núm. 5 (2008)

Tipo de documento: Artículo

La aplicación indebida del Código civil como fundamento del recurso de casación en Aragón: Infracción de las normas del Derecho civil aragonés y aplicación del Derecho supletorio para la solución del conflicto.

(Reflexiones sobre las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de marzo de 2007 y 27 de febrero de 2006)

Carmen Bayod López

Extracto

La autora, al hilo de sendas sentencias del TSJ de Aragón, analiza la competencia de los Tribunales de casación (TS y TTSSJJ) para aplicar de oficio la norma de conflicto tal y como dispone el apartado 6 del art. 12 del Código civil y, en consecuencia, aplicar el Derecho material al que remita la norma de conflicto. La aplicación de la norma de conflicto y la solución del caso a través del Derecho material aplicable están sujetas al principio iura novit curia; el principio y sus limites son estudiados por la autora, que llega a la conclusión de que el 12.6 Cc., al ser una norma de ius cogens escapa a la disponibilidad del objeto del proceso, no estando ajustado a los principios del proceso dispositivo (art. 216 en relación con el art. 218 Lec.) sino que, muy al contrario, el Derecho aplicable debe ser inquirido por los Tribunales; en ningún caso la aplicación de oficio de la norma de conflicto modifica la causa de pedir, ni vulnera el principio de congruencia ni provoca la indefensión de partes en el proceso. Tras este análisis, se reformula el fundamento y papel del art. 12.6 Cc. afirmando la prof. Bayod que el art. 12.6 Cc., en su dimensión interna, juega como garante del principio de igualdad de todos los Derechos civiles territoriales españoles, a través de la aplicación ex officio por los Tribunales. Aun cuando el precepto no nació con la anterior función, en el sistema plurilegislativo diseñado por la Constitución española en materia civil, es evidente, que dicha norma contribuye decididamente a garantizar el principio de igualdad entre todos los Derechos civiles coexistentes en el territorio nacional, custodiando con su aplicación las previsiones constitucionales.

Es muy probable que este asunto no hubiera llegado a conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, si no llega a ser porque la letrada de la parte demandada alega, con perspicacia y con éxito, infracción de las normas del Derecho civil aragonés  (art. 1 Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa) al utilizar el demandante como normas de pretensión las previsiones de los artículos 1.439 y 1.385-2 del Código civil, existiendo normativa aragonesa que regula dicho conflicto, con clara infracción, entonces, del sistema de fuentes previsto en el art. 1 de la Compilación del Derecho civil de Aragón.

El objeto de litigio tenía como pretensión principal el ejercicio de la acción reivindicatoria de manera que de no alegar el recurrente la infracción del sistema de fuentes del Derecho civil aragonés, tal vez habría una opinión forense mayoritaria que defendería que un caso del 348 Cc. escaparía, con toda probabilidad, a la competencia jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, salvo que afirmemos –como yo así lo creo– que de estos asuntos, en los que es competente el legislador aragonés pero en los que todavía no ha establecido una regulación propia, también debe conocer  de ellos el Tribunal Superior de Justicia a través de la aplicación del Derecho supletorio estatal prevista en el art. 1.2 Comp.1

 

Veamos como ocurrieron los acontecimientos.

D. Enrique demanda a su vecino D. Manuel (que recurre en casación, tras haber sido condenado en las dos instancias anteriores) interesando que se declare lo siguiente:

1º. Que es copropietario del camino objeto de litigio (camino que en exclusiva usa el demandado, con privación del derecho del demandante).

2º. Su derecho a poseer y utilizar dicho camino.

3º. Que se condene al demandado a reponer el camino a su estado inicial (el demandado lo había labrado y, en consecuencia, el demandante se veía privado de su uso).

En el acto de celebración del juicio verbal, el demandado se opone a las pretensiones del actor alegando su falta de legitimación activa: la reivindicatoria, como recuerda el ponente (Ilmo. Sr. Zubiri) en el FD 2º de esta sentencia, exige, entre otros requisitos,  “acreditar la titularidad dominical del bien”, y en este caso el bien no es del actor, sino de su cónyuge (bien privativo de la esposa que adquirió a título de herencia).

El demandante, para salvar dicho escollo, afirma que actúa como mandatario de su esposa y gestor de los bienes “gananciales”, ya que él ejerce sobre dichas finca la agricultura y usa el camino objeto de litigio; el fundamento de esta pretensión lo halla el demandante en los artículos 1.439 y 1.385-2 Cc.

La sentencia del JPI núm. 1 de Monzón de 13 de enero de 2006 estima la demanda, y condena al demandado a pasar por todas las pretensiones del actor. Recurrida esta sentencia por el demandado, la APH, en sentencia de 6 de septiembre de 2006, desestima el recurso de apelación confirmando la sentencia de instancia.

El demandado recurre en casación y alega dos motivos:

1. Infracción del art. 1 párrafo 2º de la Compilación del Derecho civil de Aragón, por aplicación indebida de los artículos 1.439 y 1.385-2 Cc.

2. Infracción de los arts. 61 y 48 de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad de Aragón, por aplicación indebida de los artículos 1.439 y 1.385-2 del Código civil.

Ambos motivos serán estimados por el Tribunal, que casa la sentencia y declara, con acierto, tan sólo el derecho del actor a poseer el camino (no su copropiedad) y por ello, condena al demandado a que lo reponga a su estado anterior, esto es, que a través de él pueda pasar el demandante a la finca privativa de su cónyuge. Solución al caso, que llega a través del Derecho supletorio estatal al no haber norma aragonesa que regule la cuestión.

Esta sentencia tiene por objeto un tema recurrente y, por lo demás, hace tiempo resuelto no sólo por la doctrina sino por los Tribunales aragoneses: la aplicación o no en Aragón de los artículos 1.354 y 1.357 Cc2.

Jurisprudencia constante, sobre todo desde 1999, afirma la no aplicación de dichos preceptos en Aragón, por no haber laguna legal en el ordenamiento aragonés (art. 1.2 Comp.)

El proceso parte de la separación matrimonial entre los cónyuges, y el conflicto surge por el inventario y calificación de diversos bienes, en especial, la vivienda familiar adquirida por el marido antes del matrimonio por precio aplazado, pagándose éste constante el mismo.

El marido afirma que el bien es privativo, sin perjuicio del reembolso, mientras que la mujer considera de aplicación los artículos 1.354 y 1.357 Cc. que provocarían una diferente solución.

Como se afirma en el FD 8º de dicha sentencia: “la aplicación de los preceptos del Código civil que se citan en el recurso, especialmente los artículos 1.354 y 1.357, no resulta posible al caso, al existir norma aragonesa reguladora de la cuestión, y no haber laguna en el ordenamiento jurídico propio de la Comunidad autónoma y no ser preciso, por tanto, acudir al derecho común como derecho supletorio”.

