núm. 4 (2007)

Tipo de documento: Artículo

“DERECHO EXPECTANTE DE VIUDEDAD E INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN INMOBILIARIA”

Investigador contratado (FPU). Departamento de Derecho Privado.Universidad de Zaragoza.

Aurelio Barrio Gallardo

En los albores del Derecho civil aragonés, la protección jurídica de la mujer que enviudaba, fuera villana o infanzona, se efectuaba por medio de dos instituciones diversas: las arras y la comunidad conyugal continuada1. Alrededor del S. XII comienza a ser habitual en los matrimonios aragoneses2 que el marido, al disponer mortis causa de su patrimonio, reserve a su esposa el usufructo vitalicio sobre la totalidad o una parte de sus bienes, a falta de derecho alguno sobre su sucesión legal. Esta saludable costumbre de conceder un legado -habitualmente testamentario3- con la finalidad de preservar el estatus económico-familiar que la madre había ostentado en vida del cabeza de familia4 se convertirá con la magna obra de D. Vidal De Canellas en un beneficio legal, donde aparece referido bajo la denominación “viduitatem” en el Fuero 1º De iure dotium.

El usufructo atribuido –originariamente sólo- a la mujer aun cuando concurriera con descendencia -“licet ab eo filios habuerit”, rezaba el mentado Fuero5- es en la Compilación de Huesca de carácter universal –abarca sin excepciones todo el patrimonio post mortem del marido premuerto: ya sea mobiliario o inmobiliario, ya privativo o consorcial- pero queda supeditado, en todo caso, a que la viuda guarde castidad y no contraiga ulterior matrimonio, pues se extinguía, como otros usufructos de fidelidad (p. ej. la “fealdat” navarra), por “convolar” el cónyuge supérstite a segundas nupcias (art. 119.1 c) Lrem). En la práctica parecía imperar, no obstante, la limitación del citado derecho sólo a los bienes de mayor trascendencia pecuniaria para la unión matrimonial –los sitios-, uso generalizado que conoció sanción legal en 1390 con el Fuero 1º De alimentis, erigiéndose entonces en beneficio recíproco, es decir, haciéndose extensivo también al marido6.

La evolución posterior revela una nítida consolidación de la propiedad inmobiliaria como objeto típico de la figura, manteniéndose como tal hasta bien entrado el S. XX. Durante toda la vigencia del Apéndice de 1925, producido el óbito del premuerto, el usufructo vidual recaía solamente sobre los bienes raíces (art. 63) fueran por naturaleza o por analogía -recuérdese la fórmula tradicional de “llevar muebles por sitios” -, pero, en todo momento, cupo pactar en capitulaciones matrimoniales su ampliación a los muebles al amparo del standum est chartae (art. 64), de ahí la dicotomía a la que aludía Costa, en alguno de sus ensayos7, entre una viudedad foral y otra consuetudinaria.

Aprobada la Compilación de 1967, se devuelve a la figura el carácter universal que la había caracterizado desde los tiempos del obispo compilador (art. 72.1), acogiéndose, por otra parte, el sentir unánime de la praxis notarial y registral que había sabido captar el Anteproyecto de 1963 fraguado en el Seminario que encabezara el prof. Lacruz8. La vigente Ley 2/2003, de 12 de febrero ha respetado las directrices de su predecesora afianzándose esta extensión objetiva de la institución: “la celebración del matrimonio atribuye a cada cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del que primero fallezca” (art. 89.1).

 

Realizada a grandes rasgos una aproximación histórica al instituto, tal vez se haya pasado por alto el punto de inflexión más señalado en la consagración positiva de la figura, a la sazón la Obs. 14 De iure dotium que viene a hacer explícita una idiosincrasia familiar que la mayoría de la doctrina aragonesa estimaba ya latente en el Fuero 1º De iure viduitatis (año 1398). A partir del S. XIV, la viudedad comienza a cobrar una autonomía y singularidad propias: abandona toda eventual semejanza con los usufructos viduales vecinos para convertirse en un efecto civil que se deriva ope legis de la celebración del matrimonio (art. 9.2 Cc.)9, cuya consumación no es más que mera conditio iuris de algo ya generado10. La institución foral no es hoy, a decir de la doctrina tanto legal11 como científica12, un usufructo de carácter sucesorio sino un beneficio legal conferido al viudo ex matrimonii, compatible con cualquier régimen económico que se haya podido pactar (arts. 10, 23.2 y 89.3 Lrem) pese a las dudas que antaño, como recuerda Bellod, pudiera haber suscitado una interpretación del art. 16.2.1ª Cc excesivamente apegada a su tenor literal13.

  

Fue además en el transcurso de esta centuria, según relata Delgado en el frontispicio de la nueva Ley14, cuando los foristas procedieron a elaborar una construcción doctrinal de la figura técnicamente más acabada, preludio de su peculiar fisonomía jurídica y anticipo de su actual configuración legal. Se está ante una institución unitaria pero bimembre, que nace al tráfico mediante dos estadios diferenciados tanto en su contenido como manifestación: de una parte, el derecho expectante, gestado a partir de la celebración del matrimonio (arts. 89.2 y 97) y, de otra, el usufructo vidual, una vez disuelto el vínculo marital por el óbito de uno de sus contrayentes (arts. 89.1 y 101.1 Lrem).

De ser hilvanados entre sí varios de los citados preceptos, se llegaría al siguiente fragmento de Derecho positivo que describe las dos fases sucesivas del instituto: “durante el matrimonio –indica el art. 97- el derecho de viudedad se manifiesta como derecho expectante (art. 89.2) a favor de cada uno de los cónyuges sobre los bienes del otro y los consorciales” -a dicha previsión, añade el art. 101.1 Lrem- “el fallecimiento de un cónyuge atribuye al sobreviviente el derecho de usufructo de todos los bienes del premuerto (…) de acuerdo con lo pactado y lo dispuesto en los artículos anteriores”.

A tal conjunción de previsiones legales cabe conferirle hoy el mismo sentido que Sancho Rebullida diera en su día al texto derogado de la Compilación en una apreciación lúcida que no ha perdido su vigor a pesar del transcurso del tiempo: “la viudedad aragonesa (…), constante matrimonio, se manifiesta como derecho expectante, mediante la afección jurídica de todos los bienes –muebles o inmuebles, comunes o privativos- a un eventual usufructo del cónyuge supérstite (…). Más tarde, fallecido uno de los cónyuges, la viudedad adopta la forma de usufructo vidual, gozando y disfrutando entonces el sobreviviente, en este concepto, de los mismos bienes sobre los que antes recaía su derecho expectante”15.

La primera fase, –“derecho expectante”-, amén de entrañar el soporte conceptual del carácter familiar de la figura, constituye también presupuesto y garantía de la existencia y buen fin de la segunda –“usufructo vidual”-. Hasta tal punto traen causa la una de la otra que, en puridad, habría de afirmarse que el cónyuge supérstite nunca puede llegar a usufructuar unos bienes sobre los que no ha recaído con anterioridad el derecho expectante16, razón que ha movido a la doctrina más autorizada a entender que el usufructo contemplado en el art. 16.2.3ª Cc. no puede identificarse, en ningún caso, con la institución aragonesa, habida cuenta de su marcado carácter sucesorio cuya génesis no depende de la contracción del vínculo matrimonial sino de la vecindad civil del cónyuge premuerto17.

Que la viudedad, constante matrimonio, permanezca hibernada no significa, sin embargo, que en vida de ambos cónyuges el expectante quede privado de toda relevancia en el tráfico jurídico; muy por el contrario, la virtualidad de este derecho subjetivo18 sale a relucir a cada momento sin que quede exenta de notorias repercusiones prácticas, máxime cuando alcanza los bienes raíces. La sujeción de todo elemento perteneciente al activo matrimonial al usufructo en potencia que entraña el expectante se manifiesta cotidianamente, aun antes de ocurrir el deceso, con cada desplazamiento patrimonial ad intra o ad extra19 habido entre los cónyuges y otros operadores económicos durante la pervivencia del vínculo matrimonial, si bien en distinta medida –real u obligacional- según se trate de sitios o muebles.

La fuerza con que el expectante sujeta la propiedad mobiliaria quizá sea, en efecto, apenas sólida, hasta endeble, como corresponde20 a “una simple expectativa protegida”21 pero no puede, en modo alguno, reputarse inexistente: la afección mencionada se diluye conforme los bienes van abandonando el patrimonio de procedencia para pasar a manos de terceros adquirentes, ajenos a la relación conyugal (cfr. arts. 76.4 Comp. y 100 Lrem). Como correlato lógico de esta eficacia puramente relativa o inter partes, al cónyuge supérstite sólo le será dable usufructuar los muebles que resten en el patrimonio del premuerto al tiempo de su fallecimiento, en forma semejante a cuanto acontecería con un usufructo sucesorio ordinario (arts. 16.2.3ª; 834 y ss. Cc.). Pero, aunque sea bien cierto que la simple enajenación del bien extingue ope legis el expectante no lo es menos que probándose realizada ésta con animus fraudandi si de ella derivase un perjuicio para el titular del beneficio vidual, tales circunstancias acarrearían la ilesión del usufructo22, es decir, su subsistencia aun a pesar de haberse verificado la transmisión del bien a un tercero; lo que confirma que la virtualidad del expectante como afección jurídica no es nula en vida de los cónyuges.

Por otra parte, todos los bienes inmuebles, lo fueren ora por naturaleza, ora por analogía en calidad de sucedáneos legales -empresas o explotaciones económicas (art. 98.1 Lrem)-, que ingresen en el activo del patrimonio conyugal quedarán, merced al expectante, automáticamente afectos a un futurible y eventual usufructo para cuando falleciese el primero de los cónyuges en beneficio del más longevo pero, esta vez, con una diferencia sustancial: la excepción que regía para los muebles se convierte ahora con los sitios en norma general. La consistencia jurídica del gravamen se torna mucho más robusta, adquiere aquí la afección una firmeza erga omnes que la distancia con creces de la meramente obligacional23 para adentrarse en el campo de los iura in re aliena.

Erigida la afección en “un gravamen real de origen legal”24 cuando tiene por objeto bienes raíces, la antigua Compilación dotaba al expectante de energía reipersecutoria25 al sancionar que el gravamen no podía entenderse extinguido o menoscabado por la ulterior enajenación de la finca a un extraño, a no ser que mediase  renuncia expresa de su titular en escritura pública (art. 72.2). No es de extrañar que la misma esencia permanezca imperecedera en la dicción del art. 98.1 Lrem, pues entronca con el espíritu inmanente y consustancial a la figura, como pondría de relieve el más somero de los análisis históricos.

Retomando de nuevo los tiempos pretéritos, cabe traer aquí a colación la señalada Obs. 26 De iure dotium por la que se articulaba el cauce conservativo del usufructo vidual mientras éste permanece todavía en estado latente: se protegía a la viuda dejando a salvo su derecho –“remanet ius uxoris salvum”- mientras no transigiera en la enajenación efectuada por su marido o manifestara expresamente su intención de renunciar al derecho expectante. Tal previsión constituía un complemento al apotegma tradicional “ne vir sine uxore26 en tanto que los entonces amplísimos poderes del marido como gestor de la economía doméstica se refrenaban, en lo tocante a la disposición sobre bienes raíces, merced al “obstáculo técnico y jurídico de la defensa del expectante derecho de viudedad”27.

En suma, la protección del derecho expectante operaría a modo de cláusula de cierre, en la que subyace, como ultima ratio, una loable participación igualitaria de ambos cónyuges en las decisiones de mayor relevancia para la economía familiar28 llegando allí donde las normas de gestión no alcanzan, esto es, a facilitar al cónyuge no propietario la fiscalización de los actos dispositivos de su consorte sobre sus bienes privativos o propios (art. 61.1 Lrem) y viceversa. Tal contención se garantiza a través de una sencilla pauta de comportamiento dual: será preciso, de corriente, que al operarse p. ej. la venta del activo inmobiliario ambos cónyuges comparezcan ante el notario, uno, en calidad de titular, para disponer de ellos y el otro, simplemente, para renunciar a su derecho expectante de viudedad29.

Nótese cómo históricamente la sanción que acarrea el quebranto de las normas en materia de cogestión del consorcio conyugal, comparada con la que se derivaría de una contravención de aquellas que prescriben la salvaguarda del expectante, arroja un resultado radicalmente distinto: mientras el Fuero Ne vir sine uxore invalida cualquier disposición de un inmueble consorcial llevada a cabo por el marido sin contar con la aquiescencia de su mujer30, el Derecho de Observancias31 reputa válido, sin embargo, el acto dispositivo, aun faltando el beneplácito uxorio, pero dejando siempre a salvo el derecho de viudedad que pudiera corresponder al supérstite sobre el inmueble privativo enajenado (art. 98.1 Lrem). Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de que el cónyuge no propietario prescindiese de la renuncia a su derecho expectante de viudedad? ¿En qué posición jurídica quedaría entonces un hipotético comprador?

En el ámbito de la contratación inmobiliaria, la existencia del derecho expectante no supone ninguna restricción a la libre disponibilidad de activos por parte del cónyuge titular -pese a que inicialmente la práctica registral pudiera haber sugerido lo contrario32-; tampoco exige el cumplimiento de requisito adicional alguno aparte de los usuales en materia de gestión; ahora bien, de no mediar la oportuna renuncia al derecho expectante, lexis y praxis33 convienen en señalar que el bien enajenado se transmitirá con la susodicha carga real. “No renunciando expresamente a él, el derecho eventual sobre los inmuebles persiste a través de las sucesivas enajenaciones, aunque no se haya dejado a salvo en el acto de vender, donar, etc., incluso frente al adquirente que inscribe en el Registro”34.

De la pervivencia del gravamen, una vez enajenada la finca inter vivos, así como de su posible oponibilidad frente a todos -cual hipoteca- da buena muestra presente el legislador foral: “el fallecimiento de un cónyuge atribuye al sobreviviente –no sólo- el derecho de usufructo de todos los bienes del premuerto –sino también- de los enajenados en vida sobre los que subsista el derecho expectante de viudedad (…)” (art. 101.1 Lrem). Por tanto, a la muerte del tradens, despertará el usufructo que se hallaba larvado en el inmueble y, desde entonces, podrá el cónyuge supérstite reclamar frente al extraño el uso y disfrute (art. 467 Cc.) de la finca cuya (nuda) propiedad se le ha transmitido, de conformidad con los caracteres de “inmediatividad” y “absolutividad”35 propios de todas las cargas de esta naturaleza: “ubi rem meam invenio, ibi vindico”, reza un conocido brocardo latino ¿Qué podría aducir el tercero en su defensa? ¿Se ha producido en verdad algún incumplimiento contractual por parte del cónyuge cuyo matrimonio se halla sometido al Derecho aragonés?    

Que la venta es válida y eficaz parece aserto claro; ahora bien, que la finca se transmitirá indefectiblemente con el gravamen se antoja también cuestión indubitada. La “jurisprudencia menor” tiene declarado que el titular del expectante, operada la venta de un bien uxorio, en tanto que tercero, no puede venir compelido por la contraparte a renunciar a su derecho, al quedar el desenvolvimiento de esta prerrogativa matrimonial al margen de la relación obligatoria36. El hipotético comprador será muy libre de perfeccionar o no el negocio jurídico pero, una vez consumado, no podrá pretender más tarde su resolución ni accionar exigiendo del consorte del vendedor la abdicación del citado beneficio legal, como tampoco dejar de cumplir lo que a él incumbe –p. ej. oponiendo la “exceptio de non adimpleti contractus”-, pues la renuncia al expectante no forma parte de la prestación del vendedor, salvo que así se hubiera hecho constar expresamente en el contrato, por lo que su falta tampoco implicará incumplimiento alguno por su parte37, máxime en un sistema como el español en que la compraventa no es un contrato traslativo del domino38.  

La conservación del expectante no debe considerarse, además, salvo en aquellos casos contados en que mediara en la reclamación del usufructo vidual un lapso temporal desproporcionado39, como el ejercicio abusivo de un derecho (art. 7 Cc.) sino que debe ser tenida, más bien, por una pretensión legítima y fundada, digna del amparo judicial. El deseo de no perder el usufructo vidual y, por ende, de dejar de renunciar previamente al expectante, no puede entrañar por sí solo un abuso de derecho40.

Constituye, asimismo, doctrina legal muy reiterada41 que el vendedor no encaja tampoco en el concepto de “propietario de los bienes” ex antiguo art. 76.2.2ª Comp.42 que posibilitaba al perjudicado acudir a la extinción judicial del expectante cuando el titular se hubiese negado a renunciar a él “con abuso de su derecho”. La nueva Ley se ha encargado de hacer explícita la interpretación doctrinal43 que negaba legitimación activa al tercero adquirente para acudir al acuerdo judicial sustitutorio de la renuncia y así se advierte hoy en el art. 98. 3 Lrem: “a petición de un cónyuge, -principia el precepto- el Juez puede declarar extinguido el derecho expectante del otro sobre un bien, antes o después de su enajenación (…)”.   

El parecer doctrinal mayoritario44, que ha sido acogido por algún pronunciamiento judicial45, mantiene que el derecho expectante es un gravamen real oponible erga omnes incluso sin necesidad de su toma de razón registral arguyendo que cuando los art. 76.2 Comp. y 98.1 Lrem prescriben la ilesión del expectante por la ulterior enajenación del inmueble, no se está distinguiendo entre transmisiones operadas dentro y fuera del Registro; luego la subsistencia del eventual usufructo vidual habría de prevalecer sobre el tercero hipotecario y aun a despecho de su adquisición a título oneroso y secundum tabulas (art. 34 Lh.). La fe pública registral no amparará en estos casos al accipiens, en modo semejante a cuanto acontece con las prohibiciones y retractos legales (art. 26.1ª Lh.) que despliegan sus efectos con toda vehemencia en el tráfico jurídico incluso en detrimento del dominio inscrito; la publicidad legal se sobrepone a la registral, según es pacífica opinión entre los autores46, lo que fuerza a que la inscripción del expectante, si bien posible, resulte muchas veces ociosa47.

Tampoco le será dable al comprador, por tanto, acogerse al saneamiento por gravámenes ocultos que presto le ofrece el art. 1483 Cc., en vista del carácter ex lege y de la peculiar publicidad que, según los más, suele acompañar a esta ventaja conyugal guardando cierto paralelismo con los retractos legales, a cuyo régimen jurídico similita similiter se equipara48. Los autores sostienen que estas cargas reales por legales deben ser conocidas por el comprador y no cabrá alegar que estén ocultas aunque no sean aparentes, precisamente porque el gravamen se impone por una norma49 (art. 98.1 Lrem) que debería ser conocida por el comprador50. Por mi parte, estimo, con la doctrina y jurisprudencia más autorizadas51, que si existe una defensa viable y eficaz frente al derecho expectante del lado del comprador, ésa es la que procura el estudio y conocimiento de nuestro Derecho foral aragonés.

Notas a pie de página numéricas:

1 LACRUZ BERDEJO, José Luis. “El régimen matrimonial de los Fueros de Aragón”, ADA, 1942, p. 125 y “Beneficios viduales derivados del régimen matrimonial en Aragón, Navarra y Vizcaya”, Derecho de Familia, T. I, Bosch, Barcelona, 1978, p. 311; MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, Luis. “Compilación del Derecho civil de Aragón. Derecho de la persona y familia: la Viudedad”, BCAZ, núm. 26, 1967, p. 107.
2 Cfr. SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. “La viudedad aragonesa”, Estudios de Derecho Civil, II, Pamplona, 1978, pp. 282 y ss; y LACRUZ BERDEJO, José Luis. Op. cit. p. 127.
3 En este momento histórico bien podría decirse que la viudedad aragonesa guardaba notorios paralelismos con la costumbre romana anterior de legar el usufructo universal a la esposa, tan arraigada durante el Alto Medievo. Vid. GARCÍA GRANERO, Juan. “Domna et domina, potens et usufructuaria”, ADF, II, 1976-77, pp. 177 y ss.; LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA, Emilio. “Artículos 48 a 88 de la Compilación de Aragón”, Comentarios al Código civil y Compilaciones forales (Dir. M. Albaladejo), T. XXXIII, Vol. 2º, Edersa, Madrid, 1990, p. 287.
4 Cfr. vgr. LEZÓN, Manuel. “De la viudedad foral aragonesa”, Revista de los Tribunales, 1902, p. 146.  
5 Vid. p. ej. MONER Y DE SISCAR, Joaquín Manuel. “¿Cuál es la extensión o alcance del derecho de viudedad aragonesa?”, RGLJ, T. XXXIX, 1871, p. 330, nota 1 o, más recientemente, vid. BATALLA CARILLA, José Luis. “El derecho expectante de viudedad y la disposición de bienes inmuebles por los cónyuges. Desde las Observancias hasta hoy”, RDCA, III, 1997, nº 1, p. 126
6 ISÁBAL Y BADA, Marceliano, Exposición y comentario del Cuerpo Legal denominado “Fueros y Observancias del Reino de Aragón”, Colegio de Abogados, Zaragoza, 1926, p. 518.
7 Vid. COSTA MARTÍNEZ, Joaquín. La libertad civil y el Congreso de Jursiconsultos Aragones, Guara Editorial, Zaragoza, 1981, p. 287.
8 Cfr. LACRUZ BERDEJO, José Luis. “La viudedad foral”, en “El Derecho de familia en la nueva Compilación aragonesa”, ADC, T. XX, 1967, p. 750; ZAPATERO GONZÁLEZ, Rafael, “De la viudedad foral”, en Actas de las Jornadas de Derecho civil aragonés (Jaca, 1985), Cortes de Aragón, Zaragoza, 1986, p. 206.
9 Vid. BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen. “La viudedad”, Manual de Derecho civil aragonés (Dir. J. Delgado Echeverría y Coord. Mª. Á. Parra Lucán), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 390-91.
10 Cfr. DEL MOLINO, Miguel. Repertorium Fororum et Observantiarum Regni Aragonum: una pluribus cum determinationibus consilii iustitiae Aragonum practicis atquae cautelis eisdem fideliter annexis, Fol. 330, col. 2ª y, modernamente, LATORRE MARTÍNEZ DE BAROJA, Emilio. Op. cit., pág. 295.
11 Cfr. SS. APZ 6 julio 1999 y 7 febrero 1996; y S. TSJA 11 julio 1994. La DGRN, por su parte, ya se había ocupado de la cuestión en la R. 17 noviembre 1916.
12 Vid. LACRUZ BERDEJO, José Luis. “Sobre algunos caracteres del derecho de viudedad”, ADA, III, 1946, pp. 353-54; PELAYO HORE, Santiago. “Problemas de la viudedad foral”, Segunda Semana de Derecho Aragonés (Jaca, 1943), p. 178 y SANCHO REBULLIDA, Francisco. “La viudedad en el Anteproyecto de Compilación del Derecho Civil de Aragón”, Estudios de Derecho Civil, II, op. cit., p. 548 y, junto con  DE PABLO CONTRERAS, Pedro, “Artículo 72”, en Comentarios a la Compilación del Derecho Civil de Aragón. Vol. 2º, (Dir. J.L. Lacruz Berdejo y J. Delgado Echeverría), DGA, Zaragoza, 1993, p. 632. En contra, CAMÓN AZNAR, Leonardo. “Naturaleza jurídica de la viudedad aragonesa”, ADA, XIV, 1968-69, p. 541; ZAPATERO GONZÁLEZ, Rafael. Op. cit., p. 211 o LATORRE MARTÍNEZ, Emilio. Op. cit., p. 287.
13 Cfr. BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA. Mª Elena. “El derecho expectante de viudedad”, en Actas de los XIV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, noviembre de 2005 (en prensa).
14 Vid. Preámbulo, ap. X, párrafo 1º.   
15 SANCHO REBULLIDA y DE PABLO CONTRERAS, Pedro (op. cit., pp. 628-29) en opinión que explícitamente ha acogido la jurisprudencia aragonesa. Vid. S. TSJA 11 julio 1994, FJº 6º.
16 SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís y DE PABLO CONTRERAS, Pedro. Op. cit., p. 707.
17 DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. "Comentario al art. 16 Cc.", Comentario del Código civil, T. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, p. 170.
18 BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen. Op. cit., p. 402; SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís y DE PABLO CONTRERAS, Pedro. Op. cit., pp. 709 y 710.
19 Vid. S. TS 28 febrero 1990, FJº 7º.
20 El régimen del art. 76.4 Comp. de cuya disciplina legal trae causa el art. 100 Lrem, fue contestado tempranamente por algunos autores, aduciendo básicamente la pérdida de brío de la máxima “res mobilis, res vilis”. Vid. ARREGI GIL, José. “El derecho expectante de viudedad y los bienes muebles”, ADA, XIV, 1968-69. p. 537.
21 LACRUZ BERDEJO, José Luis. Derecho de familia, T. I, op. cit., p. 312.
22 BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen. Op. cit., p. 419; SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís y DE PABLO CONTRERAS, Pedro. Op. cit., p. 708.
23 Vid. BAYOD LÓPEZ, María del Carmen. “La viudedad”, op. cit., pp. 417 y 418.
24 LACRUZ BERDEJO, José Luis. “Beneficios viduales derivados del régimen matrimonial en Aragón, Navarra y Vizcaya”, op. cit., p. 312.
25 Cfr. SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. “La viudedad”, Comisión Compiladora del Derecho foral aragonés, Informes del Seminario (1954-1958), Vol. III, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1996, p. 91; “La viudedad aragonesa”, Estudios de Derecho Civil, T. II, op. cit., p. 339 y MELÚS SEBASTIÁN, Rebeca. “Reflexiones en torno al derecho de viudedad”, Estudios sobre el Ordenamiento jurídico aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2003, p. 309.
26 Cfr. Fuero 2º y Observancia 1ª homónimos.
27 Cfr. RAMS ALBESA, Joaquín. “Comentario a los arts. 41 a 59”, en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón (Dir. J. L. Lacruz Berdejo y J. Delgado Echeverría), Vol. 2º, DGA, Zaragoza, 1993. p. 224.
28 Así lo recoge el Ap. X del Preámbulo de la nueva Ley aragonesa. Vid. DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. El Derecho aragonés. Aportación jurídica a una conciencia regional, Alcrudo editor, Zaragoza, 1997, pp. 129-30.
29 Vid. SERRANO GARCÍA, José Antonio. “La protección jurídica del cónyuge viudo en el Derecho civil aragonés”, Aequalitas, nº 8, 2001, pp. 38-39.
30 El legislador foral ha variado las consecuencias jurídicas que se derivan de preterir el consentimiento del consorte cuando fuere necesario, estimando que, no obstante su omisión, la venta no debe ser anulable (cfr. art. 1301 i. f. Cc.) sino válida e inoponible (art. 53 Lrem y ap. XII Preámbulo, 4º párrafo), lo que ha suscitado cierta polémica doctrinal acerca de la preservación o no del derecho expectante ex art. 98.1 b). Vid. BAYOD LOPÉZ, Mª del Carmen. Op. cit., pp. 409 a 411 y LERMA GONZÁLEZ, Carmen. Actas de los XIV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005 (en prensa).  
31 Cfr. esp. PELAYO HORE, Santiago. “Problemas de la viudedad foral”, loc. cit., pp. 183 y 184 y “La viudedad aragonesa (cuestiones extrarregionales)”, RDP, 1944, pp. 28 y 29. Vid. también, SANCHO REBULLIDA, Francisco. “Comentarios a la Compilación…”, op. cit., pp. 705 y 726.
32 Vgr. RR. DGRN 11 julio y 25 septiembre 1925 e, incluso, 20 marzo 1986.
33 Vid. SS. APH 29 octubre 1996 y S. TS 26 junio 1989, esp. FJº 4º. Cfr. el comentario de este último pronunciamiento realizado por SERRANO GARCÍA, José Antonio, CCJC, 20, 1989, pp. 535 y ss., esp. 621; SANCHO REBULLIDA, Francisco. “La viudedad y el derecho expectante de viudedad”, Actas de los I Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 1992, p. 71 y “La viudedad en la Compilación de Derecho civil de Aragón”, ADC, 1967, p. 783.
34 Vid. LACRUZ BERDEJO, José Luis. “Beneficios viduales derivados del régimen matrimonial en Aragón, Navarra y Vizcaya”, op. cit., p. 312.
35 El derecho sigue a la cosa dondequiera que se halle y quienquiera que sea su poseedor. Cfr. SANCHO REBULLIDA, Francisco. “Comentarios a la Compilación…”, op. cit., p. 726; LUNA SERRANO, Agustín revisión  y puesta al día de la obra de J. L. LACRUZ BERDEJO Elementos de Derecho civil, T. III, Vol. 1º, Dykinson, Madrid, 2001, p. 3 y GARCÍA CANTERO, Gabriel. Derecho civil español común y foral de J. CASTÁN TOBEÑAS, T. II, vol. 1º, Reus, Madrid, 1987, p. 56.  
36 De ahí que los Tribunales aragoneses entiendan, con buen tino, que no procede alegar la excepción de litisconsorcio pasivo necesario cuando el comprador, al exigir del cónyuge vendedor la entrega de un inmueble privativo, demanda también a su consorte, pues éste ha de permanecer al margen de las vicisitudes contractuales que se sustancian en la causa. Su expectante quedará, por ende, a salvo de la controversia judicial. Cfr. SS. APH 11 enero, 10 julio y 5 octubre 1995; S. APH 4 septiembre 1996; APZ 19 enero 1998; APH 10 junio 1999; APH 8 marzo 2002. Vid. S. TSJA 12 febrero 1996 y S. TS 10 noviembre 1990.  
37 Así, se subraya cómo “la renuncia del derecho expectante, incluso en los casos en que es precisa para eludir el futuro usufructo vidual, no forma parte de la prestación del vendedor, sino que se trata de un acto jurídico de un tercero, el cónyuge, que puede o no concurrir a renunciar a su derecho sin que por ello quede afectada la validez e inmediata eficacia del negocio consentido por el vendedor y comprador”. S. APH 21 noviembre 2000, FJº 2º.
38 SIMÓ SEVILLA, Diego. “Contrato de compraventa”, Instituciones de Derecho Privado (Coord. J. F. Delgado de Miguel), T. III, Vol. 2º, Civitas, Madrid, 2005, p. 384.
39 Cfr. S. APZ 7 febrero 1996 y S. TS 13 junio 1986.
40 Vid. S. APZ 5 mayo 1991.
41 S. APZ 11 julio 1994, APZ 7 febrero 1996, APZ 19 octubre 2000 y TSJA 4 abril 1995.
42 “Una adecuada interpretación de la norma supone que para poder recabar del Juez la "extinción" deben concurrir: un elemento personal, que el solicitante "propietario" sea uno de los cónyuges del matrimonio con que los bienes se relacionan, pero nunca un tercero, como es el adquirente (…)” Cfr. S. TSJA 30 octubre 1996, esp. FJº 3º.
43 BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen “El derecho expectante de viudedad y el régimen de separación de bienes. La extinción del expectante a petición del propietario de los bienes y el abuso de derecho. (A propósito de la STSJA de 30 de octubre de 1996)”, RDCA, III, 1997, nº 2, P. 126, hoy en “La viudedad”, Manual de Derecho civil aragonés, op. cit., p. 414; SANCHO REBULLIDA, Francisco y DE PABLO CONTRERAS, Pedro, Op. cit., p. 745; ZAPATERO GONZÁLEZ, Rafael Op. cit., p. 227; MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, Carlos. “Comentario a la STS de 27 de mayo de 1988”, CCJC, 17, 1988, p. 572; LATORRE MARTÍNEZ, Emilio. Op. cit., p. 344.      
44 DE PABLO CONTRERAS, Pedro. “El Derecho expectante de viudedad y el Registro de la Propiedad”,  Actas de las Jornadas de Derecho civil aragonés (Jaca, 1985), Las Cortes de Aragón, Zaragoza, 1986, pp. 251 y 250 y BATALA CARILLA, José Luis. Ibid., p. 97; SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. Comentarios a la Compilación del Derecho Civil de Aragón. op. cit., p. 729 y “La viudedad”, Informes del Seminario (1954-1958), op. cit., p. 99.
45 Cfr. S. APH 20 julio 1998, esp. FJº 3ª
46 PELAYO HORE, Santiago. “Problemas de la viudedad foral”, loc. cit., p. 179 y “La viudedad aragonesa (cuestiones extrarregionales)”, loc. cit., p. 27.
47 Vid. SANCHO REBULLIDA, Francisco. Estudios de Derecho Civil, T. II, op. cit., pág. 346.  
48 Cfr. LACRUZ BERDEJO, José Luis. Derecho de Familia, T. I, op. cit., p. 311, nota 1.
49 Inexcusabilidad por la que tal vez debería decaer también una posible anulabilidad del contrato fundada en un “error in qualitate” (arts. 1266.1ª y 1301.4ª Cc.).
50 GARCÍA CANTERO, Gabriel, “Artículo 1483”, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales (Dir. M. Albaladejo), T. XIX, Edersa, Madrid, 1980, pp. 318 y 319; LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de Derecho civil, T. II, Vol. 2º, (revisión de F. Rivero), Dykinson, Madrid, 1999, p. 47 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. Derecho civil. II, Bosch, Barcelona, 2002, p. 515, vid. esp. nota 27.
51 “En el fondo late –en el art. 16.2.2ª Cc.- la idea de que sólo los aragoneses conocen y han de conocer el Derecho aragonés, mientras se exime de ese conocimiento a los demás españoles”. DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús. “La viudedad aragonesa en el Derecho interregional”, ADA, XVII, 1974-76, pp. 89-90. Vid. también S. TSJA 30 octubre 1996, FJº 6º in fine. Las garantías que hoy deparan los arts. 194 Rnot. y 59.1 a) Rh., así como las abundantes causas de extinción del derecho expectante que suponen una excepción a la regla general (cfr. arts. 98 y 99 Lrem) aconsejarían meditar seriamente acerca de una posible supresión del aludido precepto.  

Para citar este artículo :

Aurelio Barrio Gallardo. «“DERECHO EXPECTANTE DE VIUDEDAD E INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN INMOBILIARIA”», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=416