núm. 4 (2007)

Tipo de documento: Artículo

Algunas tesis sobre el derecho de abolorio

Consideraciones sobre la institución a partir de la legislación, doctrina y jurisprudencia ante una eventual reforma*

Aurora López Azcona

En un momento en que las Cortes de Aragón, a partir de la importante labor desarrollada por la Comisión Aragonesa de Derecho civil presidida por el Profesor Delgado Echeverría, han renovado la mayoría de los libros de la Compilación1, parece oportuno exponer una serie de consideraciones sobre el derecho de abolorio, institución sobre la que todavía la Asamblea legislativa aragonesa no ha desarrollado sus competencias relativas al desarrollo del Derecho civil.

En este punto no se oculta que quien suscribe este trabajo ha dedicado no pocos años al estudio del derecho de abolorio con el fin de elaborar la memoria de doctorado que finalmente se defendió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza el 16 de diciembre de 20052. De ahí que deba advertirse que las tesis que se recogen en este trabajo fueron ya defendidas públicamente en el referido acto académico. No obstante lo cual se ha considerado conveniente su difusión por si fueran útiles dentro del necesario debate jurídico que, con relación a las instituciones del Derecho civil aragonés, debe realizarse en una Comunidad Autónoma como la nuestra que goza de competencias en materia de Derecho civil.

A los efectos expuestos se entiende que es útil avanzar una noción  del derecho de abolorio para después formular una serie de proposiciones que de modo sintético permitan identificar los elementos del referido debate.

El derecho de abolorio puede definirse como aquel derecho que atribuye la ley a ciertos parientes para adquirir preferentemente inmuebles familiares cuando su dueño pretenda su enajenación o ya los ha enajenado a personas ajenas a la familia de procedencia.

La existencia de un derecho familiar de adquisición preferente no se predica exclusivamente del Derecho aragonés y, en puridad, no puede ni siquiera calificarse como una institución estrictamente foral. En efecto, hasta la promulgación del Código civil, el Derecho castellano contemplaba una institución muy similar bajo la denominación de retracto gentilicio. Sólo una vez que el retracto gentilicio castellano fue excluido del Código civil, el ámbito de aplicación de este tipo de derechos familiares quedó reducido a los territorios con Derecho propio. Así, hoy en día son figuras equivalentes al derecho de abolorio el retracto gentilicio navarro, el derecho de saca vizcaíno y el derecho de tornería catalán, cuya aplicación se restringe al Valle de Arán3. Obviamente, existen importantes diferencias de regulación entre estos derechos, siendo el derecho de saca el que presenta mayores singularidades referidas fundamentalmente a su mecanismo de actuación y efectos.

1. La primera regulación del derecho de abolorio se encuentra en el Fuero de Jaca, donde se configura como un derecho de tanteo y retracto subsidiario a favor de los hermanos coherederos cuando, tras la disolución del consorcio foral, uno de ellos pretende vender o ya ha vendido la parte que le ha correspondido en la partición de las heredades de abolorio o patrimonio4. Precisamente, la vinculación del derecho de abolorio al consorcio foral, característica de la tradición jurídica jacetana, constituye un elemento diferencial con las regulaciones contenidas en los fueros municipales de otros territorios peninsulares -incluidos los Fueros de Teruel y Albarracín5- donde no se aprecia esta circunstancia.

2. En la Compilación de Huesca de 1247 el derecho de abolorio deja de contemplarse exclusivamente como una preferencia adquisitiva de antiguos miembros del consorcio foral para convertirse en un derecho de tanteo y retracto que se extiende a los parientes en general por la línea de procedencia de los bienes. En este punto, debe señalarse que, si bien los fueros 4º y 5º De communi dividundo de la versión latina oficial regulan respectivamente un derecho de adquisición preferente de los antiguos miembros del consorcio foral y de los parientes6, la versión romance de los Fueros de Aragón contenida en el manuscrito de Miravete de la Sierra -que, no se olvide, es la más antigua de las hoy conservadas- se refiere únicamente a la preferencia adquisitiva de los parientes7. Por ello, cabe aventurar, a modo de hipótesis, que, cuando en la Corte General reunida en Huesca en 1247 se aborda la regulación del derecho de abolorio, se opta por desvincularlo del consorcio foral para darle un mayor alcance, reconociéndolo a los parientes del disponente por la línea de procedencia de los bienes, sean o no antiguos consortes. De acuerdo con esta hipótesis, sólo en momento posterior, cuando se redactan las restantes versiones romances8, así como la versión latina oficial se decide mantener, junto al derecho de adquisición preferente de los parientes, el correspondiente específicamente a los antiguos miembros del consorcio foral.

3. De los fueros promulgados con posterioridad a la Compilación de Huesca, se ocupan de la institución el fuero único de 1564 Forma de proceder para recuperar los bienes de abolorio que instaura un procedimiento especial para la tramitación de las pretensiones de derecho de abolorio en vía judicial y el fuero de 1678 Que tenga lugar el beneficio de la saca en las vendiciones de bienes sitios que se hizieren por Corte que admite su ejercicio en las ventas judiciales9.

4. El escaso tratamiento del derecho de abolorio en los Fueros se ve compensado por otra de las fuentes del Derecho histórico aragonés, las Observancias, que completan el régimen jurídico contenido en la Compilación de Huesca con la práctica consagrada en las mismas, resolviendo numerosas cuestiones planteadas en torno al mismo10. En todo caso, importa precisar que en algunas observancias -particularmente, de las incluidas en las Colecciones privadas- se asume una interpretación restrictiva de la institución e, incluso, se fomentan los fraudes dirigidos a eludirla, lo que parece obedecer a una visión negativa del derecho de abolorio -por lo demás, muy generalizada en el momento de la recepción del ius commune- al que llega a calificarse de “odioso”.

5. Durante el siglo XIX, de acuerdo con la ideología propia del movimiento codificador, el retracto gentilicio no se incorpora al Código civil, por lo que deja de regir en los territorios del llamado “Derecho común”. Por el contrario, los territorios con Derecho propio abogan con carácter general por mantener sus preferencias adquisitivas familiares. Con todo, por lo que se refiere a Aragón ha de precisarse que en el Congreso de Jurisconsultos de 1880 se propone la supresión del derecho de abolorio11, debiendo señalarse también que en la Memoria de Franco y López no se incluye entre las instituciones aragonesas a conservar excepcionalmente12. No obstante, superado este primer momento inmediatamente anterior a la aprobación del Código civil, lo cierto es que el derecho de abolorio se incluirá en todos y cada uno de los proyectos de Apéndice, así como en el propio Apéndice de Derecho foral de Aragón de 192513.  

6. La Compilación del Derecho civil de Aragón de 1967 mantiene el derecho de abolorio en los términos actualmente vigentes, si bien merece reseñarse que su tenor definitivo se separa notablemente de la redacción que propuso la Comisión de Jurisconsultos Aragoneses. Debe indicarse en este punto que los textos articulados elaborados por la Comisión aragonesa no sólo se caracterizan por una superior técnica jurídica, sino que también recogen con mayor acierto los perfiles propios de la institución14.

1. La Compilación aragonesa constituye una de las primeras regulaciones que acoge la categoría de los derechos adquisición preferente, incluyendo dentro de la misma al derecho de abolorio en sus arts. 149.1 y 152.

2. El texto compilado reconoce implícitamente en su art. 152 que el derecho de abolorio constituye un derecho legal de adquisición preferente, lo que conlleva la naturaleza imperativa de las normas que integran su régimen jurídico, así como la imposibilidad de cualquier pacto dirigido a la exclusión total o parcial del mismo o a su extensión a supuestos no previstos legalmente.

3. La Compilación aragonesa delimita el derecho de abolorio como un derecho subjetivo y no como una mera facultad, en atención a su régimen jurídico, que disciplina la posición jurídica tanto del titular del derecho de abolorio como de los otros sujetos intervinientes.

4. A pesar de la inclusión del régimen jurídico del derecho de abolorio en el libro IV de la Compilación aragonesa bajo la rúbrica “Derecho de obligaciones”, y teniendo en cuenta la ausencia de pronunciamiento expreso sobre esta cuestión por parte del legislador aragonés, en contraste con el Fuero Nuevo de Navarra, resulta defendible la naturaleza real de este derecho, debido a que concurren sus dos notas distintivas, esto es, la inmediación y la absolutividad15.

5. El derecho de abolorio, en cuanto se vincula a una determinada condición parental, es personalísimo, lo que conlleva, en primer lugar, su intransmisibilidad en virtud de cualquier título y, en segundo término, implicaría su incompatibilidad con el derecho de sustitución legal. Sin embargo, de lege data ha de admitirse la aplicación de tal institución sucesoria a los descendientes de hermanos, en cuanto ello constituye una consecuencia necesaria de la remisión que efectúa el art. 149.3 Comp. al orden de llamamientos de la sucesión troncal.

6. El texto actualmente vigente configura, no sin cierta ambigüedad, el derecho de abolorio como un derecho susceptible de ejercicio como tanteo o retracto subsidiario, en función de que la enajenación de los bienes haya sido o no efectuada16. De este modo, se han superado las previsiones del Apéndice de 1925 que atribuía únicamente el derecho de retracto sin tanteo previo, recuperando las dos fases de ejercicio contempladas en el Derecho de los Fueros y Observancias.

También obedecen a la tipología del tanteo y retracto subsidiario el derecho aranés de tornería y el retracto gentilicio navarro17. En cambio, el derecho de saca vizcaíno, aunque ejercitable en dos momentos diferentes, según se hayan efectuado o no los llamamientos forales, presenta unas características peculiares que impiden identificarlo con el tanteo y retracto18.

7. Por lo que se refiere a los titulares del derecho de abolorio, en el Fuero de Jaca sólo ostentan legitimación activa los parientes colaterales y, en concreto, los hermanos y descendientes de hermanos, en cuanto antiguos miembros del consorcio foral, mientras que la Compilación de Huesca de 1247 (fuero 5º De communi dividundo) extiende la referida titularidad a los parientes en general, sin distinción entre la línea recta y colateral. No obstante lo anterior, las diferentes versiones de los Fueros de Aragón mantienen la doble regulación del derecho de abolorio y, por ende, un doble sistema de legitimación activa, con la salvedad del manuscrito de Miravete de la Sierra en los términos vistos en las conclusiones precedentes19.

La ampliación de la legitimación activa en los Fueros de Aragón no parece que tuviera una acogida unánime en la práctica, en atención a los términos en que se expresan tanto las diversas Colecciones de Observancias como los primeros foristas, pudiendo identificarse varias tendencias al respecto, entre las que merece destacarse la aportación especialmente matizada de Pérez de Patos, en cuanto distingue entre la dicción del fuero 4º y la del fuero 5º De communi dividundo, de diferente alcance20.

La misma disparidad de criterios se aprecia en la doctrina a partir del siglo XVI hasta la derogación del Cuerpo de Fueros y Observancias. Así, en una primera etapa que comprende los siglos XVI y XVII la doctrina se caracteriza de modo unánime por admitir únicamente en el ejercicio del derecho a los parientes colaterales21. Con todo, a partir del siglo XVIII se aprecia un cambio de criterio doctrinal, toda vez que los diferentes autores defienden la ampliación de la legitimación activa a los parientes en línea recta y, en particular, a los descendientes22. En las obras doctrinales se omite, sin embargo, toda referencia a la línea recta ascendente, lo que parece coherente con las reglas de la sucesión intestada -cuya aplicación al derecho de abolorio se predica por la generalidad de la doctrina23-, que excluyen a los ascendientes entre los llamados a suceder.

Por su parte, la jurisprudencia recaída desde mediados del siglo XVIII hasta la derogación del Cuerpo de Fueros y Observancias está en línea con la posición de la doctrina del momento, al incluir a los descendientes entre los titulares del derecho de abolorio24.

El Proyecto de Apéndice de 1899 opta por una fórmula de gran amplitud, en la que tienen cabida los parientes en línea recta y colateral. Sin embargo, el Proyecto de 1904 mantiene un criterio antitético, ya que restringe la posibilidad de ejercitar del derecho de abolorio a los colaterales. Esta última fórmula es adoptada por el Proyecto de 1924, de donde pasa al texto definitivamente aprobado en 1925, no sin las críticas de la generalidad de los autores de la época, favorables a la legitimación de los descendientes25.  