La solución de los casos en ambas sentencias creo que no es objeto de discusión y, desde luego, estoy en la más absoluta conformidad con el fallo de las mismas; posiblemente podríamos pensar que, como son buenas sentencias, no merecen un comentario: a veces resulta más fácil objetar que ensalzar.

Quizás deba advertir que ninguna de estas dos sentencias son fáciles de comentar, no es este mi objetivo (ellas hablan por sí mismas); pretendo, tan solo, anotarlas destacando la importancia de lo que dicen.

En efecto, ambas sentencias tienen por objeto el sistema de fuentes del Derecho civil aragonés, en el marco de sus relaciones con el Derecho civil del Estado, a través del art. 1.2 Comp.; rememorando el juego de los principios previstos en el texto constitucional: preferencia y supletoriedad (arts. 149.1.8º y 149. 3 CE)

Normas todas ellas imperativas, sujetas al principio iura novit curia y, como luego veremos, siempre susceptibles de ser revisadas en casación. De estas cosas, que todos sabemos, y que no son nuevas, son de las que quiero dar testimonio en estas notas.

En efecto, estas sentencias son buenas sentencias y no porque hagan justicia, que también, sino porque creo que ambas atienden perfectamente al fundamento de casación: la garantía del ordenamiento jurídico a través de una correcta aplicación del Derecho3.

En ambas sentencias dicha garantía se consigue a través de la debida aplicación del Derecho competente, en este caso el aragonés, que no está, desde luego, al albur de los particulares; para ello los Tribunales deben:

1. Aplicar de oficio la norma de conflicto con independencia del Derecho alegado por las partes (art. 12.6 Cc.)

2. Respetar el sistema de fuentes del ordenamiento civil aplicable, de manera que se rechazará o estimará la casación en función del sistema de fuentes competente porque lo contrario sí supone infracción del ordenamiento jurídico (art. 1 Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa). Ello implica tener en cuenta la correcta aplicación de los principios de preferencia y supletoriedad que relacionan al Derecho civil estatal con el resto de los Derechos civiles territoriales españoles.

Estas sentencias son exponente del buen hacer y del buen uso de la casación, sin que la misma se convierta en una tercera instancia: el proceso termina con la apelación, sólo si hay infracción de las normas del Derecho civil aragonés procede la revisión casacional a través de los supuestos previsto en los arts. 2 y 3 de la ley aragonesa de casación (Ley 4/2005 de 14 de junio).

Veamos el reflejo de estas cuestiones, a mi juicio importantes para la preservación de los derechos de los particulares y del ordenamiento jurídico, en las sentencias referidas.

Siguiendo a Garcimartín Alférez4 podemos afirmar que el sistema español, en este punto, se vertebra sobre la aplicación de oficio de la norma de conflicto: el art. 12.6 Cc. es una norma sustantiva, por ello, respecto del  Derecho procesal, provocará que éste deba estar al servicio de aquél (del Derecho sustantivo); de manera que siendo aquélla norma imperativa de ius cogens debe ser aplicable ex officio por los Tribunales, pues a ellos va expresamente dirigida la norma imponiéndoles tal conducta.

La autoridad que el legislador otorga a la norma de conflicto implica dos consecuencias:

1. Para los sujetos privados, resulta inderogable: no pueden sustraerse a ella.

2. Para el juez, la obligación de aplicar la norma de conflicto cuando el supuesto de hecho establecido por la misma se verifique, con independencia de su alegación por las partes.

En este punto, el proceso civil informado por el principio de rogación debido a su estructura dispositiva se torna inquisitivo, de manera que las partes no son dueñas del objeto del proceso, y es el juez, en base al principio iura novit curia, quien debe determinar el Derecho aplicable a través del juicio subsuntivo5.

En lo que atañe al Derecho internacional privado, en su llamada dimensión interna, las afirmaciones anteriores no pierden un ápice de vigencia, por cuanto el párrafo 6 del art. 12 informa al Derecho interregional español, al no estar excluida su aplicación por el art. 16.1 Cc.

En efecto, el mencionado precepto afirma que: “Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el capítulo IV con las siguientes particularidades: 1ª. Será ley personal la determinada por la vecindad civil. 2ª No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del art. 12 sobre calificación”.

Por lo tanto, el resto de los apartados6 que integran el mencionado art. 12 y, en especial su número 6, informan esta dimensión interna en el sentido dicho.

No hacerlo así, supone la infracción del ordenamiento jurídico que, además, rememora tiempos pretéritos en los que los Derechos civiles territoriales españoles distintos del Código civil escapaban a las remisiones de la norma de conflicto internacional: la remisión a ley civil española lo era al Código civil, fundada en la equivocada visión de privilegio que a estos otros Derechos civiles se les otorgaba, de manera que, por ello, los particulares, podían acogerse o desprenderse de los mismos por su sola voluntad7.

Hoy todo ello está superado y contradice cabalmente al sistema constitucional: éste debe quedar bajo la salvaguarda de los Tribunales, su infracción debe ser apreciada de oficio por éstos8.

A. Las premisas del sistema. Las relaciones entre los diversos Derechos civiles coexistentes en el territorio nacional están presididas por el principio de igualdad (art. 2 CE) y los principios de preferencia y supletoriedad (art. 149.1.8ª CE).

Tanto el Derecho civil estatal como cualesquiera otros Derechos civiles territoriales españoles pueden considerarse completos dentro del ámbito de sus competencias: unos y otros son Derechos comunes, en la acepción de Derechos directamente aplicables9 y, por lo tanto, su aplicación depende de la norma de conflicto y del principio de preferencia en materia de competencia. Los Tribunales, en base al ius constitutionis, deben garantizar su correcta aplicación.

El art. 12.6 Cc., como veremos, contribuye a mantener el principio de igualdad entre los diversos Derechos civiles territoriales españoles al imponer a los Tribunales la aplicación de oficio de la norma de conflicto10.

B. Aplicación de la norma de conflicto. Con independencia del Derecho alegado por los particulares, los Tribunales, deben aplicar el Derecho civil español que imponga la norma de conflicto a través del punto de conexión fijado por ella: la vecindad civil o, en ocasiones, el lugar de residencia.

El carácter imperativo de la norma de conflicto y la imposición de que la misma sea aplicable de oficio por lo Tribunales, conlleva, desde el punto de vista de la casación, que su aplicación no pueda ser valorada como:

1. Una cuestión nueva, si ante el TS o TSJ es alegada por las partes,

2. Infracción procesal o incongruencia, si el Tribunal de casación aplica un Derecho distinto del aplicado en la instancia y alegado por las partes.

