bien puede decirse que, salvo en Aragón, las previsiones de la Ley de Bases de 1888 sobre legislación mediante "apéndices" al Código en materia de Derechos forales quedaron incumplidas. Las Compilaciones de sesenta y setenta años más tarde eran ya otra cosa. Su relación con la ideología codificadora y el reconocimiento del monopolio legislativo del Estado era cuanto menos ambigua, y de clara contradicción en el caso navarro. Bastará señalar aquí un sólo rasgo: ninguna de estas Compilaciones deroga el Derecho anterior. No contienen disposición derogatoria, sino que, entre las finales, incluyen una por la cual las disposiciones del Derecho anterior (Fuero de Vizcaya, Constitucions i altres drets…) "quedan sustituidas" por las disposiciones de la Compilación. La Compilación navarra es el caso extremo. La Ley estatal correspondiente (que se quiso fuera "ley de prerrogativa") consta de un único artículo en el que "se reconoce como vigente el Derecho civil de Navarra recogido en el texto que a continuación se transcribe, que queda aprobado y entrará a regir como Compilación del Derecho civil de Navarra": las 596 leyes de la Compilación (se rechaza incluso la técnica de división en artículos) no forman parte de la Ley promulgada, que no tiene otra función que "reconocerlas como vigentes".

En Aragón las cosas fueron de otro modo. Tras el Código, todas las regiones habían iniciado aparentemente el mismo camino, pero sólo Aragón puso los medios para llegar a resultados acordes con el punto de partida dentro del marco de la codificación. No es el caso ahora de lamentarlo o celebrarlo. Quizás la Compilación de 1967 pudo haber abarcado más materias si no se hubiera renunciado a ellas en 1925; acaso, por el contrario, sin el Apéndice hubiera quedado en los años sesenta menos Derecho aragonés susceptible de compilación, desmochado por la jurisprudencia unificadora y el desapego creciente de la Universidad y la abogacía zaragozanas. El hecho es que hubo "Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón", aprobado por Decreto de 7 de diciembre de 1925, que entró en vigor, por previsión expresa, el 2 de enero de 1926.

Este "Apéndice" es el texto final de los que se publican en el presente volumen. El único de ellos que rigió como ley (primero por el Decreto de la Dictadura antes citado, luego ratificado con fuerza de ley, con otros muchos, por la República, en su Ley de 30 diciembre 1931), conformando la vida jurídica civil aragonesa durante más de cuarenta años. Pero no es de la aplicación del Apéndice de lo que hemos de ocuparnos aquí1, sino de los antecedentes próximos y remotos de su formación. Los antecedentes remotos (Conclusiones del Congreso de Jurisconsultos, Memoria y Adición de Franco y López, Proyecto de 1899) y el precedente próximo (Proyecto de 1904) pueden considerarse expresión de los deseos aragoneses. El Apéndice (con su Proyecto de 1923), la magra, enteca y tardía respuesta que desde Madrid se da a estos deseos.

Dada la evidente desproporción entre las propuestas aragonesas de codificación civil y su fruto en la Gaceta de Madrid en forma de "Apéndice", el Apéndice de 1925 recibió una acogida muy desfavorable en los medios jurídicos aragoneses. Como escribió Moneva, "se hizo más vehemente entre los letrados aragoneses el deseo de corregir yerros del Apéndice que lo había sido el de verlo publicado"2. De hecho, tan pronto como se pudo (y esto fue en 1935) se consiguió formar una Comisión "de Abogados y Jurisconsultos aragoneses" para la revisión del Apéndice (O. M. 15 junio 1935), en la que inmediatamente se redactó una "Ponencia Preparatoria" (obra de Sancho Seral, De la Fuente Pertegaz, Ortega San Iñigo, Palá Mediano y Castán Tobeñas, discutida en sesión de 21 de julio de 1935) que comienza con un "juicio crítico sobre el Apéndice vigente". Según esta "Ponencia", fundamental para la posterior historia legislativa (pues fue asumida en 1944 como base para la redacción de la que acabó siendo la Compilación de 1967), son "los defectos mayores del Apéndice, juzgando en general, la falta de sistematización y la obscuridad de su estilo", así como, señaladamente, su tratamiento del problema de las fuentes. Pero no dejaba la Ponencia de reconocer el efecto positivo que su promulgación produjo en la práctica: "Con todos sus defectos el Apéndice vino a remediar la perturbación causada en la vida jurídica aragonesa por los Tribunales y aún por los profesionales del Derecho aragonés, que olvidaban frecuentemente las peculiaridades del Derecho aragonés, aplicando cómodamente preceptos de la llamada legislación común"3.

La Exposición de Motivos del Apéndice (formalmente, exposición dirigida por el Ministro de Gracia y Justicia don Galo Ponte Escartín al someter su texto a la aprobación de Alfonso XIII) señala los antecedentes del mismo mencionando el Decreto de 2 de febrero de 1880, la Memoria de Luis Franco y López fechada el 31 de diciembre del mismo año, el Congreso de Jurisconsultos aragoneses reunido entre noviembre de 1880 y abril de 1881, el "Proyecto Ripollés" y el elaborado por una comisión formada según Decretos de 17 y 24 de abril de 1899 (y publicado en 1904). A este último, en otro lugar de la Exposición, con palabras de Antonio Maura se le califica de "el más valioso antecedente, verdadera base del adjunto proyecto". En términos generales, son apreciaciones correctas (lo que no cabe admitir sin reparos de otras afirmaciones de mayor enjundia jurídica y política contenidas en la misma Exposición). Sería inadecuado -e inútil- buscar antecedentes significativos anteriores a los citados. Un "apéndice" es, según la Academia, "cosa adjunta o añadida a otra, de la cual es como parte accesoria o dependiente": la "cosa principal" a la que el Apéndice vino a ser añadido en 1925 es el Código civil, cuya publicación se ordenó el 6 de octubre de 1888. El Decreto de 2 de febrero de 1880 puso en marcha el procedimiento que culminó con la aprobación de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 (por la que se autoriza al Gobierno para publicar un Código civil), Ley de Bases de la que formalmente trae causa el Apéndice. A 1880, por tanto, hemos de remontarnos.

Los Jurisconsultos aragoneses, reunidos en Congreso hace ya más de un siglo, se comprometieron a formular un Código del Derecho civil de Aragón cuando todavía no se había alcanzado en España un Código civil. Caso único en el conjunto de los que entonces se llamaban "Derechos forales", que pone en evidencia una identificación mayoritaria con la ideología codificadora y explica, luego, una actitud ante el Código civil español sustancialmente aprobatoria.

El impulso para el Congreso de Jurisconsultos aragoneses que se reunió en Zaragoza entre el 4 de noviembre de 1880 y el 7 de abril de 1881 proviene de Gil Berges, a la sazón Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza.  En unas breves páginas (un prólogo fechado en diciembre de 1879) proclama este importante político republicano (había sido Ministro de Gracia y Justicia en la Primera República) la necesidad de la codificación civil en España. Según sus palabras, "de no dar solución al problema, seguiráse señalándonos como un anacronismo del siglo XIX. El estado actual es absolutamente insostenible"). Lo que quería era,  precisamente, una codificación unificadora, pues su propuesta la entiende como "un adelanto efectivo, un paso directo hacia el definitivo cumplimiento de la promesa de que unas mismas leyes rijan para todos los españoles" (cursiva del autor).

Ahora bien, si la promulgación de un Código civil español sigue retrasándose, los aragoneses deben tomar la iniciativa de formar un Código civil aragonés: un verdadero Código, "Cuerpo legal completo, ordenado y metódico", formado por, a) de una parte, todos los artículos del Proyecto de 1851 que, cualquiera que sea su procedencia, no lesionen la esencia y nervio del Derecho foral; b) sustituyendo los contradictorios con éste por las disposiciones que constituyen la legislación civil aragonesa, "expurgadas de resabios y rancideces de la edad media, rectificadas en sus extravíos, fijadas en los puntos controvertibles, innovadas en lo necesario y con tendencia a un fin nacional". Naturalmente, ello supone la derogación de los Fueros y Observancias, pues, desde su promulgación, el Código aragonés, aunque limitado en el espacio, habría de ser un verdadero código en la tradición ilustrada y revolucionaria.

El Congreso de Jurisconsultos aragoneses fue convocado para realizar esta tarea de codificación del Derecho aragonés propuesta por Gil Berges (quien presidió la Comisión organizadora y, luego, el Congreso mismo).

Pero el Decreto de 2 de febrero de 1880 vino a condicionar aquellos propósitos. En él Alvarez Bugallal, ministro de Gracia y Justicia (conservador) previene a la Comisión de Códigos que emprenda inmediatamente la obra de la codificación civil, tomando por base el proyecto de 1851, y la deje ultimada en el término de un año. Propone una «transacción generosa» en la cuestión foral, a cuyo objeto nombra como miembros correspondientes de la Comisión un letrado de reputación por su ciencia y práctica por cada uno de los territorios forales, a fin de, con su cooperación, regular en el proyecto de Código «todas las instituciones forales que pudieran extenderse al país entero, dejando fuera, para ser objeto de leyes especial, las verdaderamente irreductibles». Tales representantes debían redactar sendas «Memorias sobre las instituciones civiles que, por su vital importancia, fuera conveniente conservar en dichas regiones», para incluirlas, como excepciones, en el Código general. Tales Memorias fueron, en efecto, redactadas y publicadas.

Para elaborar la correspondientes al Derecho aragonés el ministro nombra vocal correspondiente de la Comisión General de Codificación a su correligionario Luis Franco y López, abogado y hombre público de notabilísimo prestigio e indudable competencia. Para cuando el Congreso concluye, Luis Franco ya había presentado en Madrid su Memoria (de la que luego habremos de ocuparnos), que fecha en 31 de diciembre de 1880.

La marcha de los trabajos en la Comisión de Codificación, que ahora, en 1881, sí que parece por fin que culminarán con la aprobación de un Código civil español (de hecho, se promulgó en 1888), conduce por vías nuevas a la vez que impone un marco preciso a toda iniciativa codificadora específicamente aragonesa. Creo que esta es suficiente explicación de por qué un acuerdo fundamental del Congreso, el adoptado el día 7 de abril de 1881 por el que se constituye una Comisión codificadora, compuesta por dieciséis jurisconsultos (que se nombran) para que redacten un Proyecto de Código civil Aragonés, nunca se llevó a efecto en sus propios términos. Como han aclarado Morales y Bellido4, al dar noticia de las Actas de aquel Congreso y otros documentos por ellos encontrados en relación con el mismo, las sesiones no se clausuraron, sino que al final del acta de la última sesión celebrada (la de 7 de abril) se hace constar los siguiente:

"No habiendo asunto alguno que tratar, se levantó la Sesión, decidiéndose avisar por citación especial a los Señores Jurisconsultos, para cuando el Congreso reanudase sus tareas, para aprobar el Código Civil Aragonés que en el plazo indicado redactará la comisión nombrada al efecto".

El "plazo indicado" era de seis meses. La Comisión llegó a constituirse y es interesante dejar aquí constancia de sus dieciséis componentes: J. Gil Berges (Presidente), J. Martón (Vicepresidente), E. de la Peña (Secretario Primero), Ricardo Sasera (Secretario Segundo), Guillén, Espondaburu, Casajús, Sala, Aybar, Naval, Canales, Penén, Ximénez de Zenarbe, Isabal, Santapau y Ripollés. A buena parte de ellos los veremos aparecer más de una vez en la continuación de esta historia, como miembros de sucesivas Comisiones. Pero ésta, la del Congreso, no dio cumplimiento en encargo recibido. No parece que lo intentara.

Quizás entendió que era paso previo necesario la recopilación de las costumbres jurídicas, interpretando así una resolución del Congreso, para lo que acordó en sesión de 10 de noviembre de 1881 "dirigir una circular a los compañeros de los partidos judiciales, a fin de que transmitan a la Comisión Codificadora una relación de las costumbres jurídicas que en sus respectivos territorios existan". Este intento tampoco tuvo mucho éxito: respondieron los abogados de dos partidos judiciales (Sos y Albarracín), y sólo con el silencio los de los otros veintinueve5.

Pero, sobre todo, el paso del tiempo hacía prever como inmediata la promulgación de un Código civil español y dejaba menos espacio para un Código aragonés, que acabaría buscando su acomodo en la Ley de Bases de aquél, como un "apéndice" suyo. Es significativa la diferente manera de encarar el Código aragonés en los acuerdos al respecto de 18 de noviembre de 1880 y en el que, el 7 de abril de 1881, formula el mandato a la Comisión Compiladora.

Los acuerdos de 18 de noviembre de 1880,  sobre el tema primero, fueron los siguientes:

"1º Es oportuna la codificación del derecho civil foral vigente en Aragón. 2º No solo es oportuna, sino también conveniente, la codificación del Derecho foral vigente en Aragón. 3º Al hacerse la codificación del Derecho civil aragonés, deben aceptarse las reformas y supresiones aconsejadas por la experiencia. 4º Hecho el Código civil aragonés, deberá solicitarse que sea desde luego promulgado como ley de Aragón, y que rija mientras no se publique el Código general civil de España. 5º Si llega a formularse un proyecto de Código general civil de España, deberá solicitarse que se incluyan en él las instituciones fundamentales del Derecho civil aragonés como Derecho general de España o como Derecho particular de Aragón. 6º Después de formado el Código civil aragonés, deberá acudirse al Derecho general para suplir sus deficiencias."

En los acuerdos de la última sesión (7 de abril de 1881) el Código civil aragonés se entiende necesariamente limitado a "todo el derecho civil especial de Aragón que debe quedar vigente como excepción del derecho común de España". "Especial", "excepción" y "derecho común de España" son conceptos clave en este texto, y lo serán en efecto en los siguientes cien años. Pero, ¿es verdadero Código el que así constriñe su contenido y se constituye en especial respecto de un derecho común?

Costa plantea así el dilema: "¿Cuál había de ser el resultado de los trabajos y deliberaciones del Congreso? ¿Un código o una compilación? La Sección 1ª -explica de seguido- se resolvió por lo primero"6, pero el Congreso se apartó de su dictamen, el menos en un punto clave: el Código aragonés no había de ser completo, sino necesitado de un Derecho supletorio, en cuyo concepto se tiene al castellano. Ahora bien, lo acordado no puede entenderse tampoco como mera compilación del Derecho preexistente (como propuso Naval, contrario a la elaboración de un Código, al publicar poco después una compilación del "Derecho foral vigente")7. El énfasis en las necesarias supresiones, innovaciones y reformas, así como en el orden y el método (ya que no en el carácter completo de la obra) sitúan la empresa en el terreno de la codificación. Es significativo que los juristas aragoneses siguieran reivindicando el nombre de código para la obra legislativa proyectada, al menos en los veinticinco años siguientes, como veremos.

Los acuerdos adoptados en el Congreso, respuesta al cuidadoso cuestionario previo circulado a los congresistas, acuerdos tomados tras formales deliberaciones y mediante votación reglamentaria, sirvieron de guía en todos los trabajos legislativos posteriores, señaladamente en los conducentes al Proyecto de 1899.

Los acuerdos o conclusiones tienen la finalidad de fijar el sentido general de los preceptos que la Comisión Codificadora habría de redactar para el Código Civil Aragonés, a la manera de "bases" para su desarrollo en el texto articulado. Contienen, por tanto, sustanciales y conscientes propuestas de modificación del Derecho aragonés entonces vigente, algunas de ellas acordes con los puntos de vista que habían triunfado en el Código civil francés y que se recogían en el Proyecto de 1851, más como consecuencia de la ideología liberal codificadora compartida por los congresistas que con la finalidad específica de acercamiento al Derecho castellano o de facilitar la formación de un Código civil español único. Da la impresión de que son las normas que se pretenden modificar legislando para el futuro (objeto previsible de mayores desacuerdos) las que, por ello mismo, ocupan mayor espacio en las conclusiones.

Algunas de las propuestas innovadoras entraron luego en el Derecho vigente y hoy las vemos como cosa ordinaria.  Así la fijación de la mayoría de edad a los veinte años (en los fueros, a los catorce), "salvo lo vigente y dispuesto en los fueros de 1564 y 1585" (cap. I, tema II); la extensión de la viudedad a todos los bienes muebles o inmuebles (entonces recaía únicamente sobre estos últimos), pero también la limitación de la misma para "la mujer que case con viudo y el hombre que case con viuda que tengan hijos" y la posible incautación de los bienes usufructuados ante ciertos incumplimientos del viudo (cap. III, temas I). A propuesta de Costa, el Congreso se pronuncia sobre la introducción en el Código civil aragonés del "Consejo de Familia", "teniendo en cuenta, como precedentes para completarlo y sistematizarlo, el consejo doméstico de la costumbre altoaragonesa": claro antecedente de la Junta de Parientes de la Compilación. Tampoco la clara expresión de que "no debe permitirse que el marido disponga de clase alguna de bienes sitios de la sociedad conyugal, si no consiente su mujer", difícilmente fundada, en sus propios términos, en el Derecho tradicional, nos llama hoy la atención.

Pero quizás sean más y de gran alcance las propuestas de supresión o de modificación radical. En el régimen económico matrimonial, no se aceptan las aventajas (salvo expresamente pactadas: cap. II, tema X), ni la sociedad conyugal continuada (cap. III, tema III), ni los muebles habrían de ser comunes, salvo pacto (cap. II, tema IX). En otros temas, se rechaza el consorcio o fideicomiso foral (del que "debe prescindirse": cap. V, tema III) o el retracto gentilicio: "este medio de rescisión de la venta de ciertos bienes inmuebles, debe proscribirse" (cap. V, tema III).

