núm. 5 (2008)

Tipo de documento: Artículo

Obligación legal de alimentos respecto de los hijos mayores de edad

Análisis del artículo 66 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona1

Mª Ángeles Callizo López

 

En nuestra sociedad actual se constata un incremento de las obligaciones de los padres respecto de los hijos mayores de edad, dado que el mero hecho objetivo de alcanzar la mayoría de edad no es garantía de una independencia económica de los mismos, pues siguen inmersos en sus estudios - realización de una carrera universitaria, master, preparación de oposiciones, y demás cursos de formación complementaria- orientados a su capacitación profesional, y viviendo “con” o “ de” los progenitores, produciéndose así una desconexión entre la mayoría de edad civil y aquella en que obtienen lo que se ha denominado por la doctrina y jurisprudencia “mayoría económica”.

La cuestión  planteada no suele, por regla general, suscitar problemas en los supuestos en que existe una situación de normalidad familiar, ya que los padres sin solución de continuidad prosiguen satisfaciendo, voluntariamente, las necesidades de sus descendientes, cumpliendo así un deber moral o de conciencia, no sólo en los casos de convivencia familiar, sino incluso cuando aquéllos salen del domicilio familiar o vivienda habitual de la familia (esta última es la expresión utilizada por el legislador aragonés), por ejemplo: traslado a otra ciudad para completar su formación. Por el contrario, en las situaciones de crisis conyugal  o de cese de la convivencia, en el supuesto de parejas estables no casadas, de los progenitores    las reclamaciones judiciales, en orden a la reducción o extinción de la pensión alimenticia establecida a favor de los descendientes en los procesos matrimoniales o de relaciones paterno-filiales, se producen frecuentemente a partir del momento en que los hijos comunes alcanzan la mayoría de edad civil, a instancia del  progenitor alimentante.

En el ámbito del Derecho Civil Estatal esta realidad social se ha plasmado en la  Ley 11/1990, de 15 de octubre, de Reforma del Código Civil que añadió al artículo 93 un segundo párrafo, habilitando la posibilidad dentro de los procedimientos judiciales de nulidad matrimonial, separación legal y disolución del matrimonio por causa de divorcio, y por analogía dentro de los procesos paterno-filiales,  la fijación de alimentos no sólo a favor de los hijos menores de edad, sino también a favor de los hijos mayores de edad o emancipados que convivieran en el domicilio familiar y carecieran de ingresos propios, regulándose éstos por lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, es decir, para los alimentos a favor de los hijos mayores de edad o emancipados el Código Civil hace una remisión en bloque a lo dispuesto en el Título VI del Libro I del citado cuerpo legal, relativo a los alimentos entre parientes. Con esta reforma  el legislador no sólo garantiza los alimentos de los hijos mayores de edad pero económicamente dependientes, sino que además permite al Juez, -siempre que medie petición expresa pues estamos en presencia de un derecho rogado, no admitiéndose la posibilidad de que el Juez de oficio fije la cuantía de la deuda alimentaria- que conoce del proceso matrimonial de los progenitores o de relaciones paterno-filiales  resolver sobre los alimentos de los hijos mayores de edad, sin obligar a éstos a iniciar un litigio independiente en reclamación  de tales alimentos a sus progenitores, como ocurría antes de la reforma legislativa.  

 

En el ámbito autonómico, el Legislador Aragonés ha abordado esta materia en la reciente Ley 13/2006, de 27 de diciembre, De derecho de la Persona, introduciendo el artículo 66 referido a los “Gastos de los hijos mayores o emancipados”, dentro del Capítulo II titulado del  “Deber de crianza y autoridad familiar” del Título II dedicado a las “Relaciones entre ascendientes y descendientes”, cuyo primer párrafo establece una regla general consistente  en mantener el deber de los padres  de costear los gastos de los hijos si al llegar a la mayoría de edad o emancipación carecieren de recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación y no hubieren completado su formación profesional para conseguirla, si bien sólo en la medida en que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete. Y el párrafo segundo del citado artículo  limita a una edad máxima esa regla general, edad que concreta en los 26 años, al disponer que alcanzada dicha edad se extinguirá dicho deber, salvo que convencional o judicialmente se hubiera fijado una edad distinta, y sin perjuicio del  derecho del hijo a reclamar alimentos en caso de necesidad.

Este segundo párrafo constituye una auténtica novedad en el marco del Derecho Civil español, por cuanto ni en el Código Civil, ni en los diferentes derechos civiles, forales o especiales, se contenía, hasta la fecha,  norma expresa  relativa a esta materia.

   

El objetivo de esta trabajo consiste en intentar delimitar las cuestiones que la implantación ex novo del citado precepto en la normativa civil aragonesa puede suscitar o está suscitando en la práctica judicial, principalmente como consecuencia de la fijación de un límite máximo de edad a los jóvenes aragoneses, que se cifra en los veintiséis años, a partir del cual  se extingue la obligación legal  de los progenitores de sufragar los gastos de sus descendientes y, en particular, las siguientes: diferencias existentes con  la normativa reguladora de las pensiones alimenticias establecidas judicialmente en los procesos matrimoniales de separación, nulidad y disolución del matrimonio por causa de divorcio, y por analogía con las establecidas en los procesos paterno-filiales, en particular con el artículo 93.2 del Código Civil y con la relativa a las causas de extinción de la pensión alimenticia previstas en los artículos 150 y 152.3ª y 5ª del Código Civil, así como el  cauce procesal adecuado para hacer valer dicha extinción. Ello hace preciso iniciar la exposición con un análisis de la tramitación parlamentaria de la Ley de Derecho de la Persona y de las Actas de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, referidas al artículo 66, seguido de la regulación de la obligación legal de alimentos.

Respecto de la tramitación parlamentaria de la LDP, en el Proyecto de Ley publicado en el  BOCA núm. 212, de 2 de mayo de 2006, cuyo texto coincide con el correspondiente Anteproyecto, que la Comisión Aragonesa de Derecho Civil elevó al Gobierno el 4 de abril del mismo año,  la Exposición de Motivos, y a propósito del artículo 66, cuya redacción no ha sido objeto de variación alguna, es del siguiente tenor literal:  “ En cuanto al deber de los padres de sufragar los gastos de enseñanza  y educación de los hijos se aclara  que se mantienen cuando alcanza el hijo la mayoría de edad, aunque valorado de distinto modo que en situación de minoría de edad y con término de extinción, salvo que judicial o convencionalmente se hubiera fijado una edad distinta, al cumplir el hijo los 26 años, más allá del cual subsistirá, naturalmente, el derecho de alimentos en caso de necesidad”.

Se presentaron enmiendas parciales al citado Proyecto, publicadas en el BOCA núm. 239, y  en concreto al artículo 66 la Enmienda núm. 32  por la Agrupación Parlamentaria  Izquierda Unida de Aragón y Grupo Parlamentario Mixto.  La citada enmienda pretendía sustituir  en el artículo 66.1º la expresión “crianza y educación” por la de “alimentos”, con la motivación de considerarlo más conveniente. En el informe emitido por la Ponencia  designada en la Comisión Institucional sobre el Proyecto de Ley  de Derecho de la Persona publicado en el BOCA núm. 277, la citada enmienda se retira.

En lo referente al contenido de las Actas de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil que debatieron la  correspondiente ponencia, resulta relevante reseñar, por la importancia que  para el operador jurídico representa, el contenido del debate que llevaría al texto final del actual artículo 66. En concreto, el Acta número 189, de 19 de enero de 2005 y el Acta número  190, de 26 de enero de 2005. En el Acta número 189 consta que la inicial propuesta de redacción del artículo fue la siguiente:

 “Artículo 64.  Gastos de los hijos mayores o emancipados.