C. Fundamento. La razón de ello no es otra que la que deriva de la articulación del proceso civil: el Tribunal de casación se halla vinculado por los elementos fácticos que, como hechos probados quedan fijados en la instancia, pero la aplicación de la norma de conflicto no es un hecho, sino una cuestión jurídica: la subsunción de los hechos a la norma, pero al Derecho que sea aplicable en virtud del Estado plurilegislativo español.

En efecto, la función principal de la norma de conflicto es, siguiendo a Garcimartín Alférez11, procedimental, en el sentido de que no da una respuesta a la cuestión debatida, sino que designa el Derecho aplicable, y un error al concretar el criterio de conexión conlleva la designación de un orden jurídico equivocado, no apto, entonces para la resolución del conflicto, lo que conlleva, a mi juicio, una clara infracción del ordenamiento jurídico.

La aplicación ex officio de la norma de conflicto supone que el motivo pueda plantearse por primera vez en casación, ya que no estamos ni ante una nueva demanda ni ante unos nuevos hechos, sino, ante argumentos jurídicos no expuestos en el proceso y que están bajo el principio iura novit curia12.

Esto no es otra cosa que una manifestación de dicho principio; una posibilidad de que el órgano de casación aplique el Derecho no aplicado en la instancia, en el fondo  no hay que olvidar que en la casación se halla implicado el ius constitutionis13.

Por mi parte, y a lo que creo, la naturaleza de la casación impone al Tribunal la aplicación del Derecho derivado de la norma de conflicto como garantía del sistema constitucional, al consagrar éste, la coexistencia de los diversos Derechos civiles españoles.

No hacerlo así, traería como consecuencia mantener la vieja doctrina jurisprudencial que en esta materia, y siguiendo a De Castro, caracterizó a los Derechos forales con las siguientes notas14:

1. Derecho particular: su aplicación requería la prueba de la cualidad jurídica que determina su aplicación.

2. Derecho excepcional: El Derecho foral es de interpretación restrictiva, y no puede aplicarse la analogía para ampliar sus preceptos en contra del Derecho común.

3. Derecho privilegiado: Lo que supone que los actos realizados en contra de las reglas del Derecho foral no son nulos, por haber entendido la jurisprudencia que los aforados pueden elegir entre la aplicación del Derecho foral y el común, siempre que no se cause perjuicio a terceros.

4. Respecto del Derecho foral no rige plenamente la regla iura novit curia: es necesaria su alegación así como la prueba de su contenido y vigencia15.

Es evidente, que la garantía constitucional impone la superación de estas creencias y la obligación de su aplicación cuando proceda16.

A lo que creo, el art. 12.6 Cc., en su dimensión interna, juega como garante del principio de igualdad de todos los Derechos civiles territoriales españoles, a través de la aplicación ex officio de la norma de conflicto por los Tribunales.

A. Aplicación por el Tribunal de casación de la norma de conflicto: solución del caso o desestimación del recurso. Planteamiento. El Tribunal Supremo, a lo que creo, viene obligado a aplicar de oficio la norma de conflicto y resolver el caso en atención a la misma.

Debido al carácter extraordinario del recurso de casación, el Tribunal no debe conocer más que de la supuesta infracción de la norma denunciada; la casación no es una tercera instancia y el motivo que posibilita la misma es “la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso” (art. 477 Lec.).

Ahora bien, puede suceder que la norma alegada por las partes en el recurso como infringida no sea la aplicable al caso, puesto que de los hechos se deduce que es otro el Derecho aplicable.

Es en este caso en el que hay que determinar si en casación también puede (o debe) el Tribunal aplicar la norma de conflicto y, si es otro el Derecho civil designado, resolver la controversia en base al mismo; o, por el contrario, detectado este otro Derecho como el aplicable al supuesto de hecho, desestimar el recurso de casación, sin dar solución a la controversia17.

La respuesta, a lo que creo, pasa por determinar los límites del principio iura novit curia (art. 218 Lec.) en su relación con el principio de congruencia, que nace como consecuencia de la calificación del proceso civil español como un proceso dispositivo (art. 216 Lec.).

Pero obsérvese que dichos límites no podrán jugar en aquellos casos en los que los Tribunales, y especial el órgano de casación, deba controlar de oficio el Derecho aplicable: supuestos de infracción del orden público, defectos procesales que debieron estimarse en las instancias o que pudieron ser estimados de oficio por los órganos jurisdiccionales anteriores.

Si el art. 12.6 Cc. escapa, como así lo creo, al objeto del proceso del que la partes puedan disponer, también el órgano de casación deberá aplicar la norma de conflicto en función de los hechos probados en la instancia, sin que ello suponga vicio de incongruencia o infracción del art. 24 CE, puesto que la determinación del Derecho aplicable es tan solo una norma de calificación a través de la que se dará respuesta a lo pedido por las partes salvaguardando, ahora sí, el sistema jurídico y su aplicación.

Creo que, a estos efectos debemos recordar, siguiendo con ello al profesor Bonet Navarro18, que el recurso de casación no se da para revisar la justicia del fallo, sino para censurar la aplicación del Derecho en la medida en que ésta incide en la decisión judicial; siendo ello así, el art. 12.6 Cc. invita (obliga) al Tribunal a seleccionar correctamente el Derecho competente para resolver la controversia jurídica.

B. Iura novit curia. Principio dispositivo. El principio iura novit curia, en el sistema procesal civil español informado por el principio dispositivo y de aportación de parte, viene a significar tan sólo las posibilidades que tiene el Juez de desvincularse de la fundamentación jurídica aportada por los litigantes19 para resolver el litigio que llega a su conocimiento.

A ello, y como novedad en el ordenamiento jurídico español, aunque recogiendo en su letra copiosa doctrina jurisprudencial, atiende ahora de forma expresa el  párrafo 2 del art. 218.1 Lec.: “El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de  derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”20.

Conforme al precepto transcrito, el Tribunal no está vinculado por los argumentos jurídicos que invocan las partes, sí con la causa de pedir, y ello porque el principio iura novit curia permite al juez, sin incurrir en incongruencia, dar a los hechos una calificación jurídica distinta y hacer uso de las normas que estime pertinentes, normas que está obligado a conocer y a utilizar al margen de lo afirmado por los litigantes.

La causa de pedir es el límite que actúa frente al principio iura novit curia, porque dicha extralimitación supondría alterar el principio de congruencia que informa al proceso civil español.

C. Causa de pedir y principio dispositivo. Como señala De La oliva21, el apartado segundo del art. 218 1. Lec. armoniza, siguiendo la clara y sólida doctrina del TS, la congruencia con la regla iura novit curia, lo que significa:

1º. Que el Derecho no ha de ser probado (salvo el Derecho que  no tiene que conocer un juez, vgr. Derecho extranjero)

2º. El Tribunal puede aplicar el Derecho que conoce, siempre que se atenga a la causa petendi.