Más notable la propuesta de supresión, en sustancia, de los pactos sucesorios, puesto que aun incluidos en capitulaciones matrimoniales "tendrán carácter de revocables los que establezcan los contrayentes sobre sucesiones y disposiciones de sus bienes para después de su muerte" (cap. II, tema II), mientras que las donaciones entre cónyuges, si bien permitidas "serán siempre revocables a voluntad del donante" (cap. II, tema V). Se mantiene el testamento mancomunado (la cuestión era si debían "conservarse los testamentos mutuos o recíprocos, y los conjuntos, vulgarmente llamados de hermandad), pero entendido meramente como "facultad de testar en un solo acto marido y mujer, disponiendo cada uno de sus respectivos bienes", de manera que "no debe conservarse el testamento en que marido y mujer en un solo acto se instituyen recíprocamente herederos", y en ningún caso puede conseguirle la irrevocabilidad, respecto de lo que se recuerda el "principio general ambulatoria est voluntas hominis usque ad mortem" (cap. IV, tema III). Expresamente manifiestan que "debe condenarse por antiforal … la práctica seguida por algunos testadores de que, teniendo hijos, instituyen heredero al cónyuge, siquiera tal institución sea hecha con obligación de distribuir a su muerte los bienes entre los hijos" (cap. IV, tema V).

En algunos de estos últimos temas, el consenso debía de ser entonces muy amplio, pues planteamientos similares se advierten en la Memoria de Luis Franco y López; aunque luego es obvio que la historia ha ido por otros caminos.  En todo caso, debe repetirse que el Congreso no pretendía la compilación, la fijación, la conservación o el estudio del Derecho entonces vigente, sino trazar criterios de política legislativa para un inmediato Código civil aragonés. Las intervenciones de los juristas aragoneses en las sesiones del Congreso, expresión de su notable conocimiento teórico y práctico del Derecho entonces aplicable, son mucho más ricas de lo que la lectura de los textos votados como conclusiones puede hacer suponer.

De momento, sigue siendo la obra de Costa la mejor fuente para el conocimiento de los debates, mientras Morales y Bellido no den a la imprenta las Actas del Congreso por ellos encontradas y transcritas. Las conclusiones, aunque están impresas en varios lugares (el de más fácil consulta, la citada obra de Costa), parece convenientes publicarlas aquí de nuevo, como se hace en forma de Anexo a este Estudio Preliminar.

Cuando D. Luis Franco y López es nombrado vocal correspondiente de la Comisión de Codificación y recibe el encargo de elaborar una Memoria sobre las instituciones del Derecho civil aragonés, el Barón de Mora tiene sesenta y dos años y un prestigio social, político y jurídico de primera magnitud. De familia noble, abogado desde que se licenció en Derecho en la Facultad de Zaragoza, con uno de los despachos profesionales más boyantes. En la vida política, dirigente del partido conservador, Diputado a Cortes, senador electivo varias veces (luego lo fue vitalicio), había sido Alcalde de Zaragoza incidentalmente en 1843 y luego cuatro veces más, la última en 1875, además de Diputado Provincial y Presidente de la Diputación, así como Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, entre otros cargos. Más tarde sería presidente de la Real Academia Jurídico Práctica Aragonesa (1884-86) y Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (1890-92). En resumen, en términos de la época, todo un prócer.

De su conocimiento del Derecho aragonés había dado temprana muestra al publicar en 1841, junto con su coetáneo y amigo Felipe Guillén y Carabantes, unas Instituciones de Derecho aragonés, compendio único en castellano -el anterior en el tiempo es el Tyrocinium de Lissa, de 1788, en latín-, tan buscado luego cuando ya agotada la edición que, al parecer, fue objeto de plagio. Moneva -que da esta última noticia- lo encomia señalando que "de él hemos aprendido el Derecho civil nuestro los juristas aragoneses de tres generaciones"8. Su dominio creciente del Derecho aragonés, que le llevó a señalar mucho más tarde algunas deficiencias de aquellas Instituciones, no lo fue sólo en lo preciso para su aplicación práctica, sino también en la historia y la erudición. En la "Memoria" que nos ocupa da buena muestra de la amplitud y variedad de sus intereses intelectuales en el campo del Derecho, y aun fuera de él9. Las citas de juristas, aragoneses -aunque ninguno coetáneo-, españoles y extranjeros, numerosas y variadas; pero también de Tácito, Herber Spencer, Fermín Caballero, Le Play, Balmes y el Génesis. Hace referencia al manuscrito del "Vidal Mayor" que poseía -no sabemos por qué título- y que sus descendientes vendieron, en términos tales que muestran que lo había leído y estudiado y apreciaba su valor histórico y artístico (véase la interesante nota de la pág. 33 de la "Memoria").

El encargo recibido por Luis Franco -como los demás letrados por Cataluña, Navarra, provincias Vascongadas, islas Baleares y Galicia- consistía en redactar "en término de seis meses, una Memoria acerca de los principios e instituciones de Derecho foral que, por su vital importancia, fuese, a su juicio, indispensable introducir como excepción para las respectivas provincias en el Código general, y también de aquellos que por innecesarios o desusados pudiera y debiera prescindirse, concluyendo por formular su pensamiento en artículos"10.

Luis Franco cumple el encargo en sus propios términos, convencido al parecer de la bondad de la vía iniciada, con actitud muy diferente en esto a la reacción de Durán y Bas expresada en su "Memoria", única de las de aquella coyuntura que puede compararse con la de Franco en amplitud y profundidad.

Un sesgo, con todo, puede advertirse en la Memoria de Luis Franco, y es el mayor énfasis que pone en las reformas a su juicio necesarias en el Derecho aragonés. Se comporta con el Derecho aragonés con libertad similar a la usada por sus colegas de la Comisión de Codificación con el Derecho castellano al insertarlo en el Código civil. Es significativo el título que antepone al texto articulado (pág. 165): "Instituciones del Derecho civil vigente en Aragón que deben quedar subsistentes con las reformas y adiciones que es conveniente establecer". La primera parte del título procede del Decreto de 2 febrero 1880, pero el final es propio de Franco, que en la primera línea del prólogo denomina al Proyecto, simplemente, "de reformas de nuestro Derecho foral".

Un planteamiento, por tanto, que permite calificar al suyo de "Proyecto de Apéndice" al Código civil español avant-la-lettre; planteamiento que acaso puede hacerse concordar en lo esencial con las intenciones del Congreso de Jurisconsultos, una vez descartada la posibilidad de un Código aragonés completo, anterior en el tiempo al general. Franco evita en la Memoria la denominación "Código civil aragonés". De acuerdo con el Decreto de 2 de febrero de 1880, al que obedece su Memoria, los preceptos aragoneses se incluirían -como excepción- en el "Código general", que habría de tener un contenido transaccional y acaso una estructura plural que diera cabida a todos los Derechos civiles españoles11. Esta idea es ya desechada en el proyecto de Ley de Bases presentado por Alonso Martínez, que reenvía al futuro la elaboración de un "proyecto de ley especial".

La actitud transaccional y de conciliación de Franco para facilitar la aprobación del Código es patente y él mismo la pone repetidamente de relieve, a la vez que encomia la "bondad, tolerancia y deseo de conciliación entre las legislaciones españolas" con que los miembros de la Comisión de Codificación han atendido a sus palabras en las sesiones de la misma (vid. pág. 6 del prólogo y 9 y stes.), enumerando algunas instituciones que, en su opinión, se han aceptado en el Código procedentes del Derecho aragonés, aunque -ha de reconocer- en una forma muy diferente y mucho más tenue: la viudedad, convertida en legítima del viudo; la libertad de testar disponiendo entre los hijos, al ampliarse al tercio la parte de libre disposición y la troncalidad, en la forma de la reserva del art. 811 del Código.

La primera parte de la Memoria está dedicada a una presentación y defensa encomiástica del Derecho aragonés (con referencias también al público, que supone mejor conocido fuera de Aragón), cuyo tono y alcance general queda bien representado por el siguiente párrafo: "Pero no sólo es digna de estudio y de justos elogios la legislación civil aragonesa por haber sido muy superior a la época en que fue establecida, por haberse adelantado en no pocos siglos, respecto de muchas instituciones, a las naciones que creen hallarse a la cabeza del progreso moderno, por su notable originalidad, por la filosofía y profundidad de casi todas sus disposiciones, y por el espíritu de igualdad y de libertad que les sirve de base, sino por lo que es, si cabe, más importante y de más utilidad práctica, por su grandísima sencillez, por el corto número de sus preceptos, y por haberse conseguido con ello lo que sus autores se propusieron, -el dar muy poca ocasión a litigios" (págs. 34-35). No todos los datos históricos plasmados en la Memoria pueden ser hoy admitidos, aunque es notable su información y erudición, especialmente reflejada en las notas (por ejemplo, la noticia que en la de la pág. 14 da sobre un manuscrito del Marqués del Risco merecería ser explorada). Algunas de sus valoraciones corresponden evidentemente a una época que no es la nuestra, y el tono retórico puede hoy parecer algo forzado. Pero su información y el nervio de su argumentación siguen manteniendo interés para nosotros.

La parte segunda, sobre las "instituciones más importantes y peculiares de la legislación aragonesa" (págs. 41-103), es posiblemente la más original. En realidad, sólo se ocupa de dos instituciones, la viudedad y la libertad de testar, sobre las que opina de forma muy libre y personal al señalar sus fundamentos y las  razones para mantenerlas a todo trance, pero también las importantes reformas que para el futuro propone. La viudedad, en Aragón, tendría como causa "el haber llevado los aragoneses su consideración y hasta respeto a la mujer a un grado a que no creo se haya llevado en otro país"; idea que desarrolla con curiosas citas que incluyen unas "slocas del Manava-Dharma-Sastra" indio y otras que hoy no pueden sino suscitar la sonrisa una vez repuestos de la sorpresa. Mayor consistencia tienen sus referencias a la estabilidad y continuidad de la familia ("familia foral" frente a "familia castellana" es el leitmotiv de la monografía de Moret y Silvela, que Franco cita varias veces) y el análisis de las relaciones personales y patrimoniales entre el viudo y sus hijos herederos. También merecen atención los remedios que cree convenientes ante las objeciones de tipo económico que suelen hacerse al usufructo vidual, o respecto de segundas nupcias, frente a las que muestra gran desconfianza (en especial, al papel de las madrastras).

En cuanto a la libertad de testar, la que defiende es "la limitada y muy racional que en Aragón existe" (pág. 93), "que solo es absoluta y completa cuando el testador no deja descendientes". Dedica, sin embargo, más de veinte densas páginas al debate general sobre la cuestión en el último tercio de siglo, trayendo la cita de autores españoles de la época con exclusión de los aragoneses, pues dice haberse propuesto "no invocar para la defensa de la libertad de testar la autoridad de los hijos de este antiguo Reino" (págs. 72 y 80). Así, comparecen Fermín Caballero, Cadafalch, los juristas que en Congreso de 1860 votaron a favor de la libérrima facultad del testador (Nocedal, González Bravo, Permanyer, Silvela, Figuerola, Moraita), Moret y Silvela, Candido Nocedal, Juan de la Concha Castañeda y José García Barzanallana. Tras este repaso al "estado de la cuestión" en el terreno de los principios, expone en pocas páginas el sistema aragonés vigente, advirtiendo que no está en modo alguno fundada la opinión de quienes entienden que el padre puede disponer libremente a favor de personas extrañas sin más que dejar a cada uno de los hijos los diez sueldos jaqueses "que por fórmula se les señalan en la generalidad de los testamentos, y a que malamente se ha  dado por algunos el nombre de legítima foral". Por cierto, afirma (pág. 93) que los diez sueldos jaqueses equivalen a dos pesetas y cuarenta céntimos, como cosa sabida y sin indicar la base para este cálculo.

En realidad, su convencimiento sobre las ventajas del sistema aragonés de libertad de testar entre los hijos parece bastante limitado. Interpreta las normas forales sin tener en cuenta o rechazando la práctica que amplía esta libertad y acepta, por el contrario, la doctrina de la Audiencia que acordaba un suplemento de legítima al hijo que entendía insuficientemente favorecido. Sobre todo, puesto a proponer reformas, son estas de importancia, como veremos. En definitiva, el sistema que íntimamente le satisface no está basado en el Derecho aragonés ni en ninguno en particular, sino que responde a una idea de principio que, si bien sugestiva, no parece fácil de llevar a la práctica. Lo expone en las págs. 96 a 102 como el más justo y como posible regulación para todos los españoles, que podría armonizar o hacer compatibles los sistemas de las legítimas y de la absoluta libertad de testar. El quid consistiría en distinguir entre los bienes heredados por el causante ("bienes patrimoniales") y los adquiridos por su trabajo o industria: sobre los primeros, quien dejase ascendientes o descendientes solo podría disponer de muy pequeña parte a favor de extraños, mientras que sobre los industriales la libertad no tendría otra restricción que la alimentación de los hijos menores o impedidos para ganarse su subsistencia.

Junto a este sistema, el Proyecto articulado contiene alternativamente otros dos, uno más cercano al aragonés y otro inspirado en el catalán. Esta sorprendente actitud perpleja quizás tenga que ver con la diversidad de concepciones sobre la libertad de testar que se observa en las distintas comarcas de Aragón desde al menos el siglo xiii; pero, sobre todo, responde a la disposición mental de legislador racional, codificador, dispuesto sí a tener en cuenta el Derecho histórico, pero cribado por el cedazo de los principios filosóficos universales. Quizás sea esta la materia en que Franco y López se muestra más alejado a la idea de una compilación del Derecho histórico.

Estos mismos criterios racionales, unidos a la voluntad de favorecer la unificación del Derecho civil, le llevan a prescindir de varias instituciones o preceptos aragoneses de cuya vigencia en el momento no duda. En algunos casos, porque le parece ventajoso suprimirlos, como podrían ser las normas sobre la firma de dote, caída en desuso, las aventajas forales o las concernientes a hijos ilegítimos y adoptivos, a los ausentes, a la ocupación y accesión, los legados, los censos, o varias relativas a las tutelas y servidumbres. En particular, en el consorcio o fideicomiso foral no encuentra "ventajas que sean suficientes a compensar los inconvenientes que para la libre disposición de la propiedad tiene que producir la prohibición de disponer cada consorte o condueño de la parte que en una cosa indivisa legítimamente le pertenece". Además, se prescindiría de todos los preceptos relativos a prescripción y, en general, los concernientes a donaciones y contratos (salvo en relación con la sociedad conyugal). Sobre esto, en definitiva, "siendo tan frecuentes por fortuna en la época actual, las relaciones mercantiles y de toda especie que existen entre los habitantes de unas y otras provincias de la Monarquía, no puede desconocerse la inmensa ventaja que para todos ellos ha de producir el hallarse sujetas a unas mismas reglas las convenciones que entre unos y otros se celebren" (pág. 104). Ideas que reitera al final de la Memoria (págs. 162-163), donde recalca su "desapasionamiento" y su "deseo de llegar a la unificación de la legislación civil española en todo cuanto sea dable", razón por la cual nada ha dicho "de una porción muy considerable de materias de que nuestro Derecho especial se ocupa, y no seguramente con poco acierto, cuales son varias de las relativas a tutelas, ausentes, servidumbres, prescripciones, donaciones, legados, convenciones, etc.".

La parte final de la Memoria (desde la pág. 107) es una Exposición de Motivos del texto articulado del Proyecto, siguiendo el orden de éste. Un orden que trata de acomodarse al previsible del Código civil, con advertencia expresa de que "tanto el orden y numeración de los títulos de estas Instituciones especiales, como sus epígrafes, se subordinarán a los que se adopten en el Código general, a fin de que correspondan a los que les sean correlativos del mismo, como sus apéndices modificatorios o derogatorios por lo respectivo a Aragón" (pág. 273).

Los 210 artículos del Proyecto están distribuidos en un título preliminar y cuatro libros que, aun careciendo de epígrafes, pueden entenderse dedicados, el I al Derecho de la persona (menor edad, patria potestad y tutela), el II a la propiedad y los derechos reales (posesión, servidumbres legales), el III a las sucesiones, el más amplio de todos, seguido por el IV, obligaciones y contratos, que contiene casi exclusivamente el régimen económico familiar.

Es notable la existencia misma de un Título Preliminar, cuyo art. 1º presenta las "disposiciones comprendidas en las Instituciones civil de Aragón" como constitutivas de su "Código especial". Como supletorio para lo que no se halle expresamente establecido en éste se remite al "Código civil de España" (art. 10). Los artículos intermedios, del 2 al 7, se ocupan de lo que hoy llamamos "Derecho interregional privado"; del mismo modo que los arts. 11-14, ya en el Libro Primero, están dedicados a determinar quiénes son aragoneses. Los arts. 8 y 9 tratan, respectivamente, de la inteligencia del Standum est chartae como norma interpretativa del texto legal y de la costumbre. Todo lo cual hace ver que la propuesta de Franco excede con mucho el marco que, luego, la Ley de Bases de 1888 y el Título Preliminar del Código pretendieron, según la interpretación dominante, imponer al ámbito de la posible normación de los Derecho forales. Todos los Proyectos aragoneses posteriores, ya publicado el Código, continuarían y profundizarían esta línea, que desemboca en el Título Preliminar de la Compilación de 1967.

Hagamos ahora algunas observaciones de diverso alcance sobre el Proyecto, siguiendo el orden de su articulado.

No opone reserva alguna a la expresión "patria potestad", para la que construye una regulación basada en el Proyecto de 1851 y en la Ley de Matrimonio civil de 1870 que reconoce a su titular (el padre; subsidiariamente a la madre) incluso el usufructo de los bienes adquiridos por los hijos.

Al Consejo doméstico o de familia presta particular atención, no sólo en sede de tutela, sino también como órgano de fiducia o tribunal doméstico en las sucesiones (arts. 104, 105, 130, 134 y 144).

Respecto de las servidumbre legales (tema único, con dos artículos sobre posesión, del breve libro II), atiende no sólo a la de luces y vistas, sino también a la de paso y las de azud o presa.