1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de sustento y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos pero sólo en la medida en que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete.

 2. La dirección de la vida familiar corresponde a los padres y, aunque el hijo no viva con ellos, se mantiene el deber de contribución de éste en la forma prevista en el artículo 10”.

El citado artículo fue objeto de dos enmiendas una formulada por Don Alfonso Calatayud Sierra referida al párrafo 2º “para separar el tema de dirección de la vida de la familia con la contribución de los hijos que no convivan, que debería matizarse”, y otra formulada por Don David Arbués Aísa de adición de un nuevo párrafo “2.- Cumplidos por el hijo los 26 años, si no se ha fijado otra edad por el Juez, se extinguirá el deber de costearlos. Antes de su extinción, podrá el hijo solicitar su prórroga, acreditando los motivos en que base su petición”. Y, finalmente por Don José García Almazor se propuso sustituir  la palabra “sustento”  por la de “crianza” por entender que  “la crianza no es exclusiva de la minoría de edad y el término sustento es más restrictivo que el de crianza”.

Se procede a transcribir parcialmente el contenido del debate en relación con la enmienda presentada por Don David Arbués Aísa : “En el número primero está la regla general, pero en la adición propuesta se pretende limitar a una edad máxima ese criterio general. La obligación podrá cesar antes si concurren los supuestos del artículo primero, pero alcanzada la edad de 26 años será el hijo quien deba solicitar la prórroga. Con ello se pretende eliminar la inercia en la duración de las pensiones alimentarias a favor de los hijos, que si bien tienen su derecho a alimentos, en no pocas ocasiones, ya por inercia, ya por abuso, se extiende a edades y circunstancias difícilmente entendibles. Las solicitudes de modificación y extinción de pensiones alimentarias tiene una respuesta desigual, se propone una norma que obligue a determinar una edad en la resolución, o una edad general, a partir de la que el hijo deba obtener, acreditando los motivos, la prórroga de la pensión. Se concede la legitimación activa al hijo, sin hacer referencia a la convivencia o no en el domicilio familiar. Será el hijo quien deba acreditar la necesidad de los alimentos, invirtiendo la carga de la prueba con la práctica habitual de los tribunales en donde es el obligado al pago de la pensión quien ha de acreditar la modificación de las circunstancias. Cuando se solicita por el hijo mayor de edad  apreciamos un mayor examen de la necesidad. Al preparar la enmienda ésta se refería a supuestos en que se haya fijado previamente una pensión por el Juez, por ser los más frecuentes, la referencia exclusiva  a las pensiones fijadas judicialmente  deja fuera otros supuestos que, aun escasos en la práctica, deben tener acogida en el precepto, y en concreto los supuestos de convivencia ordinaria con el padre y con la madre. Se reconduce la cuestión y se plantea la opción de una regulación amplia, para todo supuesto, o sólo para los supuestos en que previamente se haya fijado una pensión. Es mayoritaria la opinión de regularlo ampliamente para todos los supuestos. No se considera necesaria la mención a la solicitud de prórroga, pero D. David Arbués Aísa hace notar la conveniencia de conceder la legitimación activa al hijo que es quien debe pedir y quien debe ostentar la pretensión ante el Tribunal, evitando las consecuencias del actual  93.2 del Código Civil”.

Uno de los deberes ineludibles de la relación paternofilial es el deber de asistencia. Por imperativo constitucional los padres tienen el “deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda” (artículo 39.3 de la CE). La norma constitucional  distingue entre la asistencia debida a los hijos “durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.

El fundamento de la obligación alimenticia respecto a los hijos menores de edad no emancipados presenta unas características peculiares que la distinguen de las restantes deudas alimentarias legales para con los parientes e incluso de los hijos mayores de edad, como ya pusieron de relieve las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 5 de octubre de 1993 [RJ 1993,7464] y la de  16 de julio de 2002.2

           

En el Derecho Civil Aragonés el artículo 55 de la Ley de Derecho de la Persona sienta un principio general, conforme al cual padres e hijos se deben mutuamente respeto, ayuda y asistencia durante toda su vida; el deber de asistencia recíproca, comprende la obligación de prestar alimentos y la de contribuir equitativamente, durante la vida en común, de acuerdo con sus posibilidades, a la satisfacción de las necesidades familiares.  Respecto de los menores no emancipados sujetos a autoridad familiar  - que no es, conceptualmente, el equivalente  de la institución de la patria potestad, sino una función atribuida a los padres como instrumento necesario para cumplir de forma adecuada su deber de crianza y educación-3, el deber de alimentos es unilateral  tal y como  establece  el artículo 62.1 b) de la citada ley.

Respecto de los alimentos legales de los hijos mayores de edad o emancipados, la  propia realidad social, conforme a la cual se han de interpretar las normas jurídicas, demuestra que los hijos, aún adquirida la mayoría de edad, continúan bajo la dependencia económica de los padres, fundamentalmente por dos motivos: primero, porque normalmente la formación académica de un menor, que constituye un elemento imprescindible para acceder a un puesto de trabajo de cierta cualificación,  termina aproximadamente entre los veintidós y veinticuatro años, y segundo, por la especial dificultad  que supone en la actualidad el acceso al mercado laboral, a un puesto de trabajo estable y adecuado, con el objeto de obtener unos ingresos que le permiten llevar una vida independiente de sus progenitores. Estas razones justifican que la obligación alimenticia de los padres respecto a sus hijos no cese automáticamente cuando éstos alcanzan la mayoría de edad o la emancipación ( también a partir de los 14 años y no de los 16, como en el sistema del Código Civil cabe la emancipación en el Derecho Aragonés), sin embargo el régimen jurídico es distinto al de los alimentos de los hijos menores de edad no emancipados, dado que ya no se trata de un derecho de carácter incondicional e ilimitado temporalmente en cualquier hipótesis, encontrándose su fundamento  en el vínculo de solidaridad y la comunidad de intereses que existe entre los miembros del grupo familiar.4

El derecho de alimentos en la forma y manera que ha sido configurado y del que son titulares, entre otros, los hijos mayores de edad es un derecho irrenunciable, si bien pueden ser renunciadas las pensiones alimenticias devengadas y no satisfechas por el obligado al pago. Es un derecho intransmisible e imprescriptible, lo que no obsta a que según prescribe el artículo 1.966 del Código Civil la acción para exigir el pago de las pensiones alimenticias devengadas y no satisfechas prescriba por el transcurso de cinco años. Debiendo finalmente señalarse que es un derecho que no puede transigirse, conforme a lo prevenido en el artículo 1.814 del Código Civil.

La obligación alimenticia de los padres respecto de los hijos tiene un contenido amplio que abarca todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como la educación e instrucción del alimentista, según se desprende  de la remisión al artículo 142 del Código Civil que con carácter general se hace en el párrafo segundo del artículo 93 del Código Civil, si bien de acuerdo con la limitación prevista en el párrafo segundo del artículo 142 el derecho de alimentos sólo durará  mientras se mantenga la situación de necesidad o no haya  terminado la formación del hijo por causa que no le sea imputable.5

La determinación de lo que se considera “indispensable” se realizará ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso, ya que el cumplimiento de la obligación, así como su nacimiento se rige por el principio de proporcionalidad  establecido en el artículo 146 del Código Civil. La cuantía de los alimentos tiene que ser proporcionada al caudal y medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, normativa que no plantea ningún problema teórico de interpretación y alcance, solamente una cuestión de hecho consistente en determinar de una manera efectiva y real esa proporcionalidad con los medios de uno y las necesidades del otro.

La obligación de prestar alimentos cuando sean varios está configurada en el Código Civil como mancomunada y divisible, pues el artículo 145 del citado texto legal determina que, cuando recaiga sobre dos o más personas esta obligación se repartirá entre ellos, pero no por partes iguales, sino en cantidad proporcional a sus caudales respectivos. No es,  por tanto, una deuda de carácter solidario, al no tener expresamente reconocida esta naturaleza, y ser principio general el de no presumirse tal condición. Este carácter no solidario se ve reforzado con el contenido del párrafo 2º del artículo 145 citado, según el cual no se permite entender que el alimentista pueda dirigirse, en todo caso, contra cualquiera de los obligados para exigirle el pago de la pensión. La inmediata consecuencia de la citada previsión legal no es otra que de ordinario sea necesario demandar  a todos y a cada uno de los alimentantes obligados, y cada uno de ellos sólo pagará la parte proporcional que le corresponda.

  

En la ley de Derecho de la Persona  la utilización del vocablo  “alimentos” se recoge únicamente en el artículo 55.2 cuando dispone que “el deber de asistencia comprende el deber de prestar de alimentos”, en el resto del articulado del Título II utiliza el término ”crianza y educación de los hijos”, que conforme preceptúa el artículo 62 comprende, entre otros, los siguientes deberes:  proveer a su sustento, habitación, vestido y asistencia medica, de acuerdo con sus posibilidades, así como  educarlos y procurarles una formación integral.

La cuestión procesal relativa a la determinación de quién ostenta legitimación, tanto activa, para reclamar alimentos a favor del hijo mayor de edad, como  pasiva, para soportar una demanda exigiendo su supresión o reducción, en el seno de un procedimiento matrimonial, si el hijo mayor de edad o el progenitor en cuya compañía convive, no fue resuelta por la citada reforma operada en virtud de la Ley 11 /1990, ni por la posterior Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero. La primera cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de abril de 2000 resolviendo un recurso extraordinario de casación en interés de ley interpuesto por el Ministerio Fiscal contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid de 5 de julio de 1996 que desestimó la reclamación de alimentos formulada por la madre respecto de dos hijos mayores de edad carentes de recursos propios y que con ella convivían, en procedimiento seguido sobre separación matrimonial, al estimar la Audiencia que dicho progenitor carecía de legitimación para ejercitar esa pretensión. El Tribunal Supremo6 considera indudable la legitimación del progenitor con el cual conviven hijos mayores y carentes de independencia económica para demandar del otro progenitor la contribución de éste a los alimentos de aquellos hijos en los procesos matrimoniales entre los progenitores comunes, sin intervención alguna de los hijos mayores.

 La ulterior Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2000 extiende la expresada doctrina a las parejas de hecho, acudiendo al mecanismo de la analogía.

En esta línea  la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, número 505,  de 6 de septiembre de 2002, que cita la de 7 de noviembre de 2001, señala que “El progenitor que de facto está asumiendo la carga familiar que representan los hijos mayores – en la situación determinada- tiene un derecho propio a exigir del otro la contribución que le corresponda en ese régimen de corresponsabilidad impuesto en el artículo 93 del Código Civil. Actúa “iure pro pio”, si bien en interés de los hijos, y en esa calidad o condición recibirá la pensión alimenticia que administrará como mantenedora del hogar familiar  en cuyo seno permanecen los hijos mayores. En este sentido son equiparables   los alimentos que se señalan para los menores que los que fijan para los mayores a cargo. Si la reclamación para los primeros no se hace separadamente en el proceso por alimentos sino como derecho a exigir del otro progenitor su aportación o contribución a una obligación directamente derivada de la patria potestad, la reclamación para los segundos debe seguir el mismo régimen procesal conforme a la razón finalística  a que obedece el precepto. El progenitor a cargo ejercita una acción en interés propio, pero en beneficio de los hijos, no actúa como gestor de negocios ajenos, ni precisa autorización o apoderamiento, de hecho subyacente por la circunstancia de la permanencia voluntaria del hijo mayor en el hogar familiar.”

 

Respecto de la segunda cuestión, la postura mayoritaria es entender que si el artículo 93 del Código Civil  legitima al cónyuge con quien conviven los hijos mayores dependientes para reclamar dichas pensiones al otro progenitor, dicha legitimación ha de extenderse a todas las pretensiones que se refieran a ella y, entre éstas, a la modificación o supresión por alteración de circunstancias que se ejercitasen al amparo del artículo 91 del Código Civil, sin perjuicio, claro está, de que puedan comparecer en calidad de testigos. Así lo señalan las  SSAP de Zaragoza, Sección 4ª,  núm. 429/2002,  de 1 de julio y  núm. 350/2000, de 19 de mayo al decir que  ”son plenamente asumibles los argumentos que se contienen en la sentencia de primera instancia para rechazar la alegación de falta de litisconsorcio pasivo necesario invocado por la demandada en su escrito de contestación a la demanda, pues tras la modificación del artículo 93 CC por la Ley 11/1990, de 15 de octubre, no puede negarse plena y exclusiva legitimación a la esposa en toda cuanta discusión se plantee sobre las medidas adoptadas en la sentencia matrimonial, con independencia de la edad de la prole, siendo doctrina pacífica que en los litigios matrimoniales no caben más partes que los cónyuges que integran el matrimonio en crisis. Así lo han venido sosteniendo las resoluciones de los Tribunales, las que son muestra las SSAP de Ciudad Real sec. 1ª, núm. 343/1997, de 26-11, la de la AP de Vizcaya sec. 2ª, de 6-2-1995 o las Palmas, nº 380/1999, de 30 de junio, las cuales consideran que el proceso matrimonial tiene como partes necesarias y excluyentes a los cónyuges, a salvo la especialidad de la intervención del Fiscal en los casos en que es perceptiva. No hay, por tanto, posibilidad jurídicamente admisible de que el mismo existan otros litigantes, aunque a pesar de que su posición jurídica pueda verse afectada, y ello porque esa afectación nunca es directa sino derivada o refleja, de modo que no quedan comprometidos directa y definitivamente sus derechos por la decisión que se adopte. Así ocurre en el caso de los hijos mayores de edad, en atención a los cuales se adoptará la contribución económica que se discute en posterior proceso, pues no se constituyen éstos en titulares directos de la pensión alimenticia, para lo cual siempre tienen abierta la posibilidad de instar el correspondiente proceso, sumario u ordinario, de alimentos, sino que en el ámbito del proceso matrimonial se contempla la posición del cónyuge en cuya compañía quedan para definir a favor de éste un derecho a obtener lo correspondiente para atender las necesidades de aquellos. Por eso es este cónyuge el único legitimado tanto procesal como materialmente, por cuanto a él solo debe efectuarse el pago y administrar en atención al fin para el que la pensión se establece los fondos correspondientes”  7.

En el mismo sentido se pronuncia la AP de Asturias, sec. 7ª, en  sentencia de 30 de marzo de 2002 al señalar que  “El artículo 93.2 del Código Civil al permitir fijar en las resoluciones de los procesos matrimoniales los alimentos de su artículo 142 a favor de los hijos mayores de edad o emancipados que convivieren en el domicilio familiar, es un precepto que obedece a evidentes razones de economía procesal. En efecto, lo que la ley contempla es una situación usual en la vida cotidiana en la que se mantiene la convivencia familiar de los hijos mayores de edad o emancipados con el cónyuge preceptor de la pensión, que destina su importe junto con otros posibles ingresos a la satisfacción de las necesidades comunes de la familia, por lo que, a falta de prueba en contrario de circunstancias excepcionales, debe entenderse que dicho cónyuge actúa en el proceso en su propio interés y en el de esos hijos, satisfaciéndose así el principio de oportunidad de defensa respecto de éstos, tanto si se trata de señala los alimentos como de modificarlos o extinguirlos”.  