Los límites a la actividad inquisitoria del juez se hallan en relación con el principio dispositivo y de aportación de parte que informan el proceso español. En atención a ello, debemos establecer qué se ha de entender causa petendi como límite de la regla iura novit curia.

El TC, respecto de la misma, y como límites infranqueables afirma:

en ningún supuesto el órgano judicial puede cambiar la acción ejercitada o la fundamentación  de  la oposición formulada (la cursiva es mía) por lo que cabe admitir el empleo por los Jueces y Magistrados de distinta argumentación jurídica de la utilizada por las partes para resolver sobre las pretensiones o excepciones ejercitadas en el proceso pero en absoluto variar el fundamento jurídico en virtud del cual se pide o se opone alguien a las pretensiones. Dicho en los términos de la STC 29/1999, de 8 de marzo, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión”22.

El TS a este respecto identifica de la siguiente manera la causa de pedir:

Como recuerda la Sentencia de 11 de julio de 2003 (RJ 2003, 6570) , "la doctrina de esta Sala tiene proclamado hasta el cansancio, que no se produce incongruencia por el cambio del punto de vista del Tribunal respecto al mantenido por los interesados, siempre que se observe por aquel el absoluto respeto para los hechos que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes (…) . El principio iura novit curia autoriza al juzgador, sin que ello implique incidir en incongruencia y siempre que se guarde respeto a los componentes fácticos, a emitir un juicio crítico y valorativo sobre los mismos, incluso aplicando normas no invocadas por las partes, dado que la congruencia no le impide aplicar los preceptos legales que estima más oportunos al caso controvertido (…) tal principio autoriza al Juez civil a aplicar las normas jurídicas que estime procedentes, así como modificar el fundamento jurídico en que se basan las pretensiones de las partes, (…). Por ello, siempre que se respete la causa petendi, los Tribunales pueden aportar sus propios fundamentos jurídicos, que no precisan de un ajuste exacto a los alegados por las partes, a los que no están sometidos, ya que dicho precepto les faculta para desvincularse de los mismos  (…) Sólo es posible la incongruencia por alteración de la causa petendi y no por el cambio de punto de vista jurídico (…). Lo anterior, que está proclamado de forma constante por la doctrina jurisprudencial de esta Sala, se recoge hoy en el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (..). En conclusión, si bien la alteración de la causa o razón de pedir invocada, al apartarse el Tribunal de los fundamentos fijados en los escritos básicos de las partes, constituye infracción del deber de congruencia (…) pues coloca al litigante perjudicado por el pronunciamiento judicial en una situación prohibida por el artículo 24 de la CE , dado que le priva de la posibilidad de rebatir lo que no fue objeto de alegación, la doctrina de la sustanciación que sigue esta Sala en la identificación de aquella causa (causa petendi), permite que, extraída de las alegaciones la esencia de los hechos, se apliquen las reglas da mihi factum, dabo tibi ius y iura novit curia, bien que con el límite referido de que no se altere la causa de pedir. Como recuerda la Sentencia de 8 de marzo de 2006 ( RJ 2006, 1077)  "son, en definitiva, los hechos que integran el supuesto al que la norma vincula la consecuencia jurídica los que permiten individualizar la pretensión" (la cursiva es mía).23

La doctrina, por su parte, identifica la causa petendi con el suplico de la demanda; con la acción ejercitada, sin que vinculen al Tribunal los fundamentos jurídicos que la apoyan24.

En general, como afirma Ribelles Arellano, siguiendo con ello a la práctica forense, en el fondo la misma no es otra cosa que el relato de los hechos o el soporte fáctico de la acción ejercitada25.

Si el límite al iura novit curia es la fundamentación fáctica propuesta y fijada en el proceso, es evidente que la selección de la norma de conflicto, que resulta aplicable a dichos hechos y a las pretensiones de los litigantes, no altera la causa de pedir.

Estamos, según creo, ante un supuesto de calificación jurídica y no ante una variación de la causa de pedir: las pretensiones de las partes serán resueltas por las normas que imponga el ordenamiento jurídico a través de la aplicación de la norma de conflicto.

D. El art. 12.6 Cc.: norma imperativa y principio inquisitivo. La aplicación de oficio por parte de los Tribunales de la norma de conflicto no altera la causa de pedir, pero ciertamente, ni siquiera tendríamos que formular tal interrogante.

En el proceso civil los limites al principio iura novit curia derivan de la calificación dispositiva del proceso, de manera que los mismos dejan de aplicarse cuando la materia escapa a la disposición de las partes.

En efecto, el art. 216 Lec., que regula el principio de justicia rogada, ya advierte que el principio dispositivo y de aportación de parte no juega cuando “la ley disponga otra cosa en casos especiales”, con referencia clara a aquellos procesos en los que se ventilan derechos indisponibles o subyace un interés público dominante. La referencia  del art. 216 Lec. es a los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores donde no rige el principio dispositivo y de aportación de parte, al menos, con la plenitud propia del proceso civil común.

El art. 12.6 Cc., ciertamente, no entraña ninguno de estos casos, pero sí contiene la esencia de ellos, al ser la norma de conflicto indisponible para las partes y, por lo tanto, ineficaz su renuncia, el allanamiento o la transacción, propia de los derechos indisponibles.

En razón de ello, y al contener también dicha norma un mandato a los órganos judiciales de aplicación ex officio, la misma debe ser inquirida por el tribunal: así lo impone el ordenamiento jurídico y por ello también debe ser aplicada en casación.

E. La aplicación ex officio de la norma de conflicto y la casación. Tras este periplo volvemos al punto de partida: El art. 12.6 Cc. impone a todos los Tribunales la aplicación de oficio de la norma de conflicto, sin que la misma suponga una extralimitación en los poderes del juez civil sino, muy al contrario, un deber al que de forma expresa le somete la ley.

En efecto, la finalidad del recurso de casación no es otra que la tutela de la ley positiva (infracción de la norma aplicable) y la unificación de la jurisprudencia (a través del interés casacional)26, lo que hace de la casación un recurso extraordinario que delimita tanto los motivos por los que llegar a él como el conocimiento por el órgano de casación.

Tal vez, por ello podría pensarse que el Tribunal de casación se extralimitaría en sus funciones si aplicase de oficio la norma de conflicto al no haber sido alegado como infringido por el litigante el Derecho civil en verdad aplicable.

Pues bien, según creo, la denuncia de infracción de la norma que alegue el recurrente parece que sí se producirá en todo caso cuando es otro el Derecho aplicable, puesto que la anunciada como infringida, no será objeto de aplicación a las pretensiones del recurrente al ser otro el Derecho competente para la solución del conflicto27.

