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Tipo de documento: Artículo

S E N T E N C I A TSJA, 22 Junio 2009

Sucesión entre cónyuges: "fideicomiso legal de residuo": derecho transitorio

EXCMO. SR. PRESIDENTE

D. Fernando Zubiri de Salinas

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. Luis Fernández Álvarez

D. Luis Ignacio Pastor Eixarch

Dª. Carmen Samanes Ara

D. Ignacio Martínez Lasierra

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha visto el presente recurso de casación número 3/2009, interpuesto contra la sentencia  dictada por la Audiencia Provincial de Teruel en fecha 9 de Enero de 2009     recaída en el rollo de apelación número 236/2008, dimanante de autos de procedimiento ordinario  numero 294/08, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Teruel, en el que son partes, como recurrentes, Dª Leonisa L. L. y Dª. María Elena, Dª. Amparo y Don Pablo L. L., representados  por el Procurador de los Tribunales D. José María Angulo Sainz de Varanda  y dirigidos por el   Letrado D. Manuel Gómez Campos,  y como recurridos,  Dª. Consolación  B. M., Dª. Maria Carmen B. M. y D. Joaquín Vicente B. A., representados  por la Procuradora de los Tribunales  Dª. Sonia Peiré Blasco  y dirigidos por el Letrado  D. Antonio Bueso Alberdi.

PRIMERO.- El  Procurador de los Tribunales D. Luis Barona Sanchis, actuando en nombre y representación de Dª. Leonisa L. L.  y  Dª. María  Elena, Dª. Amparo  y D. Pablo L. L.,  presentó demanda de juicio ordinario sobre  acción hereditaria, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se declare a sus mandantes como únicos y universales herederos de Dª. Visitación L. L., propietarios de todos y cada uno de los bienes de su herencia que quedaran sin disponer al fallecimiento de su esposo D. Joaquín B. C.,  y  que por tal motivo tienen  derecho a tales bienes, así como a sus frutos, intereses  y rentas, desde el momento del fallecimiento del Sr. B.  y hasta que se les haga entrega de los mismos, condenando  a los demandados a estar y  pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas del juicio.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a los demandados,  quienes comparecieron en tiempo y forma y contestaron a la misma, y tras la sustanciación del proceso, el Juzgado de Primera Instancia nº 2  de Teruel  dictó sentencia en fecha 8 de septiembre de 2008, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda presentada  por el Procurador Sr. Barona Sanchis, en nombre y representación de Leonisa  L. L., D. Pablo, Dª.  María Elena  y Dª. Amparo L. L., debo absolver a Maria  Carmen B.  M., Dª. Consolación B. M. y D. Joaquín B. A.  de todas las pretensiones  que contra ellos se  dirigían. No se hará pronunciamiento alguno en materia de costas.”

TERCERO.- Interpuesto por la parte actora, en tiempo y forma, recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Teruel, se dio traslado del mismo a la parte contraria, quien se opuso al recurso planteado de contrario, y elevadas las actuaciones a  la  Audiencia Provincial de Teruel, ésta dictó sentencia de fecha  9 de Enero de  2009, cuya parte dispositiva dice así: “FALLAMOS.- Que debemos declarar y declaramos  no haber lugar   al recurso de apelación presentado por Dª Leonisa L. L., D. Pablo L. L., Dª. Maria Elena  L. L. y Dª. Amparo L. L. contra la sentencia dictada el 8-9-2008 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel en los autos de procedimiento ordinario seguidos con el número 294/2008, y como consecuencia: 1º.- Debemos de confirmarla y la confirmamos.  2º.- Imponemos a la parte apelante las costas causadas por su recurso.”

CUARTO.- El  Procurador  de los Tribunales D. Luis Barona Sanchís,  actuando en nombre y representación de los actores, presentó, en tiempo y forma, escrito preparando recurso de  casación contra la anterior sentencia, y una vez que la Audiencia Provincial de Teruel lo tuvo por preparado, se formuló el oportuno escrito de interposición, que basó en infracción por inaplicación  del artículo 216.2 de la Ley 1/1.999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte.

QUINTO.-. Recibidas las actuaciones en esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y comparecidas las partes, se dictó en fecha  3 de abril  de 2009 auto por el que se admitía el recurso a trámite, confiriéndose traslado  del escrito de interposición  a la parte contraria  por plazo de veinte días, quien formuló oposición, y por providencia de fecha 22 de mayo de 2009 se señaló para votación y fallo el día 10 de junio el presente año.

Es Ponente el  Ilmo. Sr. Magistrado  D. Luis Fernández  Álvarez.

PRIMERO.- A la hora de dar  adecuada solución  al presente recurso de casación  es útil señalar, con carácter previo, los siguientes extremos que resultan de las actuaciones:

Dña. Visitación  L. L. contrajo primeras y únicas nupcias con D. Joaquín B. C.  en fecha 5 de enero de 1981,  de cuyo matrimonio no hubo descendencia.

El Sr. Joaquín B. había contraído con anterioridad matrimonio por dos veces. Del primero de ellos, celebrado el 26 de noviembre de 1942, nacieron dos hijas, Dña. Maria del Carmen y Dña. Consolación B. M., y del segundo, que se celebró el 16 de octubre de 1954, tuvo un hijo, D. Joaquín Vicente B. A.

Dña. Visitación L. L. falleció intestada el día 3 de enero de 1993, resultando único heredero su esposo, D. Joaquín B. C., quién falleció, también intestado, el día 7 de enero de 2004.

El Notario de Teruel D. Dámaso Cruz Gimeno, en fecha 19 de abril de 2005, mediante Acta de declaración de herederos abintestato obrante al nº 654 de su protocolo, declaró único heredero de Dña. Visitación L. L., en cuanto a los bienes no troncales, a su esposo D. Joaquín B. C., y únicos herederos abintestato de D. Joaquín B. C., tanto en los bienes troncales como en los no troncales, a sus tres hijos por terceras e iguales partes entre ellos, dejando “a salvo los eventuales derechos de terceros para contender en la vía civil correspondiente”.

El 23 de junio de 2005 se formalizó ante el expresado Notario de Teruel, D. Dámaso Cruz Gimeno, bajo el nº 1.174 de su protocolo, escritura de aceptación y adjudicación de herencia de ambos cónyuges, en la que se señalan como bienes consorciales de Dña. Visitación L. L. y D. Joaquín B. C., que quedaron al fallecimiento de los mismos, el piso 2º , tipo B, a la derecha, de  la casa sita en la c/ Jaca , nº 3, de Teruel, y la plaza de garaje nº 13 de dicha casa, bienes adquiridos por compra, en estado de casados, al Patronato de Viviendas de la Guardia Civil, en virtud de escritura otorgada el 28 de octubre de 1981, autorizada por el Notario que fue de Teruel D. Francisco  de la Haza Cañete.

Ese mismo día  (el 23 de junio de 2005), se otorgó por Dña. Maria Carmen B. M., Dña. Consolación B. M., y D. Joaquín Vicente  B. A., ante el Notario D. Dámaso Cruz Gimeno, bajo el nº 1.165 de su protocolo, escritura pública de venta por la que transmitían a D. Valero C. L.  y a Dña. Maria Teresa C. G.,  por el precio global de 120.202 euros, la vivienda y plaza de garaje sitos en la casa nº 3 de la c/ Jaca de Teruel.

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Teruel dictó en fecha 7 de mayo de 2007 auto en el que declara herederos abintestato de Dña. Visitación L. L. a Dña. Leonisa L. L. ( hermana de la causante ) y a D. Pablo, Dña. María Elena y Dña. Amparo L. L. ( sobrinos de la causante), en sustitución de D. Joaquín B. C., respecto de los bienes provenientes de la herencia de Dña. Visitación L. L. que quedaren al fallecimiento del Sr. B. C. en su herencia.

En fecha 23 de mayo de 2008, Dña. Leonisa L. L. y D. Pablo, Dña. María Elena y Dña. Amparo L. L.  presentaron demanda de juicio declarativo ordinario en la que, en base a lo prevenido en el artículo 216. 2 de la Ley de Sucesiones por Causa de  Muerte, pedían se les declarase únicos y universales herederos de los bienes provenientes de la herencia de Dña. Visitación L. L. que quedaran sin disponer a la muerte de su esposo,  D. Joaquín B. C., condenando a  Dña. Maria Carmen y Dña. Consolación B. M. y a D. Joaquín Vicente B. A. a su entrega, con sus frutos, intereses  y rentas.