En los trabajos preparatorios de la Compilación de 1967 el tratamiento legal que merecen los parientes en línea recta dista de ser una cuestión pacífica. Por lo que se refiere a los ascendientes, se les reconoce legitimación activa bajo ciertas condiciones en todos los anteproyectos de Compilación, salvo en el ASECGC de 1966, donde se adopta la fórmula definitiva, excluyente de los parientes en línea recta26. Por su parte, los descendientes son admitidos entre los titulares del derecho de abolorio por el Anteproyecto del Seminario de 1961, pero no así por los anteproyectos posteriores27. De este modo, en el texto definitivamente aprobado se restringe la legitimación a los colaterales, posiblemente por influencia de las reglas de la sucesión troncal a las que se remite expresamente el art. 149.3. Ello no obsta para que de lege ferenda se considere adecuado extender la legitimación a los parientes en línea recta y, en todo caso, a los descendientes, de acuerdo, por lo demás, con la opinión mayoritaria de la doctrina28 y con las previsiones de los Derechos civiles territoriales donde se regulan derechos familiares de adquisición preferente29.

8. El requisito de la pertenencia de los titulares del derecho de abolorio a la línea de procedencia de los bienes constituye una constante histórica del Derecho aragonés, así como de los diferentes Derechos hispánicos que contemplan preferencias adquisitivas similares.

Tal presupuesto aparece especificado por primera vez en la Compilación de Huesca de 1247, si bien debe hacerse notar la falta de uniformidad de sus diversas versiones a la hora de concretar este requisito. En particular, en la versión oficial sólo se recoge en el fuero 4º De communi dividundo y, además, referido exclusivamente a la fase de tanteo. Por su parte, el Vidal Mayor delimita con mayor precisión este requisito, en cuanto exige que los parientes sean descendientes del tronco familiar de donde procede la heredad30.

Los foristas -aunque Molino no sin vacilaciones- coinciden en la exigencia de este requisito31; consenso que, sin embargo, se trunca en la doctrina foralista, ya que a partir del siglo XIX algunos autores extienden el derecho de abolorio en su fase de tanteo a los parientes del vendedor por la línea distinta a la de procedencia de los bienes con base en el fuero 4º De communi dividundo32.

Ni el Apéndice ni los proyectos que le preceden recogen de modo expreso el requisito de la pertenencia a la línea de los bienes, no obstante lo cual, tal requisito se deduce implícitamente de la exigencia de que los bienes retraídos hayan sido recibidos por el disponente de un ascendiente común a él y al retrayente.

En cambio, la Compilación, al igual que sus diversos trabajos preparatorios, requiere explícitamente en su art. 149.1 que los titulares del derecho de abolorio sean parientes por la línea de procedencia de los bienes, coincidiendo en este punto con las legislaciones  navarra, vasca y aranesa33.

En cualquier caso, cabe defender la inexistencia de preferencia del parentesco de doble vínculo sobre el de vínculo sencillo a lo largo de toda la trayectoria de la institución.  

9. La exigencia de un concreto grado de parentesco en los titulares del derecho de abolorio no ha permanecido invariable a lo largo del tiempo, dado que puede apreciarse una evolución de la legislación aplicable que, partiendo de la inexistencia de limitación en cuanto al grado de parentesco, ha culminado en la regulación vigente, en la que se restringe la preferencia adquisitiva a los parientes hasta el cuarto grado.

En efecto, a diferencia de los demás Derechos históricos peninsulares -con la salvedad del aranés- donde se constriñe la legitimación activa para ejercitar sus correspondientes preferencias adquisitivas familiares a los parientes en cuarto grado34, en los Fueros no se establece límite de grado alguno en materia de derecho de abolorio.

Las primeras Colecciones de Observancias son más precisas que los Fueros, al aplicar el criterio de proximidad de parentesco para resolver tanto la concurrencia entre parientes35, como el supuesto de ejercicio del derecho frente a adquirente pariente36. Sin embargo, con la Colección oficial de Observancias se vuelve a la indeterminación que caracteriza a los Fueros, en cuanto identifican a los titulares del derecho de abolorio con los consanguíneos sin más especificaciones37.

En la evolución de la doctrina desde el siglo XVI hasta la promulgación del Apéndice de 1925 cabe diferenciar dos etapas bien definidas. Hasta finales del siglo XVIII no se explicita límite de grado alguno. Sin embargo, a partir del siglo XIX son varios los autores que defienden la restricción del derecho de abolorio a los parientes hasta el cuarto grado por influencia del Derecho castellano y, en particular, de la ley 73 de Toro38.

En la jurisprudencia se percibe una evolución similar a la doctrinal en orden al grado de parentesco. Así, mientras en los pleitos judiciales tramitados durante el siglo XVIII y principios del XIX no se menciona la existencia de límite de grado alguno en las alegaciones de las partes39, desde mediados del siglo XIX hasta la derogación del Cuerpo de Fueros y Observancias se refleja en los pronunciamientos judiciales el mismo debate sobre la incidencia del límite castellano del cuarto grado40.

Los proyectos de Apéndice no presentan una opción coincidente en cuanto a la determinación del límite de grado, prosperando en el texto definitivamente aprobado el límite del sexto grado, en consonancia con las reglas de la sucesión intestada.

También los diferentes anteproyectos de la Compilación distan de ofrecer una misma solución en este asunto, si bien se aprecia en los sucesivos trabajos una progresiva voluntad de restringir el grado de parentesco que legitima el ejercicio del derecho, hasta llegar finalmente al cuarto grado, en coincidencia con el fijado para la sucesión entre colaterales en los bienes troncales simples.

10. El parentesco exigible para actuar el derecho de abolorio debe ser, en todo caso, de consanguinidad, tal como se deduce de la regulación vigente y de sus propios antecedentes normativos, en los que se recogía expresamente este requisito41. Por consiguiente, los parientes afines están excluidos entre los titulares de dicha preferencia adquisitiva.

11. El parentesco ilegítimo no es objeto de regulación expresa en los Fueros, sin perjuicio de las hipótesis que puedan formularse respecto de la posición de los hijos naturales con anterioridad a 124742. Ello contrasta con las tempranas referencias a este tipo de parientes plasmadas en las diversas Colecciones de Observancias. En concreto, la observancia que se ocupa de esta cuestión -que, por cierto, no se incluye en la Colección oficial- niega legitimación a los parientes ilegítimos, naturales y no naturales, para ejercitar el derecho de abolorio43, en sintonía con las reglas de la sucesión intestada44.

De igual modo, la doctrina forista y foralista ha requerido tradicionalmente la legitimidad del parentesco45, si bien se identifica alguna opinión partidaria de admitir a los parientes naturales bajo determinadas circunstancias46.

Posteriormente, la posibilidad de que los parientes naturales sean titulares del derecho de abolorio se cierra con la previsión expresamente recogida en el Apéndice de 1925 acerca de la legitimidad del parentesco sin matiz alguno.

Sin embargo, parece defendible considerar que, bajo la vigencia del Apéndice, así como en momentos históricos anteriores, los parientes legitimados por subsiguiente matrimonio podrían ejercitar el derecho de abolorio, en cuanto estaban equiparados a los parientes legítimos.

Aunque la Compilación de 1967 suprime toda referencia a la legitimidad del parentesco, ello no implica necesariamente el reconocimiento del derecho de abolorio a los parientes extramatrimoniales, si se realiza una interpretación sistemática con diversos preceptos del texto legal en los que se consagra un tratamiento discriminatorio de los referidos parientes, fundamentalmente en materia sucesoria. Obviamente, la Constitución de 1978 despliega su eficacia derogatoria sobre la Compilación en estos extremos, siendo ésta además reformada por la Ley 3/1985, de 21 de mayo, con el objetivo de evitar cualquier trato desigual en materia de filiación, por lo que a partir de este periodo constitucional no puede justificarse una denegación del derecho de abolorio con base en el origen matrimonial o extramatrimonial de la filiación.

12. El Derecho de los Fueros y Observancias se caracteriza por equiparar a efectos sucesorios la filiación adoptiva con la legítima47. A partir de este tratamiento igualitario, y dada la conexión establecida por la doctrina entre sucesión intestada y derecho de abolorio, cabe defender que los parientes adoptivos podrían ser titulares de tal derecho.

Ni el Apéndice de 1925 ni la Compilación de 1967 en su redacción originaria contienen previsiones específicas atinentes a la adopción, por lo que necesariamente deben tenerse en cuenta las sucesivas regulaciones incluidas en el Código civil en esta materia, siendo decisivo, a efectos del reconocimiento del derecho de abolorio, el concreto vínculo parental que se asigna en aquéllas al adoptado. Ello es así porque se tendrá derecho de abolorio sobre los bienes de la familia, de origen o adoptiva, respecto de la que se reconozca relación parental.

Con la plena equiparación entre las filiaciones biológica y adoptiva operada por la reforma del Código civil en virtud de la Ley de 11 de noviembre de 1987, de inmediata incidencia en el Ordenamiento jurídico aragonés, los hijos adoptivos podrán ejercitar el derecho de abolorio respecto de la familia del adoptante, perdiendo, en cambio, todo derecho en relación con la familia de origen, habida cuenta de la regla general de ruptura de vínculos jurídicos con la misma. Con ello curiosamente se llega a una situación de régimen jurídico similar a la prevista en los Fueros y Observancias, en contra de lo que parece deducirse del Preámbulo de la Ley aragonesa 3/1988, de 25 de abril, que nada añadió en este punto a la reforma del Código civil de 1987.   

13. La problemática de la concurrencia de parientes en el ejercicio del derecho de abolorio no encuentra pautas de resolución en los Fueros, por lo que debe acudirse primero a las Colecciones privadas de Observancias y posteriormente a la doctrina al objeto de encontrar criterios para solventar este tipo de conflictos. Concretamente es a partir de Portolés cuando se impone como criterio preferente el de proximidad de parentesco48, también presente en los restantes Derechos hispánicos que contemplan preferencias adquisitivas familiares49. En caso de concurrir parientes de igual grado no se aprecia un punto de vista unánime, ya que se defienden diferentes criterios de resolución, tales como el de prioridad en el ejercicio o el del reparto del bien objeto de la preferencia adquisitiva50.

El Apéndice de 1925 se pronuncia expresamente sobre este asunto, en cuanto consagra en su art. 76.2 como criterio preferente el de proximidad de parentesco, mientras que, para el caso de colisión de parientes de igual grado, se acoge el de prioridad en el ejercicio.

El primero de los anteproyectos de la Compilación inicia una nueva tendencia en el tratamiento de la concurrencia de parientes que se plasma finalmente en el art. 149.3 del texto vigente y que se caracteriza por acudir como primer criterio resolutorio al orden de llamamientos establecido para la sucesión troncal. Como criterio subsidiario se mantiene, en cambio, el de prioridad en el ejercicio previsto en el Apéndice.

14. El derecho de abolorio, tal y como se regula en la legislación vigente, es susceptible de ejercicio en dos momentos distintos, anterior y posterior a la enajenación, lo que determina un distinto legitimado pasivo en cada caso. Así, en fase de tanteo el legitimado pasivo será el pariente dueño del inmueble cuya enajenación pretende; en cambio, en fase de retracto el derecho deberá ejercitarse contra el adquirente, no así contra el transmitente.

15. La determinación del legitimado pasivo se revela más compleja cuando, dentro del plazo de ejercicio del derecho de abolorio, se producen sucesivas transmisiones tras la originadora del mismo.

Esta cuestión ya es abordada en las Observancias, siendo posible apreciar en las mismas una interesante evolución que culmina con la obs. 8ª De consortibus eiusdem rei de la Colección oficial en la que se impone al comprador la prohibición de enajenar dentro del plazo de ejercicio del derecho, cuyo incumplimiento conlleva la posibilidad de intentar el retracto contra aquél, aun cuando ya no tenga la cosa en su poder51. De la doctrina posterior, sin embargo, resulta imposible extraer un criterio unánime en relación con el tema que nos ocupa. De este modo, si bien un primer grupo de autores se mantienen fieles a la literalidad de la obs. 8ª De consortibus eiusdem rei52, se defiende también una segunda interpretación por otros foristas, según la cual, y en palabras de Portolés, el derecho puede actuarse contra el último adquirente y poseedor actual de la cosa, “etiam si per mille manus res tranfierit”53.

Con posterioridad, y, en concreto, a partir del siglo XX, la práctica judicial aragonesa sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de retractos, lo que impone al retrayente la carga de demandar conjuntamente al primer adquirente y a todos los posteriores, siempre que tenga conocimiento de su existencia en el momento de la presentación de la demanda o durante el periodo expositivo del juicio54.  

16. Ejercitado el derecho de abolorio en fase de retracto, el art. 149.1 Comp. supedita la viabilidad del mismo, de modo similar al art. 76.1 Apéndice, a que el adquirente sea “un extraño o pariente más allá del cuarto grado”. Obviamente, en caso de transmisiones sucesivas, esta cualidad sólo debe predicarse respecto del primer adquirente, resultando indiferente la condición de los adquirentes ulteriores.