En la sucesión testamentaria no hay muchas sorpresas, pero sí una mayúscula, cuando en el art. 62, si bien se admite la posibilidad de que los cónyuges otorguen testamento en el mismo instrumento o acto, se determina que en este caso "no podrán instituirse herederos ni hacerse manda alguna el uno al otro. Empero podrán facultarse recíprocamente para hacer entre los hijos o descendientes de ambos la distribución de los bienes del que premuera, dentro de los límites que por estas Instituciones se establecen". La prohibición no parece ser una concesión a la estrategia uniformista, sino fruto de su convencimiento, que comparte, por lo demás, con las conclusiones del Congreso, aunque tampoco ahora las cita. Según sus palabras: "Lo que en mi concepto debe desaparecer es la facultad de instituirse recíprocamente herederos o legatarios los cónyuges, cuando en un mismo instrumento o acto disponen de sus bienes. Estas instituciones recíprocas son captatorias por naturaleza, y están por tanto expuestas a los inconvenientes que son fáciles de conocer. Por eso creo que debía desaparecer esta facultad, aun cuando les quede la de hacer testamento en el mismo acto" (pág. 116).

La regulación de la viudedad es extensa (arts. 64-100) y, en general, muy favorable a la institución. Incardina el derecho del viudo entre los herederos forzosos -acaso para armonizarlo con el Código-, pero es muy claro en cuanto a que "este derecho se adquiere desde el momento que se celebra un matrimonio con arreglo al derecho civil o canónico" y configura a continuación el que luego se llamará "derecho expectante" del siguiente modo: "en consecuencia quedan desde entonces los bienes inmuebles de cada cónyuge gravados con la servidumbre eventual de usufructo en favor del que llegue a sobrevivir" (art. 70), con el corolario de tener en su caso la mujer el usufructo de los bienes que fueran luego enajenados por el marido sin su consentimiento (art. 78).

El usufructo habrá de ser universal (arts. 65 y 69). La renuncia a la viudedad se admite con graves limitaciones, pues , además de expresa, ha de ser siempre recíproca y, si posterior al matrimonio, han de haber transcurrido cinco años desde su celebración y haber cumplido los cónyuges más de treinta (art. 74). La mayor limitación es la introducida respecto de la persona que casare con viudo o viuda que tenga hijos o descendientes de su anterior o anteriores matrimonios, quien "únicamente tendrá derecho de viudedad en los bienes que éste adquiera en lo sucesivo, y en la parte de que pueda disponer libremente por última voluntad en favor de personas extrañas de los que a la sazón le perteneciesen". Antecedente del art. 73 de la actual Compilación, con solución que algún autor ha considerado preferible12.

Se atiende con cuidado a muchos problemas prácticos, en particular de la fase de usufructo, por no considerar suficiente la remisión a las reglas del Código.

Interesante la nota al artículo 90, en que da noticia de una de las mayores objeciones que, en su opinión, hacen los jurisconsultos castellanos contra la viudedad de Aragón, y que es el carácter necesario de ésta, no sujeta a la voluntad del premuerto. Atendiendo muy limitadamente a esta objeción, admite la posibilidad de establecer causas por las que un cónyuge pudiera privar de viudedad al otro, a la manera de las causas que permiten desheredar a un legitimario.

 Ya se ha dicho que la regulación de la legítima de los descendientes no sigue el Derecho histórico y vigente, sino que propone profundas reformas, en general tendentes a limitar la libertad de testar. En su opinión, es necesario "ya que ha llegado la ocasión de ocuparse de las reformas que nuestro derecho exige (ocasión que no se había presentado hasta ahora desde el año 1702, en que se celebraron las últimas Cortes aragonesas), que se perfeccionen nuestras instituciones relativas a esta importante materia, llenándose los vacíos que en estas existen". Introduce la legítima a favor de los ascendientes cuando el causante no dejare descendencia, y propone tres sistemas distintos para la de los hijos o descendientes (vid. nota al art. 101). El que se presenta como reforma del existente ("el que menos se separa de la legislación vigente", pág. 133) introduce las siguientes novedades: una parte de libre disposición de un quinto "como en Castilla"; una cautela para cuando el causante deja hijos de varios matrimonios, tendente a evitar el perjuicio de los del anterior (art. 103); una limitación del "quantum eis placuerit" en favor de menores, incapacitados para el trabajo e hijas solteras, y la admisión general del suplemento de legítima, determinado, como en el anterior caso, por el Consejo de familia.

Es en sede de legítima de los descendientes donde con mayor desenvolvimiento se ocupa de la fiducia sucesoria (sin esta denominación), al disponer que "puede asimismo el testador delegar en su consorte, o en sus parientes, o en otras personas la facultad de hacer entre sus descendientes la distribución de los bienes que constituyen la legítima de éstos" (art. 117 a). En la Memoria, justifica este precepto en que son notorios los buenos efectos de esta delegación, "como lo demuestra lo arraigada que se encuentra en las costumbres de una gran parte de este antiguo Reino, especialmente en la que se denomina Alto-Aragón, pues apenas hay una capitulación matrimonial o un testamento de los que en ella se otorgan en que no se establezca" (págs. 136-7).

La sucesión intestada le parece asimismo necesitada de reformas, pues, dice, "es a mi juicio completamente incontrovertible que los ascendientes deben suceder con preferencia a los colaterales", achacando a una mala interpretación del Fuero -que no entra a dilucidar- la "generalizada creencia" que los excluye (pág. 146). Tras los ascendientes y los hijos naturales heredarán los colaterales hasta el cuarto grado, a continuación el cónyuge (otra notable innovación), los hijos adoptivos, los colaterales hasta el sexto grado y, por último, la Beneficencia. Estas últimas novedades las defendió en la Comisión de Codificación para el Código general de España y fueron aceptadas, según cuenta (pág. 150) en las sesiones celebradas en noviembre y diciembre de 1882, si bien lamenta que en el Proyecto de Código se llame a falta de parientes (dentro del sexto grado) al Estado, y no a la Beneficencia local, provincial o general, por este orden, como el había propuesto.

El Libro cuarto se abre con un título dedicado a los contratos en general, pero sus tres artículos no pasan de ser expresión de la libertad de contratar (art. 162, con ecos de la Observancia 16 de fide instrumentorum), la exclusión de la excepción non numeratae pecuniae y fijación de la regla según la cual "los pactos han de entenderse y ejecutarse según su texto literal con arreglo al axioma Standum est chartae" (art. (164). El resto se ocupa del régimen económico familiar, incluidas las "sociedades tácitas" (entre ellas, la continuada) cuya regulación requiere diecisiete artículos (del 194 al 210).

Se advierte cierto temor ante la libertad de estipulación en capítulos matrimoniales, especialmente las otorgadas después del matrimonio, así como respecto de las donaciones entre cónyuges, que limita fuertemente en regulación totalmente novedosa. También limita al respecto la capacidad del mayor de catorce años. Es explícito el deseo de robustecer la autoridad del marido, razón por la cual no se reconoce la existencia de parafernales ni siquiera por pacto, pues sólo se admite el pacto "de alfileres" (art. 189, para el que supongo que Franco se inspiró en la doctrina italiana de la época). Se regula con cierta amplitud (e innovaciones) la dote, pero imposible será encontrar reglas concretas sobre la "sociedad legal" que el art. 165 entiende establecida desde el momento que se celebra un matrimonio y regida "por las disposiciones de estas Instituciones, si no estipulan otra cosa los contrayentes" (art. 166). Pero ya digo que estas disposiciones legales no se encuentran recogidas en ningún lugar; lo que contrasta con la atención que presta -de modo justificado, pero insólito- a las sociedades tácitas, con referencia en la Memoria a su frecuente realidad en Galicia. Franco y López contaba con una regulación de la sociedad de gananciales en el Código que serviría también para Aragón, con solamente las modificaciones o adiciones dichas -libertad de capitular, sobre todo-. Así dispone en el art. 189 de la Adición, redactado cuando ya el Código estaba vigente.

Al regular el "contrato de matrimonio" advierte que "en las capitulaciones matrimoniales de una grandísima parte de Aragón, no sólo se estipula lo que tiene relación con la sociedad conyugal, sino que se establece el destino que han de tener los bienes de los consortes en los respectivos casos de fallecer con hijos o sin ellos". Pues bien, considera necesario introducir la reforma consistente en que tales disposiciones sean siempre revocables, pues "tienen el carácter de últimas voluntades que solo deben respetarse y cumplirse cuando se persevera en ellas hasta la muerte" (pág. 153). Criterio que hoy nos sorprende, pero que coincide con las conclusiones del Congreso de 1880-81. Franco y López, sin embargo, rectificará en la Adición (pág. 81 y art. 181).

Para cuando se imprime la Memoria y Proyecto de Franco y López (1886) ya se ha empezado a discutir en el Congreso de los Diputados una Ley de Bases (siendo ministro Silvela) distinta de la que Alonso Martínez había presentado el 22 de octubre de 1881, y que fracasó. Es, por tanto, un momento en que de nuevo parece -y esta vez fue así- que el Código civil va a llegar a ser ley.

El 17 de junio de 1885 Gil Berges, diputado, presenta en el Congreso una enmienda relativa a la Ley de Bases, fruto de acuerdos corporativos del Colegio de Abogados de Zaragoza y de la Academia Jurídico-Práctica Aragonesa, y los siguientes 18 y 19 pronuncia en el Congreso un importante discurso sobre la posición del Derecho aragonés respecto de futuro Código, en el que hace referencia a su prólogo de 1880, que queda transcrito como anexo al discurso en el Diario de Sesiones del día 18. La enmienda fue aceptada (con algunos retoques y adiciones), y pasó a ser art. 7º de la Ley de Bases aprobada en 1888 y art. 13 del Código civil (hasta su reforma en 1974).

Vistas las anteriores fechas, no parece que sea casual la de 15 de junio, en que la Diputación zaragozana toma el acuerdo, redactado en la florida prosa de Sancho y Gil, de publicar la Memoria de Franco. Este no toma parte en los debates parlamentarios del Código, ni interviene luego en la preparación del Apéndice aragonés de otra forma que mediante la "Adición a la Memoria".

Sí había participado en las sesiones extraordinarias que bajo la presidencia de Alonso Martínez, Ministro de Gracia y Justicia, celebró la Sección 1ª de la Comisión de Codificación con asistencia de algunos senadores y diputados, vocales de la Sección 2ª y "vocales correspondientes", es decir, los nombrados para redactar las Memorias relativas a los Derechos forales. Estas sesiones tuvieron lugar en octubre y noviembre de 1882. Parece que para entonces ya había adquirido el Ministro el convencimiento de la imposibilidad de un Código civil general de inmediata promulgación, y la conveniencia, por tanto, de posponer las leyes relativas a los Derecho forales, como "Apéndices" que se elaborarían una vez vigente aquel.13 Tal como en 1889 recuerda Alonso Martínez aquellas sesiones, fue en efecto el representante aragonés el que tomó la iniciativa de anteponer, en la sucesión abintestato, los ascendientes a los colaterales; de llamar a los colaterales sólo hasta el sexto grado, y de que en vez de heredar el Estado vinieran a heredar los establecimientos de beneficencia. Recuerda también su aceptación de la legítima de los hijos naturales, y de que estos y el viudo fueran llamados en la sucesión abintestato. La libertad de testar la defendió allí especialmente el representante navarro (Morales). Durán y Bas parece que estuvo en todo mucho más contrario a una transacción que posibilitara un Código para toda España y, en particular, exigió el mantenimiento del régimen dotal en Cataluña, con exclusión absoluta del de gananciales; mientras que Franco aceptaba éste tal como se regulara en el Código general, siempre que se respetara el contrato de donación propter nupcias (los capítulos matrimoniales, parece que hay que entender).

Los recuerdos del Ministro sobre la actitud conciliadora de Franco y López armonizan bien con lo que él mismo escribe, en particular en el Prólogo de la Memoria, redactado con ocasión de su publicación en 1886.

La Ley de Bases fue sancionada el 11 de mayo de 1888 y el Código civil se fue publicando en la Gaceta de Madrid para entrar en vigor el primero de mayo de 1889. Poco después, por Ley de 26 de mayo del mismo año 1889, se ordena al Gobierno publicar una edición reformada del Código civil (consecuencia de los debates habidos en ambos cuerpos colegisladores), y éste lo hace así por Real Decreto de 25 de julio del mismo año.

Desde este momento el contexto es radicalmente distinto al que rodeó al Congreso de 1880-81 y que pudo tener en cuenta Franco en su Memoria de 1880. La publicación del Código es un acontecimiento de primer orden que altera toda la vida jurídica introduciendo pautas nuevas incluso más allá de su propio texto. En todo caso, ese texto es el Derecho supletorio único del civil aragonés, por voluntad expresa de sus juristas, que al menos desde el siglo XVIII acudían al Derecho castellano para colmar las lagunas de los Fueros y Observancias.

Ahora bien, esta aplicación inmediata del Código en Aragón, como supletorio, en cuanto no se opusiera a las disposiciones forales y consuetudinarias entonces vigentes, era entendida por los juristas aragoneses como parte de una transacción, en la que Aragón ganaba para el futuro la integridad absoluta de su Derecho propio, que no habría de someterse a porción alguna del Código: tampoco a su título preliminar, cuyas normas serían, como las demás codificadas, de aplicación supletoria. Era el sistema de fuentes lo que estaba en cuestión.

Así se entendía en Aragón el art. 13 del Código civil, que decía: "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, este Código empezará a regir en Aragón y en las Islas Baleares al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga a aquellas de sus disposiciones forales o consuetudinarias que actualmente esté vigentes". El anterior, el 12, era el que comenzaba estableciendo que "las disposiciones de este título, en cuanto determinan los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas generales para su aplicación, son obligatorias en todas las provincias del Reino". La adversativa "no obstante" con que comenzaba el art. 13 debía excluir totalmente, para Aragón, las prescripciones del 12.

Como se ha dicho, el art. 13 Cc. procedía de la enmienda que Gil Berges presentó -con la firma de todos los diputados aragoneses, de todos los partidos- al 7º de la Ley de Bases en la sesión del Congreso de 17 de junio de 1885, que fue aprobada en la de 19 del mismo mes.  La enmienda era del siguiente tenor:

"El art. 7º del dictamen se redactará así, pasando el 7º a ser 8º: Art. 7º: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Código civil empezará a regir como supletorio en Aragón al mismo tiempo que en las provincias no aforadas.- El Gobierno, previo informe de las Diputaciones provinciales y Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, y oyendo a la Comisión General de Codificación, presentará a la aprobación de las Cortes, dentro de los dos años siguientes a la aprobación del nuevo Código, el proyecto de ley en que han de contenerse las instituciones civiles de Aragón que conviene conservar".

La presentación de la enmienda se produce inmediatamente después de la discusión de un voto particular de Durán y Bas, contrario a las previsiones de formación de un Apéndice para el Derecho catalán, que proponía, entre otras cosas -y quizás sea esta la primera vez que se hizo pública la idea-, la intervención necesaria de una "Comisión Mixta", formada por miembros de la Comisión de Codificación y otros nombrados por Diputaciones y Colegios de Abogados. Recuérdese que el entonces diputado por el partido conservador era también el vocal correspondiente por el Derecho catalán en la Comisión de Codificación. El voto particular fue rechazado, pero parece evidente que está en el origen del Decreto por el que, en 1899, siendo Ministro Durán y Bas, se constituyen las Comisiones de Juristas para la formación de los Apéndices.

La enmienda aragonesa, admitida de inmediato por Alonso Martínez -que presidía la Comisión- con una variante de redacción que Gil Berges aceptó, introducía también un procedimiento específico para llegar a la formación de una ley de Derecho civil aragonés (evita la denominación de Apéndice), con intervención de las Diputaciones y los Colegios de Abogados. En principio, la enmienda aprobada el 19 de junio de 1885 se refería tan solo a Aragón. Así aparece en el Dictamen de la Comisión de fecha 21 junio 1887, pero en el de 2 de diciembre del mismo 1887 ya se ha añadido la coletilla "iguales informes deberá oír el Gobierno en lo referente a las demás provincias de legislación foral14.

Fue la Comisión Mixta entre el Congreso y el Senado la que, en su dictamen de 28 de abril, da la redacción prácticamente definitiva de la Ley de Bases autorizando al gobierno para publicar un Código civil, que es, en lo que aquí interesa, la siguiente:

Art. 6º: "El Gobierno, oyendo a la Comisión de Códigos[], presentará a las Cortes en uno o en varios proyectos de ley los apéndices del Código civil en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen.

Art. 7º. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Código civil empezará a regir en Aragón y en las islas Baleares al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga a aquellas de sus disposiciones forales y consuetudinarias que actualmente estén vigentes.

El Gobierno, previo informe de las Diputaciones provinciales [] de Zaragoza, Huesca [,] Teruel e islas Baleares y de los Colegios de Abogados de (las capitales de) las mencionadas provincias, y oyendo a la Comisión General de Codificación, presentará a la aprobación de las Cortes, [] en el plazo más breve posible, el proyecto de ley en que han de contenerse las instituciones civiles de Aragón que conviene conservar.

Iguales informes oirá el Gobierno en lo referente a las demás provincias de legislación foral"15.  

Las diferencias son dos. De una parte, se incluye en el art. 7º a las islas Baleares; de otra, los plazos dejan de estar determinados, y sólo en el art. 7º se exige que sea el más breve posible.

Pero persiste visible el distinto origen de los artículos 6º y 7º, de modo que éste modifica sustancialmente el contenido del anterior para todos los casos, pues en todos habrán de ser oídos Diputaciones y Colegios de abogados, lo que servir de fundamento para la constitución de Comisiones en cada uno de los territorios, en competencia concurrente con la Comisión de Codificación. Además, resulta ya imposible la formación de un solo proyecto de ley para los apéndices al Código (apéndices, todavía entonces, con minúscula, como nombre común), pues cada uno de ellos había de seguir tramitación diferente.

Por lo que se refiere específicamente a Aragón, es significativa la mención del Derecho consuetudinario (recuérdese la crítica por no hacerlo el art. 12 Cc. en su primera edición, y la rectificación en la revisada), así como el haberse evitado la denominación de Apéndice para la ley que había de recoger las instituciones "que conviene conservar".

