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Tipo de documento: Artículo

S E N T E N C I A TSJA, 26 Febrero 2009

Interpretación de cláusula testamentaria: "persona incierta".- Legado sub modo.- Standum est chartae.- Fuentes: derecho supletorio: Código civil

EXCMO. SR. PRESIDENTE

D. Fernando Zubiri de Salinas

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. Luis Fernández Álvarez

D. Luis Ignacio Pastor Eixarch

Dª. Carmen Samanes Ara

D. Ignacio Martínez Lasierra

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de casación número 13/2008, interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta,  en fecha 26 de mayo de 2008, recaída en el rollo de apelación número 166/2008, dimanante de autos de procedimiento ordinario número 895/2005, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº Doce de Zaragoza, en el que son partes, como recurrente, Dª. Enriqueta d l F. C., representada por el Procurador de los Tribunales D. J. Gaspar Capapé Felez y dirigida por el Letrado D. Juan Eugenio Blanch Mortes, y como recurrida la A. de A. A. d. S. C., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Ivana Dehesa Ibarra y dirigida por el letrado  D. Fernando Benito Nuñez-Lagos.

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales D. Julián Gaspar Capapé Felez, actuando en nombre y representación de D. Pedro-José-Vicente G. d J. d. l. F., D. Ángel G. d J. C., D.  Gerardo-María G. d J. d l F., D. Jesús-Víctor-Eusebio G. d J. d l F., Don Francisco-Javier G. d J. d l F. y Dª. Enriqueta d l F. C.,  presentó demanda sobre impugnación de legado testamentario, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la cláusula segunda del testamento de Doña Rosario d l F. R., de fecha 28 de mayo de 2002, y subsidiariamente su anulabilidad, y en todo caso la ineficacia tanto de dicha disposición testamentaria como del legado que contiene, y asimismo se declare que los bienes referidos en la repetida cláusula segunda forman parte de la herencia, e igualmente se declare la nulidad de cualquier acto de la Asociación demandada tendente o encaminado a tomar posesión y/o inscripción registral de la finca, y cuantas demás declaraciones sean consecuencia de las anteriores, condenando a los demandados a estar y pasar por tales pronunciamientos, con imposición a los mismos de las costas en la forma procesalmente prevista.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada,  quién compareció en tiempo y forma y contestó a la misma, y tras la celebración de vista pública, el Juzgado de Primera Instancia nº Doce dictó sentencia en fecha 28 de noviembre de 2007, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador Sr. Capapé Félez, debo absolver y absuelvo a la A. d A. A. y A. d. S. C. de las pretensiones en su contra deducidas, sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales”.
TERCERO.- Interpuestos por cuatro de los actores y por la demandada, en tiempo y forma,  sendos recursos de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº Doce de Zaragoza, se dio traslado de los mismos a la parte contraria, que se opuso  al recurso planteado de contrario, y elevadas las actuaciones a la  Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, esta dictó sentencia de fecha 26 de mayo de 2008, cuya parte dispositiva dice así: “FALLO: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Capapé Félez, en la representación que tiene acreditada, contra la sentencia dictada el pasado día veintiocho de noviembre de dos mil siete por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Doce de Zaragoza, cuya parte dispositiva ya ha sido transcrita, la confirmamos íntegramente, imponiendo a la recurrente las costas de la alzada”.

Por ambas partes se solicitó aclaración de sentencia, y previos los trámites legales se dictó auto en fecha 3 de julio de 2008, en el que la Sala ACUERDA: “Desestimar el recurso de aclaración interpuesto por el Procurador Sr. Capapé, en su representación, contra la sentencia que fue dictada por esta Sala el pasado día veintiséis de mayo, declarando no haber lugar al mismo. Y estimar el recurso de complemento interpuesto contra la misma sentencia por la Procuradora Sra. Dehesa, también en su representación, y así desestimamos el recurso de apelación que fue interpuesto por dicha Procuradora contra la sentencia dictada por el Juzgado el pasado día veintiocho de noviembre de dos mil siete por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Doce de Zaragoza, ya trascrita, que se confirma íntegramente de igual modo en dicho punto, imponiendo a la recurrente las costas de su recurso.”