La condición jurídica de “extraño” debe entenderse referida, no sólo a aquellas personas que no estén unidas por vínculo de parentesco a la familia de la que provienen los bienes, sino también a los parientes afines y a los parientes de línea distinta a la de procedencia de los bienes.

Por su parte, la expresión “pariente más allá de cuarto grado” conlleva la improsperabilidad del derecho de abolorio cuando el adquirente sea pariente, en línea recta o colateral, hasta el cuarto grado por la línea de procedencia de los bienes, resultando indiferente que el ejercitante sea pariente en grado más próximo al disponente. Se prescinde, de este modo, del criterio sustentado por la doctrina y jurisprudencia bajo la vigencia de los Fueros y Observancias, según el cual se privilegiaba al ejercitante que acreditase un parentesco más próximo al transmitente que el adquirente55.  

17. La Compilación aragonesa, al igual que los restantes Ordenamientos civiles territoriales con derechos familiares de adquisición preferente, circunscribe en su art. 149.1 el objeto del derecho de abolorio a los bienes inmuebles. Sin embargo, en el Derecho histórico la cuestión dista de ser tan clara como en Derecho vigente, debido a que los Fueros hacen uso del término haereditas -o de su variante romance heredat- que podría entenderse en el sentido estricto de inmueble o en el más amplio de herencia. Más aún, el término “heredad” empleado en su acepción de inmueble no tiene un único significado; así, puede referirse bien a una finca singular56-, bien a una unidad patrimonial de naturaleza fundamentalmente inmobiliaria en la que también se integrarían los bienes muebles destinados al servicio de la misma57.

Con posterioridad, serán los foristas del siglo XVI los que pongan fin a la incertidumbre existente en torno a esta cuestión, al limitar expresamente el objeto de la preferencia adquisitiva a los inmuebles en sentido estricto, sin perjuicio de que algunos autores lo extiendan singularmente a los inmuebles por destino. A partir de ese momento doctrina58 y jurisprudencia59 coinciden en vincular el derecho de abolorio a los bienes inmuebles, lo que se traslada al tenor del Apéndice, al emplear en su art. 76 los términos “bienes raíces” y “finca” para referirse al objeto del derecho de abolorio.

A la vista de los precedentes históricos y de la regulación vigente, cabe, sin embargo, preguntarse si de lege ferenda sería razonable ampliar el objeto del derecho de abolorio a ciertos bienes muebles debidamente identificables en los que pudieran concurrir elementos de arraigo familiar que justificasen el reconocimiento de la preferencia adquisitiva, tales como joyas, antigüedades u obras de arte.

Por añadidura, el término “inmuebles” empleado por la Compilación debe interpretarse, a mi juicio, en el sentido de que incluya no sólo los inmuebles por naturaleza, sino también a los inmuebles por incorporación y por destino, siempre que, estos últimos se transmitan conjuntamente con el inmueble principal.

Del mismo modo, a mi modo de ver, resulta defendible propugnar una interpretación amplia del término “inmuebles” que comprenda el conjunto patrimonial que forman las explotaciones agrarias, máxime cuando este punto de vista resulta coherente con la propia noción foral de la Casa. E incluso consideraciones muy semejantes deberían llevar a admitir también el ejercicio del derecho de abolorio en las transmisiones de explotaciones mercantiles e industriales basadas en la titularidad de inmuebles.

18. También desde el punto de vista del elemento objetivo, debe reseñarse que la Compilación reconoce el derecho de abolorio a enajenaciones del “dominio pleno, útil o directo”, lo que conduce a admitir la viabilidad del mismo no sólo en caso de enajenación de la plena propiedad, sino también cuando el censualista o censatario transmitan su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica. En cambio, por lo que respecta a los demás derechos de disfrute y, en general, a los restantes derechos reales limitados, en principio, la respuesta ha de ser negativa, de acuerdo con una interpretación literal de la expresión referida. Con todo, resulta lógico pensar que en el caso de los derechos subjetivamente reales -como son las servidumbres prediales-, dado su carácter inherente a la finca, la adquisición de ésta en virtud del derecho de abolorio conllevará, en todo caso, la adquisición de aquéllos.

Por lo demás, pese a la fórmula legal empleada, no se ve obstáculo alguno, en línea con la jurisprudencia, al ejercicio de la preferencia adquisitiva en el supuesto de que se enajene únicamente la nuda propiedad60.

19. En la Compilación aragonesa sólo están sujetos al derecho de abolorio los inmuebles de procedencia familiar, a diferencia del Fuero Nuevo de Navarra y la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco, donde sus respectivas preferencias adquisitivas familiares se extienden a los inmuebles que el disponente haya adquirido de extraños61.

Esta opción legal resulta consecuente con la tradición jurídica aragonesa, ya que los fueros 4º y 5º De communi dividundo circunscriben el objeto del derecho de abolorio a las heredades de abolorio y patrimonio. No obstante, frente a las fuentes históricas navarras62, los fueros precitados no se cuidan de ofrecer una noción de tales bienes, si bien, a partir de la lectura de otros fueros en materia sucesoria y del Vidal Mayor, parece poder afirmarse que los bienes de abolorio y patrimonio se corresponderían respectivamente con los procedentes de los abuelos y de los padres63.

La observancia 2ª De consortibus eiusdem rei aporta ya una noción de los bienes sometidos al derecho de abolorio desde una perspectiva negativa que permite a Bagés definirlos como aquellos bienes adquiridos por el vendedor “ex successione parentum vel consanguineorum”64. A partir de este momento cabe afirmar que la doctrina forista y foralista participa de una concepción muy amplia de lo que deben considerarse como bienes de abolorio, que podría sintetizarse, atribuyendo tal condición a los bienes pertenecientes a los ascendientes sin límite de grado, ya provengan inmediata o mediatamente –esto es, a través de un colateral- de tales ascendientes65.

El Apéndice de 1925, al igual que los proyectos que le preceden, destaca por introducir en su art. 76.1 una definición legal a estos efectos, según la cual es finca de abolorio la “heredada de ascendiente común” al enajenante y al retrayente. Adviértase, no obstante, que la norma se fija únicamente en la persona de quien recibe los bienes el enajenante, sin que sea relevante a estos efectos el dueño originario. En este sentido, la concreta opción del texto apendicular implicó que, bajo su vigencia, se negase por la jurisprudencia mayoritaria66, no sin la opinión contraria de la doctrina67, la condición de bienes de abolorio a aquéllos que procediesen inmediatamente de quien no era ascendiente común del vendedor y retrayente, aunque tuvieran su origen en un ascendiente común de ambos68.

Las críticas que merece la fórmula empleada por el Apéndice llevan a que el Seminario de la Comisión de Jurisconsultos Aragoneses proponga una noción de bienes de abolorio como aquéllos “que proceden, mediata o inmediatamente y por cualquier título, de un ascendiente común”69. Esta fórmula, sin embargo, es sustituida por la Comisión General de Codificación por la actual en vigor, al atribuir la condición de abolorio a los “inmuebles que hayan permanecido en la familia durante, al menos, las dos generaciones inmediatamente anteriores a la del disponente”70. Esta fórmula legal ha permitido que pueda aceptarse el derecho de abolorio respecto de los bienes que procedan, ya no sólo de los ascendientes -como en Derecho histórico-, sino también de los colaterales. No obstante, el pariente que ha incorporado los bienes a la familia ha de tratarse, como mínimo, del abuelo del enajenante o de un colateral perteneciente a la generación del mismo, esto es, un tío abuelo, tal y como se confirma por el art. 212.2 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte que ha venido a clarificar la referida expresión legal. Con ello, se consagra una fórmula más restrictiva a la del Derecho histórico, donde también eran objeto del derecho de abolorio los bienes procedentes de los padres.

20. La segunda nota identificadora de los inmuebles sometidos al derecho de abolorio, esto es, el título en virtud del cual los ha recibido el disponente, se configura en las fuentes históricas en términos muy restrictivos, toda vez que aparece limitado al título sucesorio.

En efecto, en el Derecho de los Fueros y Observancias, en atención a los propios textos normativos y, en especial, a la observancia 2ª De consortibus eiusdem rei, así como a la interpretación que ofrecen de los mismos tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria, el derecho de abolorio se circunscribe a los bienes que haya podido adquirir el disponente a título sucesorio71. Ello implica la exclusión del ámbito objetivo del derecho de los bienes recibidos tanto a título gratuito diferente del sucesorio como a título oneroso, ya sea de extraños o de parientes. Con todo, habida cuenta que en las fuentes históricas la donación se contempla como uno de los medios de ordenar la sucesión, cabe aventurar que los bienes donados al disponente estarían sujetos al derecho de abolorio72.

El Apéndice de 1925, así como los diferentes proyectos que le preceden, es coherente con el Derecho histórico e incluso más restrictivo, toda vez que opta por la expresión “finca heredada. No obstante, bajo su vigencia la interpretación de esta expresión dista de ser clara, ante ciertos pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales favorables a acoger otros títulos de carácter gratuito73.

Posteriormente, los anteproyectos aragoneses de la Compilación, prescindiendo de los precedentes de Derecho histórico, admiten que los bienes hayan sido transmitidos dentro de la familia por cualquier título”74, lo que, sin embargo, se trastoca en el texto definitivamente aprobado, donde no se contiene previsión alguna al respecto75. Han sido, pues, la doctrina y la jurisprudencia las que se han encargado de resolver esta cuestión en los términos amplios de los primeros anteproyectos76, siendo confirmado tal criterio por el art. 212.1 de la Ley de sucesiones por causa de muerte, al atribuir a los bienes la condición de abolorio “cualquiera que sea el modo de adquisición inmediato”.

21. Para que los inmuebles estén sujetos al derecho de abolorio, no basta con que procedan de un determinado pariente del actual dueño y enajenante, sino que han debido permanecer en la familia desde su ingreso en la misma hasta que lleguen a manos del disponente. Este requisito, presente en la doctrina a partir de Sessé y, asimismo, en la jurisprudencia77, constituye una exigencia expresa de la vigente Compilación, precisando en su art. 149.1 que tal permanencia ha de serlo “durante las dos generaciones inmediatamente anteriores a la del disponente”. Esta expresión ha sido clarificada por el art. 212.2 de la Ley de sucesiones por causa de muerte, según la cual la permanencia en la familia presupone que los bienes no hayan salido de la familia desde su incorporación a la misma en virtud de su adquisición por un pariente de la generación de los abuelos del actual dueño y enajenante o de una generación anterior hasta que por éste se efectúe la enajenación originadora del derecho de abolorio.

22. Finalmente, en relación con el objeto del derecho de abolorio, se han planteado en la práctica dos problemas controvertidos y, sin embargo, carentes de regulación tanto en Derecho histórico como en Derecho vigente: en primer lugar, el referente a su ejercicio en las enajenaciones conjuntas de inmuebles y, en segundo término, el relativo a su viabilidad sobre partes indivisas de inmuebles familiares.

Respecto a la enajenación de una pluralidad de inmuebles, cabe sostener, de acuerdo con la jurisprudencia78, que será necesario ejercitar la preferencia adquisitiva frente a todos los inmuebles enajenados cuando constituyan una unidad de explotación, mientras que será posible seleccionar un bien o bienes concretos si no concurre tal circunstancia de la unidad de explotación, sin que constituya un obstáculo que la enajenación se haya efectuado por un único precio, a pesar del criterio mantenido por alguna sentencia79. En todo caso, iría contra el fundamento de la institución admitir la posibilidad de extender el derecho de abolorio a inmuebles no familiares.

En relación con el segundo de los problemas planteados, y sin perjuicio de la existencia de planteamientos doctrinales sumamente matizados, la jurisprudencia ha atendido tradicionalmente al carácter divisible o indivisible del inmueble, declarando la imposibilidad de imponer un régimen de comunidad contra la voluntad de los sujetos afectados, lo que sucederá si el inmueble es indivisible. Junto a ello, cabe resaltar que no resulta factible ejercitar el derecho sobre cuotas no familiares80.

23. El art. 149.1 Comp. no ha asumido los términos amplios que se han adoptado en las legislaciones vigentes navarra y vasca en lo que respecta a las enajenaciones que posibilitan el ejercicio del derecho de abolorio, en cuanto se refiere únicamente a la venta y a la dación en pago81. La fórmula de la Compilación, de carácter limitativo, se sitúa en línea con los antecedentes históricos y con el mismo Apéndice de 1925, sin que prosperasen los planteamientos de gran amplitud contenidos en los anteproyectos aragoneses previos a la aprobación del texto definitivo, que finalmente incorporó la propuesta del ASECGC de 196682.