 Nada más publicado el Código, una Real Orden de 15 de octubre recuerda a las Corporaciones mencionadas en el art. 7º de la Ley de Bases la necesidad de evacuar el informe con brevedad. Otra del día siguiente, 16 de octubre, autoriza a los miembros correspondientes de la Comisión general de Codificación para exponer las modificaciones que crean oportunas en los Proyectos que presentaron en cumplimiento del real Decreto de 1880. Franco y López es el único de estos vocales correspondientes que hace uso de la autorización. A 19 de enero de 1890 fecha el Proyecto revisado de que luego nos ocuparemos, pero no es sino en el año 1893 cuando redacta una "Adición a la Memoria" (el título completo, lleno de complementos y matices como todos los de Franco, puede verlo el lector en su reproducción facsimilar) que el propio autor ofrece para su publicación a la Diputación de Zaragoza, la que procede a imprimirlo en el mismo año 1893.

En la Memoria fechada en diciembre de 1880 Franco no hizo siquiera mención del Congreso de Jurisconsultos, que para entonces ya había celebrado buena parte de sus sesiones. Tampoco ahora, en 1893, alude a su celebración, a pesar de la indudable trascendencia que sus conclusiones tuvieron en el foro aragonés; ni a ninguna de las obras publicadas que el Congreso suscitó (Moner, Naval, Costa). A pesar, también, de que algunas de las reformas más drásticas por él propuestas armonizan perfectamente con las conclusiones del Congreso16.

En 1880, podía entenderse que la iniciativa de convocar el Congreso, por más que tomada corporativamente por el Colegio de Abogados de Zaragoza, era "privada", mientras que el nombramiento de Franco y López como vocal correspondiente de la Comisión general de Codificación era oficial, publicado en el Boletín y el mejor cauce para hacer llegar a la Gaceta de Madrid el texto articulado del Derecho aragonés. Franco, si bien admite que sus propuestas de reformas deberán consultarse a las corporaciones y jurisconsultos aragoneses (así, de pasada, en la pág. 133 de la Memoria), el camino que elige es dirigir él una amplia exposición de sus opiniones a los Colegios de Abogados de Zaragoza y Huesca, así como a las tres Diputaciones provinciales de Aragón, tan pronto como recibe el encargo de Madrid. El nombramiento es de 16 de febrero, la comunicación de 19 de marzo17. El 15 de febrero había tenido lugar en el Colegio de Abogados de Zaragoza la primera reunión, convocada por A. Tapia y L. Polo, para impulsar la codificación del Derecho foral; el 19 la Junta de Gobierno del Colegio acuerda proponer a la Junta General, y ésta aprueba en sesiones de 29 de febrero (que comienza con la lectura de una carta de Luis Franco en la que pide que el colegio y sus colegiados le ayuden en su tarea) y 7 de marzo la organización del Congreso de Jurisconsultos. En esta última reunión "cabe destacar la propuesta de don Felipe Guillén que dudó entonces de la oportunidad del Congreso, cuando acababa de conocerse el nombramiento por el Ministro de Gobierno Sr. Alvarez Bugallal del nombramiento de Luis Franco y López como letrado por el territorio de Aragón en la Comisión de Codificación"18.

Con estos datos, a los que han de añadirse los que luego se dirán sobre la existencia de una Comisión aragonesa desde 1889 igualmente ignorada por Franco, creo que puede advertirse en el barón de Mora (y, desde 1891, Senador vitalicio del Reino), una actitud independiente -aunque no necesariamente en conflicto- respecto de las actuaciones de las corporaciones aragonesas. Luis Franco asentaba su legitimación exclusivamente en Madrid, en su pertenencia -no de pleno derecho, por lo demás, sino como "vocal correspondiente"- a la Comisión General de Codificación; mientras que el Congreso de Jurisconsultos buscaba un acuerdo colectivo explícito de los jurisconsultos aragoneses que habría de llevarse luego al Parlamento. No se menciona para nada la Comisión de codificación.

En 1885, los Colegios de Abogados y las Diputaciones proponen el procedimiento que conocemos -aprobado en la Ley de Bases mediante la enmienda presentada por Gil Berges-, por el que sus informes sobre la ley que habría de recoger las instituciones aragoneses irían directamente al Gobierno, el cual presentaría a las Cortes el proyecto "oyendo a la Comisión General de Codificación". Como se ve, no es el cauce del "vocal correspondiente" el que las Corporaciones aragonesas buscan y la Ley de Bases les proporciona.

Creo que en esta coyuntura se manifiesta ya con toda claridad la desconfianza o recelo de muchos juristas aragoneses frente a la Comisión de Codificación, que por su propia naturaleza -para esto se creó- está inclinada a la formación de un Código único; inclinación robustecida por la inevitable procedencia madrileña de la mayor parte de sus miembros.

Quizás no sea tampoco irrelevante que Gil Berges hubiera sido Ministro de Gracia y Justicia en la Primera República, en un breve periodo en que la Comisión de Codificación fue suprimida.

Por parte de Luis Franco, cualesquiera que fueran sus razones, el hecho es que silenció totalmente en la Memoria publicada en 1883 y en la Adición de 1893 las iniciativas surgidas en Aragón: tanto el Congreso como la Comisión de Corporaciones informantes creada en 1889, de que luego hablaremos.

Con todo, son numerosas la coincidencias de fondo en las propuestas de reformas -algunas he indicado ya- y las influencias recíprocas entre las conclusiones del Congreso (1880-81), la Memoria (1880, publicada en 1883), su Adición (1893, pero articulado fechado en enero de 1890) y el Proyecto publicado en 1899, cuyos trabajos comenzaron en 1889 tomando como base -junto con las conclusiones del Congreso-  la Memoria de Franco y López, y que en 1893 estaban muy avanzados.

La "Adición a la Memoria" que Franco y López publica en 1893 no es una rectificación global de aquélla, sino una adaptación al nuevo Código con algunos puntos de vista nuevos.

Contiene "rectificaciones, supresiones y adiciones" (pág. 3). La primera de aquellas, de las rectificaciones, así anunciada paladinamente, es la del título del Proyecto, que ahora pasa a ser "Código civil de Aragón", como dice la portadilla colocada en pág. 99 y, con alguna variante, en la pág. 101. Explica así el cambio de criterio: "He considerado después que no habrá motivo fundado de censura porque se le intitule Código civil de Aragón; pues no puede a mi juicio negársele este carácter, aun cuando no comprenda todas las materias que son propias de un Código civil completo, sino tan solo lo relativo a algunas de ellas" (pág. 3). Por cierto, en nota a la pág. 99 se argumenta que el Apéndice correspondiente al Derecho civil de Aragón ha de ser el primero del Código civil español, en razón de orden alfabético. La misma preocupación (y la misma denominación de "Código civil de Aragón") vemos en el Proyecto que se imprimió en 1899.

La otra rectificación explícita es la del método seguido en la distribución de las materias, que ahora sigue estrictamente la del Código (como, por lo demás, había ya anunciado en nota final a su Memoria). La existencia del Código lleva también a la supresión de artículos del primer proyecto, por ser coincidentes con los de aquel. Se manifiesta así expresamente una doctrina sobre las relaciones entre Apéndices de Derecho foral y Código que la Comisión de Codificación impuso a rajatabla tantas veces como tuvo ocasión, hasta 1967: puesto que el Código es supletorio, ningún precepto de los Apéndices (o de las Compilaciones) puede ser reproducción del codificado. En palabras de Franco: "El Apéndice relativo al Derecho aragonés, sólo debe contener las disposiciones por que deba regirse este territorio que sean diferentes de las del Derecho general de la Nación; pues siendo éste supletorio de aquél, ocioso sería que estableciésemos como cosa especial para estas provincias, lo que sin necesidad de hacerlo, ha de regir imprescindiblemente, hallándose dispuesto en el general que ha de regular nuestro actos" (pág. 6). Ahora bien, no comparte por ello Franco la opinión, luego por muchos mantenida, de que no haya de tener cabida en el Apéndice ningún precepto que rectifique, complete o mejore otro del Código, dándole redacción diferente. Por el contrario, son muchos los casos en que lo que hace es precisamente reproducir con variantes, rectificar y aclarar preceptos del Código, en ocasiones con el propósito de no dejar lugar a dudas (vid. pág. 94) o, simplemente, porque no le gusta la redacción que en el Código se ha dado al precepto.

Rectifica al Código con toda libertad, por ejemplo, respecto de los efectos civiles del matrimonio canónico (pág. 27: "por parecerme muy opuesto a la equidad"); del cese de la obligación de alimentos por muerte del obligado (pág. 30: "no me parece conforme a razón ni lógico, lo que se dispone en el art. 150 del Código civil"); del título de las donaciones (págs. 37 y stes.: "son, a mi juicio, poco convenientes varias de las disposiciones que contiene el título")19; modifica la regulación del testamento ológrafo, con mayores exigencias de validez, mientras que admite con mayor amplitud que el Código las cédulas testamentarias (págs. 47 y 48); rectifica la regulación del usufructo del Código (pág. 66: pues a su juicio "no se hallan resueltos de la manera más adecuada y justa en el Código general" algunos problemas); en materia de desheredación, suple "una importante omisión" que advierte en el Código general (pág. 69); en la sociedad de gananciales (no regulada en el primer Proyecto), introduce algunas reglas "que creí que encontrarían acogida en la legislación que para toda la Nación iba a establecerse" (pág. 78), de manera que "hasta ganaría no poco el mismo Código, si en él se las diere acogida" (pág. 83).

Mantiene un Título preliminar, en que se ocupa del sistema de fuentes, de la interpretación y del Derecho interregional. Es obvio que no entiende los arts. 12 y 13 Cc. en el sentido de que impongan la aplicación íntegra del Título preliminar del Código en Aragón, o que excluyan la regulación aragonesa de las fuentes y de los demás temas de este título: los primeros artículos del Código, como todos los demás, sólo se han de aplicar en Aragón supletoriamente, como decía el art. 13 Cc., procedente del art. 7º de la Ley de Bases (la "enmienda aragonesa"). Las previsiones de Franco sobre la costumbre o sobre el Standum est chartae se separan de las mantenidas en la Memoria, acercándose a las que luego veremos dominantes.

En el Libro I, de las personas, mantiene la regulación de la calidad de aragonés, insiste en las amplias competencias del Consejo de familia de base consuetudinaria, rectifica en algún punto al Código (su art. 59) en materia de derechos y deberes de los cónyuges y aun en los efectos civiles del matrimonio canónico (el art. 29 del Proyecto rectifica el art. 77 Cc.). Como se ve, tampoco entiende aplicable a Aragón el final del párr. 1º del art. 12 Cc., según el cual serían "obligatorias en todo el Reino" las "disposiciones del Título IV del Libro I". Se ocupa también de algunos aspectos de los alimentos entre parientes (por ejemplo, a favor de los hijos del cónyuge, art. 30), de la patria potestad, la ausencia, la tutela de menores e incapacitados y la mayor edad.

El breve libro II contiene tres artículos sobre adquisición de la posesión y cuatro sobre servidumbres legales. El Libro III es de mayor extensión e importancia, pues en él está todo el tratamiento de las sucesiones (incluido el derecho de viudedad). Una novedad notable es la admisión de la donación de bienes futuros (pág. 38), aun con limitaciones (arts. 63 y stes.), una de las vías tradicionales para la admisión de los pactos sucesorios de institución de heredero, que en la Adición se reconocen ahora en sede de capitulaciones matrimoniales (art. 178), advirtiendo la frecuencia de estas instituciones, que han de ser irrevocables, en el Alto Aragón (pág. 81). Se rectifica al Código en varios preceptos sobre donaciones, y en otros sobre la forma de los testamentos (arts. 68-78, que incluyen testamento ante párroco) y sobre causas de indignidad (art. 79). Como en la Memoria, el testamento hecho en el mismo acto por marido y mujer es siempre revocable y no pueden éstos instituirse herederos ni dejarse legados (art. 78). Cabe que se confieran la facultad de distribuir sus bienes (fiducia sucesoria), de la que más en general se ocupan luego los arts. 99 y 100.

En materia de legítimas, prescinde ya de presentar tres posibles sistemas y opta por el primero de los que propuso en la Memoria, "por hallarse basado en el derecho actualmente existente en Aragón" (pág. 52), según dice, aunque también admite haber introducido "modificaciones importantes". En realidad, el sistema se acerca mucho al del Código. Mantiene la legítima de los ascendientes en defecto de descendientes (nunca conocida en Aragón), también la de los descendientes ilegítimos en ciertos casos, y considera derecho legitimario el usufructo del viudo. La legítima de los descendientes queda fijada en cuatro quintos del haber paterno, que se reducen a dos tercios cuando el número de hijos sea dos o uno. De estos cuatro quintos (o dos tercios), la mitad ha de dividirse por igual entre los hijos -con derecho de representación caso de premoriencia-, mientras que la otra mitad podrá distribuirla libremente entre sus descendientes y aun adjudicarla a uno solo de ellos. De este modo, configurando verdaderas legítimas individuales, puede prescindir de las acciones de suplemento de legítima con que ciertas decisiones judiciales iban minando la libertad de testar tradicional. Mantiene Franco, por lo demás, la limitación a favor de hijos de anterior matrimonio que -igualmente sin fundamento específico en el Derecho vigente- había propuesto en la Memoria.

Del derecho de viudedad se ocupa con gran extensión y cuidado: así era ya en la Memoria. Sin duda, es su institución preferida. Reafirma su propuesta de extenderla a todos los bienes y mantiene también la posibilidad de que un cónyuge, excepcionalmente, prive de viudedad al otro por graves causas, similares a las de desheredación. En atención a los acreedores del marido acaba admitiendo que éste pueda enajenar, sin necesidad de consentimiento de su mujer y sin que esta pueda luego pretender viudedad, los bienes que él mismo adquirió a título oneroso durante el matrimonio (art. 120). Mantiene también la limitación en caso de matrimonio con viudo que tenga hijos (art. 121), así como sus recelos ante el "casamiento en casa" (art. 136). Hay retoques y adiciones un poco por todo, sin cambiar el diseño general. Quizás lo más notable sean los artículos dedicados a dar solución más segura o más justa a ojos del autor a problemas que plantea el ejercicio del usufructo y que el Código, en su opinión, no resuelve de manera adecuada (pág. 66).

En la sucesión intestada las variaciones no son de gran entidad. Reitera propuestas no fundadas en el Derecho histórico, pero que inician un camino que luego se recorrerá (limitación al sexto grado, llamamiento a los ascendientes y al cónyuge, éste tras los colaterales de cuarto grado). Hay una mayor concesión a la troncalidad (además de los recobros), pues ahora se tiene en cuenta la procedencia de los bienes en la sucesión de los colaterales hasta el cuarto grado, no sólo en la de los hermanos (art. 165).

En las disposiciones generales sobre los contratos introduce el apotegma Standum est chartae (art. 169), que para Franco sigue siendo también regla de interpretación literal de la ley. El Titulo "Del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio" (que toma del Código) mantiene las opciones de la Memoria, pero se lamenta Franco de que el Código no haya regulado la sociedad de gananciales con la esperable perfección, razón por la cual a la remisión expresa a las reglas del Código en esta materia (art. 186) añade correcciones y adiciones de varia índole, como cuando regula expresamente el pacto de hermandad (art. 179), o introduce criterio discordante con los arts. 1396 y 1401 Cc.

Concluye con los preceptos sobre sociedades familiares tácitas, con ligeras modificaciones sobre los propuestos en la Memoria.

Al finalizar este recorrido por las propuestas legislativas de Franco, merece la pena insistir en que apenas se encuentran preceptos en sus Proyectos que sean mero trasunto del Derecho aragonés entonces vigente. Quizás pueda decirse de los más de ellos que tienden a la conservación de determinadas instituciones aragonesas, pero con modificaciones, limitaciones y reformas a veces muy drásticas; mientras que otros muchos son totalmente nuevos y no responden sino al sentido de la justicia y la oportunidad de su autor (a veces, atinadamente), en el marco de las ideas codificadoras de la época. Por último, es también intención explícita suprimir para siempre algunas instituciones de cuya vigencia no le cabe duda. En general, su tendencia a la unificación y su aceptación del Código civil español parecen tan sinceras como su deseo de que algunas materias sigan rigiéndose por normas específicas aragonesas.

Como se recordará, el art. 7º de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 exigía el informe previo de las Diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel y de los Colegios de Abogados de las tres provincias para que el Gobierno presentara a la aprobación de las Cortes -oyendo a la Comisión General de Codificación- "en el plazo más breve posible" (la enmienda presentada por Gil Berges señalaba el de dos años) el proyecto de ley en que habían de contenerse las instituciones civiles de Aragón que convenga conservar.

No se precisaba cómo habían de emitirse aquellos informes previos. Tan pronto como se publicó la edición revisada del Código (el Real Decreto es de 24 de julio de 1889), una Real Orden de 15 octubre 1889 recuerda a las Corporaciones la necesidad de evacuar el informe con brevedad.

Los juristas aragoneses parece como si estuvieran esperando la oportunidad para acometer la empresa de inmediato. En 23 de octubre de aquel año se fechan unas "Breves observaciones que formula el Colegio de Abogados de Huesca a la memoria de Franco y López sobre la codificación del Derecho civil aragonés", que se imprimen como folleto con la indicación de que "el anterior informe, fue aprobado por el Colegio, en Junta general de 28 de octubre de 1889"20. Mientras tanto la Diputación de Zaragoza, con sano criterio, toma la iniciativa de celebrar una reunión general de representantes de las Diputaciones y Colegios de Abogados, en la que se dio entrada también a los del Colegio de Notarios y de la Facultad de Derecho de Zaragoza21. La reunión tuvo lugar el 26 de octubre de 1889. En ella se acordó crear una comisión de ocho ponentes: Gil Berges, Martón, Escosura (Desiderio), Casajús, Ripollés, Isabal, Serrano (Luciano) y Sasera. Salvo Escosura y Serrano, los demás ya habían sido nombrado para cometido similar por el Congreso de jurisconsultos en 1881, poniéndose así de manifiesto la continuidad de la tarea. El encargo asumido consistía en presentar, además de un informe sobre la "Memoria" de Franco y López, un proyecto de Apéndice del Derecho civil aragonés, en forma de Código, del cual había de ser supletorio el Código civil general de España.