Entiendo, junto con Bonet Navarro, que el órgano de casación debe controlar de oficio, aun sin que le venga impuesto por vicios o errores denunciados por el recurrente a través del motivo de casación, los supuestos calificados por la norma como de orden público y los defectos procesales que pudieron denunciarse en las instancias, sin haberse hecho, o pudieron ser estimados de oficio por los órganos jurisdiccionales anteriores, y, en consecuencia, el Tribunal de casación debe aplicar al caso el Derecho derivado de la norma de conflicto. Con ello se salvaguarda el principio de igualdad entre todos los Derechos civiles coexistentes en el territorio nacional y con ello se garantiza el ius constitutionis.

Los Tribunales aragoneses han practicado la teoría de forma correcta y la aplicación de la norma ex officio de la norma de conflicto, tanto para aplicar el Derecho civil aragonés como para no hacerlo, si no era el competente, aun cuando, en algún caso no han dado solución al caso a través del Derecho aplicable, por considerar que en el recurso de casación el Tribunal está vinculado a la resolución de los motivos formulados por el recurrente28.

En verdad, la limitación que tiene el TSJ para entrar a resolver el fondo del asunto a través de la norma de conflicto no es, según creo, la vinculación a los motivos formulados por el recurrente, sino su competencia funcional: no puede aplicar un Derecho civil que no sea el aragonés o el Derecho civil estatal, a través del sistema de fuentes. Límite éste, que entiendo no le es aplicable al TS, que sí puede conocer de todo el Derecho civil español, ya que a su conocimiento llegaran aquellos asuntos referidos a cualquier otro Derecho civil territorial español en razón de las normas de competencia: asuntos que se formulen fuera de la Comunidad Autónoma con Derecho civil propio (art. 478 Lec.)29.

En esta sentencia el recurso se funda en infracción de ley aragonesa, en concreto en la infracción del sistema de fuentes: art. 1.2 Cc.: Se aplica el Derecho supletorio estatal cuando hay norma aragonesa aplicable al caso.

No sé si en las instancias anteriores se denunció esta infracción, pero en atención a la tesis que mantengo y he argumentado en los expositivos anteriores, la denuncia de esta infracción en casación no tendría que ser considerada como una cuestión nueva, puesto que la aplicación de la norma de conflicto no es materia disponible.

El Tribunal de casación aplica perfectamente el art. 12.6 Cc., si bien en esta ocasión no lo hace de oficio, sino inducido por lo propios motivos del recurso.

De cualquier manera expresa correctamente lo que creo que todos los Tribunales aragoneses deben practicar de oficio cuando llega a su conocimiento un asunto y se alegan normas de Derecho civil estatal: comprobar de los datos alegados por las partes y probados el Derecho aplicable.

El FD 4º de la sentencia referida contiene esta filosofía:

“Los datos que resultan del proceso muestran que los efectos del matrimonio de los Srs. M.S.-L.C., aragoneses y residentes en Peralta de Calasanz, han de ser regulados por la Ley aragonesa; y no constando en autos la existencia de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico conyugal se regirá por las normas del consorcio foral, arts. 26 a 88 de la Ley 2/2003 de 12 de febrero, de las Cortes de Aragón”.

Seleccionada la norma aplicable, se comprueba la infracción del sistema de fuentes: si hay norma aragonesa, no procede la aplicación del Derecho estatal, aun cuado la solución no variase con la aplicación de la norma de uno u otro sistema.

A este respecto el FD 4º expresa lo siguiente:

“existiendo derecho propio aragonés regulador de la materia, en concreto, de los mandatos entre cónyuges y la gestión de los bienes privativos de uno de ellos por el otro -art. 61.2 de la Ley citada- resulta improcedente aplicar al caso las normas correlativas del Código civil sobre el régimen económico de la sociedad de gananciales. En consecuencia, el primer motivo del recurso ha de ser estimado, por la infracción del art. 1 de la Compilación aragonesa”30.

Esta sentencia no deja de ser curiosa, ya que a través de la infracción del sistema de fuentes del Derecho civil aragonés, y con apoyo en el mismo, el Tribunal de casación resuelve la controversia a través  del Derecho supletorio aplicable en este caso: casa la sentencia y la Sala, constituyéndose en funciones de instancia, desestima en parte la demanda.

En efecto, el recurrente alega infracción del sistema de fuentes del Derecho civil aragonés, por aplicación indebida de dos normas del Código civil, cuando dicha materia se regula a través del Derecho civil aragonés, único competente para resolver el conflicto.

Ahora bien, denunciada está infracción y acogida por el Tribunal, la Sala entra en el fondo del asunto, para solucionar un problema de propiedad y posesión.

Recordemos que el actor reivindicaba como propietario la propiedad y posesión de un camino para acceder a su finca.

En primera instancia se comprueba que él no es propietario del camino que reivindica: éste es un bien privativo de su cónyuge, como así consta en el Registro. El actor se allana a ello, pero advierte que actúa como mandatario de su esposa (pero, al parecer, no deja de atribuirse la (co)propiedad de la finca) y alega como fundamento sendas normas del Código civil incluidas en sede de gananciales. Es aquí donde se halla la infracción al sistema de fuentes aragonés: la Lrem. contiene normas precisas aplicables al mandato y representación entre cónyuges en lo que atañe a los bienes consorciales y privativos.

Con todo, en ambas instancias, no sé muy bien por qué, se estima la demanda, y al marido no propietario se le atribuye la propiedad (o copropiedad) de un bien de su esposa.

Este error queda salvado en casación, y nada se ha dicho de él en el recurso, pero entiendo que la solución al caso, es perfectamente posible puesto que el Tribunal a través del juicio subsuntivo, y para comprobar la aplicación indebida de la norma, debe atender, según señala Bonet Navarro31, a tres elementos: a) los hechos enjuiciados, b) la norma jurídica que se considera indebidamente aplicable a los hechos y la subsunción de los hechos en la norma.

Siguiendo este protocolo, y como indica Bonet Navarro, el Tribunal de casación no debe limitar su actuación al examen del precepto cuya supuesta aplicación indebida se denunció por el recurrente como acaecida, sino que debe llegar hasta el fondo del Juicio subsuntivo, escrutando aquí y allá la totalidad de los preceptos que proporcionan los elementos suficientes para poder afirmar su juicio jurisdiccional sobre el enjuiciamiento jurídico hecho por el Juez en la instancia al subsumir.

En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dice al final de su fundamento de Derecho sexto “en los términos expuesto, será estimado, procediendo a casar la sentencia recurrida”, en atención a ello, y a través de los FD 7º y 8º que transcribo, resuelve, al amparo del art. 1.2 Comp. aragonesa que ha resultado infringido, un caso de Derechos reales sujeto al Derecho supletorio estatal.

Así quedan las cosas:

SEPTIMO.- Decíamos en el fundamento de derecho segundo que el actor, junto a la pretensión que llama declarativa de propiedad, y que en las sentencias de primera y segunda instancia ha sido calificada con acierto como reivindicatoria, ejerce otra, al pretender de los órganos de la jurisdicción civil una tutela de la posesión, fundada en los artículos 430 y siguientes del Código Civil y que se concreta en el apartado cuarto de la súplica. Aunque de la lectura de la demanda parece desprenderse que todas las peticiones las deduce la parte actora del invocado hecho de ser copropietario del camino que ocupa parte de la finca número 305, de repetida cita, es lo cierto que también invoca ser poseedor de la finca, aunque se trate de posesión para otro, en los términos regulados en el artículo 432 del Código Civil, ya que habiendo reconocido en el juicio la propiedad de la esposa, como bien privativo, el demandante mantiene: a) su condición de poseedor; b) la existencia del camino de paso a fincas, que se constituyó mediante la cesión de parte de la finca citada; c) la desposesión efectuada por la actuación del demandado. Y estos extremos han quedado acreditados en la sentencia de instancia, (…) 

OCTAVO.-  En definitiva, procediendo la estimación del recurso de casación por los motivos expuestos, la Sala ha de constituirse en funciones de instancia, y así: a) procede desestimar la acción que reclama la propiedad del actor, ya que se ha acreditado no serlo, de modo que carece de legitimación activa, pues al no ser dueño del predio, no puede condenarse al demandado a que le reintegre el bien que en tal concepto reclama. Como afirman las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2002 y 30 de mayo de 2006, “la legitimación "ad causam" consiste en una posición o condición objetiva con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar”, lo que claramente no concurre en este caso, pues no siendo el propietario del predio carece de acción para reclamarlo a título de dueño; b) no puede demandar la propiedad del camino como predio diferenciado, pues del acuerdo adoptado por los entonces propietarios de los predios colindantes y el Sr. M. S., como mandatario de su cónyuge, no puede deducirse la constitución de una nueva finca, con cuatro titulares y con función de camino, sino tan sólo un derecho de paso por los predios referidos, uno de los cuales, el 305, pertenece a la mujer del actor; c) no concurriendo la legitimación necesaria para el ejercicio y prosperabilidad de la acción basada en la afirmada titularidad del bien, que como debe de decirse no existe, la situación no es la misma en relación con la petición incorporada al apartado 4 del suplico de la demanda: “Condenar al demandado a reponer el camino a su estado inicial, con apercibimiento de llevarse a cabo la obra de restitución del  mismo a su costa, si no lo efectuase de forma voluntaria”. En este caso, aun cuando el actor pide para sí y no para su esposa, son hechos acreditados que aquel participó en el acuerdo con los propietarios de las otras fincas afectadas para la construcción del camino; que tal camino ha sido utilizado –poseído- por el actor en su gestión del bien del que es titular su esposa. De su interés legitimo en poder seguir utilizando el camino tal como estaba configurado a partir de aquel acuerdo, deriva su legitimación, por lo que resulta procedente la estimación de la referida petición.

En este caso, la infracción de la norma aragonesa y la correcta aplicación del sistema de fuentes aragonés ha permitido resolver el conflicto a través del Derecho supletorio estatal de forma que de la misma ha podido conocer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es competente para resolver los recursos de casación también cuando resulte aplicable el Derecho civil estatal con base en el art. 1.2 Comp. del Derecho civil de Aragón.

Las sentencias anotadas me llevan a formular las siguientes reflexiones sobre la aplicación de oficio de la norma de conflicto, teniendo un papel relevante el art. 12.6 Cc. para salvaguardar el principio de igualdad entre los diversos Derechos civiles territoriales españoles.

Primera. El art. 12.6 Cc. contiene un mandato para los Tribunales: la aplicación de oficio de la norma de conflicto, de ello se derivan las siguientes consecuencias:

 Para los sujetos privados, resulta inderogable: no pueden sustraerse a ella.

 Para el juez, la obligación de aplicar la norma de conflicto cuando el supuesto de hecho establecido por la misma se verifique, con independencia de su alegación por las partes.

Segunda. El carácter imperativo de la norma de conflicto y la imposición de que la misma sea aplicable de oficio por lo Tribunales, conlleva, desde el punto de vista de la casación, que su aplicación no pueda ser valorada como:

Una cuestión nueva, si ante el TS o TSJ es alegada por las partes.

 Infracción procesal o incongruencia, si el Tribunal de casación aplica un Derecho distinto del aplicado en la instancia y alegado por las partes.

Tercera. La aplicación ex officio de la norma de conflicto por los Tribunales y en especial, en casación, esta amparada por la regla iura novit curia en razón de:

La norma de conflicto es una norma de calificación y determinación del Derecho aplicable y, por lo tanto, incapaz de modificar la causa petendi.

La norma de conflicto es indisponible, sobre ella no se pueda transigir ni se pueden allanar las partes.

 La norma de conflicto contiene un mandato a los órganos judiciales de aplicación ex officio, la misma debe ser inquirida por el tribunal: así lo impone el ordenamiento jurídico y por ello también debe ser aplicada en casación.

Cuarto. El art. 12.6 Cc., en su dimensión interna, juega como garante del principio de igualdad de todos los Derechos civiles territoriales españoles, a través de la aplicación ex officio por los Tribunales.

Quinto. El art. 12.6 Cc. no nació con la anterior función, pero en el sistema plurilegislativo diseñado por la Constitución española en materia civil, es evidente, que dicha norma contribuye decididamente a garantizar el principio de igualdad entre todos los Derechos civiles coexistentes en el territorio nacional, garantizando con su aplicación el ius constitutionis.

Sexto. El art. 12.6 Cc., aplicable de oficio por todos los Tribunales, presenta limitaciones en su aplicación por los Tribunales Superiores de Justicia y ello en razón de la competencia funcional de éstos cuando el Derecho civil aplicable no sea el propio de la Comunidad autónoma o el supletorio. En estos casos, y en el trámite de admisión (art. 484 Lec.), se deberán remitir los autos al TS o al Tribunal que, en su momento, sea competente, si resulta ser otro el Derecho civil territorial que designa como Derecho material competente la norma de conflicto.

Séptimo. La competencia del Tribunal Superior de Justicia para conocer de los asuntos por infracción de norma aragonesa se ventilan a través del sistema de fuentes de la Compilación, comprendiendo no sólo el Derecho civil promulgado por las Cortes aragonesas, sino también la infracción del Derecho supletorio estatal cuando entre tenga aplicación a través del art. 1.2 Comp.

