Sentencias

Tipo de documento: Artículo

S E N T E N C I A TSJA, 15 Marzo 2007

Legitimación del marido para reivindicar finca de su mujer: se niega (art. 61 Lrem.). Legitimación para el ejercicio de acciones posesorias. Fuentes: Derecho supletorio: indebida aplicación de preceptos del Cc.

EXCMO. SR. PRESIDENTE

D. Fernando Zubiri de Salinas

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. Luis Fernández Álvarez

D. Luis  Ignacio Pastor Eixarch

D. Manuel Serrano Bonafonte

Dª. Carmen Samanes Ara

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de casación núm. 11/2006, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huesca, en fecha 6 de septiembre de 2006, recaída en el rollo de apelación núm. 102/2006, dimanante de autos de Juicio Verbal núm. 338/2005, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Monzón, en el que son partes,    D. Manuel S. F., representado por la Procuradora de los Tribunales     Dª Ana María Nadal Infante y dirigido por la Letrado Dª. Nuria Sabés Arenillas, como recurrente y D. Enrique M. S., como recurrido, no personado en estas actuaciones.

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dª. Emma Bestué Riera, en nombre y representación de D. Enrique M. S., presentó demanda de juicio verbal contra D. Manuel S. F. con base a los hechos y fundamentos que en la misma expresó, suplicando al juzgado que, previos los trámites legales, dictara sentencia por la que estimando la demanda se acordara: “1.- Declarar que D. Enrique M. S. es copropietario del camino objeto de litigio señalado en el documento núm. Uno.- 2.- Declarara que mi mandante como propietario del camino objeto de litigio tiene derecho a poseer y utilizar dicho camino.- 3.- Condenar al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 4.- Condenar al demandado a reponer el camino a su estado inicial, con apercibimiento de llevarse a cabo la obra de restitución del mismo a su costa, si no lo efectuase de forma voluntaria.- 5.- Imponer las costas de este juicio al demandado.”

Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma  a la parte demandada que compareció aportando informe pericial, y señalada que fue la Vista, se celebró con el resultado que obra en las actuaciones.

En fecha 13 de enero de 2006, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “FALLO.- Que debo estimar como estimo la demanda interpuesta por la procuradora Dª. Emma Bestué Riera en nombre y representación de D. Enrique M. S. contra D. Manuel S. F. y declaro que el demandante es copropietario del camino objeto de litigio señalado en el documento n 1 de los apartado con la demanda, y condeno al demandado a reponer el camino a su estado inicial. Con imposición de las costas al demandado.”

SEGUNDO.- Interpuesto por la parte demandada recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Monzón, se dio traslado a la parte actora, que se opuso al mismo.

Remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial de Huesca, ésta dictó sentencia en fecha 6 de septiembre de 2006, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Manuel S. F. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Uno de Monzón en los autos anteriormente circunstanciados, confirmamos íntegramente dicha resolución y condenamos al citado apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.”

TERCERO.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Gracia Gracia, en nombre y representación de D. Manuel S. F. presentó, en tiempo y forma, escrito preparando recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, y una vez se tuvo por  preparado lo interpuso basándolo en los siguientes motivos: Primero.- Infracción del artículo 1º, párrafo 2º de la Compilación de Derecho civil de Aragón, por aplicación indebida de los artículos 1.439 y 1.385.2 del Código Civil.- Segundo.- Infracción de los artículos 61 y 48 de la Ley de régimen económico y viudedad de Aragón, por aplicación indebida de los artículos 1.439 y 1.385.2 del Código Civil.

Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Civil y Penal, y comparecida la parte recurrente, se dictó en fecha 16 de enero de 2007 auto por el que se admitió a trámite, y se señaló para votación y fallo el día 28 de febrero de 2007.

Es Ponente el Presidente Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de Salinas.

PRIMERO.-  El recurso de casación interpuesto por la parte demandada se funda en dos motivos: el primero, por infracción del artículo 1º, párrafo 2º, de la Compilación de Derecho Civil de Aragón, por aplicación indebida de los artículos 1439 y 1385.2 del Código Civil; y el segundo, por infracción de los artículos 61 y 48 de la Ley de Régimen Económico y Viudedad de Aragón, por aplicación indebida de los artículos 1439 y 1385.2 del Código Civil.