Este es el origen del Proyecto que se publicará en 1899 (conocido, quizás algo abusivamente, como "Proyecto Ripollés"). Proyecto cuyo carácter "oficial" sus propios autores acabaron negando (al sentirse desautorizados por los Decretos de 17 y 20 de abril de 1899, de Durán y Bas), pero que tampoco puede considerarse privado o particular, por estar sus autores nombrados en representación de las Corporaciones que se ha dicho, y la intervención de éstas exigida por el art. 7º de la Ley de Bases.

De acuerdo con Sánchez Román22 -que proporciona las noticias impresas más amplias al respecto- "la Comisión de ponentes se reunió haciendo división de trabajos, comenzó, a fines de noviembre de 1889, la discusión privada de las ponencias y celebró desde aquella fecha hasta junio de este año (1890) tres sesiones por semana, proponiéndose terminar sus tareas muy en breve" ("es de creer que para noviembre", añade). El mismo autor transcribe unas bases bastante extensas, acordadas por la Comisión, la primera de las cuales dice: "Se establecen como reglas de prelación del Derecho civil en Aragón las siguientes: 1ª lo convenido por los particulares en el documento, o verbalmente, no siendo opuesto al Derecho natural, o cosa imposible; 2ª las costumbres locales generales de Aragón; 3ª las disposiciones del Apéndice, 4ª el Código civil general de España". Se proclama el principio de que la costumbre es fuente de Derecho, y siendo inmemorial tiene fuerza contra ley.

Información más detallada -aunque no completa- sobre los trabajos de esta Comisión de ponentes nos proporcionan varios cuadernillos manuscritos conservados entre los papeles que Ricardo Sasera legó -con la totalidad de su biblioteca- a la Facultad de Derecho de Zaragoza, de la que fue por muchos años catedrático de Derecho romano23. Un estudio, aun superficial, de estos cuadernillos inéditos enriquece nuestro conocimiento sobre la formación del Proyecto publicado en 1899 y sobre la concepción que algunos de los más señalados foralistas del momento tenían respecto de la inserción en el Ordenamiento español del Derecho aragonés y sobre el sistema de fuentes de éste.

Uno de los cuadernillos contiene una ponencia de Ripollés, fechada en 15 de noviembre de 1889, sobre el título preliminar. En ella se señalan, en resumen, dos "discrepancias esenciales" respecto del título preliminar propuesto por Franco y López: "1ª La relativa al alcance del axioma foral Standum est chartae. 2ª La que se refiere a la existencia y vigor de la costumbre". En cuanto a lo primero, no debe admitirse como regla de interpretación literal de la ley, sino que "debe marcar aquí la tendencia especial de nuestro derecho, que imprime carácter sustantivo a todas sus instituciones considerando la voluntad libre como expresión de nuestra vida jurídica".

Respecto del art. 9º del Proyecto de Franco (sobre la costumbre), Ripollés se expesa del siguiente modo: "Salvando aquí con todo empeño, los respetos que al ponente, como a todos sus compañeros, le merece el ilustrado autor de la "Memoria" sobre el derecho aragonés", es, sin embargo, forzoso consignar rotundamente, que no acepta el contenido de este artículo, en ninguno de sus extremos (…). En sustitución de este artículo, debe preverse otro, que consagre la doctrina opuesta, respetando el derecho vigente en Aragón".

Esta concepción, que hace del pacto y la costumbre las fuentes principales del Derecho aragonés, será compartida por la Comisión  (y pasará luego tanto al Proyecto publicado en 1899 como al de 1904). En uno de los cuadernillos manuscritos del "Proyecto de Código civil aragonés", que contiene el título preliminar del mismo, se encuentran las siguientes disposiciones sobre fuentes:

Art. 5º. "En Aragón tienen las costumbres generales y locales fuerza de ley.- La costumbre inmemorial prevalecerá sobre el derecho escrito.- Si una parte alegare que lo por ella sostenido es de observancia, costumbre o uso en Aragón, y la parte contraria lo negare, deberán enterarse del caso los juzgados, además de la prueba practicada por aquellas".

Art. 6º: "El axioma foral Standum est chartae, regirá en Aragón como regla de interpretación y como expresión del principio de libertad de pactar cuanto los particulares entiendan convenirles y no sea imposible u opuesto al derecho natural".

Art. 9º: "La aplicación de las leyes vigentes en las tres provincias aragonesas se regirá por las siguientes reglas.- 1ª. Lo convenido por los particulares en documento, no siendo imposible u opuesto al derecho natural. A falta de documento, lo convenido verbalmente con las mismas limitaciones.- 2ª. Las costumbres locales, y en su defecto las generales de Aragón.- 3º. Las disposiciones de este Código.- En defecto de lo dispuesto en las tres reglas anteriores regirá el Código civil de España, como derecho supletorio de Aragón".

La redacción cambiará y mejorará, pero las grandes opciones están ya tomadas. En los cuadernillos conservados se encuentran también las disposiciones sobre el valor de la jurisprudencia, la idea de iuris continuatio y la "cláusula de salvaguardia" que pasarán al Proyecto publicado en 1899.

a) Redacción de 1895. Publicación

De la "Advertencia" que precede al texto del Proyecto publicado en 1899, así como de las noticias de Isabal24, resulta que el texto articulado redactado por los ponentes nombrados por las Diputaciones, los Colegios de Abogados, el de Notarios y la Facultad de Derecho quedó concluido en 1895, "en el cual todavía los Sres. Casajús y Ripollés, debidamente autorizados, hicieron algunas enmiendas y adiciones". Entendiendo, en 1895, que "no eran tiempos adecuados para preparar y obtener reformas legislativas de tal alcance" (está por medio la fecha crucial de 1898; el año anterior fue asesinado Cánovas, en el 95 había comenzado la guerra de Cuba), no se pensó en dar otro paso hasta que, en el primer gabinete Silvela, accede a la cartera de Gracia y Justicia Durán y Bas. Se disponía la Comisión a imprimir su Proyecto, para remitirlo a consulta de  las Corporaciones y de los letrados de Aragón, cuando se publicó el Real Decreto de 24 de abril de 1899 constituyendo en Aragón, como en los demás territorios con Derecho civil especial, comisiones de juristas dependientes de la General de Codificación. La Comisión de Ponentes, que se considera a sí misma "privada", se disuelve y remite a la Comisión "oficial" de Aragón el proyecto que entonces se imprime (la "Advertencia" previa al mismo se fecha en 14 de mayo de 1899), "por si lo consideraba aprovechable en sus tareas, y toda vez que aquella recibió su encargo de las mismas Corporaciones que ahora han intervenido en el nombramiento de vocales para la segunda"25.

La denominación "Código civil de Aragón", como se ha recordado varias veces, corresponde a las conclusiones del Congreso de 1880-1881 y fue aceptada también por Franco y López en las "Adiciones". Ripollés, en su Ponencia de 1889, admitía que la ley hubiera de llamarse "Apéndice" (por no poder evitarlo), "si bien para el uso ha de procurarse introducir el nombre de "Código civil de Aragón", o el de "Código especial de Aragón".

b) El sistema de fuentes

El Título Preliminar del Proyecto tiene como rúbrica "Fuentes del Derecho civil aragonés, reglas generales para su observancia y personas a quienes se aplica", lo que muestra bien a las claras que sus autores no consideraban obligatorias en Aragón las disposiciones del Título Preliminar del Código civil general.

El sistema de fuentes lleva a todas sus consecuencias los planteamientos sobre costumbre contra ley y libertad civil que afloraron en el Congreso de 1880-1881. Así resulta con toda claridad de lo dispuesto en los cuatro primeros artículos.

Este es el único de los Proyectos que contiene una especial previsión sobre la jurisprudencia. En el párrafo 3º de la "Disposición final" se dice: "Las sentencias de los Tribunales de Aragón y del Tribunal Supremo, dictadas sobre materias de derecho foral aragonés reconocidas en este Código, tendrán fuerza de jurisprudencia". Lo que no se aclara es qué quiere decir "fuerza de jurisprudencia". Probablemente, hay que ponerlo en relación con la posición del Tribunal Supremo negando la existencia de otra "doctrina legal" a los efectos de la casación que la emanada de sus propias sentencias.

c) "Iuris continuatio"

Es éste el Proyecto que con mayor claridad muestra una inteligencia historicista del Derecho aragonés, hasta el punto de que no hay en él derogación expresa de los Fueros y Observancias. Por el contrario, sus preceptos han de servir para interpretar, como precedentes, los del nuevo "Código".

Ciertamente, del párrafo 1º de la compleja "Disposición final" podría inferirse una derogación tácita de los Fueros y Observancias. Pero, de acuerdo con el 2º, sus disposiciones -evidentemente, no todas- "se conservan" en el Código aragonés, y sus instituciones -igualmente, no todas- son "confirmadas" por dicho cuerpo legal. En consecuencia, el Derecho nuevo, en la medida en que recoge el antiguo, ha de ser interpretado según éste. Se logra también, mediante el recurso a los precedentes históricos y doctrinales, interponer algún diafragma entre el Código aragonés y el general, reforzando la idea que ya señala el art. 2º (el Código general complementa el "Derecho civil exclusivo" de Aragón, y sus normas solo se aplican "en cuanto no se opongan a las de éste").

 d) Cláusula de salvaguardia del Código aragonés

De acuerdo con el art. 7º de la Ley de bases de 11 de mayo de 1888, no era legalmente posible elaborar el Apéndice aragonés sin el informe previo de las Diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel  y de los Colegios de Abogados de las capitales de las mencionadas provincias. Se comprende que los redactores del Proyecto pretendieran garantizar que la misma intervención de las Corporaciones aragonesas fuera necesaria para toda modificación del Código civil aragonés una vez promulgado. Este era el sentido de las "Disposiciones adicionales" con que se cerraba el Proyecto publicado en 1899, del siguiente tenor:

"1ª En la Memoria que, conforme a la disposición primera adicional del Código civil general, deberán elevar al Ministro de Gracia y Justicia los Presidentes del Tribunal Supremo y el de la Audiencia Territorial de Zaragoza, deberán consignarse en un capítulo especial las observaciones a que dicha regla se contrae en cuanto a los negocios relacionados con la aplicación del Código civil de Aragón.

2ª El Ministro de Gracia y Justicia pasará los respectivos capítulos de dichas Memorias a informe de las Corporaciones a que se refiere el art. 7º de la Ley de 11 de mayo de 1888, a los efectos del artículo 10 de este Código".

La fuerza práctica de esta disposición reside, obviamente, en el contenido del art. 10: ¿a qué efectos se recaba el informe de las Corporaciones aragonesas?

El lector del texto de la primera edición del Proyecto (Zaragoza, 1899) se encontrará con la sorpresa de que el art. 10 trata de materias ajenas a esta previsión, de modo que la remisión carece de sentido. Mayor será su sorpresa si compulsa esta edición con la que se hizo (como anexo al discurso de Gil y Gil) en 1928, pues en ella las últimas palabras de la Disposición adicional segunda han sido sustituidas por "a los efectos de la reforma de este Código". Según esta versión, las consecuencias de la Disposición adicional serían evitar que el legislador introdujera en el futuro modificaciones al Apéndice aragonés -por ejemplo, derogándolo- sin dar ocasión a que se manifestara la opinión de algunas Corporaciones aragonesas. Estas se constituían -prolongando lo dispuesto en el art. 7º de la Ley de Bases- en órgano consultivo paralelo a la Comisión de Codificación (reafirmando el recelo con que desde Aragón se veía aquella).

Pero las intenciones de la Comisión redactora del Proyecto iban mucho más lejos. En uno de los cuadernillos manuscritos de esta Comisión, en que se encuentra el título preliminar del Proyecto, el art. 10 dice: "Las disposiciones del Código civil de Aragón no podrán alterarse por una ley sino previos los informes que fija el art. 7º de la de 11 de mayo de 1888"26. Es decir, ninguna ley general posterior, cualquiera que fuera su alcance y contenido, podría alterar o modificar en nada lo dispuesto en el Apéndice aragonés, si no lo hacía expresamente y daba para ello trámite de informe a las Corporaciones aragonesas. La resistencia a que los Derechos forales, una vez reducidos a ley, pudieran ser alterados directa o indirectamente sin dar voz siquiera al correspondiente territorio era común en éstos (muy explícita entonces en Cataluña)27, y sólo pudo cambiar con el contexto que la propiciaba (falta de autonomía legislativa), es decir, con la Constitución de 1978 y los subsiguientes Estatutos de Autonomía

e) Las instituciones

Los autores del Proyecto no sólo se ocuparon intensamente de materias propias del Título Preliminar del Código civil, sino que tampoco consideraron que el Título IV del Libro I les estuviera vedado. Así, dedican alguno artículos a "los derechos y obligaciones entres marido y mujer" y otro (art. 14) a los "efectos de la nulidad del matrimonio y de los del divorcio". Tras una regulación de los alimentos, se abordan las "relaciones jurídicas entre padres e hijos", con una declaración preliminar según la cual "por costumbre no se conoce en Aragón la patria potestad del derecho común" (art. 19). Ausencia, tutela, Consejo de Familia -con mayor amplitud- y mayoría de edad completan el Libro I.

El Libro II, tras unas indicaciones sobre la clasificación de los bienes (inmuebles o sitios y muebles) y sobre la adquisición de la posesión, se decida a las servidumbres, incluida regulación de la alera foral y de la mancomunidad de pastos y la declaración de que "las servidumbres de leñar, pacer y abrevar se adquieren por la posesión inmemorial" (art. 40).

El libro III se abre con un largo artículo sobre donaciones, que atiende a aspectos muy variados. El resto se ocupa de las sucesiones, con reglas sobre la forma de los testamentos, la indignidad, la desheredación, la aceptación de la herencia, la colación (no se admite por ministerio de la ley) y la partición, y se cierra con la supresión del consorcio o fideicomiso foral para el futuro. En materia de legítimas, se enfatiza que "son únicamente herederos forzosos los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos.- Los que no tienen descendientes legítimos pueden disponer libremente de sus bienes" (art. 61). Recogiendo la fórmula del fuero, los padres "pueden nombrar heredero a uno o más de ellos, según quieran, y dejar a los otros lo que les plazca" (art. 62). Hasta un quinto de la herencia puede dejarse en legados a extraños; y "en ningún caso procede el suplemento de legítima". Las normas de la sucesión intestada (arts. 70-78) son amplias y complejas, sin más remisión al Código que la expresa a los arts. 930-934. En defecto de descendientes, los ascendientes solo heredan al difunto "en los bienes que estos les hubieren transmitido por cualquier título, siempre que estuvieren los mismos bienes en la herencia de aquel". El cónyuge es llamado detrás de los hermanos e hijos de hermanos, y se tiene en cuenta la procedencia familiar de los bienes para los llamamientos a los colaterales. A falta de parientes dentro del cuarto grado y del cónyuge, heredará el Hospital de Nuestra Señora de Gracia los bienes de los acogidos que fallecieren abintestato en él; en otro caso, heredan los colaterales sin limitación de grado y, de no existir, el Estado (art. 78). En el art. 59 se recoge lo que hoy llamamos fiducia sucesoria, de modo que "esta delegación podrá hacerse en última voluntad o en acto inter vivos y será siempre revocable".

El Libro IV es, con mucho, el más extenso, pues abarca del artículo 85 al 201 (último del proyecto), y se comprende, pues contiene, junto a otros asuntos, el régimen familiar de bienes y la viudedad. Comienza con una disposición general sobre obligaciones y otra sobre contratos. Bajo el epígrafe, tomado del Código, "Del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio" (Título III), se encuentran reglas sobre régimen paccionado y régimen legal: forma y límites de las capitulaciones (con posible institución de heredero: arts. 90 y 91), donaciones por razón de matrimonio, dote, excrex, firma o aumento de dote, parafernales, sociedad conyugal (con remisiones al Código únicamente sobre puntos concretos), su disolución y división (aquí la sociedad conyugal continuada) y determinación de las "aventajas forales". Se distingue sustancialmente la disolución y división según haya o no derecho de viudedad. Este derecho de viudedad ocupa formalmente un capítulo, el X, muy amplio (arts. 143-182), dentro del mismo Título III. La viudedad foral recae sobre los bienes sitios, pero puede ser universal por pacto o disposición. En el art. 146 aparece, por primera vez en un Proyecto, la denominación "derecho expectante de viudedad", que adquieren mutuamente los cónyuges desde el momento en que contraen matrimonio con arreglo a las leyes. Se atiende con cuidado, incluso con minucia, a la determinación de los bienes sobre que recae el usufructo de viudedad, el inventario, la caución, la administración de la viudedad (que es bastante más que la administración de los bienes usufructuados: arts. 164-171), la extinción y la división de los bienes de la viudedad. La última sección (arts. 179-182) se ocupa del casamiento en caso, presentado como prórroga de viudedad.

El Libro IV pasa luego a materias variadas. En la compraventa (además de evitar la doctrina del título y el modo) se regula el "retracto llamado beneficio de la saca o abolorio" (art. 184: se observará la curiosa errata, entre las muchas de la edición). Una pincelada sobre aparcería o medial, otra sobre "servicio personal" (contra el inicuo "el amo será creído" del art. 1584 Cc.), unas previsiones bastante completas (arts. 188-187) sobre "consorcio familiar tácito" (nada que ver con el "consorcio foral") y, todavía, una referencia a la prenda, otra a la concurrencia y prelación de créditos (con un "privilegio de los labradores") y otra a la prescripción.