CUARTO.- El Procurador de los Tribunales Sr. Capapé Félez, actuando en nombre y representación de Dª Enriqueta d l F. C., presentó, en tiempo y forma, escrito preparando recurso de casación contra la anterior sentencia  y  el auto que la complementa, y una vez que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza lo tuvo por preparado, se formuló el oportuno escrito de interposición,  que basó en los siguientes motivos: Primero.- Al amparo de lo dispuesto en el articulo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación del artículo 1, apartados primero y segundo, del Título Preliminar de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, modificado por la Disposición Final Primera de la Ley 1/1999, de 24 de Febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. Segundo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso,  por inaplicación del artículo 3, del Titulo Primero de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de Febrero, de Sucesiones por causa de Muerte. Tercero.-  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación del artículo 90, apartado primero, de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de Muerte. Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación del artículo 101, apartado primero, de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de Febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. Quinto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación del artículo 101, apartado segundo, de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. Sexto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación del artículo 101, apartado tercero, de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de Febrero, de sucesiones por causa de Muerte. Séptimo.-  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación del artículo 109, apartado segundo, de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de Febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. Octavo.-  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación del artículo 12, apartado primero, en relación con el artículo 122, letra c), de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte. Noveno.-  Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, en concreto el artículo 675 del Código Civil. Décimo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, en concreto, el artículo 790 del Código Civil, en relación con el también infringido artículo 675 del mismo cuerpo legal. Decimoprimero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, en concreto, el artículo 797 del Código Civil, en relación con el también infringido artículo 798 del mismo cuerpo legal.”

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y comparecidas las partes, se dictó en fecha 9 de diciembre de 2008 auto por el que se admitía a trámite el recurso de casación, confiriéndose traslado del escrito de interposición a la parte contraria por plazo de veinte días, quien formuló oposición, tras lo cual se señaló para vista el día 11 de febrero del corriente año, a las 11,30 horas, la cual se celebró con el resultado que obra en las actuaciones.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Fernández Álvarez.

PRIMERO.- Antes de entrar en el examen de los concretos motivos de fondo en que se funda el presente recurso de casación es útil señalar, con carácter previo, los siguientes extremos que resultan de las actuaciones:

- Dª. Rosario d l F. R., nacida el 30 de septiembre de 1.905, una vez viuda de D. Máximo A. C. y fallecida su única hija, vivió sola en esta ciudad, en el piso sito en  Paseo Sagasta, nº 11, 2º, izquierda, donde era visitada con cierta frecuencia por personas pertenecientes a la A. d A. A. d S. C., a la que pertenecía             Dª. Rosario, quién había cursado sus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón de Zaragoza.

- El 28 de mayo de 2002 otorgó testamento ante el Notario de esta ciudad D. Jesús Martínez Cortés bajo el número 2255 de su protocolo, en el que se instituye herederos a sus sobrinos, hijos de sus tres fallecidos hermanos, D. Vicente, Dª. Nieves y D. Antonio, y lega la casa de su propiedad sita en la calle Sobrarbe de esta Ciudad,  nº  24, a la A. d A. A. d S. C., para la obra benéfica de “Socorros Mutuos de Zaragoza”.

- La  finca a que se refiere el legado establecido es la que figura inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza, bajo el número 776 de la Sección 3ª, obrante al Tomo 366, Libro 13, Folio 27, y cuya descripción es la siguiente:

“URBANA. Casa situada en el Arrabal de esta ciudad y su calle de Sobrarbe, señalada con el número ocho, letra A, hoy con el número veinticuatro de doscientos cuarenta y ocho metros cuarenta y un decímetros cuadrados; consta de cuatro pisos y el firme, con un patio de luces a la parte posterior; y linda por el frente ú Oeste, con dicha calle de Sobrarbe; por la derecha entrando o Sur, con la casa número ocho, letra B, de Don Cornelio Abellanas y esposa; por la izquierda o Norte, con casa número ocho duplicado de Don Antonio Martín; y por la espalda o Este, con acequia del Rabal.”