Ambos motivos hacen directa referencia al sistema de fuentes en el derecho civil aragonés, materia regulada en el artículo 1º de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, y a la procedencia de aplicación al caso de las normas citadas del Derecho civil general del Estado.

Los motivos de recurso serán objeto de examen diferenciado, pero previamente es preciso efectuar algunas consideraciones acerca de las pretensiones deducidas en el proceso y las normas sustantivas de aplicación.

SEGUNDO.-  La parte actora reclama en el “petitum” de la demanda se dicte una sentencia con los siguientes pronunciamientos: Declarar que    D. Enrique M. S. es copropietario del camino objeto de litigio señalado en el documento núm. Uno.- 2.- Declarar que su mandante como propietario del camino objeto de litigio tiene derecho a poseer y utilizar dicho camino.- 3.- Condenar al demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 4.- Condenar al demandado a reponer el camino a su estado inicial, con apercibimiento de llevarse a cabo la obra de restitución del mismo a su costa, si no lo efectuase de forma voluntaria.-

Es de señalar como el demandante afirma, en los hechos de los que parte para el ejercicio de sus pretensiones, ser propietario de la finca rústica sita en parcela 305, polígono 5, de Peralta de Calasanz (Huesca), a la que se ha venido accediendo por un camino que fue construido mediante aportaciones de parte de sus terrenos por los propietarios de las fincas 317, 291, 305 y 284.  De este modo, el camino discurría por las lindes de dichas fincas y beneficiaba a los cuatro propietarios. Vendidas posteriormente por su propietario anterior las fincas 317 y 291 al señor S., éste procedió a labrar parte del camino, impidiendo con ello la posesión del demandante y el paso de éste a su finca, por lo que ha debido habilitar una zona de paso a través de su propia finca 305, afectando a una parte de su cosecha.

Las peticiones deducidas integran el ejercicio de una acción reivindicatoria, como acertadamente se expresa en la sentencia de primera instancia –fundamento jurídico segundo-, pues aunque en el propio escrito de demanda se afirme ejercitar acción declarativa de dominio, en la súplica se solicita no solamente la declaración de titularidad dominical sobre el camino objeto de litigio, sino también la condena al demandado a la restitución de la cosa, pues se dice que ha sido ocupada por el demandado con su actuar antijurídico. En la demanda se cita expresamente el artículo 348 y siguientes del Código Civil, que regulan la propiedad y las acciones que el propietario tiene para la defensa de su derecho.

Al respecto es forzoso recordar los elementos necesarios para la prosperabilidad de esta acción: a) acreditar la titularidad dominical del bien; b) identificación del predio sobre el que se ejercita la acción, y c) que la acción se dirija contra el proceder o detentador de la cosa, y que éste carezca de titulo que legitime su posesión –Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2006, y las que en ella se citan-.

Junto a esa acción en defensa de la propiedad esgrime otra, en petición de tutela de la posesión, que se fundamenta en los artículos 430 y siguientes del Código Civil y que se concreta en el apartado cuarto de la súplica. Sobre ella volveremos más adelante.

TERCERO.-  En el acto de celebración del juicio verbal la parte demandada invocó la excepción de falta de legitimación activa, al no pertenecer al actor el predio objeto de la litis, presentando al efecto una nota simple informativa del Registro de la Propiedad de Tamarite de Literal, en la que consta que la finca 305, polígono 5, de Peralta de Calasanz (Huesca) pertenece a Doña María Isabel L. C., esposa del actor, por titulo de herencia con carácter privativo.

Este hecho fue admitido por la parte actora, pero a partir de esa admisión se efectuaron invocaciones de derecho referidas a la facultad de actuar en defensa de la propiedad de la mujer, de la existencia de mandato tácito y de la presunción de consentimiento y autorización de la esposa en la gestión por el marido de los bienes de la sociedad de gananciales, citando la sentencia de primera instancia los artículos 1439 y 1385.2 del Código Civil, para entender finalmente legitimado al actor.

No obstante, éste no modificó la petición deducida en su demanda, y la sentencia de primera instancia concluyó estimando la demanda y declarando que el actor es copropietario del camino objeto de litigio, pronunciamiento que fue íntegramente confirmado por la sentencia de la Audiencia Provincial. Es de notar que esta última, la que es ahora objeto del recurso de casación, no cita en los fundamentos de derecho ni una sola norma jurídica como base para la resolución de fondo, si bien en el primero de ellos acepta los de la sentencia de primera instancia, de modo que ha de entenderse que hace suyas las referencias a la aplicación del Código Civil y a la regulación de la sociedad de gananciales que en aquella se exponen.

CUARTO.-  Los datos que resultan del proceso muestran que los efectos del matrimonio de los Sres. M. S.-L. C., aragoneses y residentes en Peralta de Calasanz, han de ser regulados por la Ley aragonesa; y no constando en autos la existencia de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico conyugal se regirá por las normas  del consorcio foral, artículos 26 a 88 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de las Cortes de Aragón.

Existiendo derecho propio aragonés regulador de la materia, en concreto, de los mandatos entre cónyuges y de la gestión de bienes privativos de uno de ellos por el otro –artículo 61.2 de la Ley citada- resultaba improcedente aplicar al caso las normas correlativas del Código Civil sobre el régimen económico de sociedad de gananciales. En consecuencia, el primer motivo del recurso ha de ser estimado, por infracción del artículo 1º de la Compilación aragonesa.

QUINTO.-  El segundo motivo de recurso denuncia la infracción de los artículos 61 y 48 de la Ley aragonesa de régimen económico matrimonial y viudedad, por aplicación indebida de los artículos 1439 y 1385.2 del Código Civil.

Ya hemos dicho anteriormente que no eran de aplicación al caso los preceptos indicados del Código Civil; pero ese solo dato no implica la infracción de las normas de derecho aragonés que cita el recurrente. Para verificar la efectiva infracción habrá que examinar si, en efecto, dichas normas son aplicables al supuesto de hecho y, caso afirmativo, la aplicación se ha hecho en forma indebida.

De los artículos citados en el motivo, el 48 regula la gestión de los bienes comunes, es decir los comprendidos en el artículo 28 de la ley aragonesa, pero en el caso de autos la finca en la que se sitúa el terreno que se dedicó a camino es privativa de la esposa, según se ha indicado.

No es de aplicación al caso la norma referida, al existir otra directamente encaminada a regular la administración de bienes privativos del consorte, por parte del otro cónyuge, cual es el artículo 61.2 de la citada Ley de Aragón.

SEXTO.- El artículo 61.2 citado permite a un cónyuge, que actúa con el consentimiento o sin la oposición del consorte, la realización de actos de administración de los bienes privativos de éste, con las obligaciones y responsabilidades de un mandatario pero con las especialidades que la propia norma contempla: no obligación de rendir cuentas del destino de los frutos, salvo que se demuestre que los empleó en su propio beneficio.

El citado precepto es aplicable al caso, por cuanto queda acreditado que el demandante ha ejercido la agricultura cultivando la finca de su mujer, y ha realizado actos posesorios sobre el predio de autos, contando con su aquiescencia y teniendo, por tanto, un mandato tácito para administrar dicho bien. Sin embargo, el precepto citado no le legitima para actuar procesalmente en la forma en que ha ejercitado la acción reivindicatoria antedicha, ya que no ha demandado para que se reponga a su cónyuge en la plenitud de dominio de su finca, sino que ha accionado en su propio nombre y derecho, interesando se le declare copropietario del camino de constante referencia.

Por ello el motivo, en los términos expuestos, será estimado, procediendo casar la sentencia recurrida.

