núm. 4 (2007)

Tipo de documento: Artículo

El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón.*

Breve referencia a planes de pensiones y figuras afines en el consorcio conyugal aragonés

D. Luis Carlos Martín Osante

Tabla de materias

Es muy frecuente en las operaciones de liquidación de una comunidad matrimonial encontrar la presencia de diferentes figuras de previsión, entre las que destacan los seguros de vida contratados con la idea de atender sucesos que puedan acontecer en el futuro y que deparen situaciones de necesidad: la muerte de uno de los cónyuges, la llegada a una determinada edad, etc1. Las soluciones dadas hasta la fecha a los problemas jurídicos que estas figuras plantean en el marco de los regímenes económicos del matrimonio son muy dispares, lo que se debe en buena parte a la tradicional ausencia de una regulación clara y específica sobre el particular.

El Legislador Aragonés en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad, ha introducido varias normas sobre los seguros de vida, básicamente en el art. 30 (referido a los “bienes patrimoniales de carácter personal”). Por todo ello, es oportuno examinar la incidencia del seguro de vida en lo que se refiere a los regímenes conyugales, y más en concreto en el consorcio conyugal aragonés, lo que constituye el objeto propio de este trabajo.

 

Junto a las figuras de aseguramiento propiamente dichas, nos encontramos frecuentemente con toda una pléyade de figuras de previsión que también tienen como finalidad atender situaciones de necesidad, pero que se organizan conforme a criterios un tanto diferentes del seguro, y que en España se han orientado como un sustitutivo o, al menos, como un complemento de un sistema público de Seguridad Social2. En este campo se pueden citar, sin ánimo de exhaustividad3: los planes de pensiones, los planes o seguros de jubilación, las participaciones en entidades de previsión social voluntaria las participaciones en mutualidades de previsión social, los planes de previsión asegurados, los planes de ahorro sistemático o los “unit linked”. La relevancia de estas figuras determina que prácticamente no exista liquidación de una comunidad conyugal en la que no se incluya un seguro de vida, un fondo de pensiones o un plan de jubilación, y en caso de suscitarse la liquidación por vía judicial, se planteará la cuestión de su calificación jurídica y de la procedencia o no de un reembolso de primas o aportaciones.

Como señala SÁNCHEZ CALERO4, pese a que jurídicamente los planes de pensiones y los seguros de vida son figuras diferentes (básicamente porque no existe un asegurador en el caso de los planes de pensiones), desde un punto de vista técnico se trata de figuras semejantes, en la medida en que en ambos casos se pretende cubrir necesidades eventuales y futuras (sobrevivencia, muerte o invalidez). Junto con los seguros, estos institutos configuran un instrumento de previsión social complementaria específico, en el marco de los sistemas privados de ahorro finalista.

En todas estas figuras se distinguen dos aspectos relevantes: por una parte constituyen, como acabo de indicar, una medida de previsión frente a necesidades futuras; pero, por otra parte, constituyen (o pueden constituir en muchos casos) una medida de ahorro, o sea, una forma de invertir un capital con la finalidad de obtener cierto rendimiento en forma de intereses o beneficios y de poder disfrutarlo o reinvertirlo en un futuro5.

Por esta razón, tales figuras se suelen denominar como "productos de ahorro-previsión". De esta manera las entidades financieras y de seguros combinan estas dos finalidades en los contratos que ofrecen a sus clientes. En definitiva, el análisis que se realice desde la perspectiva de los regímenes matrimoniales debe tener en cuenta estas dos facetas. La elección del cliente vendrá determinada por la rentabilidad financiera y por las consecuencias fiscales de cada producto6, además, claro está, de tener en cuenta su situación personal y sus necesidades.

Como se sabe, en la legislación aragonesa se establece como régimen legal supletorio el denominado consorcio conyugal, que aparece regulado en la Lrem, en los arts. 28 a 88. Tratándose del régimen tradicional del Derecho aragonés, su regulación ha evolucionado con este Ordenamiento, y cabe destacar, a los efectos del presente trabajo, que si bien tradicionalmente ha sido configurado como un régimen de muebles y adquisiciones a título oneroso, ya en la Compilación del año 1967, y tras un sereno debate en el seno de la Comisión Compiladora de Derecho Aragonés, se decidió mantener dicho régimen, pero con la fórmula “muebles por sitios” del art. 39, los bienes muebles de mayor valor y relevancia quedaban fuera de la masa común. El Legislador Aragonés en el año 2003, profundizando en esta línea evolutiva, ha reducido la comunidad legal a una comunidad de adquisiciones a título oneroso.

Por otra parte, dada la evidente actualidad de estas figuras de previsión, el Legislador Aragonés ha dedicado varios preceptos a esta materia en la regulación del consorcio conyugal. Se trata, en concreto del apartado 1, letras c) y d) y del apartado 2 del art. 30 Lrem. También cabe citar respecto de las figuras de previsión, el art. 28.2.g), que otorga carácter común a las cantidades devengadas por pensiones. Estas normas constituyen una auténtica novedad en el panorama de los Derechos civiles españoles, por cuanto ni el Código civil, ni tampoco los Derechos civiles autonómicos, se habían ocupado hasta la fecha de forma expresa de esta materia. Y ello a pesar de que en Derecho comparado, los países con mayor tradición en esta materia, entre los que cabe destacar el caso de Francia, ya se habían ocupado de dictar unas reglas básicas sobre el particular7.

Hasta la regulación vigente, el tratamiento de estas figuras se ha venido realizando a nivel doctrinal y jurisprudencial, incluyéndose los seguros de vida en la categoría de los bienes que quedan al margen de la comunidad conyugal. Se distinguen, por una parte, los bienes "inherentes a la persona"8, entre los que se incluyen las indemnizaciones por daños personales, la propiedad intelectual o los seguros de vida en algunos casos y, por otra parte, los que quedan excluidos de la comunidad por voluntad de los cónyuges, que en algún caso también pueden afectar al seguro de vida.

En todo tipo de seguros (o figuras asimiladas) se deben distinguir varios aspectos para aprehender convenientemente la realidad existente.

A) En un aspecto previo hay que tener en cuenta que el consorcio conyugal, al igual que otros regímenes conyugales comunitarios, desdobla las relaciones jurídicas en las que intervienen los cónyuges en dos ámbitos o facetas: la faceta externa, o de relación con los terceros y la faceta interna o de relación de los cónyuges entre sí. Pues bien, en el terreno del seguro puede actuar un cónyuge como contratante individual frente a la Compañía de seguros, que será el único que ante ésta actuará y ejercitará los derechos derivados del contrato. Pero la existencia de un régimen de consorcio conyugal implica que en el ámbito interno, en ocasiones, se deba atender a la consideración del seguro de que se trate como bien común (en su caso), y, en consecuencia en el seno de las actividades de gestión atender a la intervención del otro cónyuge, a la hora de administrar o de disponer de un bien; y, en definitiva, de considerar el valor económico del bien de que se trate en las operaciones de liquidación y partición de la comunidad. A tal efecto es ciertamente interesante la diferenciación que hace la Doctrina entre el título y el emolumentum, concediéndose, en ocasiones, a un cónyuge la posibilidad de recibir la titularidad del seguro en las operaciones liquidatorias, pero computando su valor en el activo común.

B) De otra parte y ya en lo que es propiamente la relación de aseguramiento, conviene distinguir lo que es la relación jurídico-económica en su conjunto, de lo que son los derechos o facultades concretos derivados del contrato, entre los que destacan el derecho de rescate que corresponde al tomador del seguro de vida cuando aún no se ha producido el "riesgo" o evento asegurado y el derecho al capital del seguro que surge cuando ya se ha producido dicho evento, y que, ab initio, corresponde al beneficiario.

Los elementos que inciden en la materia que nos ocupa son diversos. A la hora de dar una respuesta adecuada a la problemática planteada en cada caso concreto será preciso atender a las diferentes variables que se presenten.

En primer lugar, incide la modalidad de seguro de que se trate: puede ser un seguro para el caso de vida, un seguro para el caso de fallecimiento, o incluso mixto. En la primera modalidad el asegurador se obliga a pagar un capital o una renta a la persona designada como beneficiario en caso de muerte del asegurado. En la segunda el asegurador se obliga a pagar un capital o una renta en caso de que el asegurado viva al término del contrato; o lo que es lo mismo, supere una determinada edad. Por último, es frecuente que en las pólizas se combinen las dos modalidades, asegurando a la vez su muerte (en beneficio de un tercero) antes de una determinada edad y su vida (en su provecho) si llega a cierta edad. Sobre estos tres tipos básicos se hacen multitud de combinaciones, con la finalidad de amoldar el seguro a la concreta situación y a las necesidades de los clientes9.

Para dar una respuesta a los problemas que se planteen en las concretas situaciones también inciden otros elementos:

-El tomador del seguro: el contrato lo puede celebrar un cónyuge o ambos.

-El asegurado: puede contratarse el seguro sobre la cabeza de un cónyuge o de ambos.

-El beneficiario: puede ser uno de los cónyuges, el que sobreviva de ellos, los hijos o un extraño.

-El origen de las primas pagadas: puede tratarse de fondos comunes o de fondos privativos de un cónyuge.

En cuanto a la terminología empleada, vulgarmente se emplea la expresión “seguros de vida” para aludir a estas figuras de aseguramiento. En la Lrem en lugar de esta expresión se utiliza la expresión “seguros sobre la vida”, pero ello no significa que se trata de figuras diferentes: en realidad son expresiones sinónimas. Ciertamente, en la Ley de Contrato de Seguro de 1980 se emplea la expresión utilizada por el Derecho aragonés. No hay que confundir la expresión “seguros sobre la vida” con los “seguros para el caso de vida”. Esta última categoría se refiere los seguros para el caso de supervivencia; es decir, se trata de una modalidad concreta de seguro de vida, en la que se configura como riesgo el hecho de que el asegurado alcance una determinada edad, fijada en la póliza.

En las páginas que siguen analizo, en primer lugar, la calificación de los seguros de vida, atendiendo a las diferentes modalidades de aseguramiento; en segundo lugar, las cuestiones que se suscitan respecto de la contratación de los seguros de vida; en tercer lugar, el régimen de las deudas generadas en este marco; en cuarto lugar la situación de los seguros de vida en la fase de disolución, liquidación y partición del consorcio conyugal y en quinto lugar, los planes de pensiones y figuras asimiladas. El estudio se cierra con una serie de conclusiones y la bibliografía utilizada.

La cuestión más relevante del tema que nos ocupa es el carácter del contrato de seguro de vida: o sea, dilucidar si se trata de un bien común o de un bien privativo. En relación con este tema, y ya en sede de liquidación y partición, se plantea la necesidad de dilucidar si el seguro de vida es un bien que debe quedar integrado en la masa de bienes comunes, o si, por el contrario, es un bien que se rige por reglas y principios específicos, debiendo revertir, en su caso, y de forma exclusiva, en favor del (cónyuge) beneficiario.

En la actualidad es muy frecuente que se contrate un seguro de vida en beneficio de uno de los cónyuges, pagando las primas con dinero común. Una vez disuelto el consorcio (caso del divorcio por ejemplo) se puede discutir si es preceptivo mantener el seguro en favor del cónyuge que ha sido designado beneficiario, sin más, o si lo correcto es tener en cuenta las primas que se han ido abonando con dinero común.

En lo que se refiere al consorcio conyugal, a nivel puramente teórico se plantea el problema de hasta qué punto es admisible que mediante un procedimiento como el seguro de vida se desvíe o se eluda el régimen de partición legalmente previsto, que incluye en su seno todos los bienes comunes y los subrogados de los mismos. En cierta medida, la contratación de un seguro de vida cuyo beneficiario sea uno de los cónyuges puede suponer que se aparten de la división por mitad cierta cantidad de bienes comunes, lo que resulta contrario a la idea general del régimen de consorcio conyugal.

No obstante, hay argumentos de peso para considerar que son admisibles los seguros de vida mediante los cuales los cónyuges ofrezcan una seguridad económica a los cónyuges en particular, y a la familia en su conjunto. El contrato de seguro se configura como un acto de previsión10, pero en realidad este efecto no se alcanzaría si tuviera que integrarse en la partición el importe de la indemnización recibida por el cónyuge viudo -beneficiario- a la muerte de su consorte11.

La Lrem dedica dos apartados del art. 30 a la calificación del seguro de vida. Como se sabe, este artículo delimita los “bienes patrimoniales de carácter personal”. Esta categoría incluye, por un lado, los “bienes y derechos inherentes a la persona” y, por otro lado, los “bienes intransmisibles inter-vivos”12. Fue el profesor LACRUZ quien analizó en profundidad esta materia a partir de los años cincuenta del siglo pasado13, de tal forma que se llegó a incorporar un precepto en el art. 38.2º de la Compilación del año 1967 con esta calificación como bienes privativos. Dado que en la Compilación la comunidad incluía todos los bienes muebles, una exclusión explícita de tales bienes era muy conveniente14.

Los estudios del profesor LACRUZ han inspirado el contenido de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, sobre esta materia, y su influencia en la Comisión Aragonesa de Derecho Civil se pone de manifiesto tras el examen de las Actas de sus reuniones15.

El apartado 1.c) del art. 30 Lrem (referido a los bienes patrimoniales de carácter personal) otorga carácter privativo a las titularidades de los contratos de seguros. Este precepto dispone lo siguiente: "1. Son también privativos: (...) c) Las titularidades de pensiones de cualquier clase y las de los contratos de seguros16. Esta declaración general suscita varias cuestiones interpretativas. Cabe preguntarse, en primer lugar, por la extensión de dicha declaración. La ley emplea la expresión “titularidad”. Cabe entender que el legislador está pensando en la posición del contratante o tomador en el contrato de seguro. El seguro, por su condición de contrato, es algo más amplio que un simple bien o que, incluso, un mero derecho: comporta una serie de derechos y obligaciones, y, por ello, ha llegado a ser calificado como una verdadera relación contractual. El titular de dicha relación debe ser el cónyuge contratante, sin que el otro cónyuge se pueda inmiscuir en la relación con la Compañía de seguros.

Mención aparte merecen los seguros de vida contratados por ambos cónyuges. En tal caso, y a pesar de que la Lrem no lo indica de forma expresa, cabe entender que no es aplicable el precepto estudiado. La titularidad del contrato corresponderá a ambos cónyuges, que ostentarán la condición de tomadores, y a ellos les corresponderá el ejercicio de los derechos derivados del contrato. Lo relevante es que la prestación se percibirá como consecuencia de un seguro de vida, y es indiferente la modalidad por la que se reciba17.

Cabe hacer notar que esta norma se refiere a cualquier tipo de contrato de seguro, sin que quede limitada a los seguros de vida. De tal forma que aplicando la regla "ubi lex non distinguit", no cabe excepcionar la aplicación de dicho precepto en otros tipos de contratos de seguro diferentes al de vida, ya sean otros seguros de personas, ya sean seguros de daños.

Por otra parte, en el art. 30.1.d) párrafo primero Lrem se establece que las cantidades percibidas por un cónyuge como beneficiario de un seguro de vida también tienen carácter privativo. En este precepto se dispone lo siguiente: "1. Son también privativos: (...) d) Las cantidades percibidas como capital o como pensión por uno de los cónyuges en concepto de beneficiario de seguros sobre la vida.” Esta regla es común en otros países de nuestro entorno que han regulado de forma expresa el tema, entre los que cabe citar a Francia18 y a Bélgica19.

La norma legal aclara que tiene carácter privativo, tanto lo percibido en forma de capital como lo percibido en forma de pensión. De esta forma, no entrará en juego la regla del art. 28.2.g) Lrem, que establece el carácter común de lo percibido por pensiones privativas, y que, precisamente, recoge una salvedad respecto del art. 3020.

Del análisis conjunto de estas dos normas, que en el artículo indicado se formulan por separado, se desprende que hay una decidida voluntad del Legislador Aragonés de situar el tema de los seguros de vida en el ámbito de los patrimonios privativos de los cónyuges.

El propio contrato de seguro, junto con los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, y que vinculan al cónyuge tomador con la Compañía de seguros, se integran en su ámbito personal, y, por ende, escapan de la masa común del consorcio.