Notas a pie de página numéricas:

1 En este sentido Delgado Echeverría, Jesús (2007): “Las fuentes del Derecho civil aragonés” en Manual de Derecho civil aragonés, 2ª edición, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 103; Delgado Echeverría, Jesús (1988): “Comentario al art. 1 Comp.” en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, T. I, dirigido por J.L. Lacruz Berdejo, ed. DGA, Zaragoza, págs. 193 y ss.
2 Sobre estas cuestiones puede verse mi trabajo: La aplicación supletoria del Código civil al régimen económico matrimonial aragonés”, Actas de los octavos encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. Justicia de Aragón, Zaragoza, 1999, págs. 39-130
3 El ponente en ambas sentencias es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri Salinas que, justamente y con gran corrección, afirma en relación con la casación  lo siguiente: “el recurso de casación se establece para la garantía del ordenamiento jurídico, y en función de unos determinado hechos acreditados en las instancias, para concluir si la aplicación del derecho a los hechos comprobados se ha realizado acertadamente” (cfr. FD 3º S. de 27 de febrero de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón).
4 Garcimartín Alférez, Francisco J. (1994): Sobre la norma de conflicto y su aplicación judicial. Cinco cuestiones clásicas, Madrid, Tecnos, p.18.
5 Sobre el juicio subsuntivo vid. Bonet Navarro, Ángel (1998): “Facultades del Tribunal Supremo para enjuiciar y controlar la aplicación del Derecho civil foral. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 1 de julio de 1996”, en RDP, págs. 248 a 251.
6 Además de estos apartados del art. 12 hay otros apartados que tampoco son de aplicación a la dimensión interna del Derecho internacional, como por ejemplo el nº4 referente al fraude. En relación con ello vid. Álvarez González, Santiago (2007): Estudios de Derecho interregional, ed. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, págs. Pág.62 y ss. (= “Igualdad, competencia y deslealtad en el sistema español de Derecho interregional (y en el Derecho internacional privado)”, REDI, 2001, nº 1 y 2, págs. 49-74)
7 A principios de siglo XX, Manresa y Navarro entre otros, consideraba que en las relaciones internacionales no cabe atender a fueros especiales (Cfr. Manresa y Navarro, (1930): Comentarios al Código civil, T. IX, ed. Reus, págs. 179 y 180.)
Los llamados Derechos forales, por aquel entonces, sólo tendrían relevancia entre nacionales españoles.
Es evidente que este pensamiento está hoy totalmente desfasado (ya lo estaba en 1974, tras la reforma del Título Preliminar del Cc).
Sobre estas cuestiones, Derechos civiles territoriales españoles y Derecho extranjero vid. Zabalo Escudero, Elena (1995): “Comentario al art. 16.1 Cc.”, en Comentarios al Código civil y a las Compilaciones forales, T. I, Edersa, Madrid.
8 Este es ahora el planteamiento correcto e impuesto por el bloque de la constitucionalidad, frente a la situación que describía De Castro considerando a los llamados Derechos forales privilegios y, por lo tanto, su aplicación o no dependía de la voluntad de los particulares.
En efecto, De Castro, seguido por la mayor parte de la doctrina dada su autoridad, definía el Derecho foral como “el conjunto de privilegios locales y heterogéneos que como Derecho excepcional, no derogado, se conservan en determinados territorios que tuvieron fueros o costumbres especiales”. Cfr. Castro y Bravo, Federico de (1994): Derecho civil de España (reedición), ed. Civitas, Madrid, 1994, págs. 245 y 246.
9 Sobre estas cuestiones vid. Bayod López, Carmen (1999): “El art. 149.3 CE: la supletoriedad del Código civil como Derecho estatal respecto de los Derechos civiles autonómicos. (Especial referencia a Aragón)”, RDCA,V, nº2, IFC, Zaragoza, págs. 75-125
10 Ciertamente, la igualdad entre todos los Derechos civiles territoriales coexistentes en el territorio nacional es el principio que impone la CE al establecer un sistema plurilegislativo en materia civil organizado a través del principio de competencia. Ahora bien, también por ello, y por tener el Estado español competencia exclusiva en materia de leyes de conflicto y no regular de forma expresa las relaciones internas entre el todos los Derechos civiles españoles, la regla de igualdad no siempre se cumple. Sobre estas deslealtades del sistema vid.: Álvarez González, Santiago (2007): Estudios de Derecho interregional, ed. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, págs. Pág. 50 y ss. (= “Igualdad, competencia y deslealtad en el sistema español de Derecho interregional (y en el Derecho internacional privado)”, REDI, 2001, nº 1 y 2, págs. 49-74) y Serrano García, J. Antonio (1992): “Vecindad civil, ley aplicable a los efectos del matrimonio y viudedad aragonesa en la reciente reforma del Código Civil. Su posible inconstitucionalidad”, en Estudios de Derecho civil en homenaje al prof. Dr. José Luís Lacruz Berdejo, vol. 1, ed. José María Bosch, Barcelona, págs. 763 y ss.
11 Garcimartín Alférez, Francisco J. (1994): Sobre la norma de conflicto y su aplicación judicial. Cinco cuestiones clásicas, Madrid, Tecnos, pág.83.
12 En este sentido vid. Garcimartín Alférez, Francisco J. (1994): Sobre la norma de conflicto y su aplicación judicial. Cinco cuestiones clásicas, Madrid, Tecnos, págs. 82 y ss. Vid. También Calvo Caravaca, Alfonso-Luís y Carrascosa González, Javier (2007): Derecho Internacional Privado, vol. I, 8ª edición, Granada, pág.215.
13 Sobre la posibilidad de que el Tribunal de Casación aplique el Derecho no alegado en la instancia puede consultarse Bonet Navarro, Ángel (1998): “Facultades del Tribunal Supremo para enjuiciar y controlar la aplicación del Derecho civil foral. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 1 de julio de 1996”, en RDP, pág.253.
14 Cfr. Castro y Bravo, Federico de (1994): Derecho civil de España (reedición), ed. Civitas, Madrid, 1994, págs. 246 y 247
15 La razón de ello la podemos encontrar, según explica Ormazabal Sánchez,  con cita de Coiné, en que el ius comune, identificado con el Derecho romano, era considerado como Derecho común del país, frente al ius municipale, que englobaba estatutos y costumbre municipales. Para el primero valía la máxima iura novit curia, es decir, invocada una norma de ius comune no era preciso probar su existencia o su vigencia, carga, que en cambio sí gravaba a quién alegase ante el Tribunal una costumbre o estatuto de la localidad donde tenía su sede el Tribunal. [Cfr. Ormazabal Sánchez, Guillermo (2007): Iura novit curia. La vinculación del Juez a la calificación jurídica de la demanda, Marcial Pons, pág.22]
16 Estos planteamientos creo que van superándose, pero no han faltado sentencias de hace tan sólo una década que mantienen la inercia y consideran que la aplicación de un Derecho civil español distinto del establecido en el Código civil es una cuestión de privilegio y de la que se puede prescindir.