SEPTIMO.- Decíamos en el fundamento de derecho segundo que el actor, junto a la pretensión que llama declarativa de propiedad, y que en las sentencias de primera y segunda instancia ha sido calificada con acierto como reivindicatoria, ejerce otra, al pretender de los órganos de la jurisdicción civil una tutela de la posesión, fundada en los artículos 430 y siguientes del Código Civil y que se concreta en el apartado cuarto de la súplica. Aunque de la lectura de la demanda parece desprenderse que todas las peticiones las deduce la parte actora del invocado hecho de ser copropietario del camino que ocupa parte de la finca número 305, de repetida cita, es lo cierto que también invoca ser poseedor de la finca, aunque se trate de posesión para otro, en los términos regulados en el artículo 432 del Código Civil, ya que habiendo reconocido en el juicio la propiedad de la esposa, como bien privativo, el demandante mantiene: a) su condición de poseedor; b) la existencia del camino de paso a fincas, que se constituyó mediante la cesión de parte de la finca citada; c) la desposesión efectuada por la actuación del demandado. Y estos extremos han quedado acreditados en la sentencia de instancia, en declaraciones de carácter fáctico que han de ser mantenidas en casación, cuando en la fundamentación jurídica de la sentencia de la Audiencia se expresa que “el actor tiene mejor derecho que el demandado sobre la finca controvertida” y que no existe ninguna duda sobre la identificación de la cosa “el tramo del camino que ha hecho desaparecer el demandado”, llevando a éste a una “ilegítima posesión excluyente que, en la zona controvertida, ha hecho desaparecer el camino o paso”.  

OCTAVO.-  En definitiva, procediendo la estimación del recurso de casación por los motivos expuestos, la Sala ha de constituirse en funciones de instancia, y así: a) procede desestimar la acción que reclama la propiedad del actor, ya que se ha acreditado no serlo, de modo que carece de legitimación activa, pues al no ser dueño del predio, no puede condenarse al demandado a que le reintegre el bien que en tal concepto reclama. Como afirman las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2002 y 30 de mayo de 2006, “la legitimación "ad causam" consiste en una posición o condición objetiva con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar”, lo que claramente no concurre en este caso, pues no siendo el propietario del predio carece de acción para reclamarlo a título de dueño; b) no puede demandar la propiedad del camino como predio diferenciado, pues del acuerdo adoptado por los entonces propietarios de los predios colindantes y el Sr. M. S., como mandatario de su cónyuge, no puede deducirse la constitución de una nueva finca, con cuatro titulares y con función de camino, sino tan sólo un derecho de paso por los predios referidos, uno de los cuales, el 305, pertenece a la mujer del actor; c) no concurriendo la legitimación necesaria para el ejercicio y prosperabilidad de la acción basada en la afirmada titularidad del bien, que como debe de decirse no existe, la situación no es la misma en relación con la petición incorporada al apartado 4 del suplico de la demanda: “Condenar al demandado a reponer el camino a su estado inicial, con apercibimiento de llevarse a cabo la obra de restitución del  mismo a su costa, si no lo efectuase de forma voluntaria”. En este caso, aun cuando el actor pide para sí y no para su esposa, son hechos acreditados que aquel participó en el acuerdo con los propietarios de las otras fincas afectadas para la construcción del camino; que tal camino ha sido utilizado –poseído- por el actor en su gestión del bien del que es titular su esposa. De su interés legitimo en poder seguir utilizando el camino tal como estaba configurado a partir de aquel acuerdo, deriva su legitimación, por lo que resulta procedente la estimación de la referida petición.

 

NOVENO.-   La aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina no hacer imposición de las costas en ninguna de las instancias, dada la estimación parcial de la demanda; y también la no imposición de las costas del recurso extraordinario, al ser estimado el  recurso de casación.

Estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de Don Manuel S. F., contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de fecha 6 de septiembre de 2006, que casamos y anulamos, en cuanto se oponga a los pronunciamientos que se dirán. En su lugar, y estimando en parte la demanda deducida por la representación de Don Enrique M. S., condenamos al demandado a reponer el camino de autos, señalado en el documento n 1 de los apartados con la demanda, a su estado inicial, con apercibimiento de llevarse a cabo la obra de restitución del mismo a su costa, si no lo efectuase de forma voluntaria. Y desestimamos la mencionada demanda en cuanto al resto de las peticiones deducidas en ella.

No hacemos imposición de costas en ninguna de las instancias, ni de las causadas en el presente recurso.

Devuélvanse las actuaciones a la referida Audiencia Provincial, juntamente con testimonio de la presente resolución, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Para citar este artículo :

. «S E N T E N C I A TSJA, 15 Marzo 2007», núm. 4 (2007), Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=388