A pesar del tenor literal de la Compilación, cabe defender, no obstante, una interpretación que vaya más allá de su tenor estricto, ya que debería admitirse el derecho de abolorio cuando se esté en presencia de un negocio oneroso que, a su vez, permita al ejercitante de la preferencia adquisitiva satisfacer la misma prestación que el adquirente83.

24. La conclusión más importante que puede extraerse en materia de requisitos formales radica en su variabilidad a lo largo de la evolución histórica del derecho de abolorio, en la que, no se olvide, a partir de 1855 tiene indudable incidencia la legislación rituaria civil vigente en cada momento. No obstante lo anterior, siempre se ha exigido la sujeción a unos determinados plazos de ejercicio, así como la entrega o depósito -consignación en la terminología actual- del precio.

En lo que respecta a los plazos que han de respetarse en el ejercicio del derecho, procede señalar que las diversas normas aplicables a lo largo del tiempo distan de incluir una opción coincidente. Así, en el Fuero de Jaca se prevé un único plazo de ejercicio, de un año y un día, en consonancia con la protección dispensada a la posesión de año y día por el Privilegio de Jaca.

Al plazo de año y día, la Compilación de Huesca de 1247 incorpora un plazo más breve de diez días aplicable en el caso de conocimiento de la venta por el retrayente. De este modo, en la Compilación de Huesca aparecen ya fijados los dos plazos de ejercicio del derecho de abolorio, el de diez días y el de año y día, que se mantendrán inalterables, con la salvedad del fuero de 1678 para las ventas judiciales, hasta la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, a partir del cual la jurisprudencia y un sector de la doctrina optarán por la sustitución de los plazos forales por el de nueve días previsto en la Ley rituaria civil84.

El Apéndice de 1925 no fija plazo alguno, laguna que es resuelta por la doctrina y jurisprudencia remitiéndose al plazo de nueve días del art. 1524 Cc, a contar desde la inscripción registral o, en su defecto, desde el conocimiento de la enajenación por el retrayente85.

En cambio, la Compilación de 1967 señala en su art. 150.1 y 2 dos plazos diferentes. El plazo es de treinta días si los titulares del derecho han sido notificados fehacientemente ya sea de la intención de enajenar y oferta de venta o de la enajenación ya efectuada. En defecto de notificación fehaciente, el plazo es de noventa días, fijándose como dies a quo los mismos hitos previstos en el art. 1524 Cc.

Junto a los dos referidos plazos, el mismo precepto prevé en su aptdo. 3º, sin duda por razones de seguridad jurídica, un plazo máximo de caducidad de dos años, a contar desde la enajenación. Sin embargo, y a pesar de esta justificación, cabe sugerir de lege ferenda, la posibilidad de introducir alguna matización a este plazo, de manera que no pudiera extinguirse el derecho en el caso de que la enajenación que le da origen hubiese sido ocultada intencionadamente por las partes a los titulares del mismo a fin de eludir su ejercicio86.

Por su parte, la entrega o deposito judicial del precio dentro de los plazos de ejercicio del derecho de abolorio se configura tanto en Derecho histórico como en Derecho vigente como un requisito sustantivo y esencial para la viabilidad del mismo, ya se ejercite como tanteo o retracto87, si bien no debe incluir los gastos ocasionados por el contrato transmisivo ni los útiles y necesarios efectuados en la cosa enajenada, en todo caso, reembolsables en el momento de ejecución o efectividad de la preferencia adquisitiva.

1. El derecho de abolorio surge ex lege con el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente con carácter previo a la enajenación, de tal manera que ésta sólo constituye un presupuesto para el ejercicio de dicha preferencia adquisitiva. En concreto, para su ejercicio en fase de tanteo la Compilación no requiere que la enajenación se haya perfeccionado, sino que es suficiente la concurrencia de un acuerdo de voluntades que fije los elementos esenciales de la enajenación. En cambio, el derecho sólo es ejercitable como retracto desde la consumación de la enajenación.

2. El derecho de abolorio es susceptible de ejercicio tanto judicial como extrajudicialmente, según resulta de la propia Compilación, toda vez que su art. 150.1 dispone con gran amplitud que “el derecho de abolorio se ejercitará entregando o consignando el precio”, sin limitar los medios de ejercitar la preferencia adquisitiva.

Son medios judiciales de ejercicio del derecho de abolorio, junto a la presentación de la correspondiente demanda, el acto de conciliación, siempre que se celebre con avenencia y, de acuerdo con un sector de la doctrina88, la solicitud del beneficio de justicia gratuita. Respecto al beneficio de justicia gratuita debe recordarse que el art. 16 de la Ley 1/1996 de la Asistencia Jurídica Gratuita posibilita la interrupción de los plazos de prescripción cuando se solicite dicho derecho en determinadas circunstancias, por lo que, más allá de su conceptualización como modalidad de ejercicio del derecho de abolorio (o no), lo relevante es que puede alterar el cómputo de los plazos a que está sujeto.

Por su parte, el ejercicio extrajudicial del derecho de abolorio no requiere, a mi modo de ver, el consentimiento del legitimado pasivo, dado que parece razonable considerar que, cumplidos los requisitos del derecho, la falta de consentimiento del legitimado pasivo podrá dar lugar a una acción judicial dirigida a hacer efectivas las consecuencias de la preferencia adquisitiva ejercitada extrajudicialmente; acción que no estará sujeta a los plazos de caducidad del derecho de abolorio, sino a los plazos generales de prescripción.  

3. Ante la eventual colisión del derecho de abolorio con otros derechos de adquisición preferente, el art. 152 Comp., norma sin precedentes en Derecho aragonés, confiere al derecho de abolorio de modo absoluto, y sin ningún matiz, “prioridad sobre cualesquiera otros derechos legales de adquisición preferente”89. Con ello, la legislación aragonesa otorga preferencia indiscriminada al derecho de abolorio, lo que, sin embargo, no impedirá que surjan en la práctica conflictos normativos de no fácil resolución, debido a que otras legislaciones reconocen idéntica prevalencia a los derechos de adquisición preferente que incorporan en su articulado. En cualquier caso, deberá reconocerse prioridad al derecho de abolorio sobre cualquier otro derecho de adquisición preferente civil o administrativo regulado en norma autonómica, salvo que se disponga otra cosa en ley posterior. Respecto a la colisión del derecho de abolorio con derechos de adquisición preferente estatales, aunque la cuestión resulta más compleja, cabría defender una opción interpretativa favor de la preferencia del derecho de abolorio cuando colisione con derechos contemplados en leyes civiles, en coherencia con la consideración del Derecho aragonés como un Ordenamiento jurídico completo dotado de un sistema de fuentes propio90. Sin embargo, resulta muy discutible la prevalencia del derecho de abolorio cuando la colisión se produzca con normas estatales públicas que incorporen la prioridad de los derechos de adquisición preferente contemplados en las mismas sobre cualquiera otros, habida cuenta del interés general que inspira el reconocimiento de las preferencias adquisitivas a favor de la Administración. Evidentemente, en caso de ausencia de previsión legal estatal sobre la prevalencia de los derechos de adquisición preferente de titularidad pública habrá que estar a la regulación legal aragonesa, en cuanto establece la preferencia estudiada sin que exista contradicción normativa.

4. Ejercitado con éxito el derecho de abolorio, se generan los efectos propios de los derechos de tanteo y de retracto, entre los que debe destacarse la adquisición de la propiedad del inmueble por parte del ejercitante en las mismas condiciones en que se encontraba en el momento de ejercitarse aquél. En relación con este efecto adquisitivo surgen dos cuestiones dogmáticas no exentas de consecuencias prácticas que consisten en la determinación del modo de adquirir la propiedad y en la repercusión de esta adquisición tanto en la enajenación que genera la preferencia adquisitiva como en las que eventualmente se hayan podido efectuar con posterioridad dentro de los plazos de ejercicio del derecho.

Respecto al primer problema, el carácter real y origen legal del derecho de abolorio militan a favor de entender que la adquisición de la propiedad por parte del ejercitante constituye una adquisición “por ley”, sin que, por tanto, sea necesaria la traditio91.

La respuesta al segundo asunto controvertido resulta diferente según se haya ejercitado en fase de tanteo o de retracto. En particular, ejercitado como retracto -lo que constituye la hipótesis más habitual-, debe entenderse que el contrato transmisivo que lo genera queda subsistente, ocupando el retrayente ope legis la posición jurídica del adquirente con todos los efectos que aquél lleve aparejados. Por su parte, los contratos transmisivos posteriores al que haya generado la preferencia adquisitiva devendrán ineficaces sobrevenidamente.

5. Respecto a las consecuencias registrales del ejercicio del derecho de abolorio debe partirse del 37.3º LH, según el cual, las acciones de retracto legal se dan contra terceros que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos. De este precepto se deriva, en primer lugar, que el derecho de abolorio afecta a terceros adquirentes, aunque estén protegidos por la fe pública registral del art. 34 LH; y, en segundo término, que no necesita de inscripción registral, ya que, por tener su origen en la ley, goza de una publicidad superior a la que proporciona el Registro de la Propiedad.

6. Como efecto singular del derecho de abolorio, el art. 151 Comp.  establece una prohibición legal de enajenar por acto inter vivos, ya sea a título oneroso o gratuito, el inmueble adquirido por derecho de abolorio durante un plazo de cinco años, incluso a parientes, y salvo que se llegue a una situación sobrevenida de “peor fortuna”. La naturaleza imperativa de la norma la convierte en indisponible y conlleva como sanción a su incumplimiento la nulidad absoluta de la enajenación. Nótese, por lo demás, que tal previsión legal constituye una manifestación de la constante preocupación del Derecho aragonés por impedir el uso fraudulento del derecho de abolorio. Preocupación que se concreta inicialmente en el juramento de querer la heredad para sí a prestar por el retrayente previsto en el fuero 4º De communi dividundo al retrayente y, con posterioridad, en la obligación “expresa” de conservar la finca retraída durante un mínimo de dos años impuesta por el art. 76.3 in fine del Apéndice, asimismo, al retrayente.   

7. A pesar del silencio legal sobre este extremo, debe admitirse, con base en el art. 6.2 Cc, la posibilidad de renunciar al derecho de abolorio, siempre que se haya materializado el presupuesto de ejercicio del derecho (enajenación proyectada o perfeccionada en fase de tanteo y consumada en fase de retracto), sin que, en cambio, puede admitirse una renuncia in genere, al margen de una concreta enajenación, ya que ello supondría un supuesto de exclusión de ley aplicable, lo que no resulta posible, habida cuenta de la naturaleza imperativa de las normas reguladoras del derecho de abolorio92.  

8. Un aspecto polémico del régimen jurídico del derecho de abolorio está constituido por la facultad que el art. 149.2 Comp. reconoce a los órganos judiciales para moderar equitativamente el ejercicio de este derecho cuando concurran los requisitos legales exigibles para su reconocimiento. La incorporación al Derecho aragonés de esta atribución judicial no dejó de suscitar algunas expectativas en orden a la consecución de una cierta equidad en la aplicación de esta regulación, mediante la evitación de abusos en el uso de la institución estudiada93. Sin embargo, en la práctica esta facultad ha servido para rechazar pretensiones de este derecho que cumplían los requisitos legales mediante la verificación del interés familiar a cuya existencia se subordina el ejercicio del derecho de abolorio. De este modo, la atribución judicial analizada se ha proyectado esencialmente en la comprobación del cumplimiento del elemento teleológico, esto es, la satisfacción del interés familiar. En este sentido, debe señalarse que, en buena parte de las decisiones judiciales, se acusa una cierta interpretación restrictiva de dicho elemento finalista, toda vez que existe una tendencia a exigir que el ejercitante se encuentre en determinadas circunstancias personales (esto es, que se dedique a la agricultura o ganadería y que resida en la población donde radican los bienes), sin que se cuente con un apoyo legal explícito para ello94. Con todo, el examen de la última juriprudencia parece revelar una posición más favorable hacia el derecho de abolorio. Así, es posible localizar algunas sentencias que prescinden de entrar valorar el interés familiar, reconociendo el derecho de abolorio si concurren los requisitos legales95. Otras, aunque siguen exigiendo el interés familiar, lo interpretan de un modo más flexible en el sentido de vinculación afectiva hacia los bienes familiares96. Por  mi parte, parece razonable considerar que la previsión de la facultad moderadora no constituye sino una concreción de la regla general del abuso de derecho (lo que podría justificar su carácter superfluo e, incluso, su supresión), evitándose que la simple identificación de una circunstancia profesional o personal no sirva para denegar el derecho de abolorio.