17 El TSJ de Aragón en sentencia de 10 de marzo de 1999 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri Salinas) desestima el recurso interpuesto y considera aplicable al caso Derecho navarro (que no había sido detectado ni en la instancia ni en la Apelación), pero no lo aplica.
Se rechaza la aplicación del Derecho navarro en base a lo siguiente “partiendo de tales hechos, esta Sala concluye que el régimen económico del matrimonial de los litigantes era el de la sociedad conyugal de conquistas, regulado en la ley 82 y siguientes del Fuero Nuevo de Navarra. Dichas normas podían haber sido aplicadas por el Juez y el Tribunal de primera y segunda instancia, respectivamente, conforme al principio da mihi factum dabo tibi ius.
Sin embargo, no resulta posible adoptar igual solución en el recurso de casación,
en el que el Tribunal está vinculado a la resolución de los motivos formulados por la parte recurrente, para concluir si ha habido o no la infracción del ordenamiento jurídico denunciada (el subrayado es mío). Pues bien, en el motivo que estamos examinando la recurrente plantea infracción de los arts. 1327 Cc. y 47.1 Comp. (...) Y es evidente que, siendo (sic) de aplicación al caso los preceptos cuya infracción se denuncia, por no regirse su matrimonio por el Derecho civil de Aragón, el motivo del recurso necesariamente ha de decaer”.
El TSJ sí puede (debe) aplicar de oficio la norma de conflicto, si bien en este caso el TSJ de Aragón no podía aplicar Derecho navarro, al carecer de competencia funcional para ello. A lo que creo, quizás a través del trámite de admisión debería haberse declarado incompetente y haber remitido los autos al TS.
18 Bonet Navarro, Ángel (1997): “La casación foral”, Séptimos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, pág. 84.
19 En este sentido vid. Ormazabal, Sánchez, Guillermo (2007): Iura novit curia. La vinculación del juez a la calificación jurídica de la demanda, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, pág. 94.
20 Sobre el art. 218 Lec: Ribelles Arellano, José María (2000): “Comentario al art. 218 Lec.” en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, artículos 1 al 280, coordinadores Miguel-Ángel Fernández Ballesteros, José María Rifá Soler y José Francisco Valls Gombáu, ed. Iurgium- Atelier, págs. 829 a 845. De la Oliva Santos, Andrés (2001): “Comentario al art. 218 Lec.” en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, coordinados por Andrés de la Oliva Santos, Ignacio Díez-Picazo Giménez, Jaime Vegas Torres y Julio Banacloche Palao, ed. Civitas, Madrid, págs. 384 a 388.
21 De la Oliva Santos, Andrés, (2001): “Comentario al art. 218 Lec.” en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento civil, coordinados por Andrés de la Oliva Santos, Ignacio Díez-Picazo Giménez, Jaime Vegas Torres y Julio Banacloche Palao, ed. Civitas, Madrid, pág. 386.
22 Cfr. STC 56/2007 de 12 marzo.
23 Cfr. STS de 5 de diciembre de 2007 (RJ 2007 8904). En el caso se denuncia vicio de incongruencia puesto que el actor funda su demanda en los art. 1.902 y 1.903 Cc., resolviendo el Tribunal de Apelación a través de la aplicación al caso de la LGDCU; la solución al caso a través de otra norma no supone un vicio de incongruencia, sino que está amparado por el principio iura novit curia.
24 Fernández Urzainqui, Francisco Javier (2000): “Comentario al art. 216 Lec.” en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, artículos 1 al 280, coordinadores Miguel-Ángel Fernández Ballesteros, José María Rifá Soler y José Francisco Valls Gombáu, ed. Iurgium-Atelier, págs. 813 a 820;
25 Ribelles Arellano, José María (2000): “Comentario al art. 218 Lec.” en Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento civil, artículo 1 al 280, coordinarores: Miguel-Ángel Fernández Ballesteros, José María Rifá Soler y José Francisco Valls Gombáu, ed. Iurgium-Atelier, pág. 840.; en el mismo sentido Ormazabal, Sánchez, Guillermo (2007): Iura novit curia. La vinculación del juez a la calificación jurídica de la demanda, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, págs. 84 a 92.
26 Sobre estas cuestiones López Sánchez, Javier (2004): Los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, Thomson-Aranzadi, Pamplona, págs. 111 y ss.
27 Hablando con mi maestro, al revisar este trabajo, me planteó lo siguiente: Carmen, si la parte recurrente (un viudo) solicita la legítima conforme al Código civil y resulta aplicable el Derecho civil aragonés; ¿en casación, por ser ese el Derecho aplicable, habría que concederle viudedad foral? Como se ve es una buena pregunta, sólo para discurrir y desvestida de antecedentes.
Entiendo, que la aplicación de oficio de la norma de la norma de conflicto implica, como poco, desestimar la pretensión de legítima, que sí le correspondería conforme al Derecho del Código civil en mayor o menor medida; acaso, y según fueran las cosas, tal vez (o tal vez no) hasta podríamos llegar hasta la concesión de viudedad, si consideramos que la remisión al Derecho material (que es lo que formula el 12.6 Cc.) escapa a la previsiones del art. 216 Lec.
28 Cfr. S. TSJ de Aragón de 10 de marzo de 1999 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Zubiri Salinas), desestima el recurso interpuesto, y considera aplicable al caso Derecho navarro (que no había sido detectado en la instancia ni en Apelación), pero no lo aplica. Me remito a lo dicho en este punto en la nota 17.
29 El art. 478 atribuye a la Sala Primera del Tribunal Supremo competencia para conocer del recurso de casación; añadiendo, “No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde , exclusivamente, o junto con otros motivos, en infracción de normas del Derecho civil foral o especial propio de la Comunidad , y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución”.
30 La S. de 27 de febrero de 2006 del TSJ de Aragón, afirma, igualmente la inaplicación del Código civil cuando hay norma aragonesa: “la aplicación de los preceptos del Código civil que se citan en el recurso, especialmente los artículos 1354 y 1357, no resulta posible al caso, al existir norma aragonesa reguladora de la cuestión, y no haber laguna en el ordenamiento jurídico propio de la Comunidad autónoma y no ser preciso, por tanto, acudir al derecho común como derecho supletorio” (FD 8º).
31 Así lo expresa Bonet Navarro (1997), en “La casación foral”, en Séptimos Encuentros de Foro de Derecho aragonés, ed. El Justicia de Aragón, Zaragoza, págs.85 y ss.

Para citar este artículo :

Carmen Bayod López. «La aplicación indebida del Código civil como fundamento del recurso de casación en Aragón: Infracción de las normas del Derecho civil aragonés y aplicación del Derecho supletorio para la solución del conflicto.», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=439
organismo : Universidad de Zaragoza

función : Prof. Titular de Derecho civil