De esta forma, las prestaciones que un cónyuge pueda recibir como consecuencia de la existencia de un seguro de vida (aquí la norma se refiere exclusivamente a este tipo de seguros) a su favor (en la condición de beneficiario) pasan a formar parte de su patrimonio privativo. Cabe hacer notar que serán privativos el capital o la pensión recibidos por un cónyuge, no sólo por los contratos de seguro concertados por terceros extraños al matrimonio, sino también por los contratos de seguro concertados en el seno del matrimonio (con independencia de que sea tomador el cónyuge beneficiario, el otro cónyuge o ambos).

La ubicación sistemática de estas normas en el artículo de la Lrem referido a los bienes de carácter personal sirve de base para dar fijar cuál es el fundamento de las mismas. Efectivamente, las consideraciones que he efectuado sobre el carácter personal del contrato de seguro son las que avalan su calificación como bien privativo.

La decisión sobre la calificación del contrato de seguro como bien privativo se adoptó en el seno de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil. El estudio de las Actas revela que no existieron discrepancias sobre este particular21. Ciertamente, la tendencia seguida en la doctrina científica y la Jurisprudencia que se han ocupado del tema es la de otorgar carácter privativo a la titularidad de los seguros de vida22. No obstante, a nivel doctrinal existe una corriente minoritaria que tiende a ubicar los seguros de vida en el ámbito de la comunidad conyugal23.

La regla prevista en el art. 30.1.d) párrafo primero Lrem concuerda plenamente con el contenido del artículo 88 de la Ley de Contrato de Seguro, en el que se establece que la prestación del asegurador debe ser entregada al beneficiario, incluso a pesar de las reclamaciones que puedan efectuar herederos o acreedores del tomador del seguro24. Este precepto tiene su base en la prevalencia del derecho (propio y autónomo) del beneficiario sobre la suma asegurada respecto de otros sujetos con un interés sobre la misma25. En una fase posterior se da la posibilidad de dirigir las reclamaciones frente al beneficiario, pero sólo se admiten aquellas reclamaciones que pretendan el reintegro de las primas pagadas "en fraude de sus derechos". No es suficiente, por tanto, con que se haya alterado el destino (particional) de algunos bienes, sino que es necesario, además, que exista un fraude de los derechos de los herederos o de los acreedores. En tal caso, no procede la nulidad del contrato, que es eficaz frente al testador y frente a los acreedores, sino el reembolso de las primas excesivas por parte del beneficiario. En el consorcio conyugal este principio servirá para evitar abusos, y para reintegrar a la comunidad los bienes que no debieron salir de ella.

En definitiva, el Legislador Aragonés admite que los cónyuges mediante el contrato de seguro alteren las reglas particionales del consorcio conyugal y aseguren la situación personal del beneficiario para el futuro26. Existe una evidente especialidad en materia de seguros de vida, lo que determina que pueda haber cierta confrontación de principios entre las normas del consorcio conyugal y las normas propias del seguro de vida. La solución de tales conflictos no debe pasar por imponer una total preponderancia de las reglas generales del consorcio conyugal, sino por integrar ambos institutos, teniendo en cuenta especialmente la voluntad de los cónyuges27.

La calificación del contrato de seguro como un bien privativo de orden personal determina que sea el cónyuge titular el que tenga la legitimación para ejercer los derechos derivados del contrato que se otorgan al tomador28. Así, el cónyuge tomador, como veremos en el apartado siguiente con más detenimiento, está facultado para designar al beneficiario, ejercitar el derecho de rescate, etc. En cuanto "posición contractual" en el marco de la relación con la Compañía de seguros, la titularidad le corresponde al cónyuge tomador. El otro cónyuge no puede interferirse en dicha relación. El hecho de que se contrate el seguro de vida constante el régimen, o el hecho de que las primas se paguen con dinero común, no permite al cónyuge no titular intervenir en dicha relación jurídica.

En cuanto al valor de rescate29, ¿la afirmación legal de privatividad de los contratos de seguros de la letra c) del art. 30.1 Lrem determina, en todo caso, que este valor también tenga carácter privativo? Se trata de una cuestión muy relevante en materia de seguros de vida, ya que da la medida del valor patrimonial de estos bienes. Una interpretación conjunta de los preceptos que venimos comentando debe llevar a la conclusión de que el valor de rescate, en cuanto valor patrimonial, y en la medida en que haya sido generado con bienes comunes durante el consorcio, debe merecer la consideración de bien común. A tal efecto hay que tener en cuenta que la letra c) del referido precepto alude las “titularidades” de los contratos de seguros, lo que permite admitir, también en el terreno de los seguros de vida, la diferenciación existente en otros ámbitos entre la titularidad en sí y el valor patrimonial de la misma. En el apartado 1.a) del art. 31 se otorga carácter común a los rendimientos de los bienes inherentes a la persona. El valor de rescate no es propiamente un rendimiento, pero se trata de un valor netamente patrimonial que puede recibir un cónyuge durante el matrimonio, por una pura decisión personal. Pensemos en la existencia de un seguro a prima única de cierta importancia pagado con bienes comunes que se contrata constante el consorcio y que a los pocos meses de ser contratado, se ejercita el derecho de rescate por el cónyuge titular individualmente, percibiendo una elevada cantidad de dinero. Hay que precisar a este respecto que la letra d) del precepto comentado otorga carácter privativo a las percepciones como beneficiario del seguro de vida, pero no alude a las percepciones por el ejercicio del derecho de rescate. El ejercicio del derecho de rescate le corresponde al cónyuge titular del contrato de seguro, pero el importe recibido de la Compañía de seguros pasa a integrar el patrimonio común en determinados casos, como examino a continuación30. El apartado d) del art. 30.1 otorga carácter privativo a las cantidades percibidas por un cónyuge como beneficiario de un seguro de vida, pero no se refiere a cualesquiera percepciones obtenidas por los cónyuges, ni, por supuesto, establece que la prestación del rescate sea privativa.

La Lrem en el apartado 1.d) párrafo segundo del reiterado art. 30, establece una excepción a la regla de privatividad de las cantidades percibidas de la Compañía de seguros, y fija el carácter común de las prestaciones del seguro de supervivencia en determinadas condiciones31, como veremos en el apartado II, 4, A de este trabajo.

Estas modalidades de seguro son las que más propiamente tienen la consideración de actos de previsión y a los que son plenamente aplicables las ideas expuestas con carácter general. En estos casos es preciso distinguir quién es el beneficiario del seguro.

En el caso de que se contrate un seguro sobre la cabeza de uno de los cónyuges en beneficio del otro, y también cuando se pacte un seguro sobre la cabeza de ambos en beneficio del sobreviviente, en aplicación del art. 30.1.d) párrafo primero Lrem, en caso de fallecimiento del cónyuge asegurado, el otro cónyuge, en su condición de beneficiario recibe la suma asegurada como bien privativo32. En la fase de liquidación y partición, si fallece el cónyuge asegurado, el otro cónyuge recibe como beneficiario el capital asegurado y este importe no se incluye en el inventario de los bienes comunes. Si premuere el cónyuge beneficiario, el otro cónyuge, en su calidad de tomador, mantiene el derecho a designar nuevo beneficiario. Es por ello que debe entenderse incluido este caso en el ámbito de aplicación del art. 30.2 Lrem, como veremos en el apartado referido a la disolución, liquidación y partición del consorcio conyugal.

De esta forma, al fallecimiento de un cónyuge se concede una seguridad en la posición del viudo, proporcionada por la voluntad de ambos cónyuges, o incluso por la voluntad de uno de ellos. No se trata de una modificación del régimen económico del matrimonio, sino de fijar una previsión para el caso de muerte.

Sin embargo, en tanto que liberalidad, los legitimarios del cónyuge tomador, así como los acreedores (sean personales o consorciales) podrán ejercitar frente al beneficiario las medidas para la defensa de sus derechos33.

Tratándose de un seguro sobre la cabeza de un cónyuge en beneficio del otro, si se produce el fallecimiento del cónyuge beneficiario el propio LACRUZ indicaba que falleciendo antes el cónyuge beneficiario que el titular éste habrá de cambiar de beneficiario y la obligación de reembolso posiblemente renacerá34.

En esta categoría han de incluirse las prestaciones recibidas en virtud de la participación del cónyuge fallecido en planes de pensiones, fondos de jubilación, participaciones en entidades de previsión social voluntaria y figuras similares. Pese a haberse costeado con fondos comunes, no tendrán la consideración de bienes comunes, sino que la prestación correspondiente a este supuesto (la de viudedad) será percibida íntegramente por el cónyuge viudo, sin que hayan de integrarse en la comunidad partible. En cuanto al reembolso el art. 30.2 Lrem interpretado a contrario, excluye el deber de reembolso de primas.

Si el seguro se contrata sobre la cabeza del otro (asegurado) por un cónyuge (tomador) en su propio beneficio, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que aunque la Ley de Contrato de Seguro en su art. 83 párrafo 2º exige como regla general el consentimiento del asegurado (el otro cónyuge) para la validez del contrato, aquél no es necesario si puede "presumirse de otra forma su interés por la existencia del seguro". Pues bien, tratándose de un matrimonio es lógico considerar que existe un interés por parte del cónyuge asegurado en que el otro pueda concertar un seguro para conseguir cierta estabilidad en caso de fallecimiento.

En aplicación de las reglas generales del art. 30.1. c) y d) párrafo primero, tantas veces citadas, es factible entender, en primer lugar, que la titularidad del seguro le corresponderá al cónyuge tomador. Para el caso de primas acomodadas a las circunstancias familiares se tratará de una atención de previsión a cargo de la comunidad35; lo que será así con mayor razón si el cónyuge asegurado ha dado su consentimiento a la realización del contrato. lLs primas que excedan de este límite se deberán reintegrar por el beneficiario en favor del caudal común36.

En caso de fallecimiento del cónyuge asegurado, el capital recibido por el cónyuge viudo será bien privativo37.

En caso de fallecimiento del cónyuge tomador y beneficiario, el contrato mantiene su vigencia, y será necesario determinar si los herederos desean mantener la vigencia del contrato.

La prestación a su favor la recibirán directamente de la Compañía de seguros. En cuanto al reembolso, en aplicación del art. 30.2 Lrem, será procedente el reembolso cuando se contrate fuera del marco de las cargas del matrimonio.

También en este caso la prestación la recibirán directamente de la Compañía de seguros. El deber de reembolso de primas tiene lugar en todo caso, de conformidad con lo establecido en el art. 30.2 Lrem.

Como se sabe, en estos supuestos se toma como elemento determinante del nacimiento de la obligación de pago de la prestación del asegurador la llegada del sujeto asegurado a una edad fijada en el contrato. Esto viene a significar que cuando el capital sea satisfecho al beneficiario, los dos cónyuges seguirán vivos, por lo que no siempre se habrá producido la disolución del régimen. En esta modalidad asegurativa es más frecuente que el mismo cónyuge sea a la vez tomador, asegurado y beneficiario. En ocasiones se habla de “seguros de jubilación”, que en ciertos aspectos deben ubicarse en este terreno. En muchas ocasiones se trata de seguros de grupo (art. 81 Ley de Contrato de Seguro), que se constituyen en favor de los miembros de un determinado colectivo; ya sean los trabajadores de una empresa38, los miembros de una asociación profesional, o los usuarios de un determinado servicio.

Para dar respuesta a la problemática que plantean esta clase de seguros, hay que distinguir entre los seguros que vencen constante el consorcio frente a los que siguen vigentes en el momento de la disolución del consorcio.

A su vez, en los casos de vencimiento constante el consorcio hay que distinguir dos supuestos en relación con el momento en que se contrata el seguro: los contratados antes y los contratados después del inicio del consorcio conyugal (normalmente la fecha en que se contrae matrimonio).

a.- Seguros concertados constante el consorcio: carácter común (art.  30.1.d) párrafo 2º Lrem)

Respecto de los seguros concertados constante el consorcio y que a su vez vencen durante la vigencia del régimen (este sería el supuesto típico de un seguro concertado en relación con la edad de jubilación del cónyuge correspondiente), el art. 30.1.d) párrafo 2º Lrem establece el carácter común de las cantidades devengadas con anterioridad a la disolución: el capital recibido tiene carácter común39. Este precepto dispone lo siguiente:

“Por excepción, en el seguro de supervivencia contratado durante el consorcio por uno de los cónyuges en su beneficio, serán comunes las cantidades devengadas antes de la disolución de aquél. En este caso, se reintegrará al patrimonio privativo el valor actualizado de las primas satisfechas a su costa.”

Cabe hacer notar que la regla exige para su aplicación la concurrencia de los siguientes requisitos (que se deben cumplir de forma cumulativa):

-Se debe tratar de un seguro de supervivencia.

-El contrato de seguro se debe concertar durante la vigencia del consorcio conyugal.

-La contratación ha de efectuarse de forma individual por uno solo de los cónyuges.

-El cónyuge tomador o contratante ha de ser, a la vez, el beneficiario del seguro.

Con este precepto se evita que la contratación de un seguro de vida por un cónyuge en su propio beneficio sirva para detraer bienes de la masa común y transformarlos en privativos40. La solución fijada en este precepto venía indicada por la doctrina respecto de la sociedad de gananciales41.

En este precepto no se indica que sean comunes las cantidades percibidas en concepto de beneficiario, sino que se refiere a todo tipo de cantidades, de donde se desprende que también en el caso de ejercicio del derecho de rescate será común la prestación del rescate42.

En este supuesto no hay un aspecto personal del seguro que faculte al beneficiario para excluir de la comunidad el capital recibido. La Ley otorga carácter común a las “cantidades devengadas”, que pueden ser, tanto la indemnización por alcanzar la edad fijada en la póliza, como el importe obtenido por el ejercicio del derecho de rescate incluso antes del vencimiento del contrato.

El origen del dinero con el que se paguen las primas no es relevante: serán comunes las cantidades percibidas, ya se paguen con dinero común, ya se paguen con dinero privativo. No funciona, por ello, el principio de subrogación real. Pero si el dinero con el que se han satisfecho las primas del seguro concertado individualmente era privativo de uno de los cónyuges, la ley fija un derecho de reembolso a favor del patrimonio privativo. Esta cuestión puede suscitar ciertas dificultades en la práctica, ya que para mantener la integridad de las patrimonios sería preciso conocer de una forma detallada con qué fondos se ha ido pagando las primas, lo que normalmente no sucederá, dado que lo más usual es que no se guarde una contabilidad minuciosa sobre el particular.

El hecho de que en estas modalidades de aseguramiento se fije el carácter común de las cantidades devengadas se basa en que se trata de seguros de capitalización o ahorro que suele contratar un cónyuge en su propio beneficio, como se puso de manifiesto en el seno de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil43.

b.- Seguros concertados con anterioridad al inicio del consorcio

El seguro concertado por un cónyuge con anterioridad al inicio del consorcio presenta alguna particularidad a este respecto. Procede aclarar que el beneficiario puede serlo tanto el cónyuge tomador (caso más habitual) como el otro cónyuge.

Es obvia la condición de este seguro como bien privativo44, en aplicación, en primer lugar, de la regla prevista en el art. 29 párrafo primero Lrem, que otorga carácter privativo a todos los bienes que pertenecen a cada cónyuge al iniciarse el consorcio. En segundo lugar, también es de aplicación de la regla general del art. 30.1.c) Lrem, que otorga carácter privativo a los contratos de seguro.

Por lo que se refiere a las cantidades devengadas, es de aplicación de la regla general del art. 30.1.d) párrafo primero, según la cual la prestación concedida por el asegurador es un bien privativo del cónyuge beneficiario. Al tratarse de un seguro concertado con anterioridad al inicio del consorcio, no entra en juego la excepción del párrafo segundo de dicho precepto, que, como he indicado, exige para otorgar carácter común a las cantidades devengadas que el seguro se haya concertado durante el régimen.

Partiendo del carácter privativo del contrato de seguro y de la cantidad recibida, cabe preguntarse si es procedente el reintegro de las primas abonadas con fondos comunes (lógicamente se trata de primas abonadas constante el régimen). Aunque esta modalidad de seguro de vida no se contempla en el párrafo segundo del art. 30.1.d), es aplicable el apartado 2 del art. 30, que establece una regla general en materia de reembolso de primas en materia de seguros de vida. En este punto debemos aplicar las pautas habituales, que nos llevan a eximir de reembolso a aquellos contratos de seguro de supervivencia en los que el beneficiario sea el cónyuge del tomador (caso menos frecuente cuando se trata de un seguro concertado con anterioridad al matrimonio), y a mantener la exigencia de reembolso de las primas cuando el cónyuge concierta a su favor el seguro de supervivencia (caso habitual)45.

Si en el momento en que se produce la disolución del consorcio conyugal, aún no se ha producido el vencimiento del seguro, la respuesta a los problemas planteados es más compleja, dado que el cónyuge asegurado no ha llegado aún a la edad pactada al efecto en el contrato46. La disolución se puede producir por separación o por divorcio, pero también se puede producir por muerte del cónyuge no asegurado.

Estas cuestiones se abordan en el apartado V referido a la liquidación, partición y división.

Por lo que se refiere al tema de la contratación del seguro de vida, es conveniente tener en cuenta que no nos encontramos ante de un mero derecho de crédito, sino que el seguro constituye, por un lado, un contrato, y, por otro lado, una relación jurídica derivada del mismo, en el que se estatuyen toda una serie de derechos y obligaciones para las partes. Se entrelazan entre tomador y asegurador unos vínculos que sobrepasan lo que sería una mera posición de poder o de deber, para integrar en el tomador, que es el sujeto que en este punto nos interesa, una auténtica "situación jurídica", formada por un conjunto de derechos y obligaciones, en el marco de la relación de aseguramiento.

Resulta evidente que el seguro de vida lo pueden contratar ambos cónyuges de manera conjunta, y éste puede ser el supuesto más frecuente cuando se trate de seguros de cierta entidad o en los que ambos cónyuges estén implicados. No en vano las más relevantes decisiones sobre la economía familiar corresponden a los consortes como unidad, que son quienes crean el proyecto de vida en común que sirve de soporte al consorcio conyugal como régimen económico del matrimonio propiamente dicho47. Pero también hay que señalar que cada uno de los cónyuges tiene libertad para contratar individualmente un seguro de vida48. A este respecto, cabe señalar que ya constituye un verdadero axioma en materia de régimen económico que el matrimonio no limita la capacidad de obrar de los cónyuges, como han tenido ocasión de precisar de forma reiterada tanto la Doctrina como la Jurisprudencia del Tribunal Supremo49. Ello no  significa que el carácter de los fondos con los que se satisfagan las primas no tenga relevancia. Como veremos, el orgine de los fondos sí tiene relevancia, a efectos de reembolso en su caso.

Pues bien, pese a las limitaciones que a la actuación individual se establecen en el régimen del consorcio aragonés en orden a la gestión de los bienes comunes, dado que cuando se contrata un seguro de vida lo que se está haciendo no es sino concertar una posición contractual y adquirir una determinada titularidad, se debe considerar lícita la actuación de un cónyuge que contrata individualmente un seguro, de la misma forma que puede decidir con plena libertad las compras que efectúa, la profesión a la que se dedica, etc50. En realidad, el cónyuge interviniente no está administrando ni enajenando un bien común, por lo que no es aplicable el sistema legal de cogestión. Una cosa es disponer de un bien común y otra diferente concertar un contrato; que puede generar el nacimiento de una deuda, de la que, eventualmente, puede ser que hayan de responder los bienes comunes.

El hecho de que el propio art. 30.1.c) Lrem considere que son bienes privativos las titularidades de los contratos de seguros, es otro elemento favorable para la consideración de que cada uno de los cónyuges tiene un amplio margen de libertad para concertar un contrato de seguro.

 

Sobre esta base, el centro de interés en esta materia se traslada al tema de los efectos que producen tales actos en el patrimonio conyugal, básicamente, el carácter o calificación (común o privativa) del seguro concertado individualmente y el tema de las deudas y cargas generadas en relación con el mismo; esto es, si la deuda es común o es privativa, y si debe ser soportada definitivamente por la comunidad conyugal, temas que analizo en los apartados 2 y 4 respectivamente del presente trabajo.

En conclusión, cada cónyuge puede concertar libremente seguros de vida, y también tiene, ab initio, libertad para pactar el tipo de seguro, las modalidades de pago de las primas, designar al beneficiario del seguro, ejercitar el derecho de rescate, etc.

Pese a todo, hay varios puntos en este terreno que suscitan ciertas dificultades: el pago de las primas, la designación del beneficiario, el ejercicio del derecho de rescate y los contratos concertados por ambos cónyuges.

El pago de las primas puede efectuarse bien con dinero común o bien con dinero privativo. Cabe hacer notar que el art. 50 Lrem (actuación frente a terceros) otorga legitimación a cada cónyuge respecto de terceros de buena fe para efectuar actos de disposición a título oneroso de dinero, valores mobiliarios, derechos de crédito y cualesquiera otros bienes muebles, cuando los mismos figuren a su nombre [exclusiva o indistintamente] o se encuentren en su poder51.

A la hora de concertar un contrato de seguro, el efectivo pago de la prima única o de las primas sucesivas efectuado por el cónyuge contratante (tomador del seguro) con dinero que se encuentre en su poder (también en cuentas bancarias de disposición individual o indistinta), es plenamente eficaz respecto de la Compañía de seguros. De esta forma, el contrato de seguro desplegará toda su plena eficacia en la relación “ad extra”, o sea, entre el cónyuge-tomador y el asegurador. La Compañía de seguros tendrá la certeza de que el pago será válido y eficaz, a pesar del carácter común del dinero entregado individualmente por un cónyuge.

Lo que se persigue con esta medida es evitar a la Compañía de seguros tener que dilucidar si conforme al régimen conyugal del sujeto que pretende contratar y pagar un seguro está habilitado para ello, e incluso evitar que tenga que hacer una labor de investigación sobre el carácter común o privativo del dinero entregado (o depositado en una cuenta bancaria). Se trata, en definitiva, de una medida para dotar a las relaciones de los cónyuges con terceros de ciertas dosis de agilidad y de protección del tráfico jurídico, establecidas en general en relación con el dinero y otros títulos-valores o valores mobiliarios.

El art. 50 Lrem se refiere de forma exclusiva a los actos a título oneroso52, ¿cabría alegar a este respecto que el seguro de vida constituye una especie de "donación indirecta", y por tanto sería inaplicable esta habilitación legal individual? Es cierto que a través del seguro se puede realizar una liberalidad en favor del beneficiario, al menos en los supuestos ordinarios53, llegándose a hablar de una "donación indirecta"54. Pero este aspecto no es el que se predica de la relación entre tomador y asegurador, sino entre tomador y beneficiario. Para el asegurador el pago de las primas constituye una contraprestación, por lo que, tratándose de un negocio oneroso, tiene plena aplicación lo establecido en el art. 50 Lrem, y de ahí que, con independencia del dinero con que se pague el seguro y de la finalidad que persiga el tomador, no será factible oponer al asegurador la invalidez o la ineficacia del pago efectuado con dinero común por este mero hecho; es decir, porque siendo dinero común ha sido entregado por un solo cónyuge. Otra cuestión será la posibilidad de que el cónyuge que contrata y/o paga tenga intenciones dolosas o fraudulentas con respecto a su consorte, en cuyo caso, si el asegurador participa en esta actividad, podrá verse sometido al ejercicio de las acciones correspondientes55.

Por lo que se refiere a la designación de beneficiario, se debe señalar que, conforme a la estructura dogmática del seguro, la prestación del asegurador en favor del beneficiario no constituye propiamente una transmisión del tomador, sino una estipulación a favor de tercero: la prestación es del asegurador y el beneficiario tiene un derecho propio56. La designación del beneficiario es una declaración unilateral y, en general, revocable, tal y como se establece en los arts. 84 y 87 LCS, de tal forma que el tomador puede modificar o revocar la designación hasta el momento del siniestro57. El art. 87 admite la renuncia a la facultad de revocar la designación de beneficiario, exigiéndose carácter expreso y forma escrita, lo que da pie a la designación irrevocable del beneficiario, mediante la declaración de renuncia, que constituye una manifestación dirigida a la Compañía, en la que no toma parte el cónyuge del tomador58.

¿Tiene absoluta libertad el cónyuge tomador para designar y modificar al beneficiario? En los casos en los que un cónyuge contrate de forma individual el seguro, y designe como beneficiario a una persona extraña a la familia nuclear (consorte o hijos), en el marco del Derecho Comparado hay voces que se posicionan en el sentido de que se debe exigir el consentimiento del otro cónyuge, siempre que no se trate de cantidades reducidas, que podrían quedar amparadas en la costumbre o el uso de efectuar regalos módicos en determinadas ocasiones59.

Si se admite la libertad del cónyuge tomador, podrá designar como beneficiario, obviamente, a un miembro de la familia, pero también podrá designar a un extraño. Imaginemos un seguro de vida concertado por un cónyuge en beneficio del otro en el que ante una situación de pre-divorcio el cónyuge tomador modifica el beneficiario y designa a una hermana suya.

Efectivamente, partiendo de la categórica afirmación de privatividad de la titularidad del contrato de seguro, se desprende la consecuencia natural de que el cónyuge tomador tiene libertad para fijar la identidad del beneficiario del seguro de vida. La Lrem no establece ninguna limitación expresa a dicha libertad. Si efectivamente designa a un extraño, la decisión, en principio, será inatacable, por entrar dentro de su ámbito de facultades como titular del contrato de seguro. Se podrá actuar no obstante, respecto de las primas pagadas con fondos comunes, bajo el sistema y las condiciones previstas en el art. 30.2 Lrem, fijando como recompensa a favor de la comunidad el importe de las primas pagadas con fondos comunes.

¿Se puede llegar a entender que la designación individual de un beneficiario ajeno a la familia constituye un acto (de disposición) para el que un solo cónyuge no tiene suficiente habilitación, y por tanto ineficaz frente al otro cónyuge? Desde luego, si la intención del cónyuge tomador es precisamente la de defraudar los derechos del otro cónyuge sobre los bienes comunes, es factible (en la relación interna) considerar ineficaz el contrato de seguro, y computar en caso de disolución del consorcio conyugal el valor de rescate en el inventario como bien común.

Respecto del beneficiario, no obstante, la eventual reclamación ha de discurrir por la vía del art. 88 Ley de Contrato de Seguro, que permite a los acreedores y legitimarios el reembolso del importe de las primas abonadas por el cónyuge tomador en fraude de sus derechos.

Por lo que se refiere a la designación como beneficiario del otro cónyuge o de los hijos comunes, hay que entender que se trata de cubrir una necesidad de previsión de la familia que se incluye en el seno de las cargas del matrimonio. Pues bien, como regla de principio se admite que las actuaciones destinadas a satisfacer las necesidades familiares puedan ser efectuadas por cualquiera de los cónyuges actuando separadamente, como se desprende de la interpretación conjunta de los arts. 48. d) y 36.1.a) Lrem. De estos preceptos se deriva, en primer lugar, una legitimación para actuar individualmente en la atención de las cargas del matrimonio, vinculando con su intervención todo el patrimonio conyugal. Esta legitimación se extiende, en segundo lugar, a la posibilidad de emplear bienes comunes para el pago de tales gastos. En definitiva, el cónyuge tiene libertad para realizar esta designación.

 

La titularidad atribuida a un cónyuge también le faculta para ejercitar el derecho de rescate. No obstante, el capital recibido tendrá consideración de bien común, como se examina en el apartado II referido al activo.

El tratamiento cuando el seguro haya sido concertado por ambos cónyuges es muy distinto. En tales caso no será factible la actuación individual en el sentido apuntado: para revocar la designación de beneficiario, para designar a otra persona, para ejercitar el rescate de la póliza, etc. será precisa la intervención de ambos cónyuges, y ello no tanto por la aplicación de las reglas del consorcio conyugal, como por la contratación conjunta del seguro, lo que supone que un cónyuge no pueda disponer aisladamente de toda la relación contractual.

Desde la perspectiva de las deudas del consorcio conyugal, el primer tema que se plantea en relación con el seguro de vida es el de dilucidar qué patrimonio de los que se distinguen en el seno del consorcio conyugal ha de hacer frente al pago de las primas, esto es, la responsabilidad provisional o erga omnes.

Otra cuestión es el tema de la responsabilidad definitiva o inter partes. Una vez que las primas se hayan satisfecho efectivamente, es posible examinar qué masa patrimonial ha de soportar definitivamente el gasto efectuado. Tradicionalmente ha preocupado a la doctrina científica y a la Jurisprudencia el tema del reembolso de las primas satisfechas por razón de los seguros de vida60.

Respecto de esta cuestión se ha introducido en la Lrem una norma que, de alguna forma, pretende zanjar la discusión planteada con anterioridad, y en el art. 30.2 se establece una regla general en materia de reembolso de primas pagadas con fondos comunes.

Sobre la base de este precepto, y del régimen general en materia de deudas y cargas en el seno del consorcio conyugal, el análisis de la responsabilidad derivada de la contratación de los seguros de vida exige atender a dos factores que actúan de manera combinada:

-Un criterio objetivo, referido a la finalidad o función que cumple el seguro de vida, y más en concreto, si se puede considerar el pago de las primas como una carga del matrimonio.

-Un criterio subjetivo, referido a si el seguro se ha convenido de forma individual o de forma conjunta.

En la Lrem se maneja el concepto de cargas del matrimonio, que viene delimitado en el art. 36.1.a)61, en el que se incluyen "a) Las atenciones legítimas de la familia y las particulares de cada cónyuge...”. La doctrina más autorizada entiende que este tipo de gastos representan las cargas del matrimonio62, aunque estas “atenciones” no se han concretado en la Ley ni tan siquiera ad exemplum63.

Como se ha indicado por autores de renombre, la finalidad sustancial del régimen económico de comunidad no es repartir los beneficios, sino la de atender las necesidades que se generan en la comunidad de vida matrimonial y familiar64. El principio de colaboración entre los cónyuges se plasma en el deber de contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio65. Todo ello constituye una fórmula óptima para conseguir la protección de la familia, en armonía con lo dispuesto en el art. 39. 1 de la Constitución66. Por otra parte, cabe hacer notar que las cargas del matrimonio, entendidas como atención de las necesidades primarias del núcleo familiar, originan el deber de su satisfacción a cargo de los cónyuges, y por tanto, sus bienes quedan afectos al pago de las deudas así originadas.

Del art. 30.2 Lrem, que fija una regla especial en materia de reembolsos entre patrimonios para toda clase de seguros de vida, se desprende, a contrario, que cuando el seguro de vida constituya “un acto de previsión acorde con las circunstancias familiares”, nos encontramos ante una carga del matrimonio, y que no procede el reembolso de las primas pagadas con fondos comunes. Cabe pensar que el Legislador Aragonés entiende que uno de los aspectos que la convivencia familiar hace necesario (una “atención”) es la prevención de los riesgos y de las necesidades que puedan afectar a sus miembros; de ahí que los gastos realizados para pagar las primas de los seguros de vida deban considerarse incluidos en el seno de las cargas del matrimonio.

Ya en el Informe del Seminario referido al pasivo de la comunidad se indicaba que los gastos efectuados por razón los seguros de vida de los cónyuges debían considerarse incluidos en el seno de las atenciones legítimas de la familia y de las personas de los cónyuges67.

Para que el gasto efectuado en relación con un seguro de vida se configure como carga del matrimonio se establece un criterio de regularidad o de normalidad en el montante de las primas, en consideración siempre a las circunstancias familiares, como se desprende del art. 30.2 Lrem. Serán la fortuna, la posición social, los usos y las circunstancias de la familia los criterios que servirán para dar respuesta a la cuestión. A título ilustrativo puede ser relevante a tales efectos atender a la edad de los cónyuges, a su profesión (más o menos arriesgada), a la existencia o no de hijos, a la estabilidad laboral y social, etc68.

Esto significa que si se ha empleado dinero común para el pago de las primas, incluso aunque lo haya efectuado individualmente un solo cónyuge, no se deberá recompensa alguna entre las masas patrimoniales, ya que la comunidad habrá sufragado un gasto que a ella le correspondía.

Conviene precisar que en las operaciones de seguro de vida en las que no exista ningún tipo de riesgo a prevenir, sino que se pueda calificar como una operación puramente financiera de imposición de capitales, no se podrá hablar de "atención de previsión", ni, por ende, de cargas del matrimonio.

Por otro lado, en cuanto a los seguros de vida cuyas primas (calificables dentro del ámbito de las cargas del matrimonio) se hayan satisfecho con bienes privativos69, procederá el reintegro de las mismas en favor del cónyuge, en el marco de las operaciones de liquidación de la comunidad, como se desprende del art. 44.2.b) Lrem ("Relaciones entre patrimonios. 2. En particular, los patrimonios privativos tienen derecho al reintegro del importe actualizado: (...) b) De los bienes privativos empleados en el pago de deudas que fueran de cargo de la comunidad.”).

Desde el punto de vista de la responsabilidad externa o erga omnes, y tratándose de una carga del matrimonio, la Compañía de seguros podrá dirigirse sobre los bienes del matrimonio conforme al sistema previsto en los arts. 37 y 38 Lrem para exigir el pago de las primas insatisfechas. Este sistema fija una cierta diferencia en consideración al hecho de que haya intervenido un cónyuge o lo hayan hecho los dos.

Cuando haya intervenido un solo cónyuge, la responsabilidad primaria o directa es de los bienes privativos del cónyuge contratante junto con el patrimonio común. La responsabilidad subsidiaria "en defecto de bienes comunes" por este tipo de deudas es de los bienes privativos del otro cónyuge (art 38.2 Lrem). Esta forma de articular la responsabilidad en dos fases puede plantear ciertas dificultades de aplicación en la practica, por lo que parece aconsejable introducir una serie de matizaciones a las disposiciones de este precepto70.

Si han intervenido ambos cónyuges, es aplicable el art. 37.3 Lrem, que establece una regla taxativa de responsabilidad de todos los bienes del matrimonio.

Tratándose de actuaciones que exceden del ámbito de las cargas del matrimonio cobra cierta relevancia determinar si la intervención se ha realizado de forma individual o conjunta.

En el caso de que se trate de un seguro de vida fuera del ámbito de las cargas del matrimonio contratado por uno solo de los cónyuges, lo pagado por el mismo no tendrá la calificación de carga del matrimonio, quedando definitivamente a cargo del cónyuge que haya efectuado tal intervención. Así se establece en el art. 30.2 Lrem para todo tipo de seguros de vida contratados individualmente, siempre que no se designe beneficiario al otro cónyuge.

Se trata de un gasto personal, que debe imputarse al patrimonio privativo del cónyuge respectivo, de tal manera que se generará una recompensa en favor de la masa común en el supuesto de que el cónyuge haya empleado fondos comunes para el pago71.

Por lo que se refiere a la responsabilidad externa, serán aplicables los arts. 42 Lrem, referido a la responsabilidad de los bienes privativos y el art 43 Lrem, previsto para la ejecución sobre bienes comunes por deudas privativas de un cónyuge. Según una recta interpretación de este precepto, la compañía aseguradora podría dirigirse sobre los bienes privativos del cónyuge y sobre los bienes comunes, pero respecto de éstos el cónyuge del deudor puede ejercer dos tipos de facultades que se desarrollan en dicho precepto72.

Cuando se trate de un seguro de vida contratado por ambos cónyuges, pero al margen del ámbito propio de las cargas del matrimonio, el hecho de que se haya producido una actuación conjunta determina que la responsabilidad externa abarque a todos los bienes del matrimonio, tal y como se desprende del art. 37.3 Lrem. No obstante, en la relación interna, habrá que examinar el tipo de gasto efectuado para poder determinar si procede aplicar alguno de los supuestos de reembolso previstos en la Lrem73.

En la fase de disolución, liquidación y división del consorcio conyugal se logra la individualización de las titularidades existentes en el seno del consorcio conyugal. En el inventario previsto en el art. 79 Lrem se fija la situación patrimonial de la comunidad, activa y pasivamente74. En la fase de liquidación propiamente dicha, prevista en el art. 83 Lrem, se lleva a cabo la "integración" del activo de la comunidad, el pago de las deudas y la fijación de los reintegros debidos por los cónyuges a la comunidad y viceversa. La última fase es la división y adjudicación de los bienes a los cónyuges o sus herederos.

Las reglas que he examinado más arriba sobre la titularidad del contrato de seguro y sobre los reembolsos debidos por el pago de primas, se “actualizan” en esta fase del desenvolvimiento del consorcio conyugal. A nadie se le escapa que los conflictos originados por los seguros de vida en el marco del régimen económico del matrimonio se suscitan, casi siempre, en el seno de las operaciones de liquidación y división del consorcio conyugal. Basta con repasar la Jurisprudencia que se ha ocupado del tema para comprobar que efectivamente es un hecho insólito que los cónyuges litiguen entre sí constante el consorcio. Los conflictos en la fase de liquidación y división se suelen suscitar, bien entre el cónyuge viudo y los herederos del premuerto, en los casos de disolución por muerte, o bien entre los propios cónyuges, en los casos de separación o divorcio75.

Las normas ya examinadas en los apartados II (titularidad de los seguros de vida) y IV (régimen de las deudas) de este trabajo, determinarán la composición de las partidas del inventario del consorcio, integrando los bienes comunes las partidas del activo, y quedando fuera del mismo los bienes privativos. Por otra parte, también es preciso atender a la existencia de reembolsos debidos por el patrimonio común o por los patrimonios privativos, para efectuar la que el art. 83 Lrem denomina “liquidación ordinaria”.

Aplicando las normas ya examinadas sabremos si, por ejemplo, una determinada prestación recibida de una Compañía de seguros por uno de los cónyuges debe ser incluida como una partida del activo, o en qué medida, por ejemplo, hay que computar las cantidades aportadas por la comunidad para el abono de las primas de un seguro de vida.

Básicamente, en cuanto a las causas de disolución, y a su aplicación respecto de los seguros de vida, cabe diferenciar, de una parte, el supuesto de muerte de uno de los cónyuges, que no sólo abre la sucesión del mismo, sino que también constituye el riesgo típico en los seguros de vida para el caso de fallecimiento, lo que genera el nacimiento a favor del beneficiario del derecho al capital del seguro, y, de otra parte, el resto de causas de disolución, entre las que se incluyen las que se dan con mayor frecuencia: la separación o el divorcio de los cónyuges76.

Por lo que se refiere a la calificación de los seguros de vida y de las prestaciones recibidas por tal concepto constante el consorcio, me remito a lo ya dicho en el apartado II de este trabajo.

La norma fundamental en esta materia es el art. 30.2 Lrem, que dispone lo siguiente:

“En los seguros sobre la vida contratados por uno solo de los cónyuges a favor de persona distinta del otro y que no constituyan acto de previsión acorde con las circunstancias familiares, deberá reembolsarse al patrimonio común el valor actualizado de las primas que se hayan satisfecho a costa de dicho patrimonio.”

Se ha delimitado un grupo de contratos de seguro, con unas características determinadas y se ha fijado una regla general en materia de reembolsos en el ámbito de los seguros de vida77. A su vez, dicha regla tiene carácter especial por lo que respecta a la que con carácter general, se incluye en el art. 44 Lrem en materia de reintegros para el consorcio conyugal.

¿Cuáles son los casos en los que procede el reintegro de primas? Una exégesis del precepto nos indica en qué condiciones es aplicable el deber de reembolso de primas:

-Se aplica para todo tipo de seguros de vida. La delimitación legal es muy amplia: alude a los “seguros sobre la vida”, que es la terminología utilizada por la propia Ley de Contrato de Seguro para aludir a la categoría que en este trabajo se alude con la expresión más difundida de “seguros de vida”. Se incluyen, en consecuencia, tanto los seguros para el caso de fallecimiento, como los seguros de supervivencia.

-Es preciso que el seguro de vida se haya contratado por uno solo de los cónyuges. El tomador o contratante es uno solo de los cónyuges, de tal forma que si el contrato lo conciertan ambos cónyuges, no será aplicable este precepto.

-El beneficiario del seguro de vida ha de ser una persona distinta del otro cónyuge78. En definitiva, el beneficiario puede ser:

- el propio cónyuge contratante.

- -uno o varios de los hijos del matrimonio79.

- una persona extraña a la familia nuclear (la integrada por los cónyuges y sus hijos).

-No debe constituir un acto de previsión acorde con las circunstancias familiares: si se trata de un seguro de vida contratado en el marco de las cargas del matrimonio, tampoco es procedente el reembolso de primas80.

En este punto las posibilidades teóricas que se ofrecían al Legislador Aragonés a la hora de computar el pago de las primas en la liquidación y partición de la comunidad eran variadas:

1ª) Considerar que el seguro, pese a figurar como asegurado y beneficiario un solo cónyuge, tiene carácter (internamente) común, por lo que debe computarse el valor económico del mismo (valor de rescate) en las operaciones de liquidación y partición e imputarlo en el lote del cónyuge respectivo (o los herederos)81.

2ª) Considerar, en una posición totalmente contraria a la anterior, que se trata de una atención de previsión y, por lo tanto, de cargo definitivo de la comunidad (art. 36.1 Lrem), con lo que el cónyuge beneficiario mantendría la titularidad del seguro, sin que fuera preceptivo un reintegro de las primas satisfechas82.

3ª) Una posición intermedia sería la de admitir que el seguro reviste carácter privativo, pero que no existe justificación para negar el reintegro de las primas satisfechas por la comunidad. De esta manera, el cónyuge suscriptor tendrá la titularidad del seguro, pero minorado con los pagos efectuados con los fondos comunes83.

Esta situación adquiere paulatinamente mayor relevancia. No sólo porque son más frecuentes las rupturas matrimoniales, en las que aparecen personas relativamente jóvenes muy lejos de la edad de jubilación, que es la fecha que normalmente se toma como criterio para fijar el vencimiento del contrato, sino porque cada vez son más elevadas las cantidades que se destinan a las diversas fórmulas de previsión social. Esta situación se produce debido a varios factores que actúan de forma simultánea:

1.- La eventual “crisis” de la Seguridad Social invita a la ciudadanía en general a "complementar" el sistema público con la iniciativa particular, ya que presumiblemente en un futuro no muy lejano existirán serias dificultades para hacer frente al pago de las pensiones84.

2.- La mejora del nivel de vida junto a la prolongación de la esperanza de vida hacen posible una mayor atención a estos aspectos de previsión.

3.- De otra parte, los importantes beneficios fiscales existentes en este ámbito aumentan su atractivo frente a otras fórmulas de ahorro85. En este punto surge un aspecto que se debe tener muy en cuenta y es que en el seguro de supervivencia está muy presente el objetivo de ahorro y de capitalización, que se une a la mera previsión ante la necesidad futura. Este aspecto determina que tanto las medias de "previsión" como las diversas fórmulas de ahorro reciban un tratamiento similar en sede de régimen económico del matrimonio.

El Legislador Aragonés ha optado por otorgar carácter privativo al contrato de seguro. Dado que el contratante es un solo cónyuge, la calidad (personalísima) de tomador (y beneficiario en su caso) le corresponde a él mismo: se trata de una "posición contractual", que, como tal, determina la vinculación exclusiva del tomador con la Compañía de seguros. Atendiendo a la vinculación existente entre el tomador-asegurado y la compañía aseguradora, el contrato de seguro quedará excluido del inventario de bienes comunes.

Existe un argumento decisivo para desechar la segunda tesis, y consiste en que mediante este expediente se estaría autorizando a un cónyuge a modificar el carácter y la orientación de los bienes comunes sin la intervención de su consorte, lo que no se compadece con la estructura y funcionamiento del consorcio conyugal. Por otra parte, y como complemento de esta idea, el carácter de fórmula de ahorro que está presente en estas figuras, determina que se deban considerar como bienes comunes en el ámbito interno.

En estos supuestos, el origen de las primas no tiene relevancia para determinar el carácter común o propio del seguro, y así no será de aplicación el principio de subrogación real en ningún caso86.

Atendiendo a estas consideraciones, el Legislador Aragonés ha decidido imponer en estos casos un deber de reembolso de las primas satisfechas con dinero común en el art. 30.2 Lrem.

La postura del cónyuge no beneficiario puede suponer alguna modificación en el régimen que acabo de exponer. Como punto de partida parece lógico entender que la "inversión" de una parte del salario o de los beneficios de uno de los cónyuges no supone, en absoluto, que el otro cónyuge tenga la voluntad de que estos bienes, que son comunes ab initio, por constituir rendimientos del trabajo, de la actividad o de los bienes de uno de los cónyuges (art. 28.2.d) y f), pasen a ser de propiedad exclusiva del otro, sin recompensa. No obstante, es factible que se dé un consentimiento de este tipo por parte del otro cónyuge, en una aplicación del art. 33 Lrem, que contempla como regla general el nacimiento del correspondiente reembolso, y que permite dar carácter privativo a un bien común87, e incluso el apartado 2 permite que se pacte la exclusión del derecho de recompensa. De esta manera, se tratará de un bien privativo, aunque el cónyuge asegurado y beneficiario estará obligado a reembolsar las cantidades comunes invertidas para sufragar el seguro, el plan de pensiones, o la participación en entidades de previsión social voluntaria.

Cuando se trata de un seguro de vida contratado sobre la cabeza de uno de los cónyuges en beneficio del otro, o de un seguro contratado sobre la cabeza de ambos en beneficio del sobreviviente, no cabe reclamar la restitución de las primas, en la medida en que la regla del art. 30.2 Lrem, que establece el deber de reembolso de primas, no se aplica a este tipo de seguros, ya que se refiere, precisamente, a seguros concertados por un cónyuge en los que el beneficiario sea una persona distinta del otro cónyuge. Por su parte, en el artículo 36.1.a) Lrem se incluyen como cargas del matrimonio las "atenciones legítimas de la familia y las particulares de cada uno de los cónyuges ". En aplicación de los artículos 37 y 38 Lrem, que ponen a cargo de la comunidad los gastos efectuados para la satisfacción de las cargas del matrimonio, tales primas no deberán ser reembolsadas si son acordes con la posición económica de la familia88.

No obstante, si las primas pagadas han sido excesivas atendiendo a las circunstancias reseñadas anteriormente, habría que considerar que ya no estamos en el terreno de la mera previsión familiar. Para tales supuestos las legislaciones francesa y belga imponen el reintegro a la comunidad de las primas excesivas, sobre la base de una especie de voluntad tácita de que el seguro así concertado no debe minorar la parte que correspondería al cónyuge tomador en la comunidad89. Lo cierto es que esta doctrina no tiene porqué trasvasarse al consorcio conyugal aragonés. En principio, mediante la atribución de un capital elevado utilizando la figura del seguro de vida de lo más que puede hablarse es de una liberalidad. Pero entre cónyuges no hay ninguna dificultad en admitir la existencia de donaciones, por lo que en tales supuestos de lo que se trata es de liberalidades de un cónyuge en favor del otro. En realidad, el cónyuge que se ha servido de bienes comunes es el tomador, por lo que sería el obligado a reembolsar. No obstante, en estos casos parece entreverse una voluntad común de realizar estas operaciones, consintiendo el beneficiario la utilización de fondos comunes a su favor, lo que excluiría esta recompensa por parte del tomador90.

La Lrem ha optado por incluir en el patrimonio común una partida por el reembolso del valor actualizado de las primas satisfechas en su día, frente a la posibilidad de haber incluido en el patrimonio común el valor actual del contrato de seguro (el valor de los derechos consolidados) al tiempo de la liquidación del régimen, sin perjuicio de que la titularidad se mantuviera en manos del cónyuge respectivo. Desde el punto de vista práctico, el hecho de que se hayan de computar las primas satisfechas exige una labor de investigación a lo largo de la vida del régimen consorcial, para constatar el importe de las primas que se han ido satisfaciendo e incluso, de su momento temporal, si el seguro se concertó con anterioridad al inicio del consorcio conyugal.

  Una cuestión que se suscita especialmente en la fase de liquidación y división del consorcio conyugal es la referida a la situación jurídica de los contratos de seguro que siguen vigentes pese al cese del régimen económico del matrimonio. En el art. 30 Lrem se ha contemplado una situación más bien estática de esta problemática, y se suscitan algunas dificultades a la hora de resolver las cuestiones que plantean los contratos de seguro que siguen vigentes tras la muerte de uno de los cónyuges, y muy particularmente tras la separación o el divorcio.

Las situaciones pueden ser del siguiente tipo:

-Un seguro de supervivencia contratado individualmente por uno de los cónyuges a su favor que se ha sufragado con bienes comunes y que continúa vigente tras la disolución del consorcio.

-Un seguro para el caso de fallecimiento contratado individualmente por uno de los cónyuges en el que la designación de beneficiario queda a la libre disposición del cónyuge, que se ha sufragado con bienes comunes y que continúa vigente tras la disolución del consorcio.

De un atento examen del contenido del art. 30.2 Lrem se desprende que, si bien algunos casos encuentran una adecuada respuesta en el mismo, en otros casos no se da una respuesta satisfactoria a estas situaciones, por cuanto se restringe el deber de reembolso de primas a los casos en que se haya contratado el seguro de vida “a favor de persona distinta del otro” [cónyuge]. Pero puede ser frecuente el caso de un seguro de vida en el que, aun siendo el beneficiario designado en la póliza el otro cónyuge, con posterioridad a las operaciones de liquidación y división del consorcio se designe a otro beneficiario, con lo que las expectativas del ya ex-cónyuge se verán contrariadas.

La solución para los supuestos más obvios puede venir por la vía de considerar que en los casos, por ejemplo, de separación o divorcio, salvo designación irrevocable a favor del otro cónyuge, se debe entender que el beneficiario es persona distinta del otro cónyuge, y que, en definitiva, concurre el supuesto de hecho previsto legalmente en el art. 30.2 Lrem para la aplicación del deber de reembolso de las primas abonadas con fondos comunes.

El propio LACRUZ indicaba que falleciendo antes el cónyuge beneficiario que el titular, éste habrá de cambiar de beneficiario y la obligación de reembolso posiblemente renacerá91.

De esta forma, en las operaciones de liquidación y división habrá que atender a los pagos efectuados con fondos comunes constante el consorcio para determinar el importe de una de las partidas del inventario.

Los casos más típicos son los siguientes:

-Muerte del cónyuge asegurado en el seguro de vida para el caso de fallecimiento

El cónyuge viudo recibe el capital del seguro con la condición de bien privativo. ¿Existe deber de reembolso de primas? El régimen establecido en el art. 30.2 no es aplicable, puesto que se contrata precisamente, a favor del otro cónyuge, y dicho precepto se refiere a seguros de vida contratados a favor de persona distinta del otro.

-Separación o divorcio cuando uno de los cónyuges es tomador, asegurado, y beneficiario de un seguro de supervivencia

Una vez disuelto el consorcio conyugal, la titularidad del contrato de seguro se mantiene a su favor. Existe, no obstante, el deber de reembolso de las primas, en aplicación del art. 30.2 Lrem, puesto que no es un seguro en el que el otro cónyuge sea beneficiario irrevocable del seguro de vida. El importe actualizado de las primas satisfechas con fondos comunes deberá computarse en las operaciones de liquidación de la comunidad.

Como he venido indicando a lo largo de este trabajo, junto con los seguros de vida propiamente dichos, nos encontramos con otras figuras de ahorro-previsión, que cada vez son más frecuentes en la práctica:

-Los planes y fondos de pensiones. La legislación vigente está representada, en primer lugar,  por el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y, en segundo lugar, por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Como se sabe, los fondos de pensiones son patrimonios independientes adscritos al desarrollo de los planes de pensiones92.

-Los planes o seguros de jubilación, que generalmente se conciertan bajo la modalidad de un seguro de vida.

-Los planes de previsión asegurados. Esta modalidad de ahorro-previsión se configura como un seguro de vida, y exige de la concurrencia de una serie de requisitos exigidos por la legislación fiscal, cuyo régimen se establece en la Ley 46/2002, de 18 de diciembre de reforma del IRPF; y el art. 50 del Reglamento del IRPF, según Real Decreto 27/2003, de 10 de enero93.

-Los nuevos productos creados en el IRPF conforme a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, denominados planes individuales de ahorro sistemático (PIAS).

-Los denominados “Unit Linked”, que constituyen un seguro de vida en el que el tomador o cliente asume el riesgo de las inversiones que se realizan con su o sus primas pero, al tiempo, tiene la capacidad de decidir dónde se realizarán esas inversiones dentro de un abanico de posibilidades que le ofrece la entidad aseguradora. En este abanico suelen incluirse o bien activos singulares (por ejemplo, un sólo fondo de inversión) o bien conjuntos de activos (por ejemplo, una "cesta" de fondos en la que el cliente invierte o desinvierte y que gestiona la entidad). Gozan de las ventajas fiscales inherentes a la tributación de los seguros de vida.

-Por último, hay que citar las participaciones en entidades de entidades de previsión social voluntaria y las participaciones en mutualidades de previsión social.

Cabe formular la siguiente pregunta, ¿qué tratamiento reciben los derechos de los cónyuges en este tipo de institutos? La Lrem no ha establecido una regla específica para este tipo de figuras, que no encajan en el art. 28.2.e) referido a las indemnizaciones por despido o cese de actividades profesionales, ni en el art. 28.2.h), referido a los productos financieros cuya rentabilidad sea la plusvalía obtenida en la fecha de reembolso, como es el caso de los fondos de inversión acumulativos.

Esta pléyade de figuras, presenta una caracterización jurídica controvertida en el marco del régimen económico del matrimonio. De una parte, parece que deben tener la misma consideración jurídica que las pensiones otorgadas por la Seguridad Social u organismos análogos, dado que, en cierta medida, complementan las prestaciones públicas, y, al igual que éstas, se sostienen, en muchos casos, con fondos procedentes de los empresarios y de los trabajadores. Sin embargo, a mi juicio, y desde una óptica estricta de los regímenes conyugales, les corresponde mejor una asimilación a los seguros de vida, en sus diferentes modalidades94. Estas figuras constituyen, a la vez, fórmulas de previsión y de ahorro que se ofrecen a los cónyuges, al igual que los seguros de vida95. Mediante tales institutos se canaliza de hecho parte del ahorro familiar y es previsible que su relevancia aumente en un futuro próximo, sobre todo si, como parece adecuado a la situación actual, se formula una decidida política de fomento de este tipo de figuras. Este aspecto de ahorro determina que, como regla general, las aportaciones que efectúen los cónyuges hayan de tenerse en cuenta en las operaciones de liquidación y partición96.

Por otro lado, las participaciones se obtienen en virtud, o bien de la aportación de capitales (normalmente consorciales) o bien del trabajo de uno de los cónyuges, como una forma de retribución en especie que realiza el empresario a su favor (o en forma mixta)97. Ello implica una evidente conexión con la masa consorcial.

Por último, cabe añadir que una vez generado el derecho a la prestación lo normal es que el montante de la "indemnización" quede ya fijado en ese momento, sobre la base de las aportaciones previas. Sin embargo, en las pensiones públicas hay un componente de necesidad que no se da en estos casos: sólo se obtiene la pensión en la medida en que se siga viviendo y en la situación requerida98.

A mi juicio, estas figuras no deben recibir un tratamiento absolutamente unitario en el marco de los regímenes matrimoniales, ya que en su seno encontramos diferentes situaciones y un amplio espectro de medidas de protección. P. e. en los planes de pensiones son objeto de cobertura: jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez. La cobertura de cada uno de estos riesgos debe recibir el tratamiento apropiado, y así la de jubilación se asimila a un seguro de supervivencia; la de viudedad se asimila a un seguro de vida para el caso de muerte; la de invalidez (en la mayoría de los casos) a un seguro de accidentes. Las aportaciones efectuadas para obtener estos beneficios pueden realizarse con dinero privativo (supuesto muy poco frecuente) o con dinero común.

Por lo que se refiere a la titularidad de estas figuras, en aplicación de los apartados c) y d) del art. 30 Lrem tantas veces comentado, será el cónyuge respectivo el titular individual del plan de pensiones o figura asimilada99. Los eventos sobre los que gira la efectividad del mismo (jubilación, muerte, invalidez, desempleo, etc.) han de referirse a la persona del titular. Y todo ello aunque el patrimonio común haya efectuado desembolsos para sufragar las aportaciones al plan, que serán objeto de reembolso a favor de la comunidad conforme al art. 30.2 Lrem100.

La mayor dificultad se presenta cuando se produce la disolución del consorcio y mantiene su vigencia la participación del cónyuge trabajador en el fondo de pensiones.

Un examen de la Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Aragón muestra un panorama en parte contradictorio. Con carácter general se admite que la titularidad del planes de pensiones o del plan de jubilación (generalmente un contrato de seguro) corresponde al cónyuge individualmente. No obstante, si bien determinadas sentencias entienden que debe computarse como una partida del activo de la comunidad el valor de los derechos consolidados a la fecha de la disolución del consorcio101, hay sentencias que se refieren al reembolso de las aportaciones efectuadas con fondos comunes102. También existen sentencias que se limitan a fijar el carácter privativo de estas figuras103.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 1 de junio de 2005 (Pastor Eixarch, RA 5420) llegó a la conclusión de que, adquirido el importe de los derechos derivados de la aportación de 129.749,30 € por E.R.Z.S.A. al plan de pensiones de que era partícipe el marido una vez que el consorcio conyugal se había disuelto por sentencia de separación conyugal, no podía incluirse dicho importe en el patrimonio común. De modo que, inexistente la comunidad cuando el bien es adquirido, no corresponde ya valorar su condición de común o privativo, sino estar a las reglas generales de adquisición personal por quien no forma ya parte del común. Pese a que dicha sentencia se dictó en aplicación de la Compilación del año 1967, parece que la solución bajo el régimen de la Lrem habría sido la misma. Así, el art. 30.1.d) párrafo 2º no es aplicable a este supuesto, ni tan siquiera aunque se entienda que estos institutos merecen el mismo tratamiento que los seguros de vida para el caso de supervivencia, ya que este párrafo únicamente se refiere a las cantidades devengadas antes de la disolución del consorcio conyugal.

Por otra parte, cabe hacer notar que de un atento examen de dicha sentencia no se desprende que en la demanda rectora del proceso se instara, ya fuera de forma alternativa o subsidiaria, la petición de reembolso de las cantidades aportadas a favor del marido por parte de la empresa, ni tampoco que se computara el valor de los “derechos consolidados” a la fecha de la disolución del consorcio. Quizás un examen de dichas alegaciones hubiera proporcionado una solución más proclive a la consorcialidad de estas figuras.

Es obvio que las respuestas de los Tribunales dependen en buena medida de las concretas circunstancias de cada caso. Cabe citar una Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza en la que se optó por considerar plenamente personal la indemnización recibida en virtud de la participación en un fondo de pensiones cuyas aportaciones efectúa la empresa en razón de un convenio colectivo, pero que se refería a una situación de invalidez104.

La respuesta judicial también depende de las peticiones efectuadas por las partes en el seno del proceso: es obvio que si no se pide el reembolso de primas, el Tribunal no lo concederá.

Como he venido indicando, las soluciones apuntadas respecto de los seguros de vida se deben aplicar, mutatis mutandis, a los planes de pensiones y figuras asimiladas. Como también he indicado, a estos efectos hay que recordar la diferenciación que se da en el marco de los regímenes económicos del matrimonio entre la titularidad, que se otorga al cónyuge correspondiente, del valor patrimonial sufragado con fondos comunes, por lo que procede el reembolso conforme al art. 30.2 Lrem.

Considero muy positivo que el Legislador Aragonés en la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de régimen económico matrimonial y viudedad haya introducido una regulación en materia de seguros de vida. La inclusión de normas de Derecho positivo en la materia sirve para despejar dudas que sobre el particular se han planteado hasta ahora en la doctrina científica y en la Jurisprudencia que se han ocupado del tema. Desde luego, esta normativa es pionera en el panorama de los Derechos civiles españoles.

El contenido de las normas vigentes es un resultado del previo análisis doctrinal elaborado en el terreno del Derecho aragonés fundamentalmente por el profesor LACRUZ en varios de sus estudios sobre la materia. La Comisión Aragonesa de Derecho Civil, en cuyo seno se gestó el Proyecto de Ley de régimen económico matrimonial y viudedad, y a quien se debe el mérito de haber introducido las normas que nos ocupan, tuvo muy en cuenta las enseñanzas del maestro LACRUZ.

La relevancia práctica adquirida por los seguros de vida en sus diferentes modalidades es muy elevada, lo que ha provocado que en los últimos tiempos la litigiosidad sobre la materia se haya visto incrementada, sobre todo en las operaciones de liquidación del régimen económico del matrimonio derivadas de los procedimientos de separación y de divorcio. Cabe pensar que en las familias de clase media, junto con la vivienda familiar y, en su caso la segunda residencia, el dinero aportado a esta pléyade de figuras representa el activo más importante de la comunidad conyugal.

El Legislador Aragonés se ha decantado decididamente por orientar los seguros de vida hacia el ámbito de poder del cónyuge titular, otorgando carácter privativo a la titularidad ostentada sobre los mismos, así como a las cantidades que se perciban como beneficiario de los seguros de vida. En consecuencia, el ejercicio de las facultades derivadas del contrato de seguro corresponden al cónyuge tomador. Pero partiendo de una más que frecuente aportación de fondos comunes para sufragar tales figuras, no cabe admitir que la privatividad abarque todo el fenómeno que nos ocupa, debiendo quedar en el ámbito común, como se establece en el párrafo 2º del art. 30.1.d) Lrem, los seguros de supervivencia concertados constante el consorcio por uno de los cónyuges en su propio beneficio, y como se establece en el art. 30.2 Lrem las primas abonadas respecto de los contratos de seguro concertados por uno de los cónyuges en beneficio de persona distinta del otro fuera del marco de las cargas del matrimonio, en forma de deber de reembolso de primas a favor del patrimonio común.

La regla general de reembolso de primas en los seguros de vida en el art. 30.2 Lrem queda limitada por la referencia a las cargas del matrimonio que se recoge en dicho precepto. Este límite tan indeterminado será fuente de discusiones en la práctica.

El tratamiento de otras figuras asimiladas a los seguros de vida debe discurrir por los parámetros marcados en los preceptos aquí estudiados. El auge de los seguros de vida o de otras figuras de previsión se deriva, en buena medida, del tratamiento fiscal que se les conceda por los poderes públicos. En la actualidad, los beneficios fiscales priman otras figuras de previsión, especialmente las aportaciones a fondos de pensiones, en detrimento de los seguros de vida. Ello determinará que en un futuro próximo los conflictos planteados en el seno de las operaciones de liquidación y partición del consorcio conyugal se centren en estas figuras. El Legislador Aragonés no ha introducido menciones expresas para estas figuras. En especial, no ha dado respuesta al tema de los planes de pensiones. Ello determina que hayan de aplicarse las soluciones que se ajusten a la naturaleza y circunstancias propias de cada situación.

El análisis de la Jurisprudencia aragonesa sobre el particular muestra una variada doctrina sobre la materia que nos ocupa. No obstante, predomina la consideración privativa de tales figuras, reconociéndose en muchos casos un deber de reembolso de primas. La promulgación de la Lrem debe servir para ir aclarando las dudas que se planteen al respecto, aunque parece que la diversa tipología de figuras existentes en la práctica genera diversidad de soluciones.

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Notas a pie de página numéricas:

1 Según datos del tercer trimestre de 2006 el número total de clientes de los seguros de vida se sitúa en 30.444.701 asegurados, habiendo experimentado un crecimiento del 10,6% en los últimos doce meses, con un volumen total de ahorro gestionado de 128,5 millardos de euros. En cuanto al número de asegurados en seguros de vida colectivos cabe señalar que éste ha crecido el 20% en el último año, llegando a los 8.600.456 clientes. Fuente: Unespa. http://www.unespa.es/ En el anexo I recojo las cifras del seguro en España. En estos datos no se incluyen los planes de pensiones ni tampoco otras figuras de ahorro-previsión que carecen de naturaleza asegurativa.
2 La enorme difusión de estas figuras ha motivado la creación de Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento, regulado por la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, y Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo.
3 Para otorgar el tratamiento que merece cada caso que se plantee en la práctica, será preciso calificar adecuadamente la figura en cuestión, como indica BAYOD LÓPEZ, Carmen, “Bienes privativos y comunes en el régimen económico matrimonial aragonés. La aplicación supletoria del Código Civil”, Revista de Derecho Civil Aragonés, 2000, 6 (2), p. 54. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Zaragoza (sec. 5ª) en sentencia de 15-11-2004 (EDJ 213215) concede a un plan de jubilación un tratamiento análogo al seguro de vida.
4 SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Ley de Contrato de Seguro. Cometarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificiones, 2ª ed., Pamplona, Aranzadi, 2001 (1ª ed. 1999), pp. 1.550 y ss..
5 Esta idea debe ser matizada respecto de cada figura concreta, dado que en algunas modalidades de seguro está más presente el objetivo de ahorro (p. e. seguros mixtos) y en otras sólo hay previsión (p. e. seguros temporales para el caso de muerte); vid. LE ROY, Hervé, L'assurance et le Droit pécuniaire de la famille, París LGDJ, 1985, p. 118, n. 123).
6 El nuevo IRPF regulado por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, aplicable a partir de la declaración de la renta del año 2007, a efectuar a lo largo del año 2008, ha modificado de forma importante la tributación de las diferentes figuras de ahorro-previsión; vid. CAYÓN GALIARDO, Antonio (dir.)y JIMÉNEZ COMPAIRED, Ismael (coord..), El Impuesto sobre la renta de la personas físicas, en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, Las Rozas, La Ley, 2007, pp. 144 y ss. Según un estudio de la aseguradora AVIVA, pese a las modificaciones fiscales introducidas, los planes de pensiones se mantienen como la opción más aconsejable para el ahorro previsión. La segunda opción más interesante son los nuevos productos creados en el IRPF denominados “planes individuales de ahorro sistemático” (PIAS), sobre todo, si se cobran a partir de los 66 años, señala el informe. Si bien los seguros de vida gozaban hace años de un benévolo tratamiento fiscal, diversas reformas han reducido su atractivo fiscal. No obstante, en el anunciado reglamento del nuevo IRPF se recogerá un mecanismo que mejora la tributación de los seguros cuando éstos se perciben en forma de renta, ya sea temporal o vitalicia. Fuente: Expansión, días 14/2/2007 y 29/3/2007. http://www.expansion.com/
7 Cabe citar en este punto el art. L. 132-16 del Código de seguros de Francia.
8  Para DIEZ-PICAZO ("La reforma de 1981 y el régimen económico conyugal" [conferencia pronunciada en 1983], en Familia y Derecho, Madrid, Cívitas, 1984, p. 162) la justificación para que en la comunidad no lleguen a integrarse bienes de estas características radica en la necesidad que tiene la persona de disponer de un elenco material sobre el que poder llevar a cabo el desarrollo de la personalidad que exige la dignidad de la persona humana protegida en el art. 10 de la Constitución.
9  Sobre las clases de seguro, vid. TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier (dir. SÁNCHEZ CALERO, Fernando), Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre y a sus modificaciones, 2ª ed., Pamplona, Aranzadi, 2001 (1ª ed. 1999), pp. 1.623 y ss.; con anterioridad en TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier (en colaboración con SÁNCHEZ CALERO, Fernando), Comentarios al Código de Comercio y Legislación mercantil especial. T. XXIV. Ley de Contrato de Seguro, vol. 3º, Madrid, EDERSA, 1989, pp. 94 y ss.
10 Respecto a la problemática que plantea el hecho de que se contrate un seguro sobre la cabeza de uno de los cónyuges y en beneficio del otro, la Jurisprudencia francesa antigua y algunos autores estimaban que se trataba de donaciones entre cónyuges, por lo que tales bienes quedaban fuera de la comunidad. Para NAST, M. (Les Régimes Matrimoniaux. T. VIII del Traité Pratique de Droit Civil Français, de PLANIOL y RIPERT, París, LGDJ, 1ª ed. 1925 por..., pp. 255-259) cuando se realiza en favor de un esposo, estamos ante una donación entre cónyuges, ya que se atribuye carácter propio a un bien de los cónyuges: "la mujer es efectivamente donataria del marido, pero la donación tiene como objeto las primas, entendiéndose que el marido ha donado directamente a la mujer las primas, con cláusula de exclusión de la comunidad, y que la mujer ha empleado la suma en concretar un seguro personal. Existe en realidad donación indirecta del beneficio producido por el contrato; pero la comunidad sólo se empobreció por la cuantía de las primas, que constituyen, por tanto, el verdadero objeto de la donación." En una línea similar COLOMER, André (Droit Civil. Régimes matrimoniaux, 5ª ed., París, Litec, 1989, p. 366) considera que hay una donación de las primas.
LACRUZ BERDEJO ("
Los seguros sobre la vida y la comunidad de gananciales en el nuevo régimen", en el Libro homenaje al Profesor José Beltrán de Heredia y Castaño, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1984, p. 369 [también publicado en Comentarios a la Ley del Contrato de Seguro, dir. VERDERA TUELS, Evelio, Madrid, Colegio Universitario de Estudios Financieros, 1982, pp. 999-1.014]) niega que se trate de una donación, ya que cuando sean cantidades reducidas se pueden considerar como "atenciones de previsión"; y si se trata de cantidades importantes, faltan los presupuestos técnicos necesarios para calificarla como tal. A esto se añade la presunción de que el estipulante tiene la intención de atribuir el beneficio del seguro sin obligación de reembolso.
RENCHON, Jean-Louis ("
Le statut des droits procédant d'un contrat d'assurance-vie", en la obra colectiva 15 annees d'application de la reforme des régimes matrimoniaux, Bruselas, E. Bruylant, 1991, p. 80) justifica la calidad de acto de previsión, pero no desconoce la posibilidad de que pueda existir una donación. Tal donación no se podrá deducir en abstracto, sino que dependerá de las circunstancias: de la intención de los cónyuges, de la importancia de las primas, del capital asegurado, etc.
11 Vid. MALAURIE, Philippe y AYNÈS, Laurent, Cours de Droit Civil. Les Régimes Matrimoniaux, París, Cujas, 1991, p. 158.
12 Como indica ESCUDERO CLARAMUNT, Juan (Comentario a los arts. 36 a 40 [disposición general y activo del régimen matrimonial legal] de la Compilación aragonesa, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dirigidos por M. Albaladejo, T. XXXIII, vol. 1º, Madrid, EDERSA, 1986, p. 421) no se alude a los que no tienen en absoluto valor patrimonial.
13 Cabe destacar los dos estudios siguientes: LACRUZ BERDEJO, José Luis, "Bienes comunes y bienes privativos en el régimen matrimonial aragonés", RDN, nº 14, 1956, pp. 25-158 y nº 15, 1957, pp. 7-140; y LACRUZ BERDEJO, José Luis, "Los bienes privativos de los cónyuges en la comunidad legal aragonesa", en Estudios de Derecho Privado Común y Foral, T. III, Familia y otros temas, Madrid, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Centro de Estudios Registrales, 1993 (publicado inicialmente en Temis, nº 25, 1969, pp. 67-93), pp. 829-852.
14 Si bien la Compilación no recogió ningún precepto específico sobre el seguro de vida, en el Informe del Seminario, se contempló esta figura, e incluso se llegó a incluir en el artículo referido a los muebles por sitios una presunción legal en este sentido respecto de la “titularidad del contratante de un seguro de vida”. Esta previsión no se incorporó al texto del art. 108 del Anteproyecto de Compilación elaborado por la Comisión Aragonesa, ni tampoco se incluyó en el texto finalmente aprobado; vid. COMISIÓN COMPILADORA DE DERECHO ARAGONÉS, Informes del Seminario (1954-1958), Zaragoza, El Justicia de Aragón, edición de 1996, Vol. II, p. 127.
15 En la reunión de 8 de noviembre de 2000 (COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, inéditas, Acta nº 101, p. 5) D. José García Almanzor, ponente en esta materia, indicó de forma expresa que se había tenido en cuenta las reflexiones elaboradas por el profesor LACRUZ sobre los seguros. Ciertamente, el pensamiento del profesor LACRUZ sobre los seguros de vida y el régimen económico del matrimonio evolucionó con el tiempo. Quizás las obras que mayor reflejo tienen en el texto de la Lrem sean las siguientes: LACRUZ BERDEJO, José Luis, "Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación (Fuentes del régimen matrimonial legal y bienes comunes y privativos)", en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, Dir. José Luis Lacruz Berdejo y Jesús Delgado Echeverría, DGA, Zaragoza, vol. II, 1993, pp. 59-60; y LACRUZ BERDEJO , "Los seguros sobre la vida”, cit., pp. 363 y ss..
16 La redacción del precepto no se modificó desde el texto inicial redactado por la ponencia, como se desprende del estudio de las Actas de la Comisión; vid. COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 8 de noviembre de 2000, nº 101, p. 4..
17 Así se entendió en la Comisión Aragonesa de Derecho Civil: “las cantidades percibidas por un seguro sobre la vida concertado por un tercero o por el otro cónyuge deben ser privativas con independencia de que se perciban como un capital o como una pensión”; Acta de 22 de noviembre de 2000, nº 102, p. 107.
18 Esta regla se refleja en el art. 132-16 del Código de Seguros.
19 Esta regla se plasma en el art. 127 de la Ley de Contrato de Seguro.
20 Vid. SERRANO GARCÍA, José Antonio, Manual de Derecho Civil Aragonés, DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús (dir.), PARRA LUCÁN, Mª Ángeles (coord.), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2ª ed. 2007 (1ª ed. 2006), p.365.
21 COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 8 de noviembre de 2000, nº 101, p. 4.
22 LACRUZ BERDEJO ("Los seguros sobre la vida", cit., pp. 365-366) consideraba que la titularidad en el supuesto de "seguros para el caso de muerte" es privativa, aunque las primas se satisfagan con dinero ganancial, ya que "el desarrollo y expresión de la personalidad de cada cónyuge, su derecho sobre la propia persona y su entorno, sobre la actividad y libertad, constitucionalmente garantizado, precisa de la posibilidad de celebrar contratos que luego sean para él algo propio, gobernado por él mismo, con independencia de la procedencia de la contraprestación o de la naturaleza privativa o común de lo adquirido". Por tanto la facultad de designar el beneficiario y de rescatar las primas es personalísima del cónyuge asegurado. No obstante, señala que para el pago de las primas con dinero ganancial debería haber acuerdo previo de los cónyuges.
23 Vid. FRATICELLI TORRES, Migdalia, La incidencia del régimen de gananciales en el contrato de seguro de vida, Madrid, Dykinson, 2005, pp. 178 y ss.
24 En la misma línea, el art. 8 apartado 10 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 2002 establece lo siguiente: “Las prestaciones de los planes de pensiones deberán ser abonadas al beneficiario o beneficiarios previstos o designados, salvo que mediara embargo, traba judicial o administrativa, en cuyo caso se estará a lo que disponga el mandamiento correspondiente”.
25 Vid. LACRUZ BERDEJO, “Los seguros sobre la vida”, cit., p. 363; TIRADO SUÁREZ, Comentarios al Código de Comercio, cit., pp. 226 y ss. Este precepto tiene su antecedente en el art. 428 C. de c.
26 Para la sociedad de gananciales, PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel ("Comentario al artículo 1.355 Cc", en Comentario del Código civil, T. II, Madrid, Min. de Justicia, 1991, p. 668) reputa el contrato de seguro en favor de un cónyuge pagado con bienes gananciales, como un supuesto de "privatividad" de bienes gananciales por acuerdo de los cónyuges.
27 El mayor problema para aplicar estas reflexiones sobre los seguros de supervivencia se planteaba anteriormente por la regla de la inmutabilidad del régimen económico matrimonial, y también por la prohibición de ventas y donaciones entre cónyuges. En el Derecho aragonés estas dificultades no se presentaban, como indicada LACRUZ BERDEJO, “Bienes comunes y bienes privativos”, cit., p. 603. Superados ambos obstáculos, no hay ningún impedimento de fondo para admitir la validez de tales reflexiones en lo que respecta al consorcio conyugal. El hecho de que se contrate un seguro para el caso de muerte de un cónyuge (asegurado) en favor del otro cónyuge (beneficiario), supone apartar una cantidad de la liquidación del régimen económico de comunidad, para atribuírsela al cónyuge beneficiario, en detrimento de la parte correspondiente al otro cónyuge o los heredero. Se podría alegar que hay una modificación del régimen conyugal, pero tal modificación está admitida tradicionalmente en Derecho Aragonés. Por otro lado, también se admiten las donaciones entre cónyuges, lo que permite el pago de las primas del seguro con dinero común. En definitiva, no hay ningún obstáculo de fondo que impida la asignación de bienes comunes para costear seguros cuyo beneficiario sea uno de los cónyuges.
28 Vid. COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 8 de noviembre de 2000, nº 101, p. 4.
29 Esta figura no es aplicable a los seguros de supervivencia, ni tampoco a los seguros temporales para el caso de muerte (art. 98 Ley de Contrato de Seguro), salvo que se pacte de forma expresa.
30 La Audiencia Provincial de Huesca en sentencia de 7-5-1997 (ACCC 1997, 1803) entiende que las cantidades rescatadas del plan de pensiones por el cónyuge titular durante la vigencia de la sociedad de gananciales tienen carácter ganancial. Ésta solución es la que predomina en la doctrina de las Audiencias Provinciales, y pueden citarse al efecto: Auto Audiencia Provincial León (Sección 2), de 5-3-1999 (AC 19994179); Sentencia Audiencia Provincial Valencia (Sección 10), de 6-5-2002 (JUR 2002186694).
Por su parte, la SAP Zaragoza (sec. 5ª), de 15-11-2004 (EDJ, 213215), en relación con la liquidación de un consorcio conyugal, entiende que el precio de un rescate efectuado constante matrimonio respecto de un plan de pensiones concertado por el esposo con anterioridad al matrimonio, es privativo del mismo, revocando en este punto la sentencia de instancia. Este caso no empece lo manifestado en el texto, ya que no se trata de un fondo de pensiones concertado constante matrimonio. No obstante, cabe indicar que la sentencia no alude al deber de reembolso de las primas costeadas con fondos comunes. No parece que por las partes del proceso de liquidación, partición y división se hubiera suscitado dicha cuestión.
31 Ya LACRUZ BERDEJO ([con la colaboración de SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís], Derecho de Familia. El matrimonio y su economía, Barcelona, Bosch, 1963, p. 509) mantenía el carácter común del capital en este caso.
32 BAYOD LÓPEZ (“Bienes privativos y comunes”, cit., p. 55) siguiendo a LACRUZ BERDEJO, consideraba bajo el régimen de la Compilación que la indemnización era privativa del cónyuge y no debía reembolso a la comunidad.
33 Como se sabe, sobre la base de entender que la operación de aseguramiento, cuando el importe de las primas excede de la medida normal u ordinaria de previsión, constituye una liberalidad, la Doctrina en materia de seguros admite el ejercicio de las medidas de reducción de donaciones inoficiosas en relación con el seguro de vida (art. 88 de la Ley de contrato de seguro), por lo que los legitimarios pueden exigir al beneficiario que reintegre a la comunidad la mitad de las primas excesivas que hubiera costeado el causante con fondos de la comunidad; vid. TIRADO SUÁREZ, Comentarios al Código de Comercio, cit., p. 229. Pero en el Derecho aragonés el cónyuge viudo ostenta cierta amplitud de derechos tras la muerte del otro cónyuge. Así, el art. 101 Lrem le concede el usufructo de todos los bienes del premuerto y de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad. La parte de libre disposición (atribuible, por ende, al cónyuge viudo) es de 1/2 del caudal. Pues bien, todo ello significa que la reducción sólo afectará a la parte que exceda de todos estos límites, incluso se deberá tener en cuenta que la mitad del dinero común le corresponde al cónyuge beneficiario, por lo que aún se verá más limitada la posibilidad de ejercer esta medida de reducción.
Por lo que se refiere a los acreedores, hay que señalar que el beneficiario recibe su derecho por vía contractual inter-vivos y no por vía de sucesión del tomador (GIRÓN TENA, José, "Seguro de personas. Disposiciones comunes y seguro sobre la vida [arts. 80 a 90]", en Comentarios a la Ley del Contrato de Seguro, dir. VERDERA TUELS, Evelio, Madrid, Colegio Universitario de Estudios Financieros, 1982, pp. 992-993), por lo que aquéllos podrán ejercitar las acciones de rescisión de donaciones en fraude de sus derechos, en relación con las primas satisfechas, siempre que se trate de primas de un montante excesivo, atendiendo a las consideraciones ya señaladas; vid. TIRADO SUÁREZ, Comentarios al Código de Comercio, cit., pp. 230-233. Si son acreedores consorciales podrán exigir el reintegro de la totalidad de las primas satisfechas con fondos consorciales. Si son acreedores personales, sólo la mitad.
34 LACRUZ BERDEJO, "Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación”, cit., p. 60.
35 Para la sociedad de gananciales, vid. MARTÍN MELÉNDEZ, Mª Teresa, La liquidación de la sociedad de gananciales. Restablecimiento del equilibrio entre masas patrimoniales, Madrid, McGraw Hill, 1995, p. 318.
36 LACRUZ BERDEJO (“Bienes comunes”, cit., p. 131), para el régimen legal aragonés de muebles y adquisiciones a título oneroso, entendía que el reintegro debía ser completo. En Bélgica no existe pleno acuerdo al respecto, y así RENCHON (op. cit., pp. 82-83) entiende que se deben reintegrar todas las primas, en tanto que SIMON, C. ("Droit à la prestation assurée à l'échéance du contrat", en la obra colectiva Droit notarial de l'assurance-vie, Aspects patrimoniaux, aspects fiscaux, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve y Bruxelles, 1989, p. 398 [citado por RENCHON, op. cit., p. 83, n. 11]) señala que unas primas satisfechas en el marco de una medida de previsión normal gravan definitivamente la comunidad.
37 Así lo entienden LACRUZ BERDEJO, "Bienes comunes", cit., p. 131; MARTÍN MELÉNDEZ, op. cit., p. 318. En bélgica el art. 1.400. 7º del Código civil establece que son propios: "los derechos resultantes de un seguro de personas suscrito por el propio beneficiario y adquirido por él después de la disolución del régimen"; vid. RENCHON, op. cit., pp. 82-83.
38 La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los Seguros Privados, en su Disposición Adicional Undécima estableció la obligación de que las empresas instrumentaran sus compromisos de pensiones mediante planes de pensiones o contratos de seguro.
39Esta regla ya venía defendida por la doctrina:. LACRUZ BERDEJO, "Bienes comunes", cit., p. 115; "Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación”, cit., p. 60; BAYOD LÓPEZ, “Bienes privativos y comunes”, cit., p. 54; MARTÍN MELÉNDEZ, op. cit., p. 318; MALAURIE y AYNÈS, op. cit., p. 160; ABRY, Bernard, Cass. civ. (1ª), 31 marzo 1992, JCP,
Éd. G., 1993, II, 22059,
p. 209; RENCHON, op. cit., pp. 84-91.
40 Vid. COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 8 de noviembre de 2000, nº 101, p. 5.
41 Vid. LACRUZ BERDEJO, “Los seguros sobre la vida”, cit., p. 380. La Doctrina discute sobre este supuesto ("assurance personnelle"). Algunos autores consideran que el capital será común si se produce la restitución durante la vida de la comunidad, y propio en caso contrario, con derecho de reembolso de las primas pagadas con bienes comunes; vid. MALAURIE y AYNÈS, op. cit., p. 160; RENCHON, op. cit., pp. 84-91; ABRY, op. cit., p. 209. A la Cour de Cassation (31 marzo 1992) llegó un caso en que se había concertado un seguro de vida en beneficio del suscriptor, cuyas primas se pagaron con bienes comunes. El Tribunal entiende que el valor de la póliza forma parte del activo común, por lo que se deben tener en cuenta en las operaciones de partición, con inclusión del contrato en el lote del suscriptor, como titular de los derechos que le afecten. ABRY (op. cit., p. 209) afirma en relación con este caso que: "los contratos de seguro retraite son la mayoría de las veces contratos de capitalización, que son un modo de colocar, entre otros, en los términos decididos por el suscriptor, el montante de su ahorro, aumentado con los intereses capitalizados."
42 Conforme al contenido del art. 98 Ley de Contrato de Seguro en el seguro de supervivencia sólo concurre derecho de rescate en caso de pacto al efecto.
43 COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL, Actas de las Sesiones de la Comisión, cit., Acta de 22 de noviembre de 2000, nº 102, p. 8. José García Almanzor indica la coherencia existente en este punto con la regla aprobada en materia de fondos de inversión en la que se hace común la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión.
44 BAYOD LÓPEZ (“Bienes privativos y comunes”, cit., p. 54) para el régimen de la Compilación, siguiendo a PIQUERAS VALLS, Juan (“Titularidades conflictivas y derechos de seguros”, en la obra colectiva Actuación del abogado de familia en temas patrimoniales de actualidad, ed. Asociación Española de Abogados de Familia, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 255 a 273) admitía el carácter privativo, con deber de reembolso de primas a favor de la comunidad.
45 Tanto LE ROY (op. cit., pp. 104-105) como RENCHON (op. cit., pp. 84 y ss.) defienden la existencia de un deber de reembolso de primas en tales casos.
46 BAYOD LÓPEZ (“Bienes privativos y comunes”, cit., p. 55) sobre este particular se pregunta si la comunidad tiene derecho a la mitad de la indemnización para cuando se produzca el evento, al reembolso de las primas, o a un cálculo según las probabilidades de deceso o supervivencia, sin decantarse por una solución concreta.
47 Vid. RAMS ALBESA, "Gestión y pasivo de la comunidad conyugal aragonesa", en la obra colectiva Actas de los segundos encuentros del Foro de Derecho aragonés (Zaragoza, 1992), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 1993, p. 35.
48 Obviamente, cuando se trata de un seguro de vida concertado con anterioridad al matrimonio, se mantiene la libertad del cónyuge en esta materia, y como tuvo oportunidad de indicar la Sentencia del Tribunal Supremo de 7-6-1996 (RA 4826, Gullón Ballesteros), no es necesario el concurso del otro cónyuge para mantener una designación de beneficiario a favor de las hermanas y la madre del marido que ya se había establecido al contratar el seguro de vida con anterioridad al matrimonio; vid. BOLDÓ RODA, Carmen, “Seguro de vida contratado por uno de los cónyuges y sociedad de gananciales (a propósito de la STS de 7 de junio de 1996)”, Anuario de Derecho Civil, Vol. 50, Nº 4, 1997, pp. 1.135 y ss.
49 Cabe citar en este punto a título meramente ejemplificativo la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2006 (RA 5217, Gullón Ballesteros).
50 Sobre la actuación conjunta e individual bajo la Compilación, vid. RAMS ALBESA, Joaquín, "Comentario de los arts. 41 a 59 de la Compilación", en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, Dir. José Luis LACRUZ BERDEJO y Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, Zaragoza, , Gobierno de Aragón, vol. II, 1993, pp. 234 y ss.
51 Sobre el art. 48.2.2º de la Compilación (según redacción por Ley de 21 de mayo de 1985), antecedente directo del precepto vigente, puede verse BANDRES SANCHEZ-CRUZAT, Rosa María y José Manuel: "Gestión de la comunidad", en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dir. M. Albaladejo, T. XXXIII, vol. 2º, Madrid, EDERSA, 1990, pp. 20 y ss..
52 Aunque el precepto homólogo del Código civil (art. 1.384) no distingue entre los actos onerosos y gratuitos, existe una corriente doctrinal que entiende que la legitimación para disponer del dinero común no alcanza a los actos realizados a título gratuito. La Doctrina sigue esta orientación, en base a la función o a la ratio del precepto; vid. DE LOS MOZOS, José Luis, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XVIII, vol. 2º, Artículos 1.344 a 1.410, Madrid, EDERSA, 1984, p. 371; PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Manuel, Derecho de Familia, Madrid, Universidad Complutense, 1989, p. 380; RAMS ALBESA, Joaquín, La sociedad de gananciales, Madrid, Tecnos, 1992, p. 304; BELLO JANEIRO, Domingo, La defensa frente a tercero de los intereses del cónyuge en la sociedad de gananciales, Barcelona, Bosch, 1993, pp. 44 y 291. Este autor señala: "la ratio del precepto justifica y, precisamente, determina que queden fuera de su contenido y ámbito de aplicación los actos a título gratuito, por no ajustarse al propósito y finalidad perseguida por el legislador en el referido artículo 1.384, la protección fundamentada en la apariencia a los terceros de buena fe, de imposible -innecesaria- aplicación en los actos gratuitos, o la celeridad demandada por la actividad económica, inexistente, asimismo, en el tráfico gratuito, por lo que a los actos a título gratuito que recaigan también sobre dinero o títulos valores será de aplicación lo dispuesto en los artículos 1.322/2 y 1.378 con todas sus consecuencias." Además admite la aplicabilidad de las sanciones previstas en los arts. 1.390, 1.391 y 1.397. 3º Cc, a efectos internos.
53 No así cuando el seguro adopta una modalidad de garantía (p. e. de un crédito hipotecario) o de medio de pago (p. e. de una mercancía).
54 En esta línea se pronuncian RIERA AISA, Luis, "El llamado derecho propio del beneficiario de un seguro de vida al capital del mismo y a las relaciones jurídicas familiares sucesorias y obligacionales del que lo contrató", AAMN, 1953, pp. 271 y ss.; LE ROY, op. cit., p. 55. TIRADO SUÁREZ (Comentarios al Código de Comercio, cit., p. 227) reitera esta idea, y señala que la "donación" se refiere a las primas.
55 A este respecto, FRATICELLI TORRES (op. cit., pp. 271 y ss.) examina las posibilidades que se brindan para articular acciones referidas a la invalidez y a la rescisión del contrato de seguro en estas circunstancias.
56 Vid. GIRÓN TENA, op. cit., pp. 987-988.
57 Como indica BOLDÓ RODA, Carmen (El beneficiario en el seguro de vida, Barcelona, Bosch, 1998, p. 134) “En relación a la naturaleza del acto, nos encontramos ante una declaración unilateral de voluntad del tomador, manifestación del derecho personalísimo que le compete al nombramiento del beneficiario, a determinar el destino de la atribución patrimonial debida por el asegurador en cumplimiento del contrato.”  Por su parte, CALLEJO RODRÍGUEZ, Carmen (El seguro de vida para caso de muerte, Madrid, 2005, p. 98) recuerda que en ciertas ocasiones, en el contrato de seguro sobre la vida se establece la delegación al asegurado de la facultad de designar beneficiario. Así ocurre generalmente en los seguros de grupo o empresa, donde el tomador, aunque formalmente sea quien pague las primas, lo hace por cuenta de los asegurados.
58 No obstante, se trata de una figura que es muy apropiada respecto de los regímenes conyugales, por cuanto otorga una seguridad al cónyuge del tomador respecto de la efectividad del contrato de seguro en el marco de las relaciones familiares, en la medida en que no sólo la designación es inmutable, sino que como se dispone en el párrafo 2º del precepto, el tomador pierde los derechos de rescate, anticipo, reducción y pignoración de la póliza si renuncia a la facultad de revocación. Como indica TIRADO SUÁREZ (Ley de Contrato de Seguro, cit., p. 1.742), de esta forma se evita la eventual revocación tácita mediante el vaciamiento del derecho del beneficiario.
59 Vid. LE ROY, op. cit., p. 59; quien cita a PONSARD, A. (Les donations indirectes en Droit civil français, Dijon 1946), entendiendo que la Ley se basa en la Jurisprudencia anterior, que, más por razones de hecho que de Derecho, eximió estas figuras en aras a un desarrollo del seguro de vida.
60 Vid. LACRUZ BERDEJO, "Los seguros sobre la vida”, cit, pp. 364 y ss..
61 En la Compilación de 1967 se empleaba una delimitación idéntica en el art. 41.1.º
En el Código civil es el art. 1.362.1º (“
Las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia") el que delimita el concepto legal de cargas matrimonio. Como se puede comprobar, se emplea la expresión “previsión”, que alude de forma directa al ámbito de los seguros de vida, y de otras figuras que cumplen con dicha función.
62 Así SERRANO GARCÍA, Manual de Derecho Civil Aragonés, cit., p. 394.
63 SANCHO-ARROYO Y LOPEZ DE RIOBOO, Javier (Comentario a los arts. 41 a 47 (pasivo de la comunidad) de la Compilación aragonesa, en Comentarios al Cc. y Compilaciones forales, dirigidos por M. Albaladejo, T. XXXIII, vol. 1º, EDERSA, Madrid, 1986, p. 465) entiende que es preferible la falta de una relación expresa de cargas del matrimonio.
64 Vid. RAMS ALBESA, La sociedad de gananciales, cit., pp. 259 y 323.
65 Vid. DE LOS MOZOS, op. cit., p. 220.
66 Vid. COCA PAYERAS, Miguel, Prólogo a la edición de las Compilaciones y leyes de los Derechos civiles forales o especiales (Compilación de Baleares), Madrid, Tecnos, 1993, p. 156.
67 COMISIÓN COMPILADORA DE DERECHO ARAGONÉS, Informes del Seminario, cit., Vol. II, p. 332. LACRUZ BERDEJO ("Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación”, cit., p. 60) por su parte, entendía que la utilización de frutos comunes por uno de los cónyuges hecha moderadamente para asegurar la situación del otro al terminar la comunidad es un acto de previsión que debe quedar atribuido al fondo común, entendiéndose que es una de las atenciones normales familiares a las que dicho fondo debe subvenir.
68 SERRANO GARCÍA, José Antonio (Las deudas de los cónyuges. Pasivo de la comunidad legal aragonesa, Barcelona, Bosch, 1992, p. 215) señala que “no se incluyen dentro de las atenciones legítimas de la familia o de las particulares de los cónyuges e hijos la contratación de seguros de vida con primas desproporcionadamente altas, en relación al nivel de vida de la familia, que darían lugar al nacimiento de deudas excesivas que sólo podrían ser de cargo de la comunidad hasta el límite de lo que la familia considere legítimo, el exceso sería deuda privativa del cónyuge contratante.” Para la sociedad de gananciales BUSTOS MORENO, Yolanda, Las deudas gananciales y sus reintegros, Madrid, Dykinson, 2001, pp. 201 y ss. examina las circunstancias que permiten su consideración como cargas del matrimonio.
69 En la práctica éste no será un supuesto muy frecuente, dado que lo usual es el pago de las primas periódicas con los ingresos que se obtienen del trabajo, de las actividades profesionales o empresariales o de los intereses devengados por los patrimonios consorcial o privativos.
70 Cabe citar, por ejemplo, la no necesidad de excusión previa de los bienes comunes.
71 En esta línea, la STS de 30 enero de 2004 (RJ 2004438, González Poveda), que casa la sentencia de la Audiencia Provincial, indica lo siguiente: “el motivo tercero denuncia infracción del art. 1353 del Código Civil en cuanto que la sentencia recurrida y en relación con la póliza de seguro de vida concertada por el recurrido accede a la pretensión de éste de que «se reduzca el importe del rescate de la prima del seguro de vida». Indudablemente la sentencia recurrida incurre en error cuando se refiere «al rescate de la prima», como valor a satisfacer por el marido a la sociedad de gananciales; lo que debe reembolsar el recurrido a la sociedad de gananciales son las cantidades por él satisfechas con dinero ganancial para el pago de las primas del seguro de vida por él concertado y no la cantidad percibida como rescate del seguro, cantidad siempre menor a la pagada en concepto de prima, como se pone de manifiesto en el art. 83.3 de la Ley de Contrato de Seguro, en consecuencia, se estima el motivo.”
72 Vid. SERRANO GARCÍA, Manual de Derecho civil, cit., pp., 325 y ss. Bajo el régimen de la Compilación las soluciones no eran tan claras; vid. MEDRANO SANCHEZ, Juan Ignacio: "La responsabilidad del patrimonio común por deudas [aparentemente] privativas de uno de los cónyuges. La posición y derechos del cónyuge no deudor", RDCA, 1995, núm. 1, pp. 11 y ss.
73 Por ejemplo, LACRUZ BERDEJO ("Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación”, cit., p. 60) señala que no procede reembolso respecto de los contratos de seguro contratados conjuntamente por ambos cónyuges a favor del supérstite. Sin embargo, en “Los seguros sobre la vida”, cit., p. 1.010, defiende el carácter definitivamente común de las primas por el mero hecho de haberse contratado de forma conjunta, incluso en los seguros a favor de extraños, lo cual es dudoso.  
74 Vid. SERRANO GARCÍA, Manual de Derecho Civil Aragonés, cit., pp. 439 y ss.
75 Vid. MERINO HERNANDEZ, José Luis: "Disolución, liquidación y división de la comunidad legal", en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dir. M. Albaladejo, T. XXXIII, vol. 2º (EDERSA, Madrid, 1990), pp. 51 y ss.
76 Obviamente, existen otras causas de disolución legalmente previstas en los arts. 62 y 63 Lrem, pero en el texto me refiero a las más habituales.
77 En el texto que se propuso inicialmente en el seno de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil por parte de los ponentes en esta materia (D. José García Almanzor y D. José Luis Batalla Carilla) el deber de reembolso de primas abarcaba un mayor espectro de seguros de vida, ya que obligaba al reembolso para todo tipo de contratos efectuados individualmente por un cónyuge. El precepto, incluido también en el artículo relativo a los bienes patrimoniales de carácter personal, era del siguiente tenor:
78 LACRUZ BERDEJO ("Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación", cit., p. 60) señalaba que la obligación de reembolso desaparece cuando el seguro se contrata por un cónyuge en beneficio del otro, o por ambos en beneficio del sobreviviente.
79 MORALEJA IMBERNÓN, Nieves (“Comentario a los arts. 1.344 a 1.410. De la sociedad de gananciales”, en Comentario del Código civil, coord. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo 2ª ed., Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2006 [1ª ed. 2001], p. 1.626) precisa para la sociedad de gananciales que también se incluye el supuesto en que el beneficiario es hijo de uno solo de los cónyuges pero concurre con otros hermanos como beneficiarios.
80 Ver apartado IV.2.a) de este trabajo.
81 Vid. LACRUZ BERDEJO, "Bienes comunes", cit., p. 115; MALAURIE y AYNÈS, op. cit., p. 160 (se refiere al valor de rescate); TERRÉ, François y SIMLER, Philippe, Les régimes matrimoniaux, París, Dalloz, 1989, p. 238. A la Cour de Cassation (31 marzo 1992) llegó un caso en que se había concertado un seguro de vida en beneficio del suscriptor, cuyas primas se pagaron con bienes comunes. El Tribunal entiende que el valor de la póliza forma parte del activo común, por lo que se deben tener en cuenta en las operaciones de partición, con inclusión del contrato en el lote del suscriptor, como titular de los derechos que le afecten. ABRY (op. cit., p. 209) afirma en relación con este caso que: "los contratos de seguro retraite son la mayoría de las veces contratos de capitalización, que son un modo de colocar, entre otros, en los términos decididos por el suscriptor, el montante de su ahorro, aumentado con los intereses capitalizados."
82 Así MARTÍN MELÉNDEZ, op. cit., p. 318.
83 Vid. RENCHON, op. cit., pp. 84 y ss; quien lo argumenta sobre la base del art. 1.400. 7º del Código civil de Bélgica, ya citado.
84 En todos los países desarrollados se está registrando un proceso de envejecimiento de la población que, en el medio plazo, dificulta la sostenibilidad de los sistemas públicos de previsión social. Para hacer frente a este importante reto los países de la OCDE pusieron en marcha en el pasado medidas de carácter fiscal, incentivando el desarrollo de planes de pensiones privados de carácter complementario al sistema básico de la Seguridad Social. El objeto de estos regímenes es que los individuos puedan obtener, a través del sistema público y de su plan de pensiones privado, una prestación que permita la aproximación de sus rentas al último salario percibido durante su vida laboral.
85 Hasta la entrada en vigor de la de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 1 de enero de 2007 (salvo determinados cuestiones con efecto retroactivo), las aportaciones a planes de pensiones determinaban una reducción en la base imponible en el IRPF, con un límite de 8.000 € anuales, que se incrementaba en 1.250 € anuales por cada año de edad que el participe supere los 52 años, con un máximo de 24.250 € anuales para partícipes de 65 y más años. Estos límites eran independientes para las aportaciones individuales y para las realizadas por el promotor a planes de empleo. Por lo que se refiere a las prestaciones de planes de pensiones, si bien tenían la naturaleza de rendimiento del trabajo, si eran superiores a dos años tenían como beneficio fiscal una reducción del 40 %.
86 La aplicación del principio de subrogación real puede suponer dificultades en materia de seguros. Esta cuestión provoca que en Bélgica no se tenga en cuenta este principio, sino el del momento en que se contrata el seguro. Si se hace durante el matrimonio será común, salvo que se reciba el capital tras la disolución, en que será propio a cargo de recompensa; vid. RENCHON, op. cit., pp. 85 y ss.
87 Como se sabe, en el régimen de gananciales una parte de la doctrina también admite que los cónyuges pueden otorgar carácter privativo a un bien común: GARCÍA CANTERO, Gabriel, en la revisión de: CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil Español, Común y Foral. T.V. Derecho de Familia, vol. 1º Relaciones Conyugales, 12ª ed. revisada y puesta al día por... y por CASTÁN VÁZQUEZ, José Mª, Madrid, Reus, 1994, p. 451; DE LOS MOZOS, con cautelas, op. cit., pp. 187-188, y 228-229; LACRUZ BERDEJO, José Luis, Elementos de Derecho Civil. IV. Derecho de Familia. vol. 1º (en colaboración con SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís, LUNA SERRANO, Agustín, Francisco RIVERO HERNÁNDEZ, RAMS ALBESA, Joaquín), 2ª ed. en Dykinson, (rev. y puesta al día por RAMS ALBESA, Joaquín), Madrid, 2005, p. 182; PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, Derecho de Familia, cit., p. 238.
Otros autores niegan esta posibilidad: GIMÉNEZ DUART, Tomás, "Los bienes privativos y gananciales tras la reforma de 13 de mayo de 1981", RCDI, nº 548, 1982, p. 121; GAVIDIA SÁNCHEZ, Julio V., La atribución voluntaria de ganancialidad, Madrid, Tecnos, 1986, pp. 120, y 127-134; ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio, Curso de Derecho de Familia. Matrimonio y Régimen Económico, Madrid, Civitas, 1987, p. 224; RAMS ALBESA, Joaquín, "Sociedad de gananciales. Masas patrimoniales. Confesión de privatividad de los bienes. Comentario a la RDGRN de 25 de setiembre de 1990", en CCJC, nº 25, 1990, pp. 27-28; La sociedad de gananciales, cit., pp. 191-192; MONTÉS PENADÉS, Vicente L., Derecho de Familia, Valencia, Tirant lo Blanch, 1991, p. 231. Consideran que una vez ingresado en la comunidad ganancial para que el bien pase a ser privativo es necesario un contrato traslativo del art. 1.323; el art. 1.355 no es aplicable al caso en cuestión.
88 En esta línea LACRUZ BERDEJO, ("Los seguros sobre la vida", cit., pp. 367-369) sostiene que esta modalidad de seguro "supone entre ellos una operación de previsión, el cumplimiento de su deber de mutuo socorro, que al ser bilateral y recíproco se equilibra, y que con justo título corre definitivamente a cargo de la comunidad." Sigue diciendo que "cada uno de los cónyuges obtiene el derecho a la prestación en caso de sobrevivencia solamente a costa de una parte de las primas pagadas, puesto que la otra parte (proporcionada cada una a la edad del cónyuge) está destinada a asegurar la adquisición de igual beneficio por el otro consorte" (p. 370).
El art. L. 132-16 del Código de seguros de Francia establece: "
El beneficio del seguro contratado por un esposo sometido al régimen de comunidad en favor de su cónyuge constituye un propio para éste. No se debe ninguna recompensa a la comunidad en razón de las primas pagadas por ellos, salvo en los casos especificados en el art. L. 132-13, párrafo segundo"; es decir, en el caso en que las primas sean manifiestamente exageradas en relación con las posibilidades del suscriptor; vid. LE ROY, op. cit., pp. 156 y ss.; CORNU, Gérard, Les régimes matrimoniaux, 6ª ed., París, PUF, 1992 (1ª ed. 1974), p. 347; MALAURIE y AYNÈS, op. cit., pp. 158-159; ABRY, op. cit., p. 209.
En sentido muy similar el art. 128 de la Ley de Seguros Belga de 1992 dispone: "
Recompensa de las primas. Se debe recompensa al patrimonio común en la medida en que los pagos efectuados a título de primas y detraídos de este patrimonio, sean manifiestamente exageradas respecto a las facultades de éste.” Vid., sobre el texto legal anterior, muy similar al vigente: RENCHON, op. cit., p. 79.
89 Por esta consideración se admitiría la dispensa de recompensa si así se dispusiera por el tomador; vid. LE ROY, op. cit., p. 166.
90 Vid. LACRUZ BERDEJO, "Bienes comunes", cit., p. 129; para quien en tales supuestos "hay que entender que el que se sirve de los fondos consorciales para favorecer al otro cónyuge, lo hace, no en propio nombre y por su exclusiva cuenta, sino en nombre de la comunidad y por cuenta de ambos."
91 LACRUZ BERDEJO, "Comentario de los arts. 36 a 40 de la Compilación”, cit., p. 60. De la misma forma, en “Los seguros sobre la vida”, cit., p. 1.013, señala que el valor de rescate no debe quedar en beneficio del cónyuge que suscribió el contrato, y para no enriquecerse injustamente debe indemnizar al patrimonio común.   
92 Conforme al art. 1 de la Ley “Los planes de pensiones definen el derecho de las personas a cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, las obligaciones de contribución a los mismos y, en la medida permitida por la presente Ley, las reglas de constitución y funcionamiento del patrimonio que al cumplimiento de los derechos que reconoce ha de afectarse.” Estas normas efectúan una diferenciación básica entre los fondos de pensiones de empleo, por un lado, que integran planes de pensiones de empleo, constituyendo el segundo pilar de la previsión complementaria, que permiten instrumentar los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores, y los fondos de pensiones personales, por otro lado, que integran planes de pensiones individuales y asociados, que se encuadran en el denominado tercer pilar, que canaliza decisiones individuales e independientes de ahorro finalista. La financiación de los planes de pensiones se realiza, en ocasiones, por un empresario respecto de su empleador.
93 Sobre esta materia: TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier, El seguro. Vol. 3. Los seguros de personas, del Tratado de Derecho Mecantil dir. por OLIVENCIA, Manuel y otros, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 243 y ss.
94 RENCHON (op. cit., pp. 89-91) expone la problemática existente en Bélgica sobre los seguros colectivos, ofreciéndose como opciones doctrinales la asimilación a las pensiones de jubilación o al seguro de vida, sin que la Jurisprudencia se haya decantado por una solución clara (algunas sentencias la asimilan a las pensiones y señala que son bienes propios, en tanto que otras parecen dar a entender que si se reciben constante matrimonio son comunes). Para este autor, no obstante, se les debe dar el mismo tratamiento que a los seguros de vida individuales, ya que la Ley no distingue.
95 Es sintomático que en la famosa “Wikipedia, la enciclopedia libre” (www.wikipedia.org) se califique un plan de pensiones como “una modalidad de ahorro que permite, pasado un tiempo, recuperar el valor de lo invertido más los rendimientos que haya generado en ese período.”
96 La SAP A Coruña (Sección 4), de 30-3-2006 (JUR 2006144325) recoge la doctrina dominante sobre el particular en el ámbito de la sociedad de gananciales: “El valor de los derechos consolidados evoluciona a diario en función de los rendimientos, de manera que se pueden conocer las cantidades aportadas en cada momento y el valor consolidado a una determinada fecha, si bien que éste no es disponible hasta que se den las condiciones legales que permiten el rescate o percepción de la correspondiente prestación por los beneficiarios, en cuyo instante futuro su importe final puede ser mayor o menor y positivo o negativo en relación a las aportaciones efectuadas dependiendo de la mencionada rentabilidad durante la vida del plan. Aparte de la indisponibilidad temporal, es polémico en la doctrina y en los tribunales si el fondo tiene naturaleza ganancial o privativa y la correcta solución cuando el matrimonio se disuelve, el régimen económico matrimonial se extingue y hay que proceder a liquidarlo. Nosotros consideramos que, dadas las acusadas peculiaridades de los planes de pensiones y su régimen jurídico, vinculados a una concreta persona, deben ser considerados de titularidad privativa del cónyuge titular (art. 1346.5º del Código Civil), por lo que ni el plan mismo ni el valor de los derechos consolidados pueden ser incluidos en el activo ganancial, todo ello sin perjuicio de los correspondientes reintegros por las aportaciones dinerarias gananciales.”
97   El art, 4.1 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones  distingue las siguientes clases:
98 Normalmente en los planes de pensiones, planes o seguros de jubilación, participaciones en entidades de previsión social voluntaria, etc. la indemnización constituye o puede constituir una cantidad alzada, cosa que no sucede con las pensiones en ningún caso.
99 En la misma línea se pronuncia BENAVENTE MOREDA, Pilar, “Alterabilidad o no de la designación de beneficiarios de seguro de vida cuando el asegurado se somete al régimen de la sociedad de gananciales. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1996.”, en CCJC, nº 42, 1996, pags. 1.123-1.140.
100 En el marco de la sociedad de gananciales ésta es la solución más extendida; vid. REBOLLEDO VARELA, Ángel, “Liquidación de la sociedad de gananciales. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2004”, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Nº 69, 2005, pp. 1.287 y ss.
101 Es relativamente frecuente encontrar operaciones de liquidación y partición del consorcio conyugal en las que se incluye como una partida del activo común los derechos consolidados de un planes de pensiones. Cabe citar a título de ejemplo, el asunto resuelto por la SAP Zaragoza (Id. Cendoj: 50297370042005100372, Sección 4) de fecha 01/09/2005 (Solchaga Loitegui), en cuyo recurso de apelación no se cuestionó la inclusión de dicha partida en el activo: “Derechos consolidados del plan de pensiones concertado por el demandante fecha 25 de mayo de 1.994 inicialmente en BBV y posteriormente transferido a BANKYNTER a determinar sus características e importe en fase de liquidación con constancia de que el valor de aportaciones efectuadas es de 9.015,18 €”
102 La SAP Zaragoza (Id. Cendoj: 50297370022005100236, Sección 2) de fecha 28/06/2005, incluso a pesar de no sea aplicable en el caso art. 30 de la Ley 2/2003, que dice que son privativas las titularidades de pensiones de cualquier clase, aclara que la jurisprudencia asigna a estos planes la condición de privativos. “Por tanto, el Plan -los derechos derivados del mismo- no puede ser incluido en el activo, sin perjuicio del reembolso que en su caso procediese hacer al patrimonio común del valor actualizado de las aportaciones que se hubieren satisfecho a su costa, lo que no debe quedar excluido por el hecho de que el promotor del Plan sea el Banco.”
103 La SAP Teruel (Id. Cendoj: 44216370012006100100) de fecha 13/11/2006 (Rivera Blasco), dictada en un procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonio, con base en el art. 30.1.c) Lrem califica como bien privativo un plan de jubilación suscrito con la compañía Centro Asegurador en el que aparece como tomador "Empleados de Minas y Ferrocarriles de Utrillas, S.A.", pese a que la parte recurrente entendía que debía ser incluido en el activo de la sociedad "al encontrarse suscrito vigente el matrimonio y hechas sus aportaciones con dinero común".
104 SAP Zaragoza (Id. Cendoj: 50297370042005100426, Sección 4) de fecha 20/10/2005 (Medrano Sánchez). En los Fundamentos de Derecho se indica: “debe primar el aspecto compensador de un perjuicio personal, como lo es la merma física, cuya etioloía es aquí por enfermedad común, que le anula de manera absoluta su capacidad laboral. (...). Esta prestación está encaminada a reparar un daño personal, la patología invalidante, que debe primar frente a la naturaleza común que podría atribuírsele a la contraprestación que funda estas coberturas,”

Notas a pie de página con asteriscos:

* Este trabajo de investigación ha obtenido el premio otorgado en el seno del Curso de Derecho Aragonés impartido por la Cátedra Lacruz Berdejo - Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Curso académico 2006-07.
Deseo agradecer a los profesores de dicho Curso el magisterio impartido y a mis compañeros de Curso la paciencia demostrada durante las sesiones del mismo

Para citar este artículo :

D. Luis Carlos Martín Osante. «El seguro de vida en el marco del régimen económico del matrimonio en Aragón.*», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=415