A dicha pretensión se opusieron los demandados, y tras la sustanciación del juicio por sus trámites, se dictó por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Teruel, en fecha 8 de septiembre de 2008, sentencia por la que se desestimó la demanda, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas, e interpuesto recurso de apelación por los actores, recayó el 9 de enero de 2009 sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel por la que se confirmó la de instancia, con imposición de las costas  del recurso a la parte apelante.

Contra dicha sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel  se formuló por los demandantes recurso de casación por interés casacional, pidiendo se dejase la misma sin efecto y se estimase la demanda.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Teruel,  por auto de fecha 7 de mayo de 2007 declaró herederos abintestato de Dña. Visitación L. L. a los aquí actores, respecto de los bienes provenientes de la herencia de Dña. Visitación L. L. que quedaren al fallecimiento del Sr. B. C. en su herencia,  expresando en la fundamentación jurídica de dicha resolución lo siguiente:

<<Resulta de aplicación al presente caso la Ley  1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, de la Comunidad Autónoma de Aragón, que entró en vigor el día 23 de abril de 1999 y que en su disposición derogatoria única deroga el Libro II, “Derecho de sucesión por causa de muerte”, artículos 89 a 192 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.>>

Ahora bien, dicho auto de declaración de herederos no produce el efecto de cosa juzgada material (extremo no discutido), y por otro lado resulta  que los demandados fueron declarados, en fecha 19 de abril de 2005, por el Notario de Teruel D. Dámaso Cruz Gimeno, únicos herederos abintestato de D. Joaquín B. C., tanto en los bienes troncales como en los no troncales.

Ante tal situación, los actores formularon demanda en la que piden se dicte sentencia en la que se les declare únicos y universales herederos de los bienes provenientes de la herencia de Dña. Visitación L. L. que quedaran sin disponer a la muerte de su esposo D. Joaquín B. C. y se condene a Dña. Maria Carmen y Dña. Consolación B. M.  y a D. Joaquín Vicente B. A. a su entrega, con sus frutos, intereses  y rentas, versando el debate de autos en torno a si es o no de aplicación al supuesto que nos ocupa el llamamiento previsto en el artículo 216.2 de la Ley 1/1999 a favor de los parientes del cónyuge premuerto ( los aquí actores ), cuestión que fue resuelta tanto por el Juzgado como por la Audiencia Provincial en sentido contrario a lo postulado por los recurrentes,  debiendo señalarse, a la vista de lo argumentado en el presente recurso, que para obtener sentencia desestimatoria a su favor los demandados no precisaban instar la nulidad del auto de declaración de herederos abintestato dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Teruel, tal como alegan los demandantes.

 En todo caso, dicho planteamiento (necesidad de solicitar se declare la nulidad de dicho auto) nos colocaría ante una cuestión de índole procesal que no cabe suscitar en el seno de un recurso de casación, por exceder de su ámbito, debiendo acudirse al recurso extraordinario por infracción procesal si se estima que la infracción que se denuncia tiene cabida en alguno de los motivos del artículo 469.1  de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- La cuestión litigiosa radica en dilucidar si en el caso de autos debe estarse a la regulación que se contiene en la Compilación del Derecho civil de Aragón, o si, por el contrario, es aplicable el llamamiento previsto en el artículo 216.2 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte ,   a favor de los parientes del cónyuge premuerto, no obstante haber fallecido éste antes de la entrada en vigor de dicha Ley.

La Compilación aragonesa solo preveía el llamamiento en favor de los parientes del cónyuge premuerto en caso de  “pacto al más viviente”, institución a la que se refiere en tres lugares distintos.  En primer lugar, y bajo el nombre “agermanamiento” o “casamiento al más viviente”, en el artículo 33, dentro de las llamadas instituciones familiares consuetudinarias, precepto incluido, a su vez, en el Capitulo II del Título IV del Libro Primero, regulador “del régimen matrimonial paccionado” (las capitulaciones matrimoniales). En segundo lugar, en el artículo 95, relativo al testamento mancomunado (Capitulo III, Título II del Libro II).  Y, finalmente, en el artículo 108, dentro de la sucesión paccionada (Titulo III del Libro II).

El “pacto al más viviente” se podía establecer en testamento mancomunado o pacto sucesorio (otorgado ya en capitulaciones matrimoniales, ya en escritura pública entre parientes, ya en el marco de las instituciones familiares consuetudinarias), y sus efectos, cuando no quedan hijos, se recoge en el apartado 3 del mentado artículo 108, precepto que dice así:

“No habiendo hijos, o fallecidos todos ellos antes de llegar a la edad para poder testar, el sobreviviente heredará los bienes del premuerto.  En tal caso, fallecido a su vez aquél sin haber dispuesto por cualquier título de tales bienes, pasarán los que quedaren a las personas llamadas, en tal momento, a la sucesión del cónyuge primeramente fallecido.”

Pues bien, ocurre que ese segundo llamamiento a favor de los parientes del cónyuge primeramente fallecido se ha extendido en la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesión por Causa de Muerte, al supuesto de adquisición de los bienes por sucesión legal, a tenor de lo previsto en el artículo 216.2 de dicha Ley de Sucesiones:

“Si el viudo heredero legal falleciera sin haber dispuesto por cualquier título de todos los bienes adquiridos de su cónyuge, se deferirán los que quedaren a los parientes del premuerto llamados, en tal momento, a su sucesión legal, como herederos de éste y sustitutos de aquél.  A falta de estos parientes, tales bienes quedaran integrados en la herencia del sobreviviente.”

Ese cambio normativo suscita el problema de determinar la eficacia que pueda tener la norma nueva respecto de los bienes adquiridos por el cónyuge  supérstite cuando regía la norma anterior, cuestión a resolver a la vista de las disposiciones transitorias contenidas en el Derecho Civil aragonés.

Como Dª. Visitación L. L. falleció intestada el día 3 de enero de 1993, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, resulta que su esposo, D. Joaquín B. C., heredó  los bienes que pertenecieron a aquélla de acuerdo con la “ley vigente en el momento de la apertura de la sucesión”, tal como previene la disposición transitoria primera de la Ley de Sucesiones por Causa de Muerte, o sea de conformidad con lo establecido en la Compilación del Derecho Civil de Aragón, la cual, en caso de sucesión abintestato, no sujetaba los bienes que quedaren a la muerte del supérstite a un segundo llamamiento en favor de los parientes  del cónyuge primeramente fallecido.

Consecuentemente, aplicar el segundo llamamiento previsto en el artículo 216.2 de la Ley 1/1999 a los supuestos en que el cónyuge premuerto fallece antes de su entrada en vigor, aunque el segundo cónyuge fallezca después, es dar a dicho precepto efectos retroactivos, pues supone imponer a una sucesión abierta en 1993 un segundo llamamiento establecido por una ley posterior.  En efecto, el Sr. B. C. había adquirido los bienes que pertenecieron a Dª. Visitación L. L.  sin sujeción a llamamiento en favor de los parientes de su mujer premuerta, a tenor de la normativa vigente (la Compilación) en el momento de la apertura de la sucesión (el 3 de enero de 1993), y tal régimen se pretende sustituir por el de la nueva regulación, lo cual no es admisible por cuanto supondría aplicar no la regulación vigente en el momento de la apertura de la sucesión, sino la establecida en una ley posterior (la Ley 1/1999, de 24 de febrero), efecto retroactivo que contraviene lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la mentada Ley 1/1999, según la cual las “sucesiones por causa de muerte se regirán por la Ley vigente en el momento de la apertura de la sucesión.”

A igual solución se llega si tenemos en cuenta la regla supletoria que se recoge en la disposición transitoria duodécima de la Compilación de 1967, según la cual “las demás cuestiones de carácter intertemporal que puedan suscitarse se resolverán aplicando el criterio que informa las disposiciones transitorias del Código Civil”.  Pues bien, dichas disposiciones están inspiradas, como regla general, en la irretroactividad de las leyes, estableciéndose en el párrafo preliminar de las disposiciones transitorias del Código Civil que “las variaciones introducidas por (la ley nueva), que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación civil anterior, no tendrán efecto retroactivo”.  A su vez, y a tenor de la regla 1ª del Código Civil, “se regirán por la legislación anterior… los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque (la ley nueva) los regule de otro modo o no los reconozca”.

Por lo tanto, el recurso interpuesto debe decaer, ya que D. Joaquín B. C. hereda los bienes que pertenecieron a su esposa en fecha 3 de enero de 1993, y como los adquiere sin sujeción a un ulterior llamamiento en favor de los parientes del cónyuge primeramente fallecido, a tenor de la legislación vigente en el momento de la apertura de la sucesión (la Compilación), corresponden los que quedaren a su muerte a sus propios parientes.  Así pues, el artículo 216.2 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte, no es aplicable al supuesto de autos.

En definitiva, como señala la doctrina y recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, para la aplicación del llamamiento previsto en el artículo 216.2 de la Ley 1/1999 es preciso que la adquisición abintestato a favor del cónyuge supérstite de los bienes pertenecientes al premuerto se dé bajo la vigencia de la Ley de Sucesiones por Causa de Muerte.

Finalmente, debe aclararse, a la vista de lo alegado en el presente recurso, que la apertura de la sucesión tiene lugar cuando se produce la muerte del cónyuge primeramente fallecido, y la especialidad contenida en el artículo 108.3 de la Compilación (o en los arts. 80.3, 104.3 y 216.2 bajo la Ley 1/1.999), no nos sitúa ante una segunda apertura de la sucesión, sino ante una delación pluripersonal o múltiple en la que el cónyuge supérstite es llamado en el momento de la apertura de la sucesión, en tanto que los parientes del cónyuge premuerto lo son, en su caso, en un momento posterior: cuando se produce el fallecimiento del cónyuge supérstite –apertura única y delación sucesiva- (véanse las sentencias de esta Sala de fecha 13 de junio de 2.007 y 1 de diciembre de 2.008).

CUARTO.-  Alega el recurrente que no se le debieron imponer las costas de la segunda instancia, a la vista de lo prevenido en el artículo 398, en relación con el 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, toda vez que el supuesto que nos ocupa presenta serias dudas de derecho.

En relación con este punto es de señalar que las normas que regula la condena al pago de las costas han de considerarse de naturaleza procesal, teniendo declarado el Tribunal Supremo, de forma reiterada, que en ningún caso dichas normas son aptas para fundar el recurso de casación por exceder del ámbito de éste las cuestiones procesales.

Mas aún, el Tribunal Supremo dejó sentado que los preceptos sobre costas (arts. 394 a 398) tampoco pueden ser invocados por medio del recurso extraordinario infracción procesal, pues no todas las infracciones procesales son controlables a través del recurso extraordinario, ya que es imprescindible,  aparte de la recurribilidad de la sentencia, que la vulneración de la norma procesal que se denuncia sea incardinable en alguno de los motivos tasados que se recogen en el artículo 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, en ninguno de los cuales tiene encaje adecuado la infracción de los artículos sobre costas, habiendo optado el legislador por excluir del recurso extraordinario por infracción procesal el control de la aplicación de dichos preceptos, al igual que ocurre con otras cuestiones procesales, que tampoco pueden acceder al mentado recurso extraordinario (véanse los autos del Tribunal Supremo de 26 de junio, 18 de septiembre y 6 de noviembre de 2007, y de 17 de julio y 21 de octubre de 2008, etc.).

En todo caso, el supuesto de autos, a la vista de las normas sobre derecho transitorio contenidas en el Derecho aragonés, no presenta serias dudas de derecho.

QUINTO.-  Las costas del presente recurso serán abonadas por la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 398.1, en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casación nº 3/2009, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Luís Barona Sanchis, en nombre y representación de Dª. Leonisa L. L. y Dª. María Elena, Dª. Amparo y D. Pablo L. L., contra la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Teruel en fecha 9 de enero de 2009, con imposición de las costas del mismo a la parte recurrente.

Devuélvanse las actuaciones a la referida Audiencia Provincial, juntamente con testimonio de esta resolución, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Para citar este artículo :

. «S E N T E N C I A TSJA, 22 Junio 2009», núm. 6 (2009), Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=508