                                                                                Zaragoza, diciembre de 2006

Notas a pie de página numéricas:

1 Como es sabido, a raíz de la labor desarrollada por la Comisión se han aprobado las tres leyes siguientes: Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte; Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad; y Ley  13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona.
2 La tesis doctoral, dirigida por el Prof. Dr. Gabriel García Cantero, fue defendida ante un Tribunal presidido por el Prof. Dr. Jesús Delgado Echeverría (Universidad de Zaragoza) e integrado por los Profesores Dres. Miguel Coca Payeras (Universidad de las Islas Baleares), Jacinto Gil Rodríguez (Universidad del País Vasco), Carlos Martínez de Aguirre (Universidad de Zaragoza) y Roncesvalles Barber Cárcamo (Universidad de La Rioja).
3 El derecho de abolorio se regula en el Libro IV (Derecho de obligaciones), Tít. IV,  arts. 149 a 152 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón; el retracto gentilicio en el Libro III (Derecho de bienes), Tít. VI, leyes 452 a 459 de la Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de Navarra; el derecho de saca -que rige en Vizcaya- en el Libro I (Del Fuero Civil de Bizkaia), Tít. VI, arts. 112 a 127 de la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco; y el derecho de tornería -que está circunscrito al Valle de Arán- en el § VIII del Privilegio de la Querimonia de 1313 por remisión del art. 329 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, ubicado en el Libro IV (De las obligaciones y contratos y de la prescripción) de dicho texto legal.
4 Fuero de Jaca, redacción Az, § 7; y redacción A, §161 (ed. de Mauricio MOLHO, El Fuero de Jaca. Edición crítica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Escuela de Estudios Medievales, Zaragoza, 1964, pp. 98 y 99 respectivamente).
5 Fuero de Teruel, versión romance, § 309 (edición de Max GOROSCH, El Fuero de Teruel, Stockholm, 1950, pp. 219-221); y versión latina, § 289, núms. 3405 a 3450 (ed. de Jaime CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, El Fuero latino de Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1974, pp. 223-225). Fuero de Albarracín, versión romance, § Que radiç quiere vender (ed. de Carlos RIBA Y GARCÍA, Carta de población de la ciudad de Santa María de Albarracín, según el códice romanceado de Castiel existente en la Biblioteca Nacional de Madrid, en Colección de documentos para la Historia de Aragón, t. X, Tipografía de Pedro Carra, Zaragoza, 1915, pp. 101-102); y versión latina, § De eo qui radicem vendere voluerit (ed. de Ángel GONZÁLEZ PALENCIA e Inocenta GONZÁLEZ PALENCIA, “Fragmentos del fuero latino de Albarracín”, AHDE, t. VIII, 1931, p. 463).  
6 Los fueros 4º y 5º De communi dividundo pueden consultarse en la ed. facsimilar, dirigida por Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, de la de Pascual SAVALL Y DRONDA y Santiago PENÉN y DEBESA, Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, El Justicia de Aragón-Ibercaja, Zaragoza, 1991, t. I, pp. 111-112).
7 ms. de Miravete de la Sierra, libro IV, § 199 (ed. de Antonio PÉREZ MARTÍN, Los Fueros de Aragón: La Compilación de Huesca. Edición crítica de sus versiones romances, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1999, p. 242).
8 ms. 7 de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, libro III, § 166 y § 170; ms. JJ.NN. de los Archivos Nacionales de París, libro III, § 162 y § 167; y ms. 458 de la Biblioteca Nacional, libro III, § 169 y § 171. Todas estas versiones romances de la Compilación de Huesca pueden consultarse en A. PÉREZ MARTÍN, idem, pp. 242-243.
9 Los referidos fueros pueden consultarse en la ed. facsimilar de la de SAVALL y PENÉN, cit., t. I,  pp. 392 y 504-505 respectivamente.
10 En la actualidad se encuentran publicadas cinco Colecciones privadas de Observancias, a saber: en primer lugar, las Observancias contenidas en el ms. 483 de la Biblioteca de Cataluña y publicadas por A. PÉREZ MARTÍN, bajo el título “Una colección desconocida de observancias aragonesas: Estudio y edición”, Ius Fugit, vol. 1, 1992, pp. 185-228, sugiriéndose la autoría de MARTÍN DE SAGARRA; en segundo lugar, las dos Colecciones que contiene el ms. Add. 36.618 del Museo Británico (en adelante, Colecciones Londres I y Londres II), publicadas por Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ bajo el título “Dos colecciones de Observancias de Aragón [Jimeno Pérez de Salanova]”, AHDE, t. XLV, 1975, pp. 547-594; en tercer lugar, las Observancias contenidas en el ms. 248 del Archivo de la Catedral de Tortosa que PÉREZ MARTÍN atribuye a PÉREZ DE SALANOVA en la edición crítica que ha efectuado de las mismas en el libro Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova Justicia de Aragón, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000; y, por último, las Observancias de Jaime DE HOSPITAL, editadas críticamente por G. MARTÍNEZ DÍEZ, Observancias del reino de Aragón de Jaime de Hospital, CAI, Zaragoza, 1977.
Al margen de estas Colecciones de carácter privado conviene reparar en la Colección de Martín DÍEZ DE AUX, también llamada Colección oficial, en cuanto se imprime a continuación de los Fueros a partir de la primera edición oficial de los mismos fechada en 1476.
11 En concreto, la conclusión aprobada en el Congreso en relación con el derecho de abolorio fue la siguiente: “Ni la legislación de Castilla ni la de Aragón son aceptables en cuanto al retracto gentilicio. Este medio de rescisión de la venta de ciertos bienes inmuebles debe proscribirse” (cfr. Joaquín COSTA, La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, en Obras de Joaquín Costa, Ed. Guara, Zaragoza, 1981, p. 110).
12 Luis FRANCO Y LÓPEZ, Memoria sobre las instituciones que deben continuar subsistentes del Derecho civil aragonés y reformas y adiciones que en ellas es conveniente establecer, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1886.
13 La regulación del derecho de abolorio se recoge en los arts. 184 y 185 Proyecto Ripollés de 1899, art. 295 Proyecto Gil Berges de 1904, art. 88 Proyecto de 1924 y art. 76 Apéndice de 1925.
14 Vid. arts. 161 a 166 ASCJA de 1961, arts. 167 a 172 ACJA de 1962 y arts. 162 a 167 ACJA de 1963.  
15 Nótese que la Compilación aragonesa adopta el mismo planteamiento sistemático del Código civil que contiene la regulación esencial del retracto legal en el libro IV (“Derecho de obligaciones”). No sucede lo mismo con el Fuero Nuevo de Navarra que no sólo se ha apartado de la sistemática tradicional del Código para incluir los derechos de adquisición preferente y, entre ellos, el retracto gentilicio en el libro III dedicado a los bienes, lo que ya de por sí resulta bastante revelador, sino que además en la ley 445 caracteriza expresamente a estos derechos como reales.
16 Adviértase que la lectura del art. 149.1 Comp. puede originar una cierta confusión, ya que parecen referirse a dos derechos distintos: de un lado, el “derecho de abolorio o de la saca de preferente adquisición” y, de otro, el “derecho de retracto”. No obstante, en los artículos siguientes se regula con mayor acierto del derecho de abolorio como un único derecho, siendo destacable que el art. 150, referente al modo de ejercicio, contemple la posibilidad de ejercitarlo antes y después de la enajenación.
17 Así, en relación con el derecho de tornería, es sumamente significativa su propia regulación, toda vez que el Privilegio de la Querimonia se refiere a la obligación de todo aquél que quiera vender un inmueble de requerir a sus parientes a fin de que puedan comprarlo, así como al derecho de éstos a recuperar los bienes enajenados en defecto de notificación. A igual conclusión puede llegarse en relación con el retracto gentilicio, de acuerdo con Roncesvalles BARBER CARCAMO, El retracto gentilicio, Ed. Montecorvo, Madrid, 1991,  p. 63, en atención a lo dispuesto en la ley 445.2 FNN, según la cual “el derecho de retracto presupone siempre el derecho de tanteo”, sin que, a estos efectos, sean decisivos ni la denominación legal de la institución ni el hecho de que su regulación se dedique exclusivamente a su ejercicio tras la enajenación.
18 En efecto, este derecho, aunque ejercitable en dos momentos diferentes, según se hayan efectuado o no los llamamientos, presenta unas características peculiares que impiden identificarlo con el tanteo y retracto. Así, el llamamiento antes de la enajenación tiene como única finalidad la de comunicar un propósito de enajenar en abstracto, sin haberse llegado a acuerdo alguno con tercero, a fin de que el pariente tronquero pueda adquirir el bien por el precio que acuerde con el dueño o, en su defecto, por el precio de tasación. Efectuada la transmisión sin previo llamamiento, la saca no conlleva el derecho a subrogarse en la posición jurídica del adquirente, sino el derecho a solicitar la nulidad de la enajenación y adquirir el bien por el precio de tasación.
19  Regulan el derecho de adquisición preferente de los antiguos miembros del consorcio foral y, por tanto, se corresponden con el fuero 4º De communi dividundo de la versión latina oficial los siguientes parágrafos de las versiones romances: § 166 ms. 7 de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, § 162 ms. JJ.NN. de los Archivos Nacionales de París y § 169 ms. 458 de la Biblioteca Nacional.
Regulan el derecho de adquisición preferente de los parientes en general y, por tanto, se corresponden con el fuero 5º De communi dividundo de la versión latina oficial los siguientes parágrafos de las versiones romances: § 170 ms. 7 de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, § 167 ms. JJ.NN. de los Archivos Nacionales de París y § 171 ms. 458 de la Biblioteca Nacional .
20 PÉREZ DE PATOS, ed. de A. PÉREZ MARTÍN, Las glosas de Pérez de Patos a los Fueros de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, glosa 1ª al fuero 2º [4ª] De communi dividundo, § 18, p. 305; glosa 4ª al fuero 2º [4ª] De communi dividundo, § 24, p. 306; y glosa 5ª al fuero 2º [4ª] De communi dividundo, § 26, p. 307.
21 Miguel DEL MOLINO, Repertorium fororum et observantiarum regni Aragonum, una pluribus cum determinationibus consili Justitiae Aragonum, practicis atque cautelis eisdem fideliter annexis, 3ª ed., Caesaraugustae, ex officina Dominici a Portonariis S.C.R.M. Regni Aragoniae, 1585, voz avolorium, f. 45 r.; Juan Ibando DE BARDAXÍ, Commentarii in quator Aragonensium Fororum libros, Caesaraugustae, Laurentium Robles Regni Aragonum & Universitatis Typographum, 1592, comentario al fuero 4º De communi dividundo, f. 370 v.; Pedro MOLINOS, Pratica iudiciaria del Reyno de Aragón, Çaragoça, Pedro Dormer, 1678, p. 169; y José SESSÉ, Decisionum Sacri Senatus Regii Regni Aragonum, et Curiae Domini Justitiae Aragonum causarum civilium et criminalium, t. IV, Caesaraugustae, ex Typographia Ioannis a Larumbe, 1627, decisión CCCCX, núm. 2, f. 203 v.
22 Diego FRANCO DE VILLALBA, Fororum atque Observantiarum Aragoniae Code sive innodata methodica compilatio iure civile fulcita legibus Castellae conciliata et omnigena eruditione contexta, Caesaraugustae, Tipographia haeredum Joannis Malo, 1743, t. I, p. 360; Gil Custodio DE LISSA Y GUEBARA, Tyrocinium Jurisprudencia forensis, seu Animadversiones theorico-practicae iuxta foros aragonum in IV libros Institutionum iuris imperatoris Iustiniani, Tyrocinium iurisprudentaie forensis, seu Animadversiones theorico-practicae iuxta  foros, 2ª ed., Caesaraugustae, ex  praelo Medardi de Heras, 1788, pp. 36-37; Juan Francisco LA RIPA, Ilustración a los cuatro processos forales de Aragón, ed. facsimilar de la de 1764, Cortes de Aragón, Zaragoza, 1985, parte 5ª, voz avolorio, p. 353; Ignacio Jordán DE ASSO y Miguel DE MANUEL, Instituciones del Derecho civil de Castilla, 7ª ed. revisada por Joaquín María PALACIOS, Madrid, Imprenta de D. Tomás Alban, 1806, t. II, p. 110, nota 1; Luis FRANCO Y LÓPEZ y Felipe GUILLÉN Y CARABANTES, Instituciones de Derecho civil aragonés, Zaragoza, 1841, p. 246, nota (d); Manuel DIESTE Y JIMÉNEZ, Diccionario del Derecho civil aragonés, Madrid, Imprenta de Manuel Minuesa, 1869, voz “retracto gentilicio”, pp. 506-507; Emilio DE LA PEÑA, Recopilación por orden de materias de los Fueros y Observancias vigentes vigentes en el antiguo Reino de Aragón, adicionada con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de justicia y precedida por un Prólogo del Excmo. Sr. D. Joaquín Gil Berges, Zaragoza, 1880, p. 245; y Marceliano ISÁBAL, Exposición y Comentario del cuerpo legal denominado ‘Fueros y Observancias del reino de Aragón’ derogado por el Apéndice al Código civil español, Zaragoza, Imprenta del Heraldo de Aragón, 1926, pp. 547-548.
23 Sirvan de ejemplo las siguientes afirmaciones que se transcriben a continuación. J.I. DE BARDAXÍ, Commentarii in quator…, cit., comentario al fuero 4º De communi dividundo, f. 370 v.: “ita quod succcesio in hoc retractu regulatur secundum successionem ab intestato”. J. SESSÉ, Decisionum…, cit., t. I, Caesaraugustae, apud Ioannem à Lanaja & Quartanet, 1615, decisión XLIII, núm 22, p. 317: “…retractus regulatur secundum succesionem ab intestato”; y D. FRANCO DE VILLALBA, idem, p. 360: “Beneficium istud de la Saca vel retractus Vicem Sucessionis obtinet”.
24 Así resulta de la lectura de los siguientes pleitos tramitados ante la Real Audiencia de Aragón que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza con las siguientes signaturas: Pleitos civiles. Caja 2025-3 (1764); Pleitos civiles. Caja 2051-6 (1783); y Pleitos civiles. Caja 5784-1 (1837). Ya motivadas, pueden consultarse la STS de 29 enero 1872 y las SSAT de Zaragoza de 7 diciembre 1870 y de 9 julio 1880.
25 Manuel VITORIA GARCÉS, “Dos cuestiones sobre el retracto de abolorio”, Primera Semana de Derecho Aragónes (Jaca 1942), Universidad de Zaragoza, pp. 93-94; Pedro DE LA FUENTE PERTEGAZ, “Concurrencia y prelación de retractos”, idem, p. 85; Luis MARTIN-BALLESTERO COSTEA, La Casa en el Derecho aragonés, CSIC, Zaragoza, 1944, p. 123; y Ramón SAINZ DE VARANDA, “El retracto gentilicio”, ADA, t. III, 1946, p. 262.
26 Art. 163.2 ASCJA de 1961, art. 81 ACJA de 1962 por remisión del art. 169.1, art. 77 ACJA de 1963 por remisión del art. 164.1, art. 130 ASECGC de 1965 por remisión del art. 147.1 y art. 149.1 ASECGC de 1966.
27 Art.163.1 ASCJA de 1961, art. 169.1 ACJA de 1962, art. 164.1 ACJA de 1963, art. 147.1 ASECGC de 1965 y art. 149.1 ASECGC de 1966.
28 José Luis MERINO HERNÁNDEZ, El derecho de abolorio, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1980, pp. 52-53; Francisco SANCHO REBULLIDA, “Ponencia sobre Derecho de bienes y Derecho de obligaciones”, en las Actas de las Jornadas de Derecho aragonés, Zaragoza, 18-20 diciembre de 1969 publicadas en el ADA, t. XIV, 1968-1969, p. 560; y Santiago SERENA PUIG, “El derecho de abolorio”, en Actas de los Octavos Encuentros del Foro de Derecho aragonés, El Justicia de Aragón,
Zaragoza, 1999,  p. 139.
29 Por lo que se refiere a los descendientes, el Fuero Nuevo de Navarra les concede el retracto gentilicio en la ley 453.1ª. Por su parte, la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco les reserva en su art. 20, núm. 1, en sede de troncalidad, el primer puesto dentro de los parientes tronqueros, categoría parental beneficiaria del derecho de saca, conforme a su art. 112.
En cuanto a los ascendientes y por lo que hace al Derecho Navarro, la doctrina dista de ser unánime, dado los términos confusos en que se expresa el Fuero Nuevo, toda vez que, mientras la ley 453.1ª no los menciona al referirse a los titulares del retracto gentilicio, la ley 455 resuelve la concurrencia de parientes de igual grado, otorgando preferencia al “ascendiente”. Ante esta situación R. BARBER CÁRCAMO, El retracto…, cit., pp. 223-225, defiende la inclusión de los ascendientes con base, de una parte, en los antecedentes históricos de la institución y, de otra, en la propia dicción de la ley 455 FNN. Discrepa, no obstante, de este planteamiento F. SANCHO REBULLIDA en la recensión que hace a la monografía El retracto gentilicio de BARBER, RJN, núm. 13, 1992, pp. 1147-1148, para lo que propone una interpretación correctora de la citada ley 455, según la cual el término “ascendiente” de su primera proposición debe entenderse en el sentido de “pariente de igual grado, pero de generación anterior, de generación ascendiente”. Ningún problema interpretativo plantea, en cambio, la Ley civil foral vasca en torno a la legitimación de los ascendientes, toda vez que en su art. 20, núm. 2 les reserva el segundo puesto entre los parientes tronqueros.
En cualquier caso, la cuestión se revela más dudosa por lo que se refiere al derecho aranés de tornería, toda vez que el Privilegio de la Querimonia lo atribuye a “fratres, si habet, vel consanguineos germanos aut propinquiores in linea parentele”, expresión que ha sido interpretada por algunos autores (en concreto, María YSÁS SOLANES, en Comentarios al Código civil y a las Compilaciones forales, art. 329 Comp. catalana, dtor M. ALBALADEJO, t. XXX, Edersa, Madrid, 1987, pp. 666-667; y Esteve BOSCH CAPDEVILA, Opción, tanteo y retracto. La regulación catalana de los derechos voluntarios de adquisición, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, p. 39) en el sentido de incluir únicamente a los parientes colaterales entre los titulares de la preferencia adquisitiva. No obstante, personalmente discrepo de esta tesis, para entender que el término propinquores permite incluir los parientes tanto en línea recta como en línea colateral. De hecho, parecen coincidir con la interpretación que aquí se propone José GASSIOT MAGRET, Comentarios a la Compilación del Derecho Especial de Cataluña, 2ª ed., Ed. Bosch, Barcelona, 1980, p. 401; y Luis PUIG FERRIOL y Encarna ROCA TRÍAS, Instituciones del Derecho civil de Cataluña, Ed. Bosch, Barcelona, 1987, p. 121, en cuanto atribuyen la tornería a los más próximos parientes del vendedor sin distinción de líneas.
30 Vidal Mayor, libro IV, § 31 (ed. de Gunnar TILANDER, Vidal mayor. Traducción aragonesa de la obra In excelsis Dei thesauris, Hakan Ohlssons Boktryckeri, Lund, 1956, t. II, p. 294).
31 PEREZ DE PATOS, ed. de A. PÉREZ MARTÍN, Las glosas…, cit., glosa 2ª al fuero 2º [4º] De communi dividundo, § 21, p. 306, y glosa 5ª al fuero 2º [4º] De communi dividundo, § 26, p. 307; M. DEL MOLINO, Repertorium…, cit., voz avolorium, ff. 44 v. y 45 r.; Ludovico FALCÓN, Recentissima et canonica & civilis eademque brevissima Arboris consanguinitatis Descriptio, Caesaraugustae, apud Ioannam Milianam, viduam Petri Herduuni, 1544, p. 22; J.I. DE BARDAXÍ, Commentarii in quator…, cit., comentario al fuero 4º De communi dividundo f. 370 v.; Jerónimo PORTOLÉS, Scholia sive anotationes ad Repertorium Micaelis Molini super Foris et Observantiis Regni Aragonum, Zaragoza, 1578, voz avolorium, p. 269; ANÓNIMO, In Repertorium Molinae, ms. 91 BUZ, 1571, voz avolorium, f. 183 v.; P. MOLINOS, Pratica..., cit., p. 169; J. SESSÉ, Decisionum…, cit., t. IV, decisión CCCCX, núm. 3, f. 203 v.; D. FRANCO DE VILLALBA, Fororum atque Observantiarum… cit., t. I, p. 360; J.F. LA RIPA, Ilustración…, cit., parte 5ª, voz avolorio, p. 353; e I.J. DE ASSO y M. DE MANUEL, Instituciones…, 7ª ed., t. II, cit., p. 109.
32 L. FRANCO Y LÓPEZ y F. GUILLÉN Y CARABANTES, Instituciones…, cit., p. 246, nota (b); y M. ISÁBAL, Exposición y comentario…, cit., t. 546.
33 Ley 453.1 FNN, art. 20 LDCFPV y § VIII Privilegio de la Querimonia.
34 El límite del cuarto grado viene fijado en Derecho castellano en la ley 73 de Toro; en Derecho navarro, en el Fuero General (2.2.6); y en Derecho vizcaíno, en las leyes II y III del Fuero de las Encartaciones, en el cap. LXXV del Fuero Viejo y en la ley III, tít. XVII del Fuero nuevo.
35 Obs. 169 de PÉREZ DE SALANOVA y obs. 33 De consortibus eiusdem rei de  HOSPITAL. De la observancia de ANZANO, concidente con la de PÉREZ DE SALANOVA, da cumplida cuenta Antich DE BAGÉS, Glossae Observantiarum Regni Aragonum, ms. 95 BUZ, 146*, glosa a la obs. 8ª De consortibus eiusdem rei, f. 130 v.
36 Obs. 170 de PÉREZ DE SALANOVA y obs. 34 De consortibus eiusdem rei de HOSPITAL.  El texto de la observancia de ANZANO se reproduce en las Glosas de BAGÉS, f. 130 v.
37 En efecto, DÍEZ DE AUX  prescinde de las observancias precitadas referidas a la colisión de parientes y al ejercicio del derecho frente a adquirente pariente.
38 Tal es el criterio de la mayor parte de los autores no aragoneses que escriben compendios de Derecho civil durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX (entre otros, José Antonio ELÍAS, Derecho civil general y foral de España, t. III, vol. 2º, 2ª ed., Madrid, 1884, p. 107; Felipe SÁNCHEZ ROMÁN, Estudios de Derecho civil, t. IV, 2ª ed., Madrid, Tipografía Sucesores de Rivadeneyra, 1899, p. 1094; Modesto FALCÓN, El Derecho civil español, común y foral, t. I, 6ª ed., Madrid, Tipografía La publicidad, 1901, p. 326; Luis MOUTÓN OCAMPO, Diccionario del Derecho civil foral compilado y consuetudinario, t. I, Madrid, 1904, voz “abolengo”, p. 4; y Narciso RIAZA MATEO, Los retractos. Errores dominantes acerca de la materia, Ed. Reus, Madrid, 1919, p. 74). E igualmente entre la doctrina foralista, de Andrés BLAS Y MELENDO, Derecho civil aragonés ilustrado con la doctrina de los autores forales, con el Derecho común y con la jurisprudencia aragonesa del Tribunal Supremo, 2ª ed., Zaragoza, 1898, p. 412; M. ISÁBAL, Exposición y comentario…, cit., pp. 546-547; Lorenzo VIDAL TOLOSANA, El Apéndice aragonés al Código civil general, Huesca, Tipografía Viuda de Aguarón, 1924; p. 242; R. SAINZ DE VARANDA, “El retracto...”, cit., p. 261; Manuel GARCÍA ATANCE, Crisis de los derechos de preferencia legal, Valencia, 1951, p. 42; y Luis BERMÚDEZ ACERO, “Retracto de abolorio en Aragón”, ADA, t. X, 1959-1960, pp. 245-250.
39 A lo sumo se alega la condición del retrayente de pariente más próximo en los pleitos con las signaturas Pleitos Civiles. Caja 1767-3 (1742) y Pleitos Civiles. Caja 2051-6 (1783).
40 Optan por la exigencia del cuarto grado las SSAT de Zaragoza de 5 abril 1865, de 9 julio 1880, de 9 junio 1897, de 7 diciembre 1909 y de 24 noviembre 1925. No fijan límite de grado la STS de 29 enero 1872 y las SSAT de Zaragoza de 16 mayo 1881, de 1 mayo 1883 y de 24 noviembre 1884. Más explícita, la SAT de Zaragoza de 10 mayo 1882 pone de relieve la diferencia existente en este punto entre el Derecho castellano que “concede la facultad de retraer á los parientes dentro del cuarto grado” y el Derecho aragonés  que “hace extensivo el retracto a todos los parientes del vendedor”.
41 En el Derecho de los Fueros y Observancias se utiliza el término consanguineus para designar a los titulares del derecho de abolorio tanto en el Fuero 4º De communi dividundo como en las diversas Colecciones de Observancias. Por su parte, el Apéndice de 1925 contiene una referencia a la “consanguinidad” como uno de los requisitos a reunir por el retrayente.
42 En este punto cabe aventurar que en el Derecho anterior a 1247 los parientes ilegítimos naturales, al igual que les eran reconocidos derechos en la sucesión intestada, también serían admitidos en el ejercicio del derecho de abolorio.
43 Obs. 48 Colección Londres I, reproducida en la Colección de Pérez de Salanova como obs. 167, en la de Pelegrín de Anzano (según hace constar Bagés en sus glosas, ff. 126 v.-127 r .) y en la de Hospital como obs. 31 de consortibus eiusdem rei.
44 Recuérdese que desde 1247, en virtud del fuero único De natis ex damnato coitu, los hijos ilegítimos, ya sean naturales o no naturales, son equiparados en ausencia de derechos en la sucesión intestada.
45 M. DEL MOLINO, Repertorium…, cit., voz avolorium, f. 45 v. y voz consanguinei, f. 72 v.; J.I. DE BARDAXÍ, Commentarii in quator…, cit., comentario al fuero 4º De communi dividundo, f. 370 v.; ANÓNIMO, In repertorium Molinae en la voz avolorium, f. 183 v. y voz bastardus, f. 184 r.; L. FRANCO Y LÓPEZ y F. GUILLÉN Y CARABANTES, Instituciones…, cit., p. 249; León BONEL SÁNCHEZ, Código civil español comentado y concordado con el derecho foral vigente de Cataluña, Aragón, Navarra y demás territorios aforados, t. IV, Barcelona, Imprenta de A. López Robert, 1891; p. 971; Nicolás DE OTTO ESCUDERO, Elementos de Derecho civil aragonés, Barbastro, Imprenta moderna de Isabelino Castellón, 1924, p. 113, y Derecho foral, Ed. Bosch, Barcelona, 1945, p. 322; y L. MOUTÓN OCAMPO, Diccionario…, cit..., t. III, voz “retracto gentilicio”, p. 81.
46 Así, en el siglo XVI J. PORTOLÉS, Scholia…, cit., voz avolorium, p. 269, se pronuncia, no sin dudas, a favor de la legitimación de loa parientes naturales en defecto de parientes legítimos, con base en la doctrina castellana. En el siglo XVII J. SESSÉ J., Decisionum…, cit., t. III, Caesaraugustae ex Typographia Ioannis a Larumbe, 1627, decisión CCLXXXVII, ff. 256 r-257 r., admite a los hijos naturales entre los titulares del derecho de abolorio, siempre que el vendedor sea consanguíneo por parte de madre. En el siglo XVIII la opinión de estos dos autores es asumida por D. FRANCO DE VILLALBA, Fororum atque Observantiarum…, cit., t. I, p. 360 y t. II, p. 58.  
47 Ello en base al fuero único De adoptionibus de 1247 y a la obs. 27 De generalibus privilegiis totius Regni Aragonum (ed. facsimilar de la de SAVALL y PENÉN, cit., t. I,  p. 286 y t. II, p. 47, respectivamente)
48 J. PORTOLÉS, Scholia…, cit., verbo consanguineus, p.  387.
49 El criterio de proximidad de parentesco se recoge en Derecho castellano en el Fuero Real (3.10.13); en Derecho navarro en el Fuero de Viguera y Val de Funes de donde pasa al Fuero Reducido (4.9.30 y 34); y en Derecho vizcaíno en el Fuero Viejo (cap. LXXV) y Fuero Nuevo (tít. XVII, ley II).
50 Así, PÉREZ DE PATOS (según hace constar J.I. DE BARDAXÍ, Commentarii in quator…, cit., comentario al fuero 4º De communi dividundo, ff. 370 v.-371 r.) y BARDAXÍ, idem, f. 371 r., defienden la aplicabilidad preferente del criterio de prioridad en el ejercicio y subsidiaria -para el caso de ejercicio simultáneo-, del criterio del reparto. PORTOLÉS Scholia…, cit., verbo consanguineus, p.  387, acude únicamente al criterio del reparto. Por último, L. FRANCO y F. GUILLÉN, Instituciones…, p. 248, nota (a) aplican el criterio del reparto o el de prioridad de ejercicio en función de que la finca sea o no divisible; solución esta que adopta la mayoría de la doctrina ulterior.
51  La referida  observancia puede consultarse en la ed. facsimilar de la de SAVALL y PENÉN, t. II, p. 25.
52 M. DEL MOLINO, Repertorium…, cit., voz avolorium, f. 45 v.; I.J. DE ASSO y M. DE MANUEL, Instituciones…, 7ª ed., t. II, cit., pp. 109-110; E. DE LA PEÑA, Recopilación…., cit., p. 245; y L. BONEL SÁNCHEZ, Código civil…, cit., p. 971.
53 J. PORTOLÉS, Scholia…, cit., voz avolorium, p. 270; J.I. DE BARDAXÍ, Commentarii in quator…., cit., f. 373 r.; M. DIESTE Y JIMÉNEZ, Diccionario…, cit., voz “retracto gentilicio”, p. 507; N. DE OTTO ESCUDERO, Elementos…, cit., 113, y Derecho…., cit., p. 322; y L. MOUTÓN OCAMPO, Diccionario…, cit., t. III, voz “retracto gentilicio”, p. 81.
54 Vid. p.e. STSJ de Aragón de 4 noviembre 1992 y SSAT de Zaragoza de 24 enero 1912 y de 28 abril 1970.
55 Este criterio ya se encuentra presente en la obs. 170 de las de PÉREZ DE SALANOVA, de donde pasa a la Colección de HOSPITAL como obs. 34 De consortibus eiusdem rei, pero no así a la Colección oficial. Pese a ello, el criterio que sienta la misma en orden a la viabilidad del ejercicio del derecho de abolorio frente a adquirente pariente de peor grado persistirá tanto en los glosadores (PÉREZ DE PATOS, ed. de A. PÉREZ MARTÍN, Las glosas…, cit., glosa 2ª al fuero 2º [4º] De communi dividundo, § 21, p. 306; y A. DE BAGÉS, Glossae…, cit., glosa a la obs. 8ª De consortibus eiusdem rei, ff. 130 r. y v.) como en la doctrina ulterior (entre otros, M. DEL MOLINO, Repertorium…, cit., voz consanguinei, f. 72 v.; J. PORTOLÉS, Scholia…, cit., voz consanguineus, p. 387; ANÓNIMO, In Repertorium Molinae, cit., voz consanguineus, f. 187 v.; L. FRANCO Y LÓPEZ y F. GUILLÉN Y CARABANTES, Instituciones…, cit., p. 248; A. BLAS Y MELENDO, Derecho civil..., cit., p. 412; y Benito GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, Madrid, Librería de Sánchez, t. VII, 1881, p. 548).