 La razón fundamental de esta tesis se encuentra en que los hijos siempre tendrán vía libre para ejercitar su derecho de alimentos en el procedimiento independiente y autónomo.  

La legitimación activa la ostenta el hijo mayor de edad y la legitimación pasiva ambos progenitores y ello  a través del procedimiento autónomo e independiente del juicio verbal de alimentos, establecido en el artículo 250. 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 8

Dicha reclamación judicial instada por el  hijo mayor de edad, en su propio nombre, al gozar de plena capacidad jurídica y de obrar, podrá plantearse en diversos supuestos, entre otros señalar, aquellos en que surgen discrepancias entre el hijo mayor de edad y el progenitor con el que convive, al pretender aquél la fijación de unos alimentos en mayor cuantía que la reclamada en el litigio matrimonial,  o  supuestos de abandono voluntario del  hijo del domicilio familiar  para vivir independientemente,  o traslado a otra localidad para continuar su formación profesional.

Es claro que el propósito del legislador aragonés ha sido el designio razonable de impedir que el sólo cumplimiento de la mayoría de edad o emancipación pusiera fin a la obligación de los progenitores de costar los gastos de los hijos, quedando así truncada la trayectoria de quienes se encuentran completando su formación, con el propósito de incorporarse al mercado de trabajo y atender por sí mismos  a sus propias necesidades de índole económica. Es obvio, que cuando aun cumplida la mayoría de edad no ha sido posible todavía completar estudios de carácter universitario o de otra naturaleza más o menos semejante, en tanto se orientan a la capacitación profesional, las obligaciones del alimentante permanecen. Por esta razón el mantenimiento de la obligación de índole económica impuesta legalmente a los padres, en  el párrafo 1º del artículo que comento,  requiere la concurrencia de dos requisitos, a saber, carecer los hijos de recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación y no haber completado su formación profesional.

Sin embargo, en el límite opuesto es evidente que el período de formación no puede perpetuarse en el tiempo de manera indefinida y sin exigencia alguna de aprovechamiento respecto del alimentista, quien cumplida la mayoría de edad o la emancipación ha de mantener un comportamiento activo y diligente  en la consecución de aquellos fines formativos, por ello el citado deber  de los padres  está sujeto a dos condicionantes, es decir, sólo se mantendrá o permanecerá  aquél cuando sea razonable exigirles aún su cumplimiento  y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete.

Ciertamente se trata de una cuestión valorativa, no siempre sencilla, que obliga a valorar las circunstancias concurrentes en el caso concreto, en la que no puede exigirse al alimentista una actitud o comportamiento ejemplar en la dedicación formativa, ni fomentarse tampoco  la desidia o la manifiesta falta de aprovechamiento, pero sí un rendimiento y aprovechamiento óptimo en el desarrollo de su formación.

De otro lado, deberá ponderarse la capacidad socioeconómica de los progenitores en orden a valorar si disponen de los recursos económicos apropiados para subvenir a los gastos  que la opción del hijo de continuar con los estudios u orientarse en la vida profesional conlleva y no acceder, por el momento, a realizar un trabajo remunerado, de forma que si la capacidad económica es escasa no se puede hacer cargar a los progenitores con aquella decisión.

El  citado artículo debe ponerse en relación con los artículos 93.2 del Código Civil ubicado en el Capítulo IX que lleva por rúbrica de los “Efectos comunes a la Nulidad, Separación y Divorcio” del Título IV del Libro I y con los artículos 142 y siguientes del mismo cuerpo legal ubicados en el Título VI del Libro I que lleva por rúbrica “De los Alimentos entre Parientes”.

El primero de los artículos citados permite fijar alimentos a favor de los hijos mayores de edad o emancipados dentro de los procesos matrimoniales de nulidad, separación y disolución del matrimonio por causa de divorcio y en los procesos de relaciones paterno-filiales, pero condiciona la adopción de la medida al hecho de que los hijos han de residir  en el domicilio  familiar y carecer de independencia económica y, además la remisión que efectúa al artículo 142 y siguientes del Código Civil implica otros requisitos concurrentes, y entre ellos que el alimentista no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Si faltaren estos requisitos los alimentos quedarían fuera del proceso matrimonial o de relaciones paterno-filiales, pudiendo el interesado solicitarlos a través del procedimiento correspondiente. Ello constituye sin duda una excepción al régimen general de alimentos entre parientes, puesto que está condicionando la fijación e incluso el mantenimiento de la pensión alimenticia a un requisito que no figura en los artículos 142 y ss. del Código Civil: la convivencia con un progenitor.  Requisito éste no exigido en el precepto aragonés, cuyo contenido es más amplio,  abarcando así  todos los supuestos, ya vivan  los hijos mayores de edad o emancipados “con” o “de”  los progenitores y con independencia de que se hubiera fijado en un previo proceso matrimonial o de relaciones paterno-filiales una pensión de alimentos a su favor y a cargo de aquellos o se trate de situaciones  de normalidad familiar y la satisfacción de las necesidades se realice dentro de la convivencia familiar.

  

La obligación legal de alimentos se extingue por imperativo del párrafo 2º del artículo 66 de la LDP al alcanzar el hijo la edad de 26 años. El fijar como  límite a la pensión de alimentos paternos una edad concreta, inspirado en el Código Civil Argentino, constituye una importante novedad y puede servir de estímulo, acicate o seria advertencia al alimentista para obtener medios de vida propios, para alcanzar su independencia económica  antes de cumplir la citada edad.

Si nos atenemos al período normal de tiempo de los cursos universitarios precisos para la obtención de un título académico, al que es lógico conceder un margen añadido para la posible concreta adquisición de un puesto de trabajo relacionado con los estudios llevados a cabo, dicha edad se considera ajustada a las exigencias de la sociedad actual. Pues no debe olvidarse que la pensión de alimentos no es vitalicia, no puede tener un carácter ilimitado en el tiempo o incondicional, no se configura como un medio de obtención de rentas de carácter liberatorio que releve al perceptor de procurar su propio sustento como obligación primordial de carácter primigenio, ya que ello iría en contra de la filosofía inspiradora de toda la normativa de los alimentos, pues el número 5 del artículo 152 del Código Civil establece como causa de cese de la obligación la circunstancia de que la necesidad provenga de su mala conducta o falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa. Y, lógicamente la falta de diligencia laboral es asimilable a la desidia en la dedicación a los estudios necesarios para acceder a tal mercado laboral cualificado.

La obligación alimenticia de los progenitores se extingue al cumplir los hijos la edad de 26 años, sin sujeción a requisito alguno, sin embargo el citado precepto deja abierta la posibilidad de que aquella obligación se prolongue en el tiempo en virtud de pacto  o por decisión judicial, y sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos a través del adecuado cauce procesal, es decir, el juicio verbal de alimentos previsto en el artículo 250. 8  de la Ley de Enjuiciamiento Civil.   Claro está que si el hijo adquiere la independencia económica antes de alcanzar dicha edad, que se configura como un límite máximo, por haber obtenido un empleo  de carácter fijo es más que evidente la cesación de la pensión.9

El cauce procesal en el que ha de hacerse valer la pretensión extintiva de la obligación alimenticia por parte del progenitor obligado al pago por razón de haber alcanzado el hijo la edad de 26 años es una cuestión compleja, para cuya resolución considero que deben aplicarse “mutandis mutandis” las soluciones doctrinales y jurisprudenciales  respecto de la misma pretensión pero en base a la concurrencia de la causa extintiva de haber alcanzado el hijo la independencia económica  y que son las siguientes:

1.-  Si la cuestión es pacífica entre los progenitores, si ambos están conformes con la extinción de la pensión alimenticia, hay quienes consideran que no será necesario instar el correspondiente procedimiento judicial de modificación de medidas definitivas de separación o de divorcio del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque fuera de mutuo acuerdo, dado que es una cuestión de la que las partes pueden disponer libremente, sin necesidad siquiera de que intervengan los hijos mayores de edad. Los únicos legitimados serán los progenitores dado que éstos fueron los que intervinieron en el previo proceso matrimonial y por tanto, los únicos legitimados para a intervenir en cualquier proceso posterior de modificación de medidas o de ejecución, no estando legitimados los hijos para intervenir en ninguno de estos procesos, y a salvo siempre, si el hijo lo estima oportuno de reclamar los alimentos que pudiera precisar conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil.

En fase de ejecución de sentencia sería  posible declarar la extinción de la pensión alimenticia  de los hijos mayores de edad, cuando ambos progenitores manifiesten su conformidad en ese extremo, en la indicada fase, ya sea mediante la presentación de un escrito conjunto, ya sea mediante aceptación de la propuesta formulada de adverso, cuando se le da el pertinente traslado al acreedor de la obligación alimenticia, para evitarse un litigio posterior.  

2.- Ahora bien, si la cuestión no es pacífica entre los progenitores, por no existir acuerdo, hay quienes sostienen que en la fase de ejecución de sentencia  no es oportuno analizar la pertinencia o no de declarar extinguida una pensión alimenticia, habrá de acudirse necesariamente al proceso declarativo, al proceso del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre modificación de medidas  definitivas. A ello debe agregarse que el despacho de ejecución de la sentencia derivada del proceso de familia para la reclamación de las cantidades debidas por el progenitor obligado, supone garantizar la intangibilidad del título de ejecución,  su ejecutividad y su fuerza ejecutiva a los efectos de los artículos 517 y 538.1 de la LEC, lo que determina que debe garantizarse la restricción de las causas de oposición, que en el caso de título judicial se contraen a las establecidas en el artículo 556 LEC. que constituyen un numerus clausus, sin que sea de aplicación el artículo 557 LEC (Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4ª, de  28 de julio de 200510, que cita las AAAP de Málaga, Sección 6ª, de 6 de abril de 2004 o de Granada, Sección 4ª, de 10 de mayo de 2004, Sentencia de la Audiencia Provincial  de Ciudad Real, Sec. 1ª, de 1 de marzo de 2006 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 12ª, de 28 de febrero de 2006)  

Sin embargo, otra postura jurisprudencial  considera que es perfectamente posible que alegue el ejecutado, como motivo de oposición, frente a una demanda ejecutiva instada por impago de pensión alimenticia, el hecho de que el hijo beneficiario mayor de edad  no reúna las condiciones señaladas en el artículo 93.2  del Código Civil –que tenga ingresos propios y/o no conviva con el progenitor  acreedor de la pensión alimenticia-, no siendo posible exigir el cumplimiento de una obligación que se encuentra ya al margen de la sentencia que pretende ejecutarse (Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 22.ª, de 13 de diciembre de 2002), por lo que si resultare acreditado dicho extremo debe declararse  la extinción  al resolverse la oposición, porque de lo contrario constituiría un evidente abuso del derecho proscrito por el ordenamiento jurídico (artículo 7.2 Código Civil), y supondría para el  ejecutante un enriquecimiento  injusto.  

Con carácter previo al análisis de las causas que pueden dar lugar a la extinción de la pensión, resulta relevante reseñar que, partiendo de la existencia de una pensión alimenticia establecida judicialmente en un previo proceso matrimonial de separación, nulidad o de divorcio o de cese de la convivencia de una pareja de hecho, la extinción de aquélla sólo tendrá efectos dentro de ese proceso, sin perjuicio de que el hijo, si considera que tiene derecho a una pensión  alimenticia inste el procedimiento específico de reclamación de alimentos frente a ambos progenitores, por consiguiente, la sentencia que declare la extinción de la pensión de alimentos en un procedimiento de modificación de medidas definitivas ex artículo 775 LEC nunca tendrá efectos de cosa juzgada respecto a un posterior procedimiento de alimentos. Así mismo reseñar que, la sentencia que declara la extinción de la pensión de alimentos no es declarativa de la extinción, sino constitutiva de la finalización de una obligación de pago, por lo que sus efectos han de ser desde la resolución que declare la extinción, pues no puede tener efectos retroactivos la extinción de una deuda, de un derecho, que ha estado vigente en virtud de una resolución firme hasta que no se produce la revisión de la obligación mediante el ejercicio de las acciones previstas con ese fin.11

La extinción de la obligación de prestar alimentos requiere la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 150 y 152 del Código Civil, que deberán ser interpretadas atendiendo a lo que preceptúa el precepto aragonés que es objeto de estudio en el presente trabajo.

La cesación del pago de los alimentos por considerar que el alimentista ya ha alcanzado, o se encuentra en condiciones de alcanzar la mayoría económica, tiene lugar en los siguientes supuestos:

A.- Cuando el alimentista puede ejercer una profesión, oficio o industria.

Es constante la doctrina del Tribunal Supremo, entre otras las Sentencias de 31 de diciembre de 1942, de 9 de diciembre de 1972, de 10 de julio de 1979 y de 5 de noviembre de 1984, que establecen que “para  que cese la obligación de prestación alimenticia es preciso que el ejercicio de una profesión, oficio o industria sea una posibilidad concreta y eficaz según las circunstancias, no una mera capacidad subjetiva”.

Así respecto de los hijos que han completado su formación académica deben de emplear la debida diligencia en la búsqueda  de un trabajo y si pese a tener la posibilidad de trabajar declinan algún trabajo, deberá cesar la prestación económica. En este sentido también destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2001  que  señala lo siguiente “teniendo además en cuenta, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.1 del CC, que determina que las normas se interpretarán atendiendo a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas; no cabe la menor duda que no hay base suficiente para que siga vigente tal obligación alimenticia. Se dice lo anterior porque dos personas, graduadas universitariamente, con plena capacidad física y mental y que superan los treinta años de edad, no se encuentran hoy por hoy, y dentro de una sociedad moderna y de oportunidades, en una situación que se pueda definir de necesidad, que les pueda hacer acreedores de una prestación alimentaria; lo contrario sería favorecer una situación pasiva de lucha por la vida, que podría llegar a suponer un parasitismo social.”

También la jurisprudencia menor se ha decantado por este criterio, así la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 4 de octubre de 1995,  declara que  “ El deber de los progenitores de prestar alimentos a los hijos  dura hasta que alcancen la posibilidad de proveer a sí mismos a sus necesidades, entendido no como una mera capacidad subjetiva  de ejercer una profesión u oficio, sino como una posibilidad real y concreta en relación con las circunstancias concurrentes, debiendo emplear el hijo la debida diligencia en la búsqueda de un trabajo, so pena de perder el derecho de alimentos, salvo que no haya terminado su formación por causa que no lea imputable”.

En relación con la formación del hijo, hay que comentar aquellos supuestos en los que a pesar de haber obtenido un título académico el hijo quiere cursar otra carrera o especialidad. Así sentencia de la AP de A Coruña, Sec. 1ª, de 27 de mayo de 2003: “ Se suprime la pensión alimenticia de una hija que cuenta con 27 años, titulación profesional de delineante, y algún trabajo esporádico, aunque se haya matriculado con 26 años en otra carrera universitaria, puesto que los derechos de alimentos de los hijos mayores de edad o emancipados solamente durarán mientras se mantenga la situación de necesidad o no hayan terminado su formación por causa que no les sea imputable, y esta formación está esencialmente conclusa.”  