- La testadora dejó a sus sobrinos todos los bienes que provenían de su familia consanguínea, en tanto que la mentada casa  sita  en la  calle  Sobrarbe, nº 24, procedía de su marido, de quien la hereda la hija de ambos, y cuando ésta fallece se consolida en la Sra. d l F. R. el usufructo con la nuda propiedad.

- Dª. Rosario murió en Zaragoza el 25 de diciembre de 2003, y en fecha 25 de julio de 2005 sus herederos, D. Pedro-José-Vicente G. d J. d l F., D. Ángel G. d J. C., D. Gerardo-María G. d J. d l F., D. Jesús-Víctor-Eusebio G. d J. d l F., D. Francisco-Javier G. d J. d l F. y Dª. Enriqueta d l F. C., formularon demanda de juicio declarativo ordinario, en la que pedían se declarase la nulidad del legado establecido en la cláusula segunda del testamento, y subsidiariamente su anulabilidad.

- A dicha pretensión se opuso la A. d A. A. d S. C., y tras la sustanciación del juicio se dictó en fecha 28 de noviembre de 2007 sentencia en primera instancia por la que se desestima la demanda, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas, e interpuesto recurso de apelación por cuatro de los actores (D. Gerardo-María, D. Jesús-Víctor-Eusebio, y D. Francisco-Javier G. d J. d l F., y Dª. Enriqueta d l F. C.) y por la A. d A. A. d S. C. (ésta pedía la imposición de costas a los actores), recayó el 26 de mayo de 2008 sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, que fue complementada por auto de 3 de julio, por los que se confirma íntegramente la resolución de instancia.

- Contra dicha sentencia de la Sección Quinta se entabló por Dª. Enriqueta d l F. C. recurso de casación, pidiendo se deje la misma sin efecto y se estime la demanda.

SEGUNDO.-  La representación de Dª. Enriqueta d l F. C. formula contra la sentencia dictada en apelación por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza once motivos de casación, pero dada la relación existente entre varios de ellos, en puridad se reconducen a cuatro.

El debate en el presente recurso versa, en primer lugar, acerca de cual fue la voluntad de la testadora al establecer el legado en el punto relativo a la persona jurídica destinataria del mismo, sometiéndose a la decisión del Tribunal el determinar si Dª. Rosario quiso favorecer a la A. d A. A. d S. C. o, por el contrario, como sostiene la recurrente, a la obra benéfica de “Socorros Mutuos de Zaragoza”.

El legado cuyo sentido se discute se recoge en la cláusula segunda del testamento, que es del siguiente tenor literal:

“La testadora lega la casa de su propiedad, sita en esta Ciudad, calle Sobrarbe, número 24, a la A. d A. A. d S. C., para la Obra Benéfica de “Socorros Mutuos de Zaragoza”, con domicilio de esta Ciudad Paseo de María Agustín, número 7.”

Tanto el Juzgador de instancia como la Audiencia Provincial consideran que la voluntad de la causante es clara, habiéndose establecido el legado del inmueble a favor de la A. d A. A. d S. C. para que le diese una aplicación determinada (legado “sub modo”), la conocida como obra benéfica de Socorros Mutuos de Zaragoza.

A este respecto, la sentencia de primera instancia de fecha 28 de noviembre de 2007 expresa lo siguiente:

<<El Juzgado considera que la disposición testamentaria es clara en su literalidad: Dña. Rosario instituyó el legado a favor de la Asociación hoy demandada y no a favor de la Obra Benéfica. La legataria es la Asociación y lo que ocurre es que la testadora, en el ejercicio de la libertad civil que al testador reconocen los arts. 3 y 90 de la Ley aragonesa 1/1999, concretó el destino que la Asociación debía dar al legado recibido configurándolo como un legado modal o “sub modo” (arts. 797 y 798 del Código Civil, de aplicación supletoria en Aragón). Dña. Rosario era antigua alumna del Colegio Sagrado Corazón y miembro de la Asociación demandada y como tal ha de presumirse que era conocedora de las actividades de la asociación y de la labor que esta desarrollaba con “Socorros Mutuos” y fue su voluntad beneficiar a la Asociación con el legado para que esta lo destinase a la labor social conocida como “Socorros Mutuos de Zaragoza”>>.

Por su parte, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial dice así:

<<Resulta evidente...que la testadora quiso establecer el legado del inmueble que se señala a favor de la A. d A. A. d S. C., no presentándose duda alguna sobre la cuestión, pues constituye incuestionablemente expresión de la última voluntad de la testadora, expresada con palabras claras e indubitadas, que no admiten interpretación contraria.>>

<<… la concreta aplicación del inmueble legado a la Mutua de Socorro… debe entenderse como una institución modal, en su consecuencia, con la eficacia determinada en el artículo 797 del Código, al expresar que: “La expresión del objeto de la institución o legado, o la aplicación que haya de darse a lo dejado por el testador, o la carga que el mismo impusiere, no se entenderá como condición, a no parecer que ésta fuera su voluntad,…”>>.

La recurrente en casación discrepa de la interpretación efectuada en la instancia acerca de cual fue la voluntad de la testadora al instituir el legado, pero debe recordarse a este respecto que según doctrina reiterada del Tribunal Supremo la “cognitio” en relación con la interpretación contractual o testamentaria no supone una revisión total de la labor hermenéutica realizada sino que se limita a controlar si la misma es ilógica, arbitraria o irrazonable, sin que quepa entrar a discutir acerca de cual es el mejor criterio o la solución más adecuada a las circunstancias, porque tal examen supondría exceder de la función encomendada a un recurso extraordinario e ingerirse en la función soberana del Juzgado y la Audiencia, convirtiendo a la casación en una tercera instancia (véanse las sentencias de 16 de julio de 2002, 11 de marzo y 23 de diciembre de 2003, 29 de enero, 20 de mayo, 25 de octubre y 12 de noviembre de 2004, 24 de enero y 5 de junio de 2006, 21 y 27 de septiembre de 2007, 12 de mayo de 2008, entre otras muchas).

Pues bien, la exégesis realizada no solo no es ilógica, arbitraria o absurda, sino que debe calificarse de correcta y acertada. En efecto, de la cláusula testamentaria que nos ocupa resulta evidente que Dª. Rosario <<lega>> la casa de su propiedad sita en la calle Sobrarbe, nº 24, <<a la A. d A. A. d S. C.”>> (legataria), y como dicha Asociación realiza diversas actividades por todo el territorio nacional (“bolsa del sello”, “rastrillo”, “hospitalidad”, “intercambios”, etc.), la causante especifica la concreta aplicación que se debe dar al legado recibido: <<para>> la obra benéfica de “Socorros Mutuos de Zaragoza”, evitando así que el legado se destine a otras actividades de la Asociación, benéficas o no, y a Socorros Mutuos de otras poblaciones.

Nos hallamos, pues ante un legado modal (“sub modo”), con la eficacia determinada en el artículo 797 del Código Civil. El legado, por lo tanto, es válido, sin perjuicio de los efectos propios del modo establecido, en cuyo examen no procede entrar aquí dado que se trata de una cuestión ajena al presente proceso, tal como se delimitó por las partes.  En suma, este primer motivo de impugnación debe ser desestimado.

TERCERO.-  En segundo lugar se aduce que nos encontramos ante una disposición testamentaria afectada por error en la persona, dado que Dª Rosario estaba en la creencia de que la obra benéfica de Socorros Mutuos de Zaragoza era una persona jurídica, cuando no existe, ni ha existido nunca, tal persona,  por lo que el legado dispuesto debe anularse, a tenor de lo prevenido en el artículo 109, apartado 2º, de la Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero de Sucesiones por Causa de Muerte, precepto que dice así:

“Será anulable la disposición testamentaria que haya sido otorgada con error en la persona o en el objeto, con engaño, violencia o intimidación grave y en los casos en que resulte que se ha otorgado por error, de hecho o de derecho, en los motivos si del testamento resulta que el testador no la habría otorgado de haber conocido el error”.

En cuanto a este particular, la sentencia del Juzgado señala que <<Dª Rosario era antigua alumna del Colegio Sagrado Corazón y miembro de la Asociación demandada y como tal ha de presumirse que era conocedora de las actividades de la asociación y de la labor que esta desarrollaba con “Socorros Mutuos”>>,  añadiendo que no existe prueba alguna de la existencia de error que vicie la voluntad de la testadora, y por su parte la Audiencia Provincial también considera  que no se ha probado que concurra vicio de la voluntad en Dª Rosario.          

Sentado lo anterior, como la carga de la prueba del error en la persona alegado pesa  sobre  la recurrente, es llano que el presente motivo de casación debe decaer, pues si la Sra. d l F. C. no estaba de acuerdo con la valoración probatoria realizada, debió impugnarla a través del recurso extraordinario por infracción procesal.

Al no hacerlo así y acudir directamente al recurso de casación denunciando infracción de norma sustantiva incurre en el vicio de “petición de principio” o de hacer “supuesto de la cuestión”.  Conviene recordar que el Tribunal Supremo, al precisar el ámbito de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, ha reiterado que una correcta técnica casacional implica plantear cuestiones jurídicas sin apartarse de los hechos, toda vez que el recurso de casación no constituye una tercer instancia, sino que es un recurso extraordinario que tiene una finalidad de control de la aplicación de la norma sustantiva y de creación de doctrina jurisprudencial, lo que impide invocar la infracción de normas sustantivas desde una contemplación de los hechos diferente de la constatada en la instancia, eludiendo así la valoración probatoria contenida en la sentencia impugnada, y al argumentar al margen de la  base fáctica contenida en la misma se incurre en el defecto casacional de hacer “supuesto de la cuestión” (veánse las sentencias de 29 de diciembre de 1.998, 22 de febrero y 6 de abril de 2000, 31 de mayo de 2001, 22 de marzo y 12 de junio de 2002, 13 de febrero de 2003, 16 de marzo, 8 de abril y 12 de mayo de 2005, 8 de marzo, 19 de abril, 11 de junio y 20 de diciembre de 2007, 5, 13 y 26 de junio de 2008, entre otras muchas).

CUARTO.- Se alega también que la sentencia impugnada infringe, por inaplicación, el art. 3 de la Ley aragonesa de 1/1999, 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, según el cual “el causante goza de la mas amplia libertad para ordenar su sucesión por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de uno o mas fiduciarios, sin mas limites que el respeto a la legitima y los generales del principio standum est chartae”.

El trascrito artículo 3 recoge el principio de libertad de disposición en el campo sucesorio, que nada tiene que ver con el debate litigioso, y en puridad lo que la actora-recurrente denuncia es infracción del principio “standum est chartae”, al que atribuye una función interpretativa, según resulta del desarrollo que hace del motivo de impugnación que nos ocupa, en relación con lo razonado sobre esta materia en el recurso de apelación.

A este respecto conviene recordar lo expresado en las sentencias de esta Sala de fecha 28 de marzo de 2003 y 25 de junio de 2007, en las que se dijo lo siguiente:

<<Para interpretar adecuadamente el sentido del principio aragonés “standum est chartae”, es fundamental tener en cuenta su propio origen histórico; este se encuentra sobre todo en la Observancia 16ª De fide instrumentorum, que dice así, : “ El Juez debe estar siempre a la carta, y juzgar según lo que se contiene en ella, salvo que se contenga algo imposible o contrario al derecho natural” (Iudex debet stare semper et iudicare ad cartam y secundum quod in ea continetur, nisi aliquid impossibile vel contra ius naturale continetur in ea); el significado de dicho texto es que el Juez debe atenerse a la voluntad consignada en la carta, y también mandan al Juez que esté a la carta la Observancia 6ª, De confessis, y la 24ª, De probationibus faciendis cum carta; pues bien, ninguna de estas tres Observancias contiene norma alguna de interpretación y ninguna de ellas tiene nada que ver con la Observancia 1ª, De equo vulnerato, que versa sobre la interpretación de la ley; se refieren a documentos (cartas), no a leyes, y tratan de la eficacia de la voluntad en ellos consignada, no de su interpretación.

La Observancia 16ª establece (expresado en lenguaje moderno) el principio de autonomía de la voluntad, que surge como una reacción frente al sistema de contratos típicos, así como frente a la tendencia de colmar las lagunas positivas del derecho aragonés con el derecho supletorio, proclamando la supremacía de la voluntad sobre éste, lo que supuso la supresión de sus prohibiciones, y en general de sus reglas imperativas, que no se aplican en Aragón más que para suplir las lagunas de la voluntad; aparece así la “charta” como expresión de la voluntad de los otorgantes para moldear a su arbitrio las relaciones entre particulares, con el  límite de que no se establezca algo de imposible cumplimiento o contrario al Derecho natural.

No obstante, los fueristas (siglos XVI al XVIII) también atribuyeron al principio “standum est chartae” un valor interpretativo; fue corriente la creencia de que dicho apotegma vedaba la interpretación extensiva, prohibición que los autores trataban de salvar ampliando las posibilidades hermenéuticas del documento.

Con ocasión del Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880, en el cuestionario enviado a los asistentes se hallaba el tema de si debía mantenerse el principio “standum est chartae”, como si este fuera sólo una regla de interpretación; en el curso de los debates se aclaró el sentido genuino del apotegma (sobre todo gracias a la intervención de Joaquín Costa), negándose a la Observancia 16ª, con razón, cualquier valor o función interpretativa; desde entonces el principio “standum est chartae” se entiende en la doctrina únicamente como expresión de la libertad de pactar, rechazándose su aplicación como regla de interpretación.

En la jurisprudencia, si bien diversas sentencias ordenan atenerse al sentido literal del documento, sin darle interpretación extensiva (sentencias de la Audiencia de Zaragoza de 5 de marzo de 1892, 6 de abril de 1894, 7 de julio de 1898, etc.), sin embargo, cuando las palabras son contrarias a la intención del otorgante  u otorgantes, el Tribunal sigue un camino distinto (sentencias de la Audiencia de Zaragoza de 31 de marzo de 1882, 27 de diciembre de 1899, 2 de abril de 1904, etc.); en este mismo sentido se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1935, la cual señala que el principio standum est chartae, “piedra angular de la legislación aragonesa, aún en el supuesto de que contenga, no solo una consagración del principio de la libertad de pacto, sino también un criterio hermeneútico, en modo alguno impone una sumisión ciega a la letra del documento, con postergación de los demás factores que pueden y deben tomarse en consideración para fijar el verdadero contenido de las declaraciones de voluntad, como así lo viene reconociendo los más autorizados fueristas cuando sostienen que no se debe estar a la letra (litterae) sino a la carta  (cartae), esto es, al contenido de todo el documento”, y bajo el Apéndice de Derecho foral de Aragón, aprobado por Real Decreto de 7 de diciembre de 1925, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1952 atribuye a los tribunales “la función interpretativa sin restricciones”.

Pues bien, la Compilación del Derecho Civil de Aragón de 8 de abril de 1967, siguiendo la pauta marcada por Joaquín Costa, recoge el apotegma “standum est chartae” en el sentido único de libertad de pacto o disposición, como expresión del principio de autonomía de la voluntad, estableciendo en su artículo 3:

“Conforme al principio standum est chartae se estará en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria al Derecho natural o a norma imperativa aplicable en Aragón.”

En la Exposición de Motivos del texto que aprobaron las Cortes se expresa que el principio “standum est chartae” se configura <<en acatamiento a la tradición jurídica del país sobre autonomía de la voluntad y libertad civil, concretada en la Observancia dieciséis “De fide instrumentorum”>>.

La reforma de 1985 ha suprimido en dicho artículo la mención al Derecho Natural y la Ley 1/1999, de 24 de febrero, ha incorporado la relativa a la Constitución, quedando redactado así:

“Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución  o a  las normas imperativas del Derecho aragonés.”

Por lo tanto, el principio que nos ocupa tiene actualmente un único sentido: es expresión de la libertad de pacto o disposición, careciendo de función interpretativa. Sentado esto, es claro que el presente motivo de impugnación también debe decaer, pues se sustenta en una función interpretativa que no desempeña el apotegma “standum est chartae”, que sólo es expresión del principio de autonomía de la voluntad.  

QUINTO.-  Por último la Sra. d l F. C. alega que la sentencia de la Audiencia Provincial infringe, por inaplicación, el artículo 1 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, precepto que establece el sistema de fuentes:

“1. Las fuentes del Derecho civil de Aragón son la ley, la costumbre y los principios generales en los que tradicionalmente se inspira su ordenamientos jurídico.

2. El Derecho civil general del Estado se aplicará como supletorio solo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las informan”.

Aduce al respecto que invocó en su demanda la sujeción de la controversia al Derecho civil aragonés, en particular a la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, en tanto que la Audiencia Provincial, en la fundamentación jurídica de su sentencia, prescindió de dicho Derecho, citando preceptos del Código Civil, que en el caso de autos tienen carácter supletorio, habiendo declarado la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia que, cuando existe derecho propio aragonés regulador de la materia, no procede la aplicación de los preceptos del Código Civil.

En el supuesto que nos ocupa hay aspectos que están regulados por norma aragonesa, pero otros no, procediendo en cuanto a éstos la aplicación del Código Civil como derecho supletorio, a tenor de lo previsto en el trascrito párrafo segundo del artículo 1 de la Compilación.  Así vemos que la propia actora-recurrente expresa en su demanda que <<la cuestión fundamental que constituye el principal “thema decidendi” es decidir acerca de si estamos ante un legado “sub modo”, al que se refieren los artículos 797 y 798 del Código Civil, o, por el contrario, no hallamos ante un legado “sub causa”, que conforme a la teoría general de la nulidad (ex artículos 1261 y 1300 y siguientes del Código Civil, y artículo 755 y concordantes del C. C.), se trata de un legado nulo>> (folio 7 vuelto).  Por otro lado, basta examinar la demanda para darse cuenta que en ella se mencionan numerosas normas del Derecho civil general del Estado.

La Ley 1/1999, de 24 de febrero, sólo regula determinadas cuestiones en materia de legados, siendo aplicable en lo demás el Código Civil como Derecho supletorio.  Consecuentemente nada cabe objetar a la mención que la sentencia de apelación hace del artículo 797 del Código Civil, toda vez que el Derecho aragonés no regula el legado “sub modo”; en cambio, por ejemplo, al tratar de la interpretación del legado la Audiencia se debió referir al artículo 101.1 de la Ley 1/1999, y no al artículo 675, párrafo primero, del Código Civil, por cuanto es improcedente aplicar el Derecho civil general del Estado cuando existe norma aragonesa reguladora de la materia, pues aquél sólo es Derecho supletorio, tal como establece el transcrito artículo 1.2 de la Compilación del Derecho civil de Aragón.

Por lo tanto, no procede aplicar normas del Código Civil cuando existe derecho propio aragonés regulador de la materia. Ahora bien, ello es irrelevante a los efectos del presente recurso, ya que el resultado sería el mismo habida cuenta de la coincidencia entre uno y otro ordenamiento en lo que afecta a la cuestión de autos, aludiendo la propia parte actora a unos y otros preceptos; así, el artículo 101.1 de la Ley 1/1999 y el 675, párrafo primero, del Código Civil son literalmente coincidentes, sin mas diferencia que la de aludir el primero de ellos también a los testadores, al admitir el Derecho aragonés el testamento mancomunado.

A este respecto es de recordar la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal Supremo, denominada de la “equivalencia de resultados”, que impide acoger el motivo correspondiente cuando haya de mantenerse el fallo de la sentencia, aunque sea por fundamentos jurídicos distintos de los que la resolución combatida tuvo en cuenta (véanse las sentencias de 24 de noviembre de 2000, 19 de julio y 21 de noviembre de 2001, 14 de febrero y 27 de septiembre de 2002, 26 de junio y 19 de diciembre de 2003, 29 de noviembre de 2007, entre otras muchas).

SEXTO.- Las costas del presente recurso serán abonadas por la parte recurrente, de conformidad con lo prevenido en el art. 398.1, en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casación, interpuesto por el Procurador D. Julián Gaspar Capapé Felez, en nombre y representación de Doña Enriqueta d l F. C., contra la sentencia dictada en apelación por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza en fecha 26 de mayo de 2008, con imposición de las costas del mismo a la parte recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la referida Sección de la Audiencia Provincial, juntamente con testimonio de esta resolución, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Para citar este artículo :

. «S E N T E N C I A TSJA, 26 Febrero 2009», núm. 6 (2009), Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=498