56 Finca rústica o urbana, de acuerdo con Vidal Mayor, libro IV, § 38 (ed. de TILANDER, cit., pp. 300-301).
57 En tal acepción parece utilizarse en los siguientes pasajes de Vidal Mayor: libro V, § 25, (7); libro VI, § 3, (2); libro VI, § 5, (2); y libro VI, § 20, (2) (ed. de TILANDER, cit., pp. 360, 387, 397 y 415 respectivamente).
58 Circunscriben el objeto del derecho de abolorio a los bienes inmuebles M. DEL MOLINO, idem, voz avolorium, f. 45 r.; P. MOLINOS, Pratica…, cit., p. 169; L. FALCÓN, Recentissima et canonica…, cit., p. 23; Luis EXEA Y TALAYERO, Comentariorum in Observantias Regni Aragonum, ms. Biblioteca del Colegio de Abogados de Zaragoza, 1678, f. 295 r.; J.F. LA RIPA, Ilustración…, cit., parte 5ª, voz
avolorio, p. 353; L. FRANCO Y LÓPEZ y F. GUILLÉN Y CARABANTES, Instituciones…, cit., p. 248; M. DIESTE Y JIMÉNEZ, Diccionario..., cit., voz “retracto gentilicio”, p. 508; E. DE LA PEÑA,
Recopilación..., cit., p. 243; Eduardo NAVAL Y SCHMID, Compilación articulada del Derecho foral vigente en Aragón y conclusiones aprobadas por el Congreso de Jurisconsultos aragoneses, con
observaciones a las mismas
, Zaragoza, Establecimiento tipográfico de C. Ariño, 1881, p. 294; A. BLAS Y MELENDO, Derecho civil..., cit., pp. 411 y 413; N. DE OTTO ESCUDERO, Elementos…, cit., p. 112; y Derecho…, cit., p. 321; R. SAINZ DE VARANDA, “El retracto…”, cit., pp. 249 y 270; J.L. MERINO HERNÁNDEZ, El derecho…, cit., pp. 89-90; y María MARTÍNEZ MARTÍNEZ, La sucesión legal en el Derecho civil aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2000, vol. 1º, p. 191, nota 488.
Extienden el ámbito objetivo del derecho a los inmuebles por destino J. PORTOLÉS, Scholia…, cit., voz avolorium, p. 268; ANÓNIMO, In Repertorium Molinae, cit., voz avolorium, f. 183 r.; J.I. DE BARDAXÍ, Commentarii in quator…., cit., comentario al fuero 4º De communi dividundo, f. 369 r.; J. SESSÉ, Decisionum…, cit., t. II,
Caesaraugustae, apud Ioannem à Lanaja & Quartanet, 1615, decisión CXXII, núm. 21, p. 131; y I.J. DE ASSO y M. DE MANUEL, Instituciones…, 7ª ed., t. II, cit., p. 109, por remisión a BARDAXÍ.  
59 SSAT de Zaragoza de 6 julio 1874, de 9 julio 1880, de 31 marzo 1886, de 9 junio 1897 y de 24 noviembre 1925.
60 Entre otras, STSJ de Aragón de 26 abril 2002 y SSAP de Huesca de 2 febrero 2006 y de 23 mayo 2006.
61 Ley 453 FNN y art. 22 LDCFPV.
62 En Derecho navarro, los bienes de patrimonio y abolorio son objeto de distinción y conceptuación en el Fuero general (2.4.3 y 2.4.4), tomando como referente el Fuero de Tudela, § 29 y § 38. Ambas categorías de bienes tienen en común su procedencia de los abuelos; la diferencia entre unos y otros radica en que los de abolorio exigen la
premoriencia de los padres (esto es, son heredados directamente por los nietos) y los de patrimonio, la de los abuelos (en otras palabras, son heredados por los nietos a través de los padres).
63 Fuero 3º Familiae herciscundae & de adipiscendis avitis y fueros 1º y 7º De communi dividundo (ed. facsimilar de la de SAVALL y PENÉN, cit., pp. 110-112). Vidal mayor, libro IV, § 31 (ed. de TILANDER, cit., p. 294).
64 En concreto, la obs. 2ª De consortibus eiusdem rei niega la condición de abolorio o patrimonio a los bienes “quae ipse [vendedor] acquisivit titulo oneroso, vel lucrativo, aliàs quam ex succesione parentum, vel consanguineorum” (ed. facsimilar de la de SAVALL y PENÉN, cit., t. II, p. 25). Las palabras de BAGÉS pueden consultarse en Glossae…, cit., glosa a la obs 2ª De consortibus eiusdem rei, f. 126 v.
65 A este respecto merece reseñarse la aportación de J.I. DE BARDAXÍ, Commentarii in quator…, cit., comentario al fuero 4º De communi dividundo, f. 370 r.      
66 STS de 17 febrero 1954 y SSAT de Zaragoza de 30 marzo 1946, de 15 mayo 1953, de 7 mayo 1956 y de 10 octubre 1956.
67 L. BERMÚDEZ ACERO, “Retracto...”, cit., p. 249; y R. SAINZ DE VARANDA, “El retracto...”, cit., p. 272.
68 Tal sería el caso de una finca que, procedente del padre del disponente y abuelo del retrayente, haya recibido el disponente de su hermano, tío a su vez del retrayente.
69 Art. 161 ASCJA de 1961, art. 167 ACJA de 1962 y art. 162 ACJA de 1963.
70 Art. 147.1 ASECGC de 1965, art. 149.1 ASECGC de 1966 y art. 149.1 APCGC de 1966.
71 Como ya se ha indicado supra en la nota 64, la obs. 2ª De consortibus eiusdem rei excluye del ámbito objetivo del derecho de abolorio los bienes adquiridos por el vendedor a título oneroso o lucrativo distinto del sucesorio.
La doctrina posterior se mantiene en la literalidad de la obs. 2ª De consortibus eiusdem rei, conceptuando como de patrimonio y abolorio exclusivamente los bienes adquiridos por el vendedor en virtud de sucesión mortis causa y negando tal condición a los bienes que éste haya podido recibir en virtud de otro título. Sirvan de ejemplo A. DE BAGÉS, Glossae…, cit., glosa a la obs. 2ª De consortibus eiusdem rei, f. 126 v.; M. DEL MOLINO, Repertorium…, cit., voz avolorium, f. 45 r. y voz consanguinei, f. 72 v.; J. PORTOLÉS, Scholia…, cit., voz auolorium, p. 268; J.I. DE BARDAXÍ, Commentarii in quator…, cit., comentario al fuero 4º De communi dividundo, f. 370 r.; J. SESSÉ, Decisionum…, cit., t. IV, decisión CCCCX, núm. 2, f. 203 v.; J.F. LA RIPA, Ilustración…, cit., parte 5ª, voz avolorio, p. 353; D. FRANCO DE VILLALBA, Fororum atque Observantiarum…, cit., t. 1, p. 366; M. DIESTE Y JIMÉNEZ, Diccionario..., cit., voz “retracto gentilicio”, pp. 507-508; y M. ISÁBAL, voz “retracto gentilicio”, en EJE, t. XXVII, p. 515.
También la jurisprudencia exige como título de adquisición de los bienes por parte del vendedor el título sucesorio (SSAT de Zaragoza de 24 noviembre 1874 y de 19 febrero 1901) e, incluso, algunas sentencias con un planteamiento más limitativo, el título hereditario (STS de 29 enero 1872 y SAT de Zaragoza de 15 enero 1864).
72 Es significativo al respecto el fuero 3º De donationibus de 1398 que en su parte final reconoce la licitud de la donación universal de todos los bienes habidos y por haber a favor de uno de los hijos, lo que viene a identificarse con la institución contractual de heredero. Dicho fuero puede consultarse en la edición facsimilar de la del SAVALL y PENÉN, cit., t. I, p. 287.
73 L. BERMÚDEZ ACERO, “Retracto…”, cit., p. 249; J. LORENTE SANZ, “Crónica de jurisprudencia”, ADA, t. IV, 1947-1948, p. 562; y, en la jurisprudencia, la STS de 17 febrero 1954. Con un planteamiento más amplio, R. SAINZ DE VARANDA “El retracto…”, cit., p. 274, admite cualquier tipo de transmisión.
74 Art. 161 ASCJA de 1961, art. 167 ACJA de 1962 y art. 162 ACJA de 1963.
75 La fórmula actual trae causa del art. 147.1 ASECGC de 1965, de donde pasa a los ulteriores anteproyectos elaborados por la Comisión codificadora (art. 149.1 ASECGC de 1966 y art. 149.1 APCGC de 1966) y de ahí al texto definitivamente aprobado.
76 F. SANCHO REBULLIDA, en Actas de las Jornadas de Derecho aragonés, Zaragoza, 18-20 diciembre de 1969 publicadas en el ADA, t. XIV, 1968-1969, p. 567; J.L. MERINO HERNÁNDEZ El derecho..., cit., p. 114; G. GARCÍA CANTERO, “El derecho de abolorio en Aragón”, RJN, núm. 25, 1998, p. 201; y José Antonio SERRANO GARCÍA, Troncalidad y comunidad conyugal aragonesa (Relaciones del recobro de liberalidades, la sucesión troncal y el derecho de abolorio con la
comunidad conyugal legal)
, Centro de Estudios Registrales de Aragón, Madrid, 2000, p. 93.
77 Vid., entre otros, J. SESSÉ, Decisionum…, cit., t. I, decisión LII, núm. 22, p. 379; L. FRANCO Y LÓPEZ y F. GUILLÉN Y CARABANTES, Instituciones…, cit., p. 248; M. DIESTE Y JIMÉNEZ, Diccionario…, cit., voz “retracto gentilicio”, p. 508;  B. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Códigos…, cit. t. VII, p. 548; y L. BERMÚDEZ ACERO, “El retracto…”, cit., p. 248. Y en la jurisprudencia: SSAT de Zaragoza de 11 enero 1858, de 7 julio 1862, de 5 abril 1865, de 7 diciembre 1909, de 12 diciembre 1947 y de 20 mayo 1954.
78 Entre otras, STSJ de Aragón de 26 abril 2002, SAT de Zaragoza de 10 octubre 1956 y  SSAP de Zaragoza de 23 junio 1989 y de 5 abril 1990.
79 El  criterio de la unidad de explotación se contempla en la LDCFPV, art. 115.  
80 STS de 17 febrero 1954, SSAT de Zaragoza de 9 de julio de 1880, de 7 diciembre 1955 y 11 mayo 1959 y SJPI núm. uno de Calatayud de 14 noviembre 1994.
81 El FNN en su ley 445 admite toda transmisión onerosa, siempre que admita el juego de la subrogación (según matiza R. BARBER CÁRCAMO, El retracto…, cit., pp. 113-114). Por su parte, la LDCFPV en su art. 112 reconoce de modo similar la procedencia del derecho de saca en las enajenaciones a título oneroso, resultando indiferente que
posibiliten o no la subrogación, habida cuenta del diferente mecanismo a través del cual opera el derecho de saca (según precisa Lorenzo GOIKOETXEA OLEAGA, El derecho de saca en la Ley del Derecho Civil Foral del País Vasco, tesis doctoral inédita, Dtor. J. DELGADO ECHEVERRÍA, Universidad de Deusto, Departamento de Derecho civil y foral, 1997, pp. 746-748).
82 Así, en los anteproyectos aragoneses (Art. 162.1 ASCJA de 1961, art. 168.1 ACJA de 1962, art. 163.1 ACJA de 1963) se admitió la procedencia del derecho frente a “los actos y contratos que suponen transmisión (…) del dominio pleno, útil o directo (…) mediando contraprestación fungible”. Esta amplitud se mantuvo en el primero de los anteproyectos de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación, de 1965, cuyo art. 147.1 se refirió a “toda enajenación (…) del dominio pleno, útil o directo”,
expresión que no llegó a prosperar finalmente.
83 Tal sería el caso de una permuta de inmueble de abolorio por cosa fungible.
84 J. GIL BERGES, “El retracto gentilicio”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, , t. LXXII, 1883,, pp. 135-136; A. BLAS Y MELENDO, Derecho civil..., cit., p. 413; M. ISÁBAL, voz “retracto gentilicio”, en EJE, t. XXVII, cit., p. 544; y, entre los autores no aragoneses, J.A. ELÍAS, Derecho civil…, cit., t. III, vol. 2º, pp. 104 y 108; F. SÁNCHEZ ROMÁN, Estudios…, cit.,  t. IV, p. 1095; y L. MOUTÓN OCAMPO, Diccionario…, cit, t. I, voz “abolengo”, p. 4, y t. III, voz “retracto
gentilicio”, p. 85. En la jurisprudencia vid. p.e. STS de 7 julio 1909 y SSAT de Zaragoza de 20 diciembre 1862, de 31 marzo 1886, de 7 diciembre 1909 y de 11 julio 1922.
85 L. VIDAL TOLOSANA, “Retracto gentilicio…”, cit., p. 245; R. SAINZ DE VARANDA, “El retracto…”, cit., p. 282; Manuel ALBAREDA Y HERRERA, “Algunas instituciones de Derecho aragonés y navarro”, ADA, t. VI, 1951-1952, p. 30; Ramón BADENES GASSET, La preferencia adquisitiva en el Derecho español, Ed. Bosch, Barcelona,  p. 115; y, en la jurisprudencia, STS de 10 marzo 1945 y SSAT de Zaragoza de 2 julio 1928, de 30 marzo 1946, de 22 noviembre 1957 y de 15 febrero 1962.
86 Esta solución no es nueva en el panorama legislativo de las preferencias adquisitivas familiares, ya que el Fuero Nuevo de Navarra -a mi juicio, con gran acierto- establece en su ley 458 una excepción al plazo general de caducidad del retracto gentilicio -que para esta institución es de un año y un día- que consiste precisamente en el ocultamiento malicioso de la enajenación.
87 Obviamente, en caso de pluralidad de enajenaciones dentro del plazo de ejercicio del derecho, habrá que atender al precio de la primera transmisión, ya que es la que da origen al derecho de abolorio y determina sus condiciones de ejercicio.
88 Domingo BELLO JANEIRO, El retracto de comuneros y colindantes del Código civil, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1995, p. 165; y Carlos DÍEZ SOTO, Ejercicio y efectos de los tanteos y retractos legales, Ed. Dykinson, Madrid, 2000, pp..103-104, este último con reservas.
89 En términos muy similares se pronuncia el art. 127 LDCFPV, toda vez que reconoce la prioridad del derecho de saca sobre “cualquier otro [derecho] de naturaleza análoga”. No obstante, esta declaración se encuentra matizada por lo previsto en el art. 126.2, en cuanto subordina el derecho de saca al de acceso a la propiedad -hoy ya desaparecido- del arrendatario rústico. Nótese además que el mismo art. 126.2 otorga preferencia al derecho de saca correspondiente al arrendatario cuyo contrato lleve en vigor más de cuarenta años sobre el de los colaterales tronqueros.
Por su parte, la ley 446 FNN atribuye preferencia a los retractos civiles navarros (gracioso, de vecindad forana, corralizas o helechales y gentilicio, por este orden) sobre “cualesquiera otros derechos de adquisición preferente de carácter civil o administrativo”.
90 Sobre esta caracterización del Derecho civil aragonés vid., por todos, J. DELGADO ECHEVERRÍA, en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, art. 1, dtor. J.L. LACRUZ BERDEJO,  vol. 1º, DGA, Zaragoza, 1988,, pp. 154-155.   
91 Y es que, a mi modo de ver, no estamos ante un simple contrato al que deba
acompañarse del modo, sino ante derecho real de adquirir un bien en determinadas condiciones.
92 Tal es el criterio -a mi juicio, el correcto- de la ley 447 FNN, en cuanto reconoce la validez de la renuncia de los derechos legales de tanteo y retracto “con relación a una determinada enajenación”. La LDCFPV, art. 112.3, admite, sin embargo, la renuncia al derecho de saca “en cualquier tiempo” y, por tanto, aun antes de que se produzca el intento de enajenación.
93 M. GARCÍA ATANCE, “El retracto de abolorio o de la saca”, ADA, t. XIII, 1965-1967, p. 456; y F. SANCHO REBULLIDA, “Ponencia…”, cit., p. 218.
94 STSJ de Aragón de 4 diciembre 1992, SSAT de Zaragoza de 13 febrero 1975 y de 19 febrero 1985, SAP de Teruel de 7 junio 2001, SJPI núm. uno de Huesca de 26 octubre 1991, SJPI de Boltaña de 1 septiembre 1993, SJPI núm. uno de Huesca de 6 abril 1995 y SJPI núm. cuatro de Zaragoza de 25 octubre 1996.
95  SSJPI de Barbastro de 16 abril 1996 y 6 noviembre 1996 y SJPI núm. uno de Jaca de 14 diciembre 2004.  
96 SSAP de Huesca de 17 octubre 1996,  de 16 octubre 1999, de 2 febrero 2006, de 23 mayo 2006.