El Proyecto se cierra con la compleja Disposición final que ya conocemos, un par de disposiciones transitorias y la Disposición Adicional a la que asimismo hemos hecho ya referencia.

f) Apreciación de conjunto

Considerado en su conjunto, y en comparación con los de Franco y López, el Proyecto publicado en 1899 es menos personal, como fruto de las deliberaciones de una pluralidad de juristas de orientaciones diversas. Se aparta menos del Derecho entonces vigente y se preocupa por su conservación también en el futuro. No excluye instituciones que Franco condenó, como el derecho de la saca o las aventajas, o de las que prescindió en aras de la uniformidad, como las reglas sobre prescripción. Tampoco contiene muchas de las limitaciones o prohibiciones con que Franco pretendía estrechar el ámbito de la libertad civil (prohibición de institución recíproca entre cónyuges en el testamento mancomunado, requisitos especiales para la validez de las capitulaciones posteriores al matrimonio, por ejemplo). Pero no es ni pretende ser mera compilación de lo existente. Las reformas en muchas materias son evidentes, como en la sucesión intestada.

Cuando se dio a la imprenta en 1899 se acompañó de una "Advertencia" que es el testimonio de su fracaso como Proyecto: el texto no había de dirigirse al Gobierno, sino que se remitió a la Comisión que se acababa de formar en Zaragoza con arreglo a las nuevas directrices de Madrid. Quizás por ello no se publica la Exposición de Motivos que, según la "Advertencia", había escrito Joaquín Martón. Para entonces, diez años después de su nombramiento en 1889, la Comisión se autotitula, no se con qué convencimiento íntimo, "Comisión privada"; pero cuida de señalar que "recibió su encargo de las mismas Corporaciones que ahora han intervenido en el nombramiento de vocales para la segunda". Más bien parece que se sienten sus miembros desautorizados ahora por las Corporaciones que los nombraron. En cualquier caso, hay que recordar que la iniciativa de su constitución y trabajos fue oficial y pública, procedente de Corporaciones aragonesas representativas, y con la legitimación específica que a éstas daba el art. 7º de la Ley de Bases del Código civil.

Han pasado diez años desde la promulgación del Código civil, y la tarea de formar los Apéndice correspondientes a los Derechos forales -para la que la Ley de Base quiso fijar plazo de cuatro años, luego de dos, aunque al final quedó "en el plazo más breve posible"- puede decirse que no se ha iniciado. Salvo en Aragón, en la forma y con la fortuna que hemos visto.

Hay que esperar al "Desastre" y sus consecuencias en el Gobierno de España para que se tome alguna iniciativa. Durán y Bas, nombrado el 4 de marzo de 1889 Ministro de Gracia y Justicia del gobierno conservador de Silvela (con Polavieja), promueve de inmediato la promulgación de los famosos Decretos de 17 y 24 de abril de 1899. Por el primero de ellos crea, en la Comisión General de Codificación, Comisiones especiales para la redacción de los Apéndices. El segundo dispone la composición de tales Comisiones, presididas cada una de ellas por el Vocal correspondiente de la Sección 1ª de la Comisión General de Codificación, y formadas por vocales -en número que varía según los casos- designados por las Diputaciones Provinciales y los Colegios de Abogados (recogiendo así los preceptos de la Ley de Bases), con el razonable añadido de otros nombramientos por Universidades, Colegios profesionales y Academias.

La de Aragón estaría constituida por nueve vocales, designados por cada una de las Diputaciones y Colegios de Abogados, la Universidad, el Colegio Notarial y la Academia jurídico-práctica aragonesa. La Presidencia habría debido corresponder a Ripollés, pues aquel 20 de abril (entre uno y otro Decreto) por una Orden Ministerial se nombra "Vocal correspondiente de la Sección primera de la Comisión General de Codificación, en la vacante producida por el fallecimiento de D. Luis Franco y López, a D. Mariano Ripollés, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza". Luis Franco había fallecido en 1896, pero sólo en la coyuntura de tres años más tarde parece haber razones para proceder al nombramiento del sustituto.

El hecho es que no ejerció Ripollés la presidencia para la que acababa de ser nombrado, por marchar de inmediato a Huesca a desempeñar el cargo de Gobernador Civil. Cuando cesó en él (noviembre de 1900, en que es nombrado Rector de la Universidad de Zaragoza) tampoco se incorporó a los trabajos de la Comisión aragonesa.

La Comisión estaba formada por los siguientes señores: Joaquín Gil Berges, Presidente (vocal designado por la Diputación provincial de Huesca); Jerónimo Torres (vocal designado por la Diputación provincial de Zaragoza); Carlos Vara Aznárez (vocal designado por la Diputación provincial de Teruel); Ignacio de Aybar (vocal designado por el Colegio de Abogados de Zaragoza); Marceliano Isabal (vocal designado por el Colegio de Abogados de Huesca); Gil Gil Gil (vocal designado por el Colegio de Abogados de Teruel); Roberto Casajús (vocal designado por la Universidad literaria de Zaragoza); Pascual Comín (vocal designado por la Academia Jurídica Aragonesa); Gregorio Rufas, Secretario (vocal designado por el Colegio Notarial de Zaragoza). De ellos, tres (Gil Berges, Isabal y Casajús) eran miembros también de la Comisión disuelta al formarse ésta. Hubieran sido cuatro con Ripollés.

Presidió Gil Berges, y a él se debe la mayor parte, cuando no la totalidad, del trabajo; sin duda, la extensa y brillante Exposición de Motivos. De acuerdo con el testimonio, no contradicho por otros, de su sobrino-nieto Gil Marraco28, Gil Berges redactó íntegramente el Proyecto en el verano de 1903, en la casa que ocupaba en el núm. 43 de la calle Mayor de Jaca; y dice conservar las cuartillas originales autógrafas. Los letrados de Zaragoza, como homenaje a su autor, le regalaron un ejemplar de su obra encuadernado en cuero y plata, con sus firmas y una hermosa carta-dedicatoria. Isabal29 se refiere escuetamente al Proyecto como "redactado por Gil Berges".

a) Sistema y fuentes del Derecho

Se publicó el Proyecto -por la Diputación provincial de Zaragoza, como todos los Proyectos anteriores- en 1904, para información de los miembros de las Corporaciones representadas en la Comisión, al tiempo que se enviaba oficialmente a Madrid (Comisión de Codificación).

La amplísima Exposición de Motivos -obra personal de Gil Berges, creemos, lo mismo que la redacción del articulado, pero firmada por todos los miembros de la Comisión- explica en detalle el sentido y antecedentes de cada uno de los preceptos, con copiosas citas de Fueros y Observancias y aun de sentencias, resoluciones de la Dirección General de los Registros y doctrina de autores, por lo que no sólo es instrumento principal para la interpretación del articulado del Proyecto, sino fuente de conocimiento del Derecho aragonés vivido hace un siglo, tanto más importante dada la ausencia en la época de obras generales dedicado al Derecho aragonés.

En particular, la Exposición (y el articulado) ofrece información del mayor interés sobre el Derecho consuetudinario. "País esencialmente consuetudinario este antiguo Reino …", comienza uno de los primeros párrafos de la Exposición. En consecuencia, este Proyecto es, con mucho, el que más preceptos recoge de las costumbres, especialmente las del Alto Aragón, lo cual, sin duda, es un mérito que hay que reconocerle. Pero quizás, aun sin quererlo probablemente, contribuyó a la fijación de una imagen predominantemente rural, montañesa, agrícola y ganadera del Derecho aragonés que no corresponde totalmente a la historia, pues la vida ciudadana ha sido al menos igualmente decisiva en la formación del fuero. Al final de la Exposición se menciona a Joaquín Costa, "a quien sobrarían títulos para reivindicar la propiedad de grandísima parte del proyecto", en razón, se entiende, de su monumental "Derecho consuetudinario del Alto Aragón" publicado por primera vez como libro en 1880 y reeditada por Costa en 1902. Pero sin duda el propio Gil Berges -nacido en Jasa, lugar junto a Aragüés del Puerto en el valle del río Osia- aportaría su amplio conocimiento directo.

La especial consideración del Derecho consuetudinario tiene su oportuno reflejo en el Título Preliminar, al fijar las fuentes del Derecho aragonés. "Las costumbre jurídicas locales, comarcales y territoriales tienen en Aragón fuerza de ley" (art. 3º). Pero la norma primera es el tenor de las cláusulas de los documentos, de acuerdo con el apotegma Standum est chartae. Sólo a falta de documentos y para suplir las oscuridades y omisiones de que adolezcan aplicarán los Tribunales la costumbre; y sólo tras la costumbre (local, comarcal y territorial, por este orden) se aplicarán "las disposiciones de este Apéndice". De modo que éste carece de normas imperativas: las cláusulas de los documentos prevalecen siempre (con los límites de lo imposible y el Derecho natural) y la costumbre puede ser contra ley.

Naturalmente, tanto lo pactado o dispuesto en documento como las costumbres son inmunes a los normas del Código. Este sólo es llamado en último lugar, en ausencia de norma privada, de costumbre y de regla en el Apéndice. Más aún, con atento cuidado a las relaciones entre el Código y el Apéndice y para evitar que la supletoriedad del Código desvirtúe el Derecho aragonés se añade al final del art. 4º, tras la mención del Código civil y las demás leyes de la Nación: "Ni el uno ni las otras se aplicarán, sin embargo, para suplir instituciones reguladas en el Apéndice con carácter típico distinto, aunque figuren en él con denominaciones análogas. Tampoco se aplicarán para suplir instituciones que el Apéndice excluya expresamente".

En estas últimas expresiones late la idea de que, por responder el Derecho aragonés a principios distintos a los que informan el Código general, no deben aplicarse preceptos de éste que se opongan a los principios aragoneses. Aplicación, por tanto, de los principios en los que se inspira el Ordenamiento aragonés previamente a las normas del Código, como se expresará, pasado medio siglo, en el art. 1º de la Compilación en 1967 y, con mayor claridad, desde 1999.

La Disposición final del Proyecto enuncia expresa y directamente la derogación total de los Fueros y Observancias desde la entrada en vigor del Apéndice. No hay ningún precepto que indique que, en adelante, hayan de tenerse en cuenta los preceptos derogados, ni siquiera a efectos interpretativos. No hay atisbo de historicismo. Las ideas sobre promulgación y derogación de las leyes son las propias de la codificación.

Sí se muestra, como se ha dicho, la preocupación por el lugar de las normas legales que recogen el Derecho aragonés en la estructura del Derecho civil español. Esta preocupación está también presente en una "cláusula de salvaguardia" del Apéndice, similar a la publicada en el Proyecto de 1899. Es la Disposición Adicional, que pretende garantizar la necesidad del informe previo de las Corporaciones mencionadas en el art. 7º de la Ley de Bases de 1888 para toda reforma posterior del Apéndice.

Es premisa implícita que el art. 12 Cc. no se aplica en Aragón. El articulado comienza, en efecto, por un Título preliminar sobre fuentes, calidad de aragonés y derecho interregional privado, cuya misma rúbrica ("De las leyes, de las costumbres jurídicas, de los efectos de unas y de otras y de las reglas para su aplicación") muestra bien a las claras su incompatibilidad con aquel precepto del Código. Además, el art. 1º se abre con la declaración de que "el presente Apéndice es el cumplimiento respecto de Aragón de lo establecido en los artículos 6º y 7º de la ley de 11 de Mayo de 1888". Es decir, no del 5º, del que trae causa el 12 del Código. En Aragón, sólo rige el Código "en cuanto no se oponga a aquellas de sus disposiciones forales y consuetudinarias que actualmente estén vigentes" (art. 7º de la Ley de bases). Por eso era importante demostrar que "el fuero" (es decir, Fueros y Observancias) establecía el alcance del principio Standum est chartae y la fuerza de la costumbre aun contra ley, así como recoger en el articulado las costumbres conocidas.

Se aparta también este Proyecto del orden de los preceptos del Código civil, aun manteniendo la división en cuatro libros. En la época, resulta ya de toda evidencia que los "apéndices" al Código no han de publicarse en el cuerpo de éste, como excepciones señaladas caso por caso al pie de cada uno de los artículos del Código a que corresponda -aunque muchos autores publicaron obras de conjunto, o vademécumes de jurisprudencia, en que se adopta esta disposición-, suponiendo que en algún momento la idea resultara viable. Ahora bien, no hay duda de que el apartamiento del orden del Código para seguir los preceptos aragoneses otro distinto es obstáculo para considerar a éstos como excepciones accidentales de una ley general y más bien propicia el reconocimiento de principios inspiradores y técnicos propios. En realidad, esto es lo que proclama la Exposición de Motivos al afirmar que "no podría acomodarse en absoluto" a la estructura del Código, sin el riesgo de que el Apéndice fuera más fragmentario e incoherente de lo que en sí tenía que ser" (pág. XI). Por ello mismo, el Apéndice de 1925 deshizo su orden y lo sujetó al del Código, con la intención de que los preceptos fragmentarios del Apéndice sólo en el sistema del Código alcanzaran sentido. Al mismo tiempo, los 370 artículos del Proyecto de 1904 quedaban reducidos a 78.

La originalidad del Proyecto de 1904 en este punto reside en reunir en el Libro I, bajo el rótulo "De la familia", junto con dos preceptos sobre el matrimonio en general, un largo título II (arts. 15-185) que se ocupa "Del matrimonio con relación a los bienes", en un sentido muy amplio (si bien todavía en el libro IV comparecen preceptos sobre sociedades familiares), con normas sobre "la sociedad conyugal tácita" (arts. 18-68),  la sociedad conyugal paccionada (arts. 69-127) y la viudedad (arts. 128-185). Las razones para esta última inclusión se subrayan en la Exposición de Motivos, en la que se señala la coincidencia del nuevo Código del Imperio alemán (el B.G.B.) en unir los preceptos del Derecho de familia en un solo libro y se critica la situación de la sociedad de gananciales del Código civil en el libro de las obligaciones y contratos (págs. X y XI). Todavía en el mismo Libro I tienen cabida (siguiendo, ahora sí, al Código civil) títulos sobre alimentos, relaciones entre ascendientes y descendientes, ausencia, tutela, consejo de familia y mayor edad. Se llega así al art. 226, con lo que se superan los tres quintos del total.

Los otros tres libros son, aparentemente, los mismos del Código, con idénticos rótulos. Pero el tercero ("De los diferentes modos de adquirir la propiedad") contiene sólo normas de donaciones y (mucho más numerosas) de sucesiones. De modo que si el II (el más breve de todos) se coloca tras al que trata de las sucesiones, tenemos con bastante exactitud la misma disposición y secuencia de materias que en la Compilación de 1967.

b) Comparación con la Compilación de 1967

Merece la pena comparar en sus grandes rasgos este Proyecto con la Compilación de 1967. No sólo por lo que se ha dicho sobre ordenación sistemática y por su extensión muy superior a la del Apéndice de 1925, sin también porque, al ser la Compilación fruto de otra época y partir de premisas distintas a las del Apéndice, cabe pensar que en su elaboración se tuvo muy en cuenta el texto de 1904 que, formalmente, era la última propuesta aragonesa y única elaborada colectivamente que se había presentado al poder central para que la convirtiera en ley para Aragón. Naturalmente, las diferencias de técnica y, en muchos casos, de las soluciones adoptadas, son de importancia.

El Título preliminar, a grandes rasgos, responde a las mismas preocupaciones sobre fuentes (costumbre, Standum) y relación con el Código civil. Además, el Proyecto de 1904 se ocupa de la condición de aragonés y de algunos problemas de conflicto de leyes en el espacio.

En el Libro I, es muy completa en el Proyecto de 1904 la regulación de la sociedad conyugal tácita, con mayor desarrollo que en la Compilación de los problemas de la disolución (sede en que se aborda la sociedad conyugal continuada), pues son muchos los artículos sobre inventario, pago de deudas, aventajas y división de bienes. En el capítulo de la "sociedad conyugal paccionada" se regula, no sólo las capitulaciones matrimoniales, sino el axobar, la dote, el excreix, la aportación de muebles por sitios y viceversa, la hermandad llana y el agermanamiento. También, y es más notable su presencia en esta sede, una amplia variedad de pactos sucesorios, bajo la rúbrica "De los heredamientos universales y de las dotes, donaciones o mandas en equivalencia de las legítimas", que a su vez incluye reglas sobre fiduciarios-comisarios y procedimiento para la intervención del cónyuge supérstite y de los parientes en este concepto (pero también se prevé el otorgamiento de fiducia fuera de capítulos, en la forma más amplia, en el art. 260). La Exposición de Motivos señala que esta regulación de los heredamientos es una de secciones más interesantes del capítulo y "a modo de demostración gráfica de la maravillosa fecundidad de la costumbre jurídica, desarrollada al amparo de un texto legal" (pág. XXV). El texto legal es el Fuero 4º De donationibus, que allí se comenta; la costumbre, tan practicada, sobre todo en la provincia de Huesca, "que puede sin exageración asegurarse que las capitulaciones matrimoniales otorgadas en este sentido, se hallan con los testamentos … en la proporción de ciento por cinco". En cuanto a la viudedad, como era de esperar recibe un tratamiento amplio, como corresponde a "la institución más mimada por la legislación de este antiguo Reino", en palabras de la Exposición de Motivos (pág. XXXI).

Las cuestiones relativas a edad, ausencia, relaciones entre ascendientes y descendientes, tutela y Junta de Parientes ocupan en la Compilación diecinueve artículos: en el Proyecto de 1904, treinta y siete, con particular desarrollo los relativos a la tutela, que incluyen la de los incapacitados. Además, se prevén también algunas reglas sobre alimentos.

El título II del libro tercero (prácticamente la totalidad del libro III, arts. 246-288), sobre sucesiones, encuentra correspondencia muy cercana con el Libro II de la Compilación (derogado en 1999). La sucesión intestada es la materia que, comparativamente, tiene más extensión en el texto de 1904.

El Derecho de bienes ocupó en el Proyecto de 1904 el Libro segundo (arts. 227-240), con varios artículos sobre clasificación de los bienes y uno sobre posesión, además de los correspondientes a servidumbres  y a la alera foral y a otras mancomunidades de pastos, leñas y demás ademprios, que viene a ser la materia, tratada más reducidamente, del libro III (arts. 143-148) de la Compilación.

Mayor es la desproporción en extensión entre los libros cuartos del Proyecto de 1904 y de la Compilación (ochenta y dos artículos frente a sólo cinco). Esta se ocupa únicamente del derecho de abolorio y, marginalmente, de los contratos de ganadería. En el texto de 1904, el retracto de abolorio se encuentra en las disposiciones especiales sobre la compraventa de inmuebles (art. 295), mientras que los contratos sobre ganadería tienen un interesante desarrollo, basado en la costumbre, en los arts. 335 a 369. Además, hay disposiciones generales sobre las obligaciones y sobre los contratos (arts. 289-292) y una sobre prescripción (art. 370); en la compraventa también las hay sobre compraventa de ganados ("por el procedimiento denominado escandallar"); un capítulo trata de la enfiteusis (treudo, tributación o tributo) y otro, más largo (arts. 303-327) "De algunas formas de asociación". La materia de este interesante capítulo abarca algunas instituciones mencionadas en el art. 33 de la Compilación (las otras están reguladas en el Libro I, dedicado el Derecho de familia) y el 34: en concreto, "los consorcios o comunidades de carácter universal entre familias, establecidos expresa o tácitamente"; "los acogimientos o casamientos sobre bienes" y "el contrato de dación personal o sea el referente a los donados".

El Proyecto firmado por Gil Berges y los demás miembros de la Comisión fue enviado al Ministerio de Gracia y Justicia con fecha 29 de febrero de 1904. Allí quedó, sin que se tenga noticia de ninguna iniciativa del Ministerio. Suele escribirse que nada se mueve hasta 1922, como consecuencia de algunas intervenciones que se produjeron en las Cortes, motivadas por la jurisprudencia abusivamente unificadora del Tribunal Supremo, ocasión con la que la Comisión Permanente de la General de Codificación, bajo la presidencia de Antonio Maura, se pone a formar un Anteproyecto de Apéndice Aragonés. Pero el hecho es que, cualquiera que fuera la motivación inmediata, en octubre de 1920 parece que había ya redactada una Ponencia inicial en la Comisión de Codificación. Esta fecha de octubre de 1920 es la que el presidente Maura señala en su (creo que hasta ahora desconocida) "Nota de Ponencia" de la que más abajo nos ocuparemos30.

El Proyecto se ultima casi tres años más tarde, y lleva fecha de 18 de junio de 1923. Es este el que sale a información pública (en la forma que se dirá) en 1924, por lo que suele citarse como de esta última fecha.

El Apéndice de 1925 no se separa apenas de este Proyecto. En su formación tuvo intervención decisiva Antonio Maura, que es probablemente el responsable de la redacción de muchos de los preceptos31. Participó como vocal de la Comisión, desde 1922, Marceliano Isabal, ya de edad avanzada (había nacido en 1845), Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza (lo era desde 1912, y siguió siéndolo hasta su fallecimiento en 1931). Era el foralista aragonés más caracterizado del momento -fallecido poco antes Gil Berges- por sus conocimientos y prestigio, y a él le tocó llevar el peso de la voz aragonesa en la Comisión (aunque también era miembro de la misma el oscense Vicente Piniés). Como se recordará, cuarenta años antes había sido nombrado para la Comisión codificadora formada por el Congreso de Jurisconsultos aragoneses en 1881, y tomó parte efectivamente en las de 1889 y 1899, redactora ésta del Proyecto de 1904.

Es notable que en las mismas fechas Isabal está redactando su "Exposición y Comentario del cuerpo legal denominado Fueros y Observancias del Reino de Aragón"32, obra de casi setecientas páginas, en que en forma de 237 artículos redactados conforme a la técnica codificadora, con amplias explicaciones para cada uno de ellos, compendia el Derecho civil aragonés vigente … hasta pocos días antes de la publicación de la obra. El largo título antes parcialmente transcrito continúa: "[Cuerpo legal …] derogado por el vigente Apéndice al Código civil español". En modo alguna esta "Exposición" tiene que ver con el contenido del "Apéndice"; antes al contrario, basta ojear las páginas de una y otro para percatarse del contraste. La Exposición contiene cabalmente lo que el Apéndice derogó, de manera que más bien parece homenaje fúnebre al Derecho ahora perdido y acaso descargo de conciencia de su autor por la parte que le tocaba en la defunción.

La Comisión tomó como punto de partida el texto remitido desde Aragón en 1904, pero desde el primer momento entiende que el texto aragonés no es sino eso, un punto de partida, con cuyos materiales la Comisión, con plena libertad, redactará el verdadero Proyecto. Es obvio que el art. 7º de la Ley de Bases permitía, cuando no exigía, una interpretación diferente de las relaciones entre el "informe" de las Corporaciones aragonesas y el proyecto de ley que el Gobierno, "oyendo a la Comisión General de Codificación", había de presentar a las Cortes. Por lo demás, las circunstancias políticas -disolución golpista de las Cortes- llevan a que fuera la Comisión de Codificación la que tuviera la última palabra, pues el Gobierno recién formado que siguió al Directorio se limitó a la aprobación formal del texto y a tramitar la firma real.

Se comprueba fácilmente que el Proyecto de 1923 prescinde de gran parte de las normas previstas en el aragonés de 1904: sus noventa artículos no dan para mucho. En las materias que trata, muchas de sus soluciones pueden ser similares y acaso otras sean preferibles. Pero la cuestión no es sólo de extensión y contenido, ni ésta es la principal. Es la conceptuación del Derecho aragonés y el modo de su inserción en el Derecho español lo que está en juego. Se muestra en el sistema externo adoptado, pero, sobre todo, en la privación de fuentes propias.

El Derecho aragonés queda reducido a una regulación excepcional sobre algunos "casos y asuntos", rigiendo en lo demás el Código civil (éste sí con su propio sistema de fuentes, a las que se sujeta el Derecho aragonés). En efecto, de acuerdo con su artículo primero (coincidente con el del Apéndice), que constituye la (única) "Disposición General")

"Según está preceptuado por los arts. 12 y 13 del Código civil, las disposiciones forales del presente Apéndice regirán en Aragón, no obstante lo estatuido por aquella ley común acerca de los respectivos casos y asuntos."

El articulo único del Decreto aprobatorio del Apéndice dice que se ha formado "en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 6º del la Ley de Bases", con sorprendente omisión de la cita del art. 7º de la misma, específicamente dictado para Aragón (fruto de la "enmienda Gil Berges", como se recordará) y que habría debido evitar la aplicación del art. 12 del Código.

La "Disposición final" (art. 90, igual al art. 78 del Apéndice), por su parte, disponía:

"Desde que entre en vigor el presente Apéndice, quedará totalmente derogado el Cuerpo legal denominado "Fueros y Observancias del Reino de Aragón".

En consecuencia, desde ese momento Derecho civil  aragonés era únicamente el contenido en el Apéndice, que contenía normas de excepción (sobre "casos" y "asuntos": ni siquiera se dice recoger las "instituciones" que conviniera conservar) respecto del Código. Este, según la interpretación más centralista (la que expuso De Castro33, pero era ya la de Maura), no sería derecho supletorio, sino directamente aplicable, salvas las excepciones contenidas en el Apéndice.

En cuanto a la costumbre, habría de sujetarse a los preceptos del Código, es decir, nunca prevalecería contra preceptos de éste34.

Todo ello es presentado en la "Exposición" como si fuera consecuencia inevitable de normas ya vigentes. Transcribiendo en sus más esenciales párrafos la comunicación que el Presidente de la Comisión de Codificación (Antonio Maura) elevó al Directorio Militar al remitirle el Proyecto de Apéndice (noviembre de 1924), se afirma:

"Desde su promulgación [la del Código civil] son obligatorias en todas las provincias del Reino las disposiciones del Título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y los Estatutos, y las reglas generales para su aplicación; y también las disposiciones del título 4º, libro 1º, reguladoras del matrimonio. Por estar excluidas del Apéndice foral estas materias, necesitó la Comisión desoír numerosas e insistentes demandas que a ellas concernían, y no fue sin que algunas de las aplicaciones del precepto suscitase prolija deliberación. La costumbre contra ley, que el artículo 5º del Código no admite, ha figurado y aun descollado con predilección de muchos entre las fuentes del Derecho foral aragonés; el art. 12 del Código no consiente que perdure, mas en observancia fiel del artículo 13 se han incorporado al Apéndice las disposiciones consuetudinarias vigentes en la actualidad".

La Exposición prosigue subrayando que "la especialidad es nota característica del Apendice", razón por la cual "no tienen cabida en él enmiendas a la ley común"; y sobre la "especialidad jurídica aragonesa, tal como el Código quiso respetarla" se insiste al final de las palabras de la Exposición procedentes de la comunicación de Maura. En ellas se advierte también que se ha juzgado preferible al plan metódico propuesto por el Proyecto de 1904 "atenerse al del Código civil, para facilitar la inteligencia y la aplicación coordinada en Aragón de las disposiciones regionales y de las comunes allí vigentes".

Pero el Apéndice no está dividido, como el Código, en libros (innecesarios para su extensión), ni en títulos o capítulos, sino que sus artículos aparecen entreverados de rúbricas sin numerar que dan testimonio de lo fragmentario e insuficiente de una regulación que, en efecto, solo alcanza sentido insertada en un sistema externo. De eso se trataba.

Con todo, la utilización de los preceptos del Proyecto de 1904 es evidente y pueden identificarse muchos fragmentos de varias líneas y aun párrafos enteros. Por ejemplo, los arts. 2 y 3 del Apéndice están hechos con porciones de los arts. 189 y 190 de aquel (que dedicaba a la materia, relaciones entre ascendientes y descendientes, también los arts. 191 y 192); los arts. 4 a 7 (ausencia) muestran claramente su origen en los 193-194 del Proyecto de 1904; como el 8 y el 9 (tutela) de los arts. 198-221, pero aquí bien se ve la gran desproporción, pues lo que en el Proyecto de 1904 era una regulación casi completa (además, los arts. 222 y 223 se ocupaban del Consejo de familia) es en el Apéndice un par de pinceladas marginales. La comparación puede hacerse en todo el texto con resultados parecidos.

En resumen, el texto del Apéndice, más que una reducción del texto de 1904, es una obra nueva, de diferente intención, formada, en su mayor parte, de fragmentos entresacados de aquél; una suerte de excerpta sin vida propia, que habría de recibirla de su dependencia del Código civil.

El Proyecto de Apéndice, como se ha dicho, estaba terminado el 18 de junio de 1923. "El Ministro de Gracia y Justicia, López Muñoz, se disponía a llevarlo a las Cortes, cuando ocurrieron el movimiento militar de 13 de septiembre de aquel año y la constitución del Directorio" (Isabal). El Directorio Militar, en sus primeros meses de confusa actitud regionalista, encuentra una buena ocasión de mostrar que es capaz de llevar a cabo en semanas la tarea que el régimen parlamentario no había logrado durante decenios35.

Por Orden de la Presidencia del Gobierno (o sea, el Dictador Primo), de 26 de febrero, el Proyecto se sometió a información pública,  para lo que se insertó el 2 de marzo en la Gaceta de Madrid con la indicación de que "las entidades, Corporaciones o particulares que hayan de hacer observaciones a dicho proyecto, habrán de remitirlas por escrito, en pliego dirigido a esta Subsecretaría (de Gracia y Justicia), en el plazo de un mes" (luego prorrogado hasta 1º de mayo). Concurrieron a la Información conocidos foralistas y otros letrados. Algunos hicieron imprimir sus informes. Se publicaron como folletos o libros los de Azpeitia Esteban36, Vidal Tolosana37 Palá Mediano38 y  Martín Costea39. También algunos trabajos en los números de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia de aquel año 192440.

La Orden de inserción continuaba disponiendo que "el Negociado correspondiente de este Centro cuidará de clasificar e indiciar los referidos pliegos para proceder en su día al estudio que se determina". Sin duda se hizo así y algún funcionario formó un extracto de la información que si, como parece (por lo que luego diré) se imprimió, cabe esperar que algún ejemplar se haya conservado. Pero no he visto ninguna otra referencia a este documento. El que sí tengo a la vista es un libro impreso de 94 páginas, sin encuadernar, con el título "Nota de Ponencia para la Comisión Permanente en vista de la Información publicada (sic: ¿pública?) acerca del Proyecto de Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón", fechado en la última página "Madrid, Diciembre de 1924" y firmado "A. Maura"41.

Dividido en XXXIII apartados numerados en romanos, en ellos su autor agrupa las opiniones de los informantes sobre un punto, comenta lo que en cada caso le parece útil y propone las más de las veces mantener el texto del Proyecto (como es razonable tras una información pública), pero también, en ciertos casos, modificaciones y , sobre todo, supresiones, cuando puede apoyarse para ello en lo solicitado por los comparecientes. El escrito transpira gran dominio de la materia y de la ciencia del Derecho, así como notable ingenio y desparpajo, por ejemplo en la forma de mostrar las opiniones contradictorias de los informantes para deducir de ello la conveniencia de no tocar nada. La amable ironía del primer párrafo se mantiene a lo largo del escrito, que luego se hace mucho más denso, detallista y profundo cuando la materia lo requiere.

El interés excepcional que, en mi opinión, tiene esta larga "Nota de Ponencia" redactada por Maura reside principalmente en mostrarnos la interpretación y defensa circunstanciada que su autor (que puede decirse que lo es del Apéndice) hace de muchos preceptos que estuvieron vigentes desde 1926 a 1967, con el añadido de versar las explicaciones precisamente sobre los puntos más controvertidos. Pero también pone de manifiesto la gran diversidad de opiniones que desde Aragón se hacen llegar a la Comisión, algunas partidarias del mayor ámbito del Derecho foral, solicitando, por ejemplo, un sistema de fuentes propio, pero otras contrarias a instituciones cuya supresión piden. Es sintomático que la Nota de Ponencia defienda en muchos casos la regulación del Proyecto de Apéndice frente a detractores del Derecho tradicional con el apoyo del Proyecto de 1904. Eso sí, procura no dar a éste el nombre de "proyecto", sustituido las más de las veces por el de "texto redactado en Zaragoza", "propuesta de 1904" y similares.

Las cuestiones que suscitan mayor número de crítica entre los informantes son precisamente las de mayor importancia. Como se ha dicho, se prescindió totalmente del contenido del Título Preliminar del Proyecto de 1904. Se pide por diez de los informantes la expresa declaración en el Apéndice de quiénes son aragoneses. Doce echan en falta la regulación de las fuentes del Derecho, señaladamente de la costumbre, y "otra tacha en que coinciden no pocos informantes [son diez], con notable vehemencia, supone abolido en el proyecto el apotegma: standum est chartae, que culmina en el Derecho aragonés" (pág. 7). La respuesta es la esperable y nada esperanzadora, con las mismas razones que su autor expone en su posterior comunicación al Directorio remitiendo el Proyecto (noviembre de 1925), y que acabaron formando parte de la Exposición del Apéndice.  "Todos los diez mencionados reparos [sobre el primer punto aludido] se habrían podido excusar con sólo hacer memoria del imperioso motivo de la abstención que notan; motivo que se indicó ya a la cabeza de la ponencia de octubre de 1920, y es que el artículo 12 del Código civil veda la inclusión de esta materia en el Apéndice.- Por cierto, que este mismo precepto vedaba la inclusión en el Apéndice del título referente al matrimonio, cuya omisión censuraba otro informante" (pág. 7). Lo mismo se dice sobre fuentes y virtualidad de la costumbre: "es materia contenida en el título preliminar del Código, excluida del Apéndice por precepto del artículo 12, precepto del cual los críticos prescinden; pero la Comisión no puede desentenderse".

En cuanto al Standum est chartae, "basta oponer a este grupo de censuras la razón misma que va apuntada en los dos precedentes capítulos" (pág. 8). Pero aquí se añade que "del apotegma standum est chartae, tal cual rige en Aragón, está realmente imbuido el proyecto" y que "tan solo se puede notar la omisión de un enunciado literal que es consuetudinario y afectivamente grato", entrando luego en consideraciones sobre su alcance, en las que se muestra el problema de fondo, que no es otro sino la sujeción de la libertad civil del Derecho aragonés a los preceptos imperativos del Código y las restantes leyes españolas, sujeción que el autor de las "Notas" da por supuesta e incuestionable. Su sentido jurídico le hace advertir la dificultad de acomodar "el arrogante apotegma con las cortapisas del derecho positivo, que no son de derecho natural, ni tampoco incluyen verdadera imposibilidad". En efecto, este es el fondo del asunto.

Por lo demás, como se sabe, la Comisión aún volvió sobre esta omisión del enunciado "consuetudinario y efectivamente grato", insertándolo en lugar y forma tales ( art. 59) en que difícilmente pudieran extraerse del precepto consecuencias distintas que si en él no aparecieran las palabras consagradas.

Además de esta modificación del Proyecto -simbólica, pero no irrelevante- se advierten numerosas diferencias, las más de mero detalle o de redacción, entre éste y el Apéndice, diferencias que anotaron con cuidado M. Alonso y Lambán y F. Sancho Rebullida. La diferencia más visible es la supresión de los arts. 60 a 73 del Proyecto, que desarrollaban variantes consuetudinarias de la sociedad conyugal paccionada, instituciones de heredero en capitulaciones y facultades de los fiduciarios, principalmente: relación de algunas de estas instituciones se hizo en el art. 60 del Apéndice. La información pública no fundamenta esta supresión, que la "Nota de ponencia" tampoco sugiere. De esta manera se paso de los 90 artículos del Proyecto a los 78 del texto del Apéndice.