También pueden asimilarse a estos casos aquellos en los que el hijo se encuentra preparando unas oposiciones que, en especial algunas de ellas, tales como  MIR, Judicatura,  Notarías, exigen un período amplio de dedicación, en estos casos habrá que analizar caso por caso, puesto que la continuación de la etapa formativa no sólo depende de la decisión del hijo, sino también de las posibilidades económicas que tengan los padres para permitirla ( Sentencia de la AP de Córdoba, Sec. 1ª, de 14 de mayo de 2003, Sentencia de la AP de Baleares, sec. 5ª, de 28 de febrero de 2005)12.  

B.- Cuando el hijo mayor de edad perciba recursos económicos por ejercer una profesión u oficio.

La obtención de un puesto de trabajo cualificado no es una cuestión sencilla en la sociedad actual y suele venir precedida de una etapa de realización de trabajos esporádicos o de temporada, que puede tener lugar cuando ya se ha terminado  la fase de formación o incluso cuando se está desarrollando la misma. La tendencia de los Juzgados y Tribunales es considerar que no se ha producido alteración sustancial alguna por el hecho de que el hijo realice algunos trabajos eventuales o esporádicos compatibilizándolos con los estudios, siempre, claro está, que el hijo continúe su etapa de formación de una manera aceptables. 13

Por el contrario, cuando el hijo por la edad que tiene, ya debería  de haber finalizado sus estudios pero sigue realizándolos al mismo tiempo que desempeña trabajos, aunque sean esporádicos, en algunas ocasiones los Tribunales han considerado que existe base suficiente para dar por extinguida la pensión alimenticia, aunque no existe un criterio uniforme. 14

C.- Cuando el hijo mayor  de edad abandona el hogar familiar  con el propósito de tener una vida independiente.

No hay un criterio doctrinal unánime respecto de si constituye o no  una causa de extinción de la pensión alimenticia fijada judicialmente  el abandono de la vivienda familiar por vida independiente del hijo mayor de edad. Hay un sector doctrinal que considera que será causa suficiente de extinción de la pensión, argumentando que si ésta se fijó en atención a la convivencia en el domicilio familiar una alteración de dicha circunstancia conllevará a su extinción; si en el momento de la separación o el divorcio existían hijos que no convivían en el domicilio familiar, la sentencia matrimonial nunca podría fijar una pensión alimenticia para éstos, por lo que si éstos tenían derecho a alimentos deberían reclamarlos a través del correspondiente procedimiento de alimentos entre parientes. El cese de la convivencia del hijo mayor de edad en el domicilio familiar los coloca en la misma situación  que a aquéllos, por lo que procederá la extinción de la pensión.

Otro sector, por el contrario, considera que no es  causa  de extinción el cese de la convivencia, pues ésta es un requisito procesal para el  reconocimiento del derecho, pero no para la subsistencia del derecho a la prestación ya acordada, y la pensión sólo podrá extinguirse si concurre alguna de las causas establecidas en los artículos 150 y 152 del Código Civil.

Si el abandono voluntario del domicilio familiar por el hijo mayor de edad obedece a diferencias propias del conflicto generacional con los padres, en el ejercicio de su libertad personal, parece predominar la idea de inexistencia de deuda alimentaria  a cargo de los progenitores. 15

La salida del hogar y la búsqueda de la independencia sólo dará lugar al reconocimiento del derecho cuando concurra una causa que justifique el abandono y se pruebe la situación de necesidad, de incapacidad para proveer a sí mismo a subvenir a sus necesidades.  

Puede suceder que el hijo se haya trasladado a otra ciudad por razones de estudios. En estos casos lo determinante para considerar que continúa la convivencia  en el domicilio familiar es si el hijo en período de vacaciones regresa al mismo, o por el contrario sólo esporádicamente pasa cierto tiempo en él.  En esta línea señalar la Sentencia de la AP de Zaragoza núm.377/2007, Sec. 2ª, de 17 de julio,  recaída en un procedimiento de Modificación de Medidas, que  declara “ en cuanto a la pensión alimenticia  la hija tiene 18 años pero reside en una residencia mayor cuyos gastos los sufraga el actor, en períodos libres se traslada tanto a la residencia de su padre como a la de su madre por lo que no puede decirse que viva con la recurrente por lo que parece adecuado que sea la hija la que reclame lo que proceda corresponderle en razón a sus derechos alimenticios, careciendo la recurrente en este proceso de legitimidad para solicitarlos en nombre de su hija. Se confirma la sentencia en todos sus pronunciamientos.”

No obstante, en esta línea debe reseñarse que entre los condicionantes que establece el  artículo 66 de la ley aragonesa para que subsista o se mantenga la obligación alimenticia de los padres respecto de los hijos mayores de edad ninguna alusión se contiene referente al dato objetivo de la permanencia en el domicilio familiar, por lo que la apreciación de dicha circunstancia como causa de extinción o no de la pensión alimenticia ya acordada judicialmente deberá ser resuelta por el tribunal atendiendo a las circunstancias que hubieren motivado la salida del hogar.

      

D.- Cuando su necesidad provenga de su mala conducta o de su falta de aplicación al trabajo, situación a la que se equipara el no haber terminado su formación por causa que le sea imputable.

La cuestión que se plantea es ¿ hasta dónde debe llegar el período de formación de los hijos? ¿es exigible a un padre  que le dé a sus hijos una formación universitaria? El sacrificio económico que puede suponer para los padres hacer frente al coste de la formación académica de sus hijos se mueve dentro de los parámetros del nivel social de misma, de su capacidad económica.

Deberá analizarse cada caso concreto, y la pensión alimenticia deberá ser mantenida si no resulta  acreditado ningún fracaso escolar de los hijos. Por el contrario, si se acredita que los hijos mayores de edad no asumen sus obligaciones y que por un bajo rendimiento suspenden sucesivamente los cursos en los que se matricula, la pensión podrá reducirse e incluso suprimirse.16

E.- Extinción de la pensión por cumplimiento de las cláusulas del Convenio Regulador  de los efectos patrimoniales de separación o divorcio aprobados judicialmente.

Si los progenitores optaron por regular las consecuencias de la crisis de pareja,   en un convenio regulador es posible que pactaran en la cláusula relativa a la pensión alimenticia del hijo/s alguna especialidad, de tal forma que se fijase hasta que alcanzasen una edad determinada o hasta que se independizasen económicamente. Si esta cláusula fue aprobada judicialmente, surge la cuestión de si cumplida la condición pactada la pensión se extingue o por el contrario estaría sometida al mismo régimen que el resto de pensiones alimenticias en cuanto a las causas de extinción.

En la jurisprudencia no hay un criterio uniforme, hay resoluciones que interpretan literalmente el convenio regulador y extinguen la pensión cuando se cumple la condición, y otras que permiten la continuación de la pensión, ello depende en todo caso de las circunstancias concurrentes en el caso concreto sometido a enjuiciamiento17.    

1.- El mero hecho de que un hijo alcance la mayoría de edad no supone de forma inminente la cesación de la obligación de los padres de sufragar los gastos de aquél, ya que el artículo 66 de la Ley Aragonesa , en armonía con lo establecido en el artículo 39.3 de la CE y en los artículos 93.2 y 142 y ss, del Código Civil, mantiene la necesidad de asignación de alimentos para los hijos que aún siendo mayores de edad carecieren de recursos propios y no hubieren completado su formación profesional.

2.- Que la opción de los hijos mayores de edad de continuar los estudios u orientarse en la vida profesional o laboral para obtener un puesto de trabajo de cierta cualificación  es libre, si bien precisará que los progenitores dispongan de los recursos económicos apropiados o suficientes para subvenir a estas necesidades. Si la capacidad económica es escasa, no se puede pretender cargar a la familia con la decisión de realizar estudios y no acceder a un trabajo remunerado.

3.- Como la obligación alimenticia paterna no es vitalicia, no puede tener un carácter ilimitado en el tiempo, sólo se prolongará por el tiempo estimado necesario para completar la formación perseguida y con el límite máximo, para los jóvenes aragoneses, de 26 años. Dicha edad estimo que es ajustada a las exigencias de la sociedad actual, en la que un porcentaje importante de jóvenes acceden al mercado de trabajo una vez superada esa edad. Fijar con carácter general un límite temporal a la obligación económica puede servir de estímulo o de seria advertencia a los hijos para alcanzar su independencia económica.

4.- La omisión en el precepto, objeto de este trabajo, del requisito de la convivencia en la vivienda habitual de la familia por parte de los hijos mayores de edad permitirá, en mi opinión y siempre que concurran el resto de los requisitos, el mantenimiento de las pensiones alimenticias fijadas judicialmente, en especial, en aquellos supuestos en que  el abandono haya sido motivado por razones de estudios, para completar la formación profesional, evitándose  así nuevos litigios en reclamación de alimentos, sin que resulte de aplicación tal requisito procesal establecido en el artículo 93.2 del Código Civil a propósito de la fijación de   la pensión alimenticia en sede de procesos matrimoniales y por analogía en los procesos de relaciones paterno-filiales.

5.- En las  situaciones de crisis matrimonial si los cónyuges han estipulado  en el  Convenio regulador aprobado judicialmente, en la cláusula relativa a la pensión de alimentos de los hijos comunes, el cese de la misma cuando  alcancen la edad de 26 años,  al llegar a dicha edad considero que deberá de producirse la extinción automática, sin necesidad de ninguna resolución judicial tendente a declarar la extinción de la pensión alimenticia, y si  el joven considera que tiene derecho a reclamar alimentos de alguno de sus progenitores puede hacerlo por sí mismo, acudiendo al juicio autónomo e independiente de alimentos,   sin que para ello tengan que litigar nuevamente uno de sus padres contra el otro. Ello puede contribuir también a la pacificación del conflicto entre personas susceptibles de verse inmersas en interminables procesos de modificación de medidas definitivas de divorcio o de separación, como por desgracia ocurre con cierta frecuencia en las rupturas matrimoniales.

6.- Respecto de  la extinción de la pensión alimenticia fijada judicialmente en un proceso de familia, con la salvedad apuntada anteriormente,  considero que no opera automáticamente por el hecho de alcanzar el hijo la edad de 26 años, dado que el precepto aragonés deja abierta la posibilidad  de que pueda prolongarse en el tiempo aquélla en virtud de convenio o de decisión judicial. Por ello, en fase de ejecución de sentencia sería  posible declarar la extinción de la pensión alimenticia  de los hijos mayores de edad, cuando ambos progenitores manifiesten su conformidad en ese extremo, en la indicada fase, ya sea mediante la presentación de un escrito conjunto, ya sea mediante aceptación de la propuesta formulada de adverso, cuando se le da el pertinente traslado al acreedor de la obligación alimenticia, para evitarse un litigio posterior. En caso contrario, estimo que la única posibilidad que existe es la de instar el correspondiente procedimiento de modificación de medidas definitivas regulado en el artículo 775 de la LEC, y que permite incluso a quien demanda la extinción de la pensión alimenticia solicitar la adopción de medidas provisionales coetáneas a la demanda, en la que ya puede estudiarse su solicitud y suspenderse dicha obligación hasta tanto se dicte la oportuna sentencia.

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Notas a pie de página numéricas:

1 Trabajo final del XVIII Curso de Derecho Aragonés (2007-2008), Cátedra Lacruz Berdejo (Universidad de Zaragoza), que recibió el Premio al mejor de los presentados.
2 STS de 5 de octubre de 1993: Fundamento de Derecho Segundo: “La argumentación expuesta en la sentencia impugnada, en este punto, puede sintetizarse así: a) << La obligación de dar alimentos es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico, alcanzando rango constitucional como taxativamente establece el art. 39 de la Constitución Española. Tal obligación resulta por mosdo inmediato del hecho de la generación y es uno de los contenidos ineludibles de la patria potestad, art. 154.1º del Código Civil >>; b) <<Nuestra doctrina entiende mayoritariamente que esta obligación no tiene nada que ver con la obligación alimentaria señalada por los arts. 142 y ss. del Código Civil >>; y c) << Mientras el hijo sea menor de edad la obligación alimentaria existe incondicionalmente y no puede decretarse su cesación >>. Estas tesis de la Audiencia son correctas-en líneas generales, aunque precisen alguna salvedad- y no infringen lo dispuesto en el art. 152.2º dado que:  a) La norma constitucional  (art.39.2) distingue entre la asistencia debida a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda; b) aunque no es sostenible absolutamente que la totalidad de lo dispuesto en el Título VI del Libro Primero del Código Civil, sobre alimentos entre pariente, no es aplicable a los debidos a los hijos menores como deber comprendido en la patria potestad (art. 154.1.º), lo cierto es el tratamiento jurídico de los alimentos debidos al hijo menor de edad presenta una marcada preferencia –así, art. 145.3.º- y, precisamente por incardinarse en la patria potestad derivando básicamente de la relación paterno-filial (art. 110 del CC), no ha de verse afectado por limitaciones propias del del régimen legal de los alimentos entre parientes que, en lo que se refiere a los hijos, constituye una normativa en gran parte sólo adecuada al caso de los hijos mayores de edad o emancipados. .. ; y e) Por tanto, ha de decaer el motivo estudiado sin que ello signifique que en los casos en que realmente el obligado a prestar alimentos al hijo menor de edad carezca de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su debe paterno, no pueda ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación, lo que aquí no acontece” .Fundamento de Derecho Tercero: a) Lo dispuesto en los arts. 146 y 147 sólo es aplicable a alimentos debido a consecuencia de la patria potestad (art.154.1.º) con carácter indicativo”
STS de 16 de julio de 2002: Fundamento de Derecho Tercero: “Una de las manifestaciones es la relativa a la fijación de la cuantía alimentaria, que determina que lo dispuesto en los artículos 146 y 147 del Código Civil sólo sea aplicable a alimentos debidos a consecuencia de la patrias potestad (artículo 154.1º del Código Civil) con carácter indicativo, por lo que caben en sede de éstos, criterios de mayor amplitud, pautas mucho más elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia jurídica en sintonía con el interés público de protección de los alimentistas habida cuenta del vínculo de filiación y la edad”.
3 Preámbulo de la Ley de Derecho de la Persona.
4 A. REAL PEREZ: << Comentario al artículo 142 C.C.>>, en Comentarios al código civil, II, vol. 2.º, coord.. por J. RAMS ALBESA, J. M. Bosch Editor , 2000. La Doctrina, con carácter general, ha defendido que el fundamento s l imposición de esta obligación en el seno familiar se encuentra en el principio de solidaridad familiar, que sobre la base de la existencia de intereses y afectos mutuos conduce a reconocer el derecho de alimentos a quien se encuentra en un estado de deficiencia económica respecto a sus parientes más próximos; siendo la razón última de esta consagración el derecho a la vida.
5 Entre otras, SSTS 24 de abril de 2000 y 28 de noviembre de 2003.
6 STS núm 411/2000 (Sala de lo Civil), de 24 de abril: “Por consecuencia de la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde, surgiendo una o dos familias monoparentales compuestas por cada progenitor  y los hijos que con él queden conviviendo, sean o no mayores de edad; en esas familias monoparentales, las funciones de dirección y organización de la vida familiar en todos sus aspectos corresponde al progenitor, que si ha de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos mayores de edad que con él conviven, tiene un interés legítimo, jurídicamente digno de protección, a demandar del otro progenitor su contribución a esos alimentos de los hijos mayores. No puede olvidarse que la posibilidad que establece el art. 93, párrafo 2º del código Civil de adoptar en la sentencia que recaiga en estos procedimientos matrimoniales, medidas atinentes a los alimentos de los hijos mayores de edad se fundamenta, no en el indudable derecho de esos hijos a exigirlos de sus padres, sino en la situación de convivencia en que se hallan respecto a uno de los progenitores, convivencia que no puede entenderse como el simple hecho de morar en la misma vivienda, sino que se trata de una convivencia familiar en el más estricto sentido del término con lo que la misma comporta entre las personas que la integran.”
7 SAP León, sec. 3ª, 14 de febrero de 2002 y SAP de Badajoz, sec. 3ª, de 14 de julio de 2006
8 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª., de 23 de febrero de 2000, “inexistencia de obligación  legal de alimentos respecto de la hija mayor de edad, que por conflicto generacional opta por vivir independientemente de sus padres.
9 Audiencia Provincial de Zaragoza, Sec. 4ª, Sentencia de fecha 12 de abril de 2006: “ A la vista de dicha prueba – informe de vida laboral emitido por la TGSS ha figurado de alta en la Seguridad Social  2 años, 14 meses y 14 días- se evidencia que Adela de 26 años en el momento presente, se ha integrado en el mercado laboral, contando con sus propios medios, por lo que es procedente en recta aplicación de lo impuesto en el artículo 152.3 del CC declarar extinguida la obligación de abono de la misma que venía siendo impuesta.”
10 AP de Zaragoza, Sec.4º, sentencia núm.442/2005, de 28 de julio, F.Jº Segundo: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 556 LEC 2000, contra la ejecución despachada no caben otros motivos de oposición de fondo que los allí establecido, y aún cuando en razón de la complejidad de la ejecución de las sentencias familiares puede forzarse en cierto punto tal rígido régimen cuando de ellas se trate, tal flexibilización no puede llegar al extremo de introducir en el incidente de oposición un nuevo proceso con un contenido autónomo y una tramitación específica , cual ocurre con la pretensión de modificación de medidas definitivas acordadas en sentencia matrimonia firme, y así se desprende del artículo 564 LEC 2000 cuando dispone que los hechos jurídicamente relevantes distintos a los previstos en la LEC 2000 como causas de oposición la eficacia jurídica de aquellos hechos o actos podrá hacerse valer en el proceso que corresponda.
11 SAP de Zaragoza, Sec.1ª, de 6 de marzo de 2006.
12 AP de Córdoba, sec. 1ª, sentencia de 14-05-2003. Se mantiene la pensión de alimenticia a favor de dos hijos mayores de edad, la primera, de 28 años de edad, al encontrarse preparando oposiciones a MIR, y el segundo, cursando estudios de segundo de carrera universitaria, aunque haya repetido, sin marcar límite de tiempo, dada la capacidad económica de su padre y para no existir un agravio comparativo con las oportunidades dadas al resto de los hijos.
AP de Baleares, Sec.5ª, sentencia de 28-02-2005. Se mantiene la pensión alimenticia  a favor de la hija de 28 años de edad que se encuentra preparando oposiciones  y hasta un período máximo de un año.
13 AP de Zaragoza, sec. 4ª, sentencia de 28-07-05. No ha lugar a la extinción de la pensión alimenticia establecida a favor de los dos hijos comunes d ambos litigantes, ya que ambos están dedicados todavía a sus estudios, de ingeniería superior en el caso de Eusebio ( nacido el 4 de febrero de 1981), y de Magisterio en el caso de Estela (nacida el 5 de junio de 1985), sin que hayan accedido al mundo laboral, careciendo de autonomía económica, sin que el hecho de que obtengan algunos ingresos para cubrir pequeños gastos dando algunas clases particulares constituya ninguna de las causas extintivas de la obligción previstas en el artículo 152., 2º y 3º.
14 AP de Guipúzcoa, Sec. 1ª, sentencia de 27-07-2002. Extinción de la pensión de alimentos del hijo con 27 años de edad que estudia y realiza trabajos esporádicos.
AP de Cádiz, sec. 7ª, sentencia de 31-01-2003. La realización de trabajos esporádicos en períodos intermedios en distintas  por parte de los hijos mayores, 31 y 24 años, es causa suficiente para extinguir la pensión alimenticia.  
15 STS, Sala 1ª, de 23 de febrero de 2000:”La hija ha ejercitado, al salir del hogar paterno –no consta que fuere expulsada conminatoriamnete del mismo- uno de los mayores, por no decir el mayor, de los bienes o valores que tiene el ser humano, como es el ejercicio de la libertad personal. Ahora bien, dicha parte recurrente en casación , no puede ni debe olvidarque muchas veces la libertad como valor social particular, exige el pago de un precio, como es el de la pérdida de ciertas comodidades, y de sufrir ciertos contratiempos que van desde el área de los afectos hasta el entorno laboral. Y lo que no se puede es realizar un modelo de vida propio y con arreglo a unos principios de conducta, que atacan y contradicen a los de un entorno familiar y social, y seguir obteniendo las ventajas de acogimiento y económicas de dicho entorno que se rechaza. Pero además de todo lo anterior, hay que determinar las necesidades reales de la ahora parte recurrente; y en la presente litis dicha parte no ha probado que en su nueva vida esté desasistida del sustento diario, alojamiento, vestido, asistencia médica y, en determinados supuestos de la instrucción cultural y profesional; y sobre todo no ha probado una incapacidad permanente, total o parcial, para realizar trabajos retribuidos, sean de tipo intelectual o manual.   
16 AP de Valencia. Sec.10ª, sentencia de 26-04-2002. Extinción de la pensión alimenticia del hijo de 29 años de edad que lleva 12 años matriculado en la Facultad de Derecho sin que hasta la fecha conste que haya finalizado sus estudios.
AP de Valladolis, Sec.3ª, sentencia de 16-11-2004. No se ha acreditado que la hija de 29 años de edad haya accedido al mercado laboral, por lo que debe mantenerse la pensión alimenticia, aunque lleve 9 años cursando los estudios de Derecho, dado que el padre no ha alegado esta causa para extinguir la pensión.
AP de Tarragona, Sec. 1ª, sentencia 12-01-2005. No procede extinguir la pensión alimenticia a favor del hijo de 26 años que está próximo a concluir sus estudios de arquitectura, aún cuando haya podido retrasarse algo en los mismos, pues se considera que se halla dentro de un plazo razonable de finalización.
17 AP de Barcelona, sec. 18ª, sentencia 10-11-2005. Extinción de la pensión alimenticia del hijo al cumplirse lo pactado en el Convenio: haber alcanzado la mayoría de edad y obtener ingresos propios.
AP de Baleares, Sec. 4ª., sentencia 9-05-2002. Habiéndose pactado en el convenio regulador que la pensión se abonaría hasta un año después  de la finalización de los estudios, procede dar por exyinguida dicha pensión, sin perjuicio de que si el hijo entendiera que sigue necesitándola la solicite personalmente.  

Para citar este artículo :

Mª Ángeles Callizo López. «Obligación legal de alimentos respecto de los hijos mayores de edad», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=477