Notas a pie de página con asteriscos:

* Abreviaturas utilizadas:
ADA: Anuario de Derecho Aragonés.
ASCJA: Anteproyecto del Seminario de la Comisión de Jurisconsultos Aragoneses.
ACJA: Anteproyecto de la Comisión de Jurisconsultos Aragoneses.
APCGC: Anteproyecto del Pleno de la Comisión General de Codificación.
ASECGC: Anteproyecto de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación.
cap.: capítulo.
Comp.: Compilación.
cfr: confróntese.
EJE: Enciclopedia Jurídica Española.
f.: folio.
ff.: folios.
FNN: Fuero Nuevo de Navarra.
LH: Ley Hipotecaria.
LDCPV: Ley del Derecho Civil del País Vasco.
ms.: manuscrito.
obs.: observancia.
obss.: observancias.
p.: página
p.e.: por ejemplo.
r.: recto.

RJN: Revista Jurídica de Navarra.
SAP: Sentencia Audiencia Provincial.

SJPI: Sentencia de Juzgado de Primera Instancia.
STS: Sentencia Tribunal Supremo.
STSJ: Sentencia Tribunal Superior de Justicia.
t.: tomo.
v.: vuelto.
vol.: volumen.
§: parágrafo.

Para citar este artículo :

Aurora López Azcona. «Algunas tesis sobre el derecho de abolorio», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=378