Este texto que recibió fuerza de ley es exactamente el que la Comisión de Codificación remitió al Directorio, con la varias veces aludida comunicación de Maura, el 21 de noviembre de 1925. A primeros de diciembre se forma el primer gobierno de civiles, en el que la cartera de Gracia y Justicia recae en el aragonés Galo Ponte y Escartín, hasta entonces fiscal en el Tribunal Supremo (por nombramiento de Primo de Rivera), que había iniciado su formación profesional en Zaragoza, como pasante en el despacho de Isabal. Ponte se apresura a poner el proyecto a la firma de su majestad "en su primera audiencia", con la alegría desbordada en la prosa oficial de su "Exposición". Por lo que hemos visto, no es ni medio cierto que el Real Decreto sea el remate de una obra "felizmente terminada gracias a la labor sin descanso realizada durante el gobierno del Directorio Militar". Recordemos que el Proyecto es anterior al golpe militar. Mas afinado es el párrafo que pondera como "recibido el proyecto por el Directorio Militar en 21 de noviembre último, procedió a su estudio con la diligencia en él acostumbrada, y se disponía a someterlo a la aprobación de V. M. cuando la constitución del Gobierno ha trasladado al Ministro que suscribe el honor de hacerlo". En efecto, de 21 de noviembre a 7 de diciembre median tan solo quince días para el "estudio", cambio de gobierno incluido.

El penúltimo párrafo de la Exposición pondera que "hoy es Aragón quien aproxima su legislación foral a la común. La distancia es menor […] Por tal camino puede llegarse suavemente a la unidad de la legislación nacional"; unidad que, con todo, ve lejana, "pues no será obra ésta que podamos ver consumada los que ahora vivimos".

En esto último las previsiones se cumplieron y ni aquella generación ni las siguientes han visto "la unidad de la legislación nacional" en materia de derecho civil. El Apéndice fue recibido en Aragón con el escaso entusiasmo de que hemos dejado constancia al principio de este estudio, y pronto se puso mano en revisarlo. El resto es otra historia.

Notes de base de page numériques:

1 Sobre la aplicación judicial de las normas contenidas en el Apéndice, vid. Valenzuela La Rosa, José y Sancho Dronda, José Luis, El Apéndice foral aragonés a través de la Jurisprudencia, ADA, III, 1946, págs. 375-451; para fechas posteriores, y hasta su derogación, las excelentes Crónicas de Jurisprudencia (Tribunal Supremo y Audiencia Territorial de Zaragoza) redactadas por José Lorente Sanz y publicadas en el Anuario de Derecho Aragonés desde su primer número (1944). En general, la colección del citado ADA constituye la mejor documentación sobre la vida jurídica civil aragonesa bajo la vigencia del Apéndice, si bien nació por impulso de un grupo de foralistas comprometidos en la tarea de lograr su superación.
2 Moneva y Puyol, Juan, voz "Derecho civil de Aragón" en NEJ Seix, t. I, pág. 189. Pueden verse testimonios de esta crítica en Gil y Gil, Gil, Precedentes inmediatos y ligera crítica del Apéndice al Código civil, correspondiente al Derecho Foral de Aragón,  Zaragoza, 1928; de la Fuente Pertegaz, Pedro, Derecho foral de Aragón. Conferencias en la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1936; Palá Mediano, Francisco, voz "Derecho civil de Aragón" en NEJ Seix, t. I, pág. 191; también en Jornadas de Derecho Aragonés, Zaragoza, 12 a 15 de junio de 1961, págs. 8 y 13; y tantos otros. El único mérito que se suele reconocer al Apéndice es el de haber puesto fin a la abusiva jurisprudencia del Tribunal Supremo negando aplicación a las normas aragonesas sobre sucesión abintestato y, desde el punto de vista de la práctica, su -relativa- facilidad de aplicación.
3 Esta "Ponencia Preparatoria", así como noticia sobre los primeros pasos en la reforma del Apéndice, puede verse en Delgado Echeverría, Jesús, "Estudio Preliminar" a Informes del Seminario (1954-1958),  editados por El Justicia de Aragón, tres volúmenes, Zaragoza, 1996 (en particular, vol, I, págs. XXX y stes. y LV y stes.)
4 Morales Arrizabalaga, Jesús, y Bellido y Diego Madrazo, Daniel, "La reforma del Derecho civil aragonés: el Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1880-1881", Actas de los sextos encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1997, págs. 7 y stes. El dato, en pág. 16.
5 Vid. Costa, Joaquín, La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, págs. 115-116, 170 y 172 y stes. de la edición de Guara Editorial, Zaragoza, 1981.
6 Costa, op. cit., pág. 39, donde discute ampliamente la cuestión hasta la página 49.
7 Naval y Schmid, Compilación articulada del Derecho foral vigente en Aragón y conclusiones aprobadas por el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, con observaciones a las mismas, Zaragoza, 1881.
8 La cita de Moneva, en "Biografías de Franco y Guillén", Anuario de Derecho Aragonés, 1944, pág. 14. Notable asimismo el testimonio de Isabal (Exposición y Comentario del cuerpo legal denominado Fueros y Observancias del Reino de Aragón, Zaragoza, 1926, pág. 29), quien dice sobre las Instituciones que "son, a mi juicio, y lo digo sin hipérbole, el libro que más ha influido, después del Repertorio de Molino, en la vida jurídica aragonesa; desde antes de la mitad del siglo pasado, el más consultado, el que preferentemente servía en el Universidad, en los Tribunales, y donde quiera, para aprender y aplicar el Derecho civil aragonés".
9 Al final de su vida publicó Tesoro Bíblico. Dios y su divina palabra. Recopilación ordenada de las verdades y preceptos, consejos y sentencias, que en lo dogmático y moral se contienen en los sagrados libros, obra que supongo es la que causa la observación de Moneva de que "era muy docto en Sagrada Escritura y hablaba discretamente de Arqueología y de Astronomía, en cuanto con la Biblia tienen relación".
10 La evidente excepcionalidad y subordinación pretendida del Derecho aragonés respecto del futuro Código civil adquirió caracteres aún más restrictivos en el Proyecto de Ley de Bases que Alonso Martínez presentó el 22 de octubre de 1881.
11 Pasados cuarenta años Isabal sigue interpretando de este modo la iniciativa de Alvarez Bugallal: "No era una codificación aparte de la legislación de Castilla y de cada una de las legislaciones forales lo que A. Bugallal proponía: su aspiración era una transacción mediante la cual se llegara a la unidad legislativa sin excepciones; se tomaría de todas partes lo que a todos pareciera admirable". Por ello, aprecia que el lenguaje del Decreto de A. Bugallal "era bien diferente del que hasta entonces se había empleado desde Madrid en nombre de España, como si esta se hallara reducida a las provincias que se regían por la legislación de Castilla"(Exposición y Comentario del cuerpo legal denominado Fueros y Observancias del Reino de Aragón, Zaragoza, 1926, pág. 28). La diferencia con lo aprobado en la Ley de Bases de 1888 la identifica así: "En vez de un Código general, esto es, único para toda España, en que la legislación de Castilla apareciese mezclada y confundida, mediante convenidas transacciones, con las legislaciones forales, se había venido a parar a un Código general, único para las provincias no aforadas, y supletorio para las de Fuero, cuyas legislaciones, en lo que se creyera conveniente conservar, se quería respetar en los respectivos Apéndices que habían de formarse" (op. cit., pág. 33).
12 Merino Hernández, José Luis, "Limitaciones al derecho de viudedad aragonés". Discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, Anuario de dicha Academia, 1997, Zaragoza, 1998, pág. 142.
13 Los debates parlamentarios sobre el Código civil pueden verse ahora con mayor comodidad en la edición realizada por el Senado, con Estudio Preliminar de José Luis de los Mozos, en dos tomos, Madrid, 1889 (citada en adelante como "Debates Parlamentarios"). El discurso de Alonso Martínez el 17 de abril de 1889 en el Congreso, en  t. II., págs. 1811 y stes.
14 En el Proyecto de Ley aprobado definitivamente por el Congreso el 11 de abril de 1888 ("Debates Parlamentarios", pág. 929), los arts. 6º y 7º son del siguiente tenor:
15 El texto de la Comisión Mixta en "Debates Parlamentarios", págs. 987 y 1001.
16 Afirmó De Castro (Derecho civil de España, Parte General, I, Madrid, 1955, pág. 300, nota 4), que la Memoria de Franco "no fue bien acogida por el Congreso de Jurisconsultos aragoneses", pero no indica en qué se basa para tal afirmación.
17 La "Comunicación" la publicó en 1881 Ambrosio Tapia (Aragón ante la Codificación general civil. Tipografía de Julián Sanz, Zaragoza, 1880). Franco hace referencia a la misma en págs. 66-67, 135, 146 y 156 de su Memoria.
18 Este datos los tomo de la imprescindible aportación de Jesús Morales y Daniel Bellido que fue Ponencia en los sextos encuentros del Foro de Derecho aragonés (vid. las "Actas", Zaragoza, 1997, págs. 12 y 17). A mi me parece que se desprende de todo ello una actitud de protagonismo por parte de Luis Franco y López, que se presenta como el único interlocutor del Gobierno de Madrid y, en ese concepto, se dirige a las instituciones aragoneses buscando su apoyo; y un camino distinto seguido por el Congreso y sus organizadores, que pretenden llevar sus conclusiones directamente al Parlamento.
19 Luis Franco tomo parte, mediante escrito remitido, en la discusión de este título en la Comisión de Codificación, contribuyendo algo a la redacción, entre otros, de los arts. 623 y 629, cuya contradicción dice haber criticado allí, con el efecto de cierta modificación, insuficiente, en el art. 623. También, según su testimonio, influyó su opinión en la redacción del art. 641 Cc., sobre reversión. En esta materia, se opone también a la prohibición de donación de bienes futuros, introduciendo la oportuna regla en el Proyecto.
20 Se imprimió en Huesca, Imprenta de la Vª e hijos de Castanera, 1889. Sánchez Román, que muestra estar muy al tanto de lo que en aquel momento se hacía en Aragón, da cuenta de este impreso en La Codificación civil española en sus dos periodos de preparación y de consumación, Madrid, Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneira, 1890, pág. 121. Reimpreso recientemente en RDCA, II, 1996, nº 2, págs. 197-209.
21 La Facultad de Derecho, en reunión de 4 de octubre de 1889, acordó: "Que una ponencia compuesta de los Sres. Ripollés, Sasera y Casajús formule un proyecto de dictamen acerca de la Memoria del Excmo. Sr. D. Luis Franco y López, Barón de Mora, autorizando a la misma comisión para que en nombre de la Facultad asista a las reuniones a que pudiera ser invitada, en unión de otras corporaciones consultadas, con objeto de que resulten los informes que han de remitirse a la Comisión codificadora, acerca de las instituciones de Derecho aragonés que deban formar parte del Apéndice al Código civil español, con la posible unidad de criterio".
22 Sánchez Román, Felipe, La Codificación civil española en sus dos periodos de preparación y de consumación, Madrid, págs. 121 y stes.
23 La documentación, procedente del archivo particular de uno de los ponentes, no es completa y ha llegado a nosotros de forma fragmentaria y desordenada (acaso con pérdidas posteriores al fallecimiento de Sasera). Está compuesta por manuscritos de diversas manos -los más de ellos bastante cuidados- cosidos o grapados formando cuadernillos.
24 Isabal y Bada, Marceliano, Exposición y comentario del Cuerpo legal denominado "Fueros y Observancias del Reino de Aragón", Zaragoza, 1926, págs. 34-35.
25 En la (primera) edición de 1899,  la cubierta dice: Proyecto de Código civil de Aragón; en  portada, Apéndice primero al Código civil general.- Proyecto de Código civil de Aragón. Zaragoza, Imprenta del Hospicio, 1899.
26 En otro cuadernillo, el texto del art. 10 tiene alcance similar: "Las disposiciones del Código civil de Aragón, podrán derogarse por una ley, previos los informes que fija el art. 7º de la ley de 11 de mayo de 1888".
27 Vid. Salvador Coderch, Pablo, La Compilación y su historia. Estudios sobre la codificación y la interpretación de las leyes, Barcelona, 1985, pág. 152.
28 Gil Marraco, Joaquín , "Don Joaquín Gil Berges", ADA, 1945, págs. 38 y stes.
29 Isabal, Exposición y Comentario, cit., pág. 35. En el mismo sentido Gil y Gil (sobrino de Gil Berges, y vocal de la Comisión que su tío presidió), en su Discurso de 1928 (Precedentes inmediatos y ligera crítica, cit., págs. 12 y 23)
30 Págs. 20 y 62 de la "Nota de Ponencia".
31 Así Gil y Gil, Precedentes inmediatos y ligera crítica, etc., cit., págs. 16, 19 y 26. En la 19 dice: "La especie de sugestión que sobre sus compañeros ejercía la poderosa inteligencia, así como el especial carácter de D. Antonio Maura, dio por resultado que la obra resulte producto de personas extrañas a nuestro territorio, casi personal del Presidente de la Comisión, por haberse encargado este señor, dando pruebas de una laboriosidad que debemos enaltecer en justicia, de redactar definitivamente el Apéndice.- Resultando así para Aragón, lo que, según frase atribuida a D. Francisco Cambó, repugnaba a Cataluña; o sea tener un Código regional redactado por persona extraña a la región".
32 En 1924 escribe la pág. 35, pues indica que el resultado de la información pública sobre el proyecto está en estudio cuando redacta esas líneas. La obra se publicó con fecha de 1926, ya vigente el Apéndice, que se inserta como añadido al final de la obra. Va precedida de un prólogo de Antonio Maura, fechado en noviembre de 1925, quien señala que "durante estos cuatro últimos años, ha compartido [Isabal] los trabajos de la Comisión Permanente, en la General de Codificación, dedicados a formar el proyecto definitivo del Apéndice foral, sin reparar en la carencia de dietas ni de alguna otra retribución, y sin que le arredrase, en su edad avanzada, el viaje a Madrid, que hizo para cada sesión semanal". Maura falleció aquel mismo año. Isabal le dedica "Un recuerdo" que cierra su "Exposición", en que evoca principalmente la participación y actitud de Maura en la redacción del Apéndice. Es de lamentar que en la pobre reimpresión que de la obra de Isabal hizo el Colegio de Abogados de Zaragoza en 1985 falta -además del Apéndice- esta nada irrelevante nota necrológica.
33 La opinión de De Castro sobre las fuentes del Derecho civil en Aragón (1º El Código civil, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en el Apéndice.- 2º El Apéndice foral acerca de sus respectivos casos y asuntos) coincidía con la "interpretación auténtica" que Maura daba al art. 1º en la "Nota de Ponencia" a que luego nos referiremos. Maura transcribe la propuesta coincidente de dos de los juristas que comparecieron en la información pública, según la cual el art. 1º habría de decir: "En todo lo que no se halle expresamente establecido en este Apéndice, se regirán civilmente los aragoneses por las disposiciones del Código civil español que será, por tanto, su derecho supletorio". La propuesta de los informantes parece en todo coincidente con la enmienda presentada por Gil Berges a la Ley de bases en 1885 y que, retocada por Alonso Martínez, dio origen al art. 13 Cc. Pero Maura la encuentra absolutamente rechazable. "Parece inadmisible este texto, que invertiría y trastocaría las especies. La vigencia del Código en Aragón, fuera del ámbito acotado para el Apéndice, dimana del Código mismo, data del año 1889 y no tiene el carácter de supletorio que se le atribuiría" (subrayado mío, J. D.).
34 Pequeño portillo abrían las referencias concretas diseminadas en el Apéndice a determinadas costumbres (16, alera foral; 56, aventajas; 60, "instituciones consuetudinarias" familiares; 77, contratos sobre ganadería). Vid. Lorente Sanz y Martín-Ballestero, "La norma en el Ordenamiento jurídico aragonés", ADA, I, pág. 108. Naturalmente, los Tribunales negaron valor a la costumbre contra ley: Ss. Au. Zaragoza, 18 octubre 1950, 21 diciembre 1960, 31 enero 1961, 18 mayo 1961.
35  "¿No es suerte y honor inesperado poder presentar a V. M. en la primera semana de vida ministerial lo que no pudo serle presentado en más de treinta y siete años?" se lee en la Exposición que formalmente eleva al Rey el nuevo Ministro de Gracia y Justicia, el aragonés Galo Ponte y Escartín.
36 Azpeitia Esteban, Mateo, El proyecto de Apéndice al Código civil, correspondiente al Derecho foral de Aragón. Comentarios y problemas, Madrid, 1924.
37 Vidal Tolosana, Lorenzo, El Apéndice aragonés al Código civil general. Informe. Huesca, 1924.
38 Palá Mediano, Francisco, Observaciones al proyecto de Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho foral de Aragón. Barbastro (s.a.).
39 Martín Costea, Alberto, Observaciones hechas al "Proyecto de Apéndice al Código civil", etc., Calatayud (s. a. ).
40 Años después, el Proyecto de 1924 fue publicado en ADA, VIII, 1955-1956, págs. 215 y stes, precedido de una introducción por J. L. S. [José Lorente Sanz], con notas y concordancias (respecto del Apéndice de 1925) de Mariano Alonso y Lambán y Francisco de Asís Sancho Rebullida, seguida de una tabla de correspondencias de los preceptos del Apéndice con los del Proyecto de 1924 y los del Proyecto de 1904. Le siguen (págs. 265-293) las "Observaciones" que al proyecto de 1924 había publicado Alberto Martín Costea.
41 El pié de imprenta, asimismo en la portada, dice "Madrid.- Imprenta de Juan Pérez Torres.- Pasaje de Valdecilla, 2.- 1924". El ejemplar lo adquirí hace algunos años en librería anticuaria al verlo en su catálogo. No conozco ningún otro ejemplar ni he visto citada la obra.

Para citar este artículo

Jesús Delgado Echeverría. «Antecedentes y Proyectos del Apéndice de 1925», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=370
organismo : Universidad de Zaragoza

función : Catedrático de Derecho civil