núm. 6 (2009)

Tipo de documento: Artículo

STANDUM EST CHARTAE:  ¿EXISTE HOY UN REQUISITO FORMAL (DOCUMENTO) PARA SU APLICACIÓN?

VÍCTOR CAZCARRO PÉREZ

Extracto

El presente trabajo da respuesta a una pregunta surgida al autor durante el estudio de standum est chartae. La de si hoy, dada la redacción actual del artículo 3º de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, es necesaria siempre y en todo caso la plasmación por escrito de los pactos o disposiciones expresivos de la voluntad de los otorgantes, como requisito formal, para que les sean aplicables los efectos previstos en dicho artículo. Comienza con una muy somera mirada general a los orígenes y evolución de standum est chartae dentro del marco de la evolución del Derecho aragonés, su significación o significaciones, sucesivas y simultáneas, distinguiendo cuatro etapas principales, que son las que definen y permiten entender plenamente su significado actual. Posteriormente se centra ya en el significado de standum est chartae hoy en el Ordenamiento Jurídico aragonés, deslindando su triple naturaleza en cuanto apotegma, norma legal y principio general del derecho aragonés. Finalmente, el último apartado responde directamente la pregunta origen del trabajo, acudiendo para ello al estudio de las posiciones doctrinales relativas a este tema, al estudio pormenorizado del artículo 3º de la Compilación, y a la aplicación que del mismo hacen los juzgados y tribunales. Como conclusión final establece que, en el marco del actual Derecho aragonés, no existe un requisito formal, consistente en la documentación por escrito, ni de ninguna otra manera, de los pactos o disposiciones para que los mismos alcancen su plena validez y eficacia en el ámbito de standum est chartae.

Planteamiento del problema localizado, dentro de una panorámica general actual de standum est chartae.

Standum est chartae es, sin duda, el aforismo más conocido de todo el Derecho aragonés.  Desde hace siglos ha sido invocado, estudiado, alabado y criticado, no dejando indiferente a prácticamente ningún estudioso de nuestro Derecho.  De hecho, utilizado casi a modo de sinécdoque, se ha convertido incluso en un referente iconográfico repetido frecuentemente en diversas manifestaciones simbólicas de distintas instituciones relacionadas con el mundo del Derecho aragonés.  Así, aparece, por ejemplo, en el texto del sello de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, en las vidrieras del Palacio de los condes de Morata o de los Luna, sede actual del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y en algún repostero del Colegio de Abogados de Zaragoza.

Los últimos estudios doctrinales parecen situar su origen al menos en el siglo XIII (Fuero De confesis, de 1247)1, si bien su influencia directa en nuestro Derecho actual viene principalmente de la Observancia 16 De Fide Instrumentorum (principios del siglo XIV), y desde luego ya en el siglo XVI tenía relevancia sustancial, como podemos ver en el Repertorio de Miguel del Molino.

Hoy, aparte de su uso como apotegma, es el más conocido de los principios del Derecho aragonés, además de haber sido positivizado como ley en el artículo 3º de la Compilación de Derecho Civil de Aragón de 1967 que, en su redacción actual, dada por la disposición final primera de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, dice así:

“Standum est chartae”

Artículo 3º .-  Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés.

Entendido del modo en que lo hace la mayoría de la doctrina al menos desde el siglo XIX, es decir, como expresivo de la libertad civil, a modo de reconocimiento por parte del legislador, e incluso de la sociedad en su conjunto, de una capacidad genérica de los particulares de regular con gran amplitud sus relaciones, podemos encontrar principios similares en la Edad Media en casi todo el ámbito europeo, y desde luego en distintos reinos de la actual España2.

Sin necesidad de retrotraernos en el tiempo, preceptos más o menos similares se recogen actualmente en las legislaciones de Cataluña, Navarra y País Vasco.

Así, el Código Civil de Cataluña dispone:

“Artículo 111-6.  Libertad civil

Las disposiciones de este Código y de las demás leyes civiles catalanas pueden ser objeto de exclusión voluntaria, de renuncia o de pacto en contra, salvo que establezcan expresamente su imperatividad o que esta se deduzca necesariamente de su contenido.  La exclusión, la renuncia o el pacto no son oponibles a terceros si pueden resultar perjudicados.”3

Por su parte, la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra establece:

“LEY 7.  “Paramiento”.

Conforme al principio “paramiento fuero vienze” o “paramiento ley vienze”, la voluntad unilateral o contractual prevalece sobre cualquier fuente de Derecho, salvo que sea contraria a la moral o al orden público, vaya en perjuicio de tercero o se oponga a un precepto prohibitivo de esta Compilación con sanción de nulidad.

LEY 8. Libertad civil.

En razón de la libertad civil, esencial en el Derecho navarro, las leyes se presumen dispositivas.”

En cuanto al País Vasco, su Ley 3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil Foral vasco dispone en su Título Preliminar:

“Artículo 4.

De acuerdo con el principio de libertad civil, tradicional en el Derecho Foral vasco, las Leyes se presumen dispositivas, y la renuncia a los derechos de ellas derivados será válida en tanto no contraríen el interés o el orden público, ni perjudiquen a tercero.”

En cuanto al Código Civil español, en ocasiones se ha considerado que la regulación más parecida a nuestro standum est chartae sería, y referida tan solo a materia contractual, su artículo 1.255:

“1.255.  Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.”

Vemos, por tanto, que la libertad civil, reconocida con mayor o menor amplitud (quizá incluso de modos diferentes), implicando más o menos efectos en ocasiones respecto a la legislación de cada ordenamiento, es hoy recogida expresamente en las legislaciones más próximas a la aragonesa.

Sin embargo, junto a su vigor, hoy día indudable, podemos señalar que standum est chartae adolece, y en esto también resulta paradigmático, de los principales problemas que afectan a todo el Derecho Civil aragonés4.

En primer lugar, falta de conocimiento suficiente del mismo por parte de quienes deben aplicarlo5, y no digamos social.  Sin duda se están dando grandes pasos para solucionarlo contribuyendo a su conocimiento y difusión6, y yo diría que el más importante y trascendente, aunque desde luego no el de efectos más rápidos, es la obligatoriedad de cursar, dentro del plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, las asignaturas de Derecho Público aragonés y Derecho Civil aragonés.

En segundo lugar, un estudio del mismo, en mi opinión, excesivamente centrado en su historia.  Siguiendo al profesor DELGADO, él mismo se plantea,7 en cuanto a interpretación y aplicación, “si las normas de la Compilación han de recibir un tratamiento sustancialmente distinto al de cualesquiera otras normas de Derecho civil codificado”, para contestarse a continuación: “creo que no; lo que no empece para que la interpretación histórica tenga un papel más relevante respecto de normas que fueron pensadas como expresión actual de otras históricas, sin cuyo conocimiento se corre el grave riesgo de que el resultado de la interpretación sea puramente cerebral y arbitrario”.  Poco después, él mismo matiza8 esta afirmación en el sentido de que interpretación histórica “no quiere decir sujeción necesaria a la interpretación que al Derecho y a cada una de sus instituciones se haya dado en épocas pasadas.  La interpretación histórica es también interpretación evolutiva, adecuada a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas las normas”, para terminar con una cita del profesor LACRUZ BERDEJO, sosteniendo que no hay paradoja en mantener que “también la readaptación de la solución histórica es, ella misma, histórica”.  Ya en otra obra anterior9  había afirmado en sentido similar que: “la tradición jurídica no es un conjunto de normas, instituciones y principios dados de una vez por todas, que se transmite luego inmutado e intocable de generación en generación.  La tradición es también cambio.  La tradición jurídica es parte de la historia cultural de un pueblo y esta historia no se cierra mientras el pueblo vive”.

Esta creo que es la dirección correcta.  El que una norma o un principio actuales tengan un origen concreto, naturalmente tiene su relevancia, pero no más que la evolución luego seguida en su concepción por la sociedad que los aplica, y desde luego la tiene mucho menor que el modo en que es interpretada en el momento actual, sea por el legislador cuando la normativiza, sea por la sociedad, a la que ese legislador sirve, cuando la utiliza y aplica.  Por ello, creo un error pretender extraer hoy consecuencias efectivas en la interpretación y en la aplicación del Derecho actual (en este caso concreto, de standum est chartae) de las primitivas concepciones que le dieron vida10, si no es al menos pasándolas por el tamiz de las que se la dan actualmente.

Sin embargo, no siempre se ha visto así, y muchos autores han extraído consecuencias en la interpretación de nuestro Derecho actual, en este caso concreto incluso para la aplicación del artículo 3 de la Compilación, de los orígenes mismos del aforismo, o al menos de su pasado remoto.

Con todos estos problemas, no es de extrañar la dificultad que encuentra dicho artículo, y en ocasiones también el principio que refiere, para su aplicación efectiva e incluso para su misma comprensión.  Así, ha sido visto con reticencia por un sector de la doctrina (aunque ciertamente minoritario) que no ha ocultado su sorpresa ante su vitalidad en la legislación vigente, incluso con una creciente capacidad tras sus sucesivas reformas.  En este sentido, el profesor LALINDE se llegaba a preguntar11:  “¿no es sorprendente que un principio abstracto pueda ser erigido en estrella de un ordenamiento, y, además, sea admitido con la rara unanimidad con la que me parece lo ha sido entre los foralistas aragoneses? ¿No será un paradigma de paralogismo el que el principio admitido con más adhesión en un ordenamiento sea un brocardo ambiguo cuya precisión en la aplicación es mucho más difícil que la de preceptos concretos?”   Más recientemente, el profesor MOREU, planteando su posible condición de principio general tradicional del Derecho aragonés, llega a afirmar12 que “si tal tesis se admitiera, siempre habría que advertir a continuación de que es un principio general sumamente especial y se debería reconocer además el carácter bastante problemático y abierto todavía a los resultados de la investigación histórica (este subrayado es mío) que tiene el supuesto carácter “tradicional” del principio tal y como ha quedado plasmado en el artículo 3 de la Compilación, vinculado al ambiguo brocardo…”.  Desde luego, inquietaría pensar que un descubrimiento histórico sobre la significación en el siglo XVI del principio, o incluso del brocárdico, standum est chartae pudiese alterar la realidad actual del ordenamiento aragonés del XXI.

En un intento de colaborar dentro de lo posible a la clarificación del significado y alcance actual de standum est chartae, me propongo en este trabajo dar respuesta a una pregunta que me ha surgido del estudio del mismo, y que es la de si hoy, dada la redacción actual del artículo 3 de la Compilación, es necesaria siempre y en todo caso la plasmación por escrito de los pactos o disposiciones expresivos de la voluntad de los otorgantes, como un requisito formal, para que les sean aplicables los efectos previstos en dicho artículo.

Considero, sin embargo, que antes es imprescindible dar una mirada general, siquiera sea someramente, a los orígenes y evolución de standum est chartae (dentro del marco general de la evolución del Derecho aragonés), su significación o significaciones, sucesivas y simultáneas, a fin de alcanzar una visión global del mismo que posibilite llegar a conclusiones sólidas respecto al fin expuesto.

Dentro de este apartado, y como ya se puede ver en el sumario, voy a distinguir cuatro etapas principales, que son las que para mi definen y permiten entender plenamente el significado actual de standum est chartae.

En primer lugar, naturalmente, su origen y sus primeros siglos de vida.

Sin embargo, creo, y en esto estoy totalmente de acuerdo con el profesor DELGADO13, que existe un punto de inflexión “en el significado del standum est chartae, en el que nace el tramo de la tradición jurídica aragonesa que llega a la Compilación vigente”, que “se sitúa en el último tercio del” siglo XIX, “cuando standum est chartae, Observancia 16 De fide instrumentorum, autonomía de la voluntad y libertad civil conforman un todo significativo … y ello bajo la influencia directa de … Joaquín Costa, que marca así con su sello personal la configuración presente de nuestro sistema jurídico”. Su gran importancia, proyectada, insisto, hasta el presente, justifica el que distingamos este relativamente breve periodo dedicándole su propio apartado.

Naturalmente, por muy importante que sea dicho punto de inflexión, standum est chartae ha seguido evolucionando junto con Aragón y el resto del Estado, y a esta evolución posterior, dedico la siguiente parte, llegando al último gran punto de inflexión, la Constitución española de 1978, a partir de la cual podemos volver a hablar de la existencia de un ordenamiento jurídico aragonés completo, al recuperar Aragón la capacidad de legislar, perdida desde los Decretos de Nueva Planta, y dando lugar a la, por el momento, última etapa en la evolución de standum est chartae.

Al menos durante un siglo14 ha existido prácticamente unanimidad en situar el origen de standum est chartae en las Observancias15, y principalmente en dos de ellas:  la Observancia 16, De fide instrumentorum, y la 1ª, De equo vulnerato.

En principio, las Observancias no son ningún tipo de norma, si bien el profesor DELGADO16, comentando el título completo de las Observancias (Observancias y costumbres del Reino de Aragón comúnmente consideradas en uso), señala que “el emparejamiento de observancias y costumbres nos advierte de la pretensión de valer como normas, junto a los fueros, reguladoras de las relaciones entre los aragoneses y de obligada aplicación por los jueces al resolver los pleitos”.  Son en realidad recopilaciones de costumbres, precedentes judiciales y opiniones de foristas que se recogían por escrito, y su denominación vendría del hecho de que son normalmente “observadas” por los tribunales.

Tenemos constancia de la existencia de varias colecciones sucesivas.  La primera, asistemática, es posiblemente, para el profesor LALINDE17, la del Justicia Martín Sagarra, hacia 127018.

Posteriormente, el también Justicia Jimeno Pérez de Salanova realiza otra colección, ésta ya sistematizada siguiendo el orden de los fueros, a principios del siglo XIV.

Jaime de Hospital, lugarteniente del Justicia, confecciona la suya a finales del mismo siglo.

La última colección de observancias, considerada oficial, es ya fruto de una encomienda de las Cortes celebradas en Teruel en 1428 al Justicia Martín Díez de Aux.  Expresamente las Cortes dicen que las observancias que se incluyan no tendrán más valor del que ya tuvieran antes de ser reunidas, ni perderán valor las no recopiladas.

Sin embargo, lo cierto es que desde 1437 quedan fijadas, sin ser ya modificadas, y pasan a ser publicadas junto con los Fueros en todas las ediciones de los mismos, hablándose desde entonces de “Fueros y Observancias”, y siendo considerados un todo único.

De hecho, el Apéndice de 1925 dispone en su artículo 78 que queda “derogado el Cuerpo legal denominado “Fueros y Observancias del Reino de Aragón”.  Como señala acertadamente el profesor DELGADO 19, las Observancias “nunca fueron promulgadas, pero merecieron los honores de una derogación”.

Todavía en el siglo XV y la mayor parte del XVI Aragón sigue manteniendo su independencia legislativa (en aquella época más bien foral) plena, pese a haber terminado la Reconquista y estar ya reunidos en una sola monarquía todos los reinos de España.

En esta época es de destacar sobre todo la obra de MIGUEL DEL MOLINO, Repertorium Fororum et Observantiarum Regni Aragonum, publicada en 1513 y reeditada en 1533, 1554 y 1585, y posteriormente escoliados por JERÓNIMO PORTOLÉS.

Sin embargo, el declive está ya presente.  En 1591 es decapitado el Justicia Juan de Lanuza “el Mozo”, y son modificados profundamente los Fueros y la institución del Justicia en las Cortes de 1592.   Como es sabido, la decadencia se acentúa a lo largo del siglo XVII, y a comienzos del XVIII se dictan los Decretos de Nueva Planta tras la Guerra de Sucesión.  Pese a permitirse en uno de ellos la pervivencia de las “Leyes Municipales” (así se las denomina)  de Aragón para regular las relaciones entre particulares, al haber quedado cegadas las fuentes de creación del Derecho aragonés hasta finales del siglo XX, se produce una nueva petrificación del mismo (recordemos que las Observancias, esenciales para este trabajo, ya se fijaron sin alteraciones posteriores en 1437).

Lo cual tiene, entre otros efectos, el del auge del Derecho consuetudinario, pues los particulares adaptan como pueden el Derecho de que disponen, de siglos de antigüedad en muchos casos, a las nuevas realidades que se les presentan.  Y para ello hacen uso de una libertad civil que realmente parecen sentir que les faculta para regular sus relaciones privadas en muchas ocasiones incluso “contra fuero”, donde sin duda se encuentra el germen de esa teoría de la libertad civil que Costa, ciertamente desde una postura política liberal propia de su tiempo, finales del XIX, defenderá y conseguirá en cierto modo que sea asumida por la mayoría de la doctrina aragonesa, vinculada a standum est chartae.

Pero centrémonos ahora de nuevo en las Observancias.  Señalar, para quien nunca las haya leído, que éstas se agrupan bajo epígrafes (“De equo vulnerato”, “De confessis”, “De fide instrumentorum”, “De re iudicata”, etc) y dentro de cada epígrafe, se numeran las distintas observancias del mismo.  Así, la 1ª De equo vulnerato, es la primera de las agrupadas bajo este epígrafe, y la 16ª De fide instrumentorum, es la decimosexta de las que se agrupan en este otro.

Pero, además, De equo vulnerato es el primero de los epígrafes en que se estructuran las Observancias desde las de Jaime de Hospital, pues así las recogió dicho autor.  Mantenido este privilegiado lugar por Martín Díez de Aux en su colección “oficial”, ya no lo cedió nunca, al quedar fijada, tal como se ha dicho, esta versión como definitiva desde 1437.  Esto explica, en mi opinión, la gran difusión de la idea, vinculada a la misma, de standum est chartae como principio hermenéutico o interpretativo.

Porque efectivamente, tal como se señalará más adelante, standum est chartae en el siglo XIX, partiendo de esta doble fuente, se considera que de algún modo supone o representa dos principios distintos, aunque no incompatibles:

1º.- como regla hermenéutica que obligaría a una interpretación literal de los fueros, vinculada a la Observancia 1ª De equo vulnerato, y

2º.- como expresión de la libertad civil, fundamentada en varias Observancias, pero principalmente en la Observancia 16 De fide instrumentorum.

El profesor DELGADO, en su trabajo El Justicia Jimeno Pérez de Salanova, experto en Fuero y Derecho, realiza una muy fundada exposición, a la que me remito, sobre lo que denomina “doble origen de dos principios distintos”, dentro del tratamiento que lleva a cabo expresamente en el mismo de “El tema Standum est chartae”20.

Al margen de ello, y por no tener relevancia directa en relación con el objeto de este trabajo, tan solo señalaré unas pocas ideas surgidas del estudio del origen de standum est chartae en las Observancias.

En primer lugar, debo señalar que standum est chartae aparece en diversas formulaciones de, a su vez, diversas observancias y fueros.  De hecho, la idea subyacente de estar a lo dispuesto por las partes, aparece unas veces como “stare … ad cartam21”, mientras que otras se habla de “stare instrumento” en un sentido similar, aunque no sabemos si plenamente intercambiable.  Sin embargo, será el vocablo carta el que definitivamente se fijará en el brocárdico, sin que me haya sido posible encontrar referencia en ningún autor sobre el momento exacto en que dicho brocárdico queda cristalizado en el tenor literal, inalterado al menos en los dos últimos siglos, standum est chartae.

En segundo lugar, los dos autores que más a fondo han estudiado standum est chartae, los profesores LACRUZ22 y DELGADO23 han señalado la importancia que para ellos tenía la nueva versión del fuero de Teruel sancionada por Felipe I en 1564, pues ambos consideran que una disposición interpretativa añadida en el libro II, bajo la rúbrica De pactis, supone una interpretación auténtica de la Observancia 16 De fide instrumentorum en el sentido de libertad civil.  Pues bien, esta aclaración dice así24:

“Philippus primus, 1564.  Proueyendo assí mesmo a los pactos y conuenciones, por no estar aquello por Fueros antiguos de Teruel, como conuiene proueydo:  Queremos y mandamos que todos y qualesquiere pactos, e conuenciones que se haran entre partes, aun que sean contra natura de tal contracto, se hayan de obseruar y guardar en juycio, y fuera del:  pues por fuero de Teruel sit standum chartae.  El qual pacto se pueda prouar por testigos, sino quando fuere contra instrumento”.

Como vemos, esta interpretación, del siglo XVI, de standum est chartae, no menciona el modo o forma en que se ha de recoger el pacto.  Es más, acepta expresamente que se pueda probar por testigos, siempre y cuando  no fuera contra instrumento, lo cual parece sentar que ya entonces, y como mínimo respecto al fuero de Teruel, no era imprescindible la existencia de carta o instrumento alguno para que standum est chartae desplegara su efectividad.  

De hecho, la misma Observancia 16 De fide instrumentorum permite acudir a la prueba de testigos, si bien con más limitaciones.

Creo que la lectura conjunta de la Observancia con lo que se ha considerado su interpretación auténtica suscita, como mínimo, varios interrogantes:

La charta de la observancia ¿Sería necesaria para la existencia de la fuerza vinculante, en juicio y fuera de él, del pacto, o solamente para probar la existencia de dicho pacto? ¿Se reconocería fuera de ella, como parece ocurrir en el fuero de Teruel, la posibilidad de dotar de la misma fuerza vinculante a los pactos no recogidos en carta o instrumento alguno?  No creo que dichos planteamientos sean en absoluto descabellados, toda vez que la observancia se encuentra en el epígrafe De fide instrumentorum, y por ello es natural que se hable de la eficacia de la carta o instrumento, pero no sabemos si se aprovechó para introducir el tema de la libertad de pacto al hilo de la misma, o si por el contrario se consideró siempre inseparable, efecto de una forma constitutiva.

Como dice MOLINO25:  cogitabitis per vos (pensadlo vosotros).

En todo caso, lo cierto es que, a lo largo del siglo XIX, nos encontramos con el siguiente panorama general:

En Aragón, en cuanto al Derecho civil, continúan vigentes, sin variación alguna (no era posible, al no existir poder legislativo propio) los Fueros y Observancias.

En casi toda Europa está triunfando el movimiento codificador, e incluso en la misma España se aprobó en 1829 el Código de comercio.  Sin embargo, el primer proyecto de Código civil fracasa.

Esto hace que en el último cuarto de siglo surjan numerosas iniciativas codificadoras, tendentes unas a crear un Código civil aragonés, y otras a colaborar en la creación de un Código civil español que contenga no sólo el derecho de Castilla, sino el de las demás regiones, combinándolos como se considere conveniente, formando un derecho nuevo, no propio de una región concreta, sino de todas ellas, y por tanto propiamente español.  Ambas iniciativas fracasan, y poco a poco se hará evidente que, en relación con el derecho aragonés, lo único factible será salvar lo que se considere necesario, si ello es posible, por vía de excepción a la aplicación generalizada del derecho castellano.  De hecho, el Código civil de 1888 asumía la conservación, por el momento, del derecho foral en las provincias y territorios donde subsistía (artículo 12).

Por lo que respecta a standum est chartae, se encuentra en plena vigencia.

Cierto es que la mayoría de la doctrina y de los tribunales26 lo relaciona principalmente con un principio o regla hermenéutica, según el cual el fuero, o los documentos incluso, no reciben interpretación extensiva sino literal, pero también lo es que coexiste otra corriente, entonces minoritaria27, que lo relaciona con la libertad civil, en el sentido de respeto por el juzgador a lo pactado por los particulares.

Pero esta tendencia va a cambiar con la labor de COSTA y del Congreso de Jurisconsultos aragoneses de 1880-1881.

JOAQUÍN GIL BERGES, Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y Diputado en Cortes, tuvo la iniciativa de convocar un Congreso de Abogados para llevar a cabo la siguiente tarea, según sus propias palabras en el discurso inaugural del mismo28:

“Movilizar el derecho civil aragonés, siglos ha petrificado; sacar a flote, si por acaso se realiza el sueño de un Código español, los principios que más sustancialmente informan nuestras instituciones forales, llevándolos al seno de la ley general. … si ha de codificarse a la moderna el derecho civil de España, infiltrar en la obra común las bases sobre que se asienta nuestra libertad privada; si no se codifica, desamortizar nuestros fueros y observancias, haciéndoles vivir la vida del siglo …”

En este mismo discurso, GIL BERGES realiza una encendida defensa de standum est chartae como exponente de la libertad civil:

“Sí; es singularísimo fenómeno, que llama la atención de los que no son aragoneses, el escaso número de asuntos, y consiguientemente de decisiones de los Tribunales, que causan para este territorio las estadísticas de la administración de justicia en materia civil; … salta a la vista que la causa primordial que engendra ese fenómeno radica en lo que no sería despropósito calificar de alma de los fueros y observancias y piedra angular de nuestro edificio jurídico, en el apotegma standum est chartae, que es, en su sentido más genuino, la consagración de la voluntad privada como preferente a la regla estatuida por el legislador, el régimen de la ley individual enfrente y por encima de la ley pública”.

Contrasta esta postura del principal promotor del Congreso con la pregunta que constituía el tema II del cuestionario preparado previamente por la comisión organizadora del mismo:

“¿Interesa conservar el sistema de interpretación fundado en el axioma foral standum est chartae?”

Tampoco el propio GIL BERGES anteriormente había realizado una defensa y una interpretación tan extensa y clara de standum est chartae como axioma de la prevalencia de la voluntad privada.  ¿A qué se debió este cambio?

Para el profesor DELGADO29, en razonamiento asumido plenamente por el profesor MOREU30 (aunque creo que podemos decir que desde un punto de vista diametralmente opuesto), todo se debió a la obra de Joaquín Costa, cuyo dictamen  para la sección primera del Congreso se encontraba en poder de Gil Berges antes de la apertura del mismo, y entre el cual y el discurso inaugural de Gil Berges encuentra “identidad absoluta de conceptos, y aun de expresiones”.  “En consecuencia,” añade un poco más adelante el profesor DELGADO, “resulta ser Gil Berges –acaso entonces el foralista de mayor prestigio de Aragón- el primer convencido por la vehemente defensa costina de la libertad civil…”

Efectivamente, la obra de Joaquín Costa, y principalmente su intervención en el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881, son imprescindibles para comprender, pues precisamente son su causa principal, el giro (punto de inflexión lo hemos llamado anteriormente) que se produce a todos los niveles (y no solo en Gil Berges, aunque no deja de ser quizá su máximo exponente) respecto a standum est chartae.  

Costa fue miembro de la sección que discutió el tema de standum est chartae, redactando él mismo el proyecto de dictamen aprobado por dicha comisión y remitido al Congreso, aunque finalmente éste, en una decisión un tanto salomónica, asumió por un lado standum est chartae como expresión de una cierta libertad civil, pero por otro no abandonó totalmente la relación del apotegma con un criterio hermenéutico.

Finalmente, las conclusiones aprobadas por el Congreso quedaron como sigue31:

Tema II.-  ¿Interesa conservar el sistema de interpretación fundado en el axioma foral Standum est chartae?

1.ª  El Código debe separar en dos distintas secciones, dentro de cada institución, sus condiciones obligatorias o imperativas y sus condiciones voluntarias, o sea, aquellas que rigen por ministerio de la ley, y aquellas que rigen tan sólo por voluntad de los particulares y que los particulares en sus cartas pueden derogar.

2.ª  Para deslindar unas de otras condiciones, debe atenderse al derecho aragonés de preferencia sobre todo otro, por ser el que mejor ha acertado a trazar la divisoria que separa el derecho voluntario del obligatorio.

3.ª  No debe sostenerse el principio Standum est chartae en el sentido de rechazar la interpretación extensiva, en que lo usa la observancia 1.ª de equo vulnerato.

4.ª  Debe insistirse en el principio en que se inspiran las observancias 16 de fide instrumentorum y 24 de probationibus cum charta, respecto a la no admisión de prueba testifical contra lo consignado por las partes en los instrumentos.

Cierto es que el Congreso de Jurisconsultos no tuvo, en el ámbito legislativo cercano al mismo, la más mínima trascendencia que conozcamos, pues las instancias oficiales siguieron otros derroteros32.

Sin embargo, su influencia, con la penetración de las ideas de COSTA sobre standum est chartae como axioma de libertad civil, y el paulatino abandono de su acepción como criterio hermenéutico limitativo de las posibilidades de interpretación de los fueros, las leyes o los documentos, ha sido evidente en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación desde aquel momento hasta el presente, como vamos a ver a continuación.

Los primeros signos de cambio son muy pronto evidentes, aunque éste no se produce, naturalmente, de un modo instantáneo.  Este apartado lleva por título evolución posterior, porque es lo que se inicia tras el Congreso de Jurisconsultos, una evolución con una tendencia muy definida.

Examinando la Jurisprudencia Civil de Aragón, de RIPOLLÉS Y BARANDA33, llama la atención que en su Título Preliminar, y dentro de éste al tratar el “valor de la carta o del documento” (de donde he sacado los extractos de sentencias transcritos anteriormente en las notas 26 y 27), estando los extractos de sentencias ordenados cronológicamente, las dos inmediatamente posteriores a la celebración del Congreso de Jurisconsultos, parecen de algún modo asumir las ideas que en éste se han expuesto.

Así, la Sentencia de Audiencia de 31 de marzo de 1882, dice:  “El principio de derecho STANDUM EST CHARTAE, no excluye la interpretación jurídica, siendo una de sus reglas que debe adoptarse, en caso de duda, la interpretación que salva la validez del acto, de modo que no resulten ineficaces, absurdos o inútiles los pactos”.

Por su parte, la también Sentencia de Audiencia de 21 de abril de 1882, sostiene:  “En Aragón se tiene gran respeto al documento, ó carta, por la amplia facultad que su derecho concede para estipular lo que no sea contrario á la moral, ó físicamente imposible, atribuyendo á lo convenido fuerza de obligar aunque contravenga a Fuero, según doctrina de las Observancias 6.ª DE CONFESSIS, 16 DE FIDE INSTRUMENTORUM, 24 DE PROBATIONIBUS FACIENDIS CUM CARTA y 1.ª DE EQUO VULNERATO, de cuyas disposiciones hase deducido el principio de derecho foral STANDUM EST CHARTAE base y fundamento de la libertad civil característica de esta legislación”.

Ciertamente se trata tan solo de extractos, y además no podemos saber hasta qué punto pudo influir el Congreso celebrado el año anterior, e incluso si tuvo siquiera alguna influencia en las sentencias referidas, pero no deja de ser una circunstancia como mínimo curiosa.  Naturalmente, se seguirán produciendo sentencias que sostendrán también standum est chartae como regla de interpretación que obliga a estar a la disposición literal del Fuero, como la Sentencia de Audiencia de 12 de febrero de 1894.  Considero que sería sumamente interesante un trabajo que estudiase la evolución de la concepción en los tribunales de standum est chartae, a fin de ver si existe una tendencia evolutiva clara en la misma.

En todo caso, para el profesor MOREU34, “el viraje que representó para el entendimiento del standum est chartae el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses de 1880-1881 se notó también en la jurisprudencia, en la que existían ya resoluciones anteriores que habían referido más o menos vagamente el apotegma a la idea de la autonomía de la voluntad; pero se notó dicho viraje de forma más lenta, leve y dificultosa que en la doctrina y con mayores imprecisiones.  En la jurisprudencia la interpretación costista no alcanzó una nítida victoria”.

Legislativamente, ya hemos señalado que en 1888 se aprueba el Código Civil español, si bien ello no implica la derogación de ninguno de los derechos forales, al disponer la conservación “por ahora” de los mismos.

La convulsa situación política (pérdida de Cuba y Filipinas, asesinato de Cánovas, problema de Marruecos, tensiones políticas y nacionalistas, semana trágica de Barcelona, dictadura de Primo de Rivera, etc.) explica sin duda el que la tarea de confección y aprobación de los respectivos apéndices de los derechos forales previstos en el Código civil se vaya dilatando, no llegando finalmente a aprobarse ninguno salvo el aragonés, que lo fue en 1925.

De hecho, a título anecdótico, decir que la aprobación del Apéndice de 1925, según el profesor DELGADO35, puede estar relacionada precisamente con el golpe de Estado de Primo de Rivera, toda vez que “el Directorio Militar, en sus primeros meses de confusa actitud regionalista, encuentra una buena ocasión de demostrar que es capaz de llevar a cabo en semanas la tarea que el régimen parlamentario no había logrado durante decenios, según dice el nuevo Ministro de Gracia y Justicia, el aragonés Galo Ponte y Escartín”.

Previamente, y dejando aparte los trabajos ya mencionados de FRANCO Y LÓPEZ, se confeccionaron dos proyectos de Apéndice por sendas comisiones de juristas aragoneses.

El primero de ellos es conocido como Proyecto Ripollés, y fue redactado por una comisión creada en noviembre de 1889, inmediatamente después de aprobado el Código Civil, prolongándose sus trabajos hasta 1895 (excepto algunas enmiendas y adiciones posteriores de CASAJÚS y RIPOLLÉS), aunque por las circunstancias políticas antes aludidas no se publicó hasta 1899, cuando ya se había creado otra comisión para redactar un nuevo proyecto.  Interesa destacar que en este proyecto el artículo 1º coloca como primera fuente del Derecho civil aragonés al “acuerdo o convenio, no siendo de imposible cumplimiento o contrario al Derecho natural”.  Junto a esta evidente, aunque no explícita, consagración de standum est chartae como primera fuente de Derecho, el artículo 3º establece que “el axioma foral Standum est chartae, que sanciona el principio de libertad de pactar y de disponer cuanto no sea imposible o contrario al Derecho natural, regirá también como regla de interpretación de lo dispuesto o convenido”.  Vemos por tanto que no abandona definitivamente la significación de standum est chartae como principio hermenéutico “de lo dispuesto o convenido” (lo cual excluye claramente a la ley, que no sería en ningún modo interpretada en base a este artículo ni a este principio), aunque tampoco explicita en qué consistiría esa “regla de interpretación”, es decir, no habla de interpretación literal como se hacía anteriormente.

El segundo proyecto de Apéndice, conocido como Proyecto Gil Berges, es el redactado por la Comisión creada en 1899, y presidida por GIL BERGES (quien ya había formado parte también de la anterior).

En el tema que nos atañe, nuevamente considera standum est chartae principalmente bajo el prisma de la libertad civil, pero sin abandonar definitivamente su valor hermenéutico, como evidencia la exposición de motivos de la misma:

“El apotegma Standum est chartae, así en su aspecto de regla hermenéutica como en el de obligación de los Juzgadores de fallar preferentemente, aun enfrente de la ley escrita, por las cláusulas de los documentos, con tal que no contengan nada imposible ó contrario al Derecho natural, exigía imperiosamente que se lo mencionara en su gallarda y compendiosa elocución, por cuanto, en especial bajo el segundo de aquellos aspectos, atribuye fisonomía típica á la legislación aragonesa, calcada en la más absoluta libertad de pactar sobre materia de las relaciones privadas de los ciudadanos, ... Tal es el fundamento del artículo 4º, en el que se establece, por otro lado, el orden de prelación en que entran tras de los documentos las diferentes fuentes de Derecho en la resolución de los litigios”.

En efecto, el artículo 4º dispone:

“Conforme al apotegma de la antigua legislación aragonesa Standum est chartae, los Tribunales fallarán ante todo por el tenor de las cláusulas de los documentos públicos, ó de los privados debidamente autenticados, que los interesados aduzcan, siempre que dichas cláusulas no resulten de imposible cumplimiento ó contrarias al Derecho natural.

A falta de documentos y para suplir las obscuridades y omisiones de que adolezcan, aplicarán los Tribunales ...”

Ninguno de ambos proyectos fructificó al no ser promulgados, pero interesan a los efectos del presente trabajo por su asunción del giro en la concepción de standum est chartae tras el Congreso de Jurisconsultos, tanto en relación a la significación principal de standum est chartae como en no abandonar definitivamente su valor hermenéutico. En todo caso, sí queda claro el convencimiento de que, para ambas comisiones, formadas por algunos de los más señalados juristas aragoneses de la época, standum est chartae significa principalmente libertad de pacto y de disposición, o sea, libertad civil.

Sin embargo, en el Anteproyecto que finalmente daría lugar al Apéndice de 1925, realizado por la Comisión Permanente de la Comisión General de Codificación (instancia estatal por tanto, y no aragonesa como las anteriores) no aparece mención alguna de standum est chartae, si bien tras la información pública se consiguió su introducción expresa, aunque parcial, en un lugar que al legislador debió parecer inocuo, el artículo 59:

“Artículo 59.-  Cuantas estipulaciones otorguen los interesados acerca de la aportación de bienes, del régimen o de la disolución de la sociedad conyugal, serán obligatorias con arreglo al principio Standum est chartae, siempre que no infrinjan prohibición expresa en la legislación vigente en Aragón, ni sean opuestas a los fines esenciales del matrimonio”.

En la Exposición de Galo Ponte que antecede al Apéndice, el ministro dice que:

“este temperamento,..., es también el adecuado al apotegma standum est chartae, que en Aragón vino amparando y enalteciendo las espontaneidades del albedrío.  Culmina en el Fuero este apotegma y estuvo infundido en el Apéndice desde su primera redacción, con cuantas derivaciones positivas se le pueden atribuir; pero los aragoneses lo aman con tanto fervor, que la Comisión acabó por añadir a las realidades, que ya no cabía ampliar, un enunciado literal como rasgo fisonómico, cuya omisión bastaba para mudar a los ojos de muchos el semblante de la especialidad jurídica regional.”

Al margen del, pese a lo afirmado en la Exposición, escaso potencial reservado a standum est chartae, el artículo más importante para la evolución que estamos estudiando es el 78, que deroga los Fueros y Observancias vigentes hasta entonces.

Para VALENZUELA DE LA ROSA y SANCHO DRONDA, éste parece ser el aspecto más importante del Apéndice, al punto de llegar a afirmar36:

“Sean cuales fueran los defectos del actual Apéndice, de los cuales no está libre obra alguna de los hombres, es lo cierto que ha barrido de un plumazo toda la anterior brumosa confusión, al decretar en su artículo setenta y ocho que queda totalmente derogado el Cuerpo legal, denominado Fueros y Observancias de Aragón.  Y el Apéndice hace demasiado honor al conjunto de nuestras disposiciones forales llamándolas “Cuerpo legal”, concepto que parece entrañar un principio de organización de que en realidad carecían.”

El Apéndice, con su concepción disminuida de standum est chartae, seguirá en vigor durante la República y gran parte de la dictadura franquista.

En cuanto a la jurisprudencia, sigue en la tónica iniciada tras el Congreso de Jurisconsultos, aludiendo a standum principalmente en cuanto principio vinculado a la libertad civil, aunque sin abandonar definitivamente su valor hermenéutico.

El último gran hito en esta evolución lo constituye la Compilación de 1967, vigente todavía, aunque parcialmente y con muchas modificaciones, en la actualidad.  Abandonada definitivamente tras la guerra civil la vía de los apéndices, ya que, recordemos, sólo llegó a promulgarse el aragonés, se inicia la de las compilaciones.  El principal impulso lo supuso la convocatoria en Zaragoza de un Congreso Nacional de Derecho civil, en 1946, en el que participaron juristas de todas las regiones con Derecho civil propio, y del cual surgirían las diferentes compilaciones aprobadas entre los años 1959 y 1973.  Debemos destacar la intervención, tanto en el Congreso como en la Comisión de Juristas aragoneses creada posteriormente para redactar el texto de la compilación (aunque modificado y aprobado en última instancia por el poder estatal), del profesor LACRUZ BERDEJO.

En la Compilación aragonesa (que a su vez derogó el “Apéndice al Código civil correspondiente al Derecho Foral de Aragón”) se incluye el artículo 3º, con el siguiente tenor literal en su redacción original:

““Standum est chartae”

Artículo 3º .-  Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria al Derecho natural o a norma imperativa aplicable en Aragón.”

Vemos que se recupera una regulación de standum est chartae, al margen de las mínimas aplicaciones concretas contenidas en el Apéndice, y con bastante amplitud, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones políticas con el fuerte centralismo imperante.

Pese a existir esta norma, su aplicación va a seguir siendo escasa, si no lo es todavía más que en épocas anteriores.

Los problemas a que he aludido para la aplicación actual del Derecho civil aragonés se daban en aquel entonces, pero mucho más agudizados.  La falta de presencia del derecho aragonés en los planes de estudio de la Universidad de Zaragoza, única existente en Aragón, pero que geográficamente abarcaba un territorio más amplio, unido a la falta de otras vías de difusión del mismo, hicieron que apenas se utilizase, y de hecho la presencia de standum est chartae como fundamento decisorio en sentencias judiciales se fue haciendo cada vez más escaso.

Sin embargo, va a producirse un cambio radical, que si no va a tener una rápida traslación a los usos del foro, sí va a suponer que el Derecho civil aragonés, como los demás derechos civiles regionales y el estatal, vean alterarse su propio sistema de relaciones.  Este cambio no es otro que la aprobación de la Constitución de 1978.

La aprobación de la Constitución de 1978 supone un cambio radical respecto a la situación anterior, también para el Derecho civil aragonés.

De entrada, el artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, permitiendo su artículo 143 la constitución, en el ejercicio de ese derecho, de Comunidades Autónomas.

La distribución competencial en materia de Derecho civil se realiza37 en el artículo 149.1.8ª, según el cual, el Estado tiene competencia exclusiva sobre:

“8ª.  Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.  En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho Foral o especial.”

Constituido Aragón en Comunidad Autónoma, asumió desde el primer momento la competencia legislativa exclusiva en materia de Derecho civil aragonés, en el artículo 35.1.4 del Estatuto de Autonomía de 1982.

Desde entonces, coexisten el ordenamiento jurídico aragonés y el estatal, coexistencia que no siempre ha sido pacífica, y en la que ha debido intervenir el Tribunal Constitucional, especialmente en cuanto a la interpretación de la distribución competencial entre Estado y Comunidad Autónoma, tema sobre el que volveremos brevemente más tarde.

De momento, quedémonos con la idea de que los derechos civiles regionales, ya no serán considerados excepciones de dudosa conservación en aras de una uniformización del Derecho civil estatal en torno al Derecho castellano.   

Ya anteriormente, en 1974, al modificar el título preliminar del Código, el legislador estatal parece partir de la equivalencia o igualdad de rango de los diversos ordenamientos civiles coexistentes en España. Así lo refleja el propio epígrafe del capítulo quinto del título preliminar (“Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional”) y así se pronuncia, también, el artículo 13.2, al proclamar que “con pleno respeto a los Derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales”.

Sin embargo, la Constitución permite ir un paso más allá, y el Derecho civil aragonés se desgajará del ordenamiento jurídico estatal (seguirá coexistiendo y relacionándose con él, naturalmente, pero el legislador estatal no podrá ya intervenir en el mismo en base al principio de competencia), señalando el Tribunal Constitucional en la importantísima sentencia 88/1993, de 12 de marzo,  que “el concepto constitucional de «conservación ... de los derechos civiles, forales o especiales» permite, por lo que ahora importa, la asunción o integración en el ordenamiento autonómico de las Compilaciones y otras normas derivadas de las fuentes propias de su ordenamiento”(del Fundamento jurídico 2º).

Esta asunción e integración se produjo, en cuanto a la Compilación de 1967, por la ley 3/1985, de 21 de mayo, de las Cortes de Aragón.

Esta ley, junto a la adopción e integración en el Ordenamiento jurídico aragonés del texto normativo de la Compilación (no así de su preámbulo, que se considera “incompatible con la nueva situación nacida al amparo de la Constitución vigente”38), introduce reformas en la misma, la mayor parte de adecuación a la Constitución de aquellos preceptos que consideraba el legislador aragonés que habían quedado en situación de inconstitucionalidad.

Interesa destacar esa integración del texto de la Compilación que sigue vigente en el Ordenamiento jurídico aragonés, pero integración desde una ruptura, evidenciada formalmente en la no asunción del preámbulo de la misma.  No parece razonable defender que ello deba suponer partir de cero y prescindir de una orientación histórica en la interpretación de sus normas, y por lo que nos atañe de su artículo 3º, pero sí obliga a tener presentes otras consideraciones, que desde ese momento tendrán, al menos, igual importancia, como la adecuación de la interpretación a “la nueva situación nacida el amparo de la Constitución”.

Junto a la “conservación”, la previsión del artículo 149.1.8ª de la Constitución permitió que Aragón asumiera también las competencias de “modificación” y “desarrollo” de su Derecho civil.

La concreción de estos dos últimos conceptos constitucionales ha sido todavía más problemática que la de “conservación”, y ha sido el Tribunal Constitucional el que, en asentada jurisprudencia, la ha resuelto en un sentido, he de decir, bastante favorable para Aragón.  Las dos principales sentencias sobre este tema han sido la ya citada 88/1993, de 12 de marzo, junto a la 156/1993, de 6 de mayo.

Por ambas, transcribo un breve extracto del Fundamento jurídico primero de la sentencia 156/1993, de 6 de mayo, que creo contiene el núcleo principal de la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto:

“b) Nos ocupamos también en la STC 88/1993 del alcance de los conceptos, constitucionales y estatutarios, de «conservación, modificación y desarrollo» de los Derechos civiles especiales o forales. Esta última noción, la de «desarrollo» es, como después se verá, la que aquí más importa y sobre ella declaró el Tribunal (fundamento jurídico 3.) que la Constitución permite, al emplearla, que los Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto de una acción legislativa que haga posible su crecimiento orgánico, reconociendo así la norma fundamental no sólo la historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos. Ese crecimiento, con todo, no podrá impulsarse en cualquier dirección ni sobre cualesquiera objetos, pues no cabe aquí olvidar que la posible legislación autonómica en materia civil se ha admitido por la Constitución no en atención a una valoración general y abstracta de lo que pudieran demandar los intereses respectivos (art. 137 C.E.) de las Comunidades Autónomas, en cuanto tales, sino a fin de garantizar, más bien, determinados Derechos civiles forales o especiales vigentes en ciertos territorios. Es claro, en todo caso, que la noción constitucional de «desarrollo» permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por aquellos Derechos, y así esta competencia no queda rígidamente vinculada al contenido actual de las Compilaciones o de otras normas de los ordenamientos civiles o especiales; cabe, por ello, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil o foral o especial regulen «instituciones conexas» con las ya reguladas en la Compilación, dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta, según los principios informadores peculiares del Derecho foral.

Lo que no significa, claro está, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo dispuesto en el art. 149.1.8 C.E., por lo mismo que no podría reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, por vía competencial, garantizar.”

En ejercicio de sus competencias, las Cortes de Aragón han realizado dos modificaciones en la redacción del artículo 3º de la Compilación.

La primera de ellas, se produce ya en la Ley 3/1985, de 21 de mayo:

“Standum est chartae”

Artículo 3º .-  Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a norma imperativa aplicable en Aragón.

Como vemos, modificado este artículo por la misma ley que adoptó e integró la Compilación en el Ordenamiento jurídico aragonés, su texto original nunca llegó a formar parte del mismo entendido en sentido estricto.

La siguiente modificación deja el texto del artículo 3 de la Compilación de Derecho Civil de Aragón en su redacción actual, y se produjo conforme a la disposición final primera de la Ley 1/1999, de 24 de febrero:

“Standum est chartae”

Artículo 3º .-  Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés.

Ésta es la regulación actual de standum est chartae, si bien es mencionado en muchas otras normas aragonesas, y sus efectos, en cuanto principio del Derecho civil de Aragón, se extienden a todo el mismo, como veremos en el siguiente apartado.

Con carácter previo hemos de hacer una breve reflexión sobre el significado de la expresión Ordenamiento Jurídico aragonés, y la primera idea a señalar, de gran obviedad, es su existencia.

Efectivamente, existe un Ordenamiento Jurídico aragonés.  De hecho, la primera ley española en que se utilizó la expresión “ordenamiento jurídico”, como certeramente señala el profesor DELGADO39, fue la Compilación aragonesa de 1967, pues el Código civil no da entrada al concepto mismo hasta la reforma de 1974.

Tras las reformas consecuencia de la Constitución de 1978 a que antes he aludido, ya no puede existir duda alguna sobre la misma existencia de dicho Ordenamiento Jurídico40, al contar Aragón con un poder legislativo propio con competencias sobre una gran cantidad de materias, que ha ejercido.

Íntimamente relacionado con el concepto mismo de Ordenamiento Jurídico se encuentra el concepto de principios generales.

Para DÍEZ-PICAZO y GULLÓN41, “no se puede afirmar rotundamente que los principios generales se hallan fuera ni, por el contrario, dentro del ordenamiento jurídico”, pero los autores resaltan su función vertebradora o estructuradora del mismo.  En sentido similar, DELGADO42, al destacar, entre las distintas funciones que atribuye a los principios generales del Derecho aragonés, su función de principios generales sistemáticos, considera que “expresan que el Derecho aragonés no es un elenco inconexo de reglas especiales o de excepción (que sólo alcanzarían sentido por relación a un sistema externo y ajeno), sino que constituye un sistema animado por principios propios”.

Desde luego, y ciñéndonos al ámbito del Derecho civil, objeto de este trabajo, no podemos negar que una lectura conjunta de la legislación existente en esta materia, evidencia una coherencia y sistematización realmente excelentes.

Nadie niega, por otra parte, el destacado lugar que entre los principios que animan el ordenamiento jurídico aragonés ocupa standum est chartae.

Sin embargo, esta posición ha sido criticada, como se ha mencionado al principio del texto, por un sector, aunque minoritario, destacado de la doctrina.  En concreto, el profesor LALINDE43, al que se ha aludido, señalaba también en tono crítico que “el foralismo parece haber tenido interés en mantenerlo en latín, quizá, por aquello de la fuerza del latín ignoto”.

Sin embargo, vemos que en el Derecho comparado más cercano, como el navarro, se utilizan también máximas arcaizantes, de hecho en la misma materia que estamos estudiando, como el “paramiento fuero vienze”, en la Ley 7 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra transcrita en la introducción de este trabajo.  Y, desde luego, tanto la doctrina como la jurisprudencia mantienen gran cantidad de principios, en absoluto ambiguos ni indeterminados, en todos los órdenes jurídicos, denominándolos por apotegmas latinos como “non bis in idem”, “pro actione”, “rebus sic stantibus”, y muchísimos más.

Ya en la introducción del presente trabajo he aludido a la, para mi evidente, triple naturaleza de standum est chartae:  

- Apotegma jurídico.

- Norma legal.

- Principio general del Derecho aragonés.

Creo necesario deslindar claramente esta triple naturaleza, operación que nuestra doctrina no suele realizar, en mi opinión, con la debida certeza, llevando a una cierta confusión e incluso a un rechazo de standum est chartae en conjunto derivado del de alguna de las naturalezas intrínsecas al mismo.

En primer lugar, standum est chartae es un apotegma jurídico.  Este concepto, la doctrina y la jurisprudencia lo denominan con diversas expresiones que, si bien no son exactamente sinónimas, sí creo que son utilizadas indistintamente por los diversos autores y sentencias.  Entre estas expresiones, casi todas arcaizantes, además de apotegma, encontramos brocardo, brocárdico, axioma, aforismo, refrán, máxima, regla..., y sin duda hay muchas más, pero no creo que en la mayoría de las ocasiones se utilicen unas u otras, en referencia a standum est chartae, incluyendo ninguna matización en el significado de las mismas.

Aclaremos, siguiendo en este punto a DÍEZ-PICAZO y GULLÓN 44, que “dentro de la expresión «reglas del Derecho» (regulae iuris), que tienen su origen en el Derecho romano justinianeo, se comprenden fragmentos de afirmaciones de antiguos autores, de decisiones judiciales o de formulaciones doctrinales, que sólo tienen en común su forma concisa y fácil de retener.  En el Digesto (50,17,1) se las definía así:  «es regla la que describe brevemente cómo es una cosa.  No que el derecho derive de la regla, sino que ésta se abstrae del derecho existente45»

Como siguen diciendo un poco más adelante los autores citados, las reglas no tienen valor jurídico propio y son simples recursos nemotécnicos o pedagógicos.  No forman por sí mismas parte del ordenamiento jurídico, sino de la ciencia del Derecho.

En el caso que nos ocupa, standum est chartae, el apotegma nos sirve para enunciar de un modo conciso y perfectamente identificable el principio jurídico a que se refiere, pero no debemos confundir apotegma y principio.  El apotegma viene a ser el nombre por el que conocemos al principio, pero no es el principio en sí.

Esto explica que el apotegma pueda permanecer inalterado durante siglos, mientras que el principio al que identifica va evolucionando conforme lo van haciendo la conciencia y la mentalidad colectivas sobre lo justo y lo injusto, y sobre todo, en el caso que nos ocupa, sobre los límites mínimos y máximos de la libertad misma.

Creo, por ello mismo, un exceso de celo historicista intentar extraer conclusiones o efectos, a día de hoy, del tenor literal del apotegma.  Efectivamente, se encuentra escrito en latín, lengua que no creo que el legislador actual utilizase si su voluntad fuese que al aplicar la norma, o aun el principio que representa, dicho tenor literal tuviese que ser tenido en cuenta por los operadores jurídicos.  Considero que se trata solamente de un tributo al origen medieval del principio, y se ha mantenido así a estos solos efectos.  Si, basándonos en que se encuentra escrito en latín y en su traducción literal, pretendemos modificar la clara redacción de las normas, naturalmente nos encontramos ante una fuente de problemas interpretativos muy importante, pero que no creo que sea achacable a la redacción legal, ni al apego de la doctrina y la jurisprudencia por un apotegma latino y arcaizante, que yo he de confesar que comparto plenamente, sino al hecho de identificar apotegma con principio, siendo que, como ya he dicho, apoyándome en DÍEZ-PICAZO y en GULLÓN, no son la misma cosa.

Ya he señalado también, al hablar del origen del apotegma y del principio que encarna, que no he podido fijar con certeza el momento exacto en que las distintas expresiones iniciales similares o incluso equivalentes, como “stare ad cartam”, “stare instrumento”, “standum chartae”..., se transforman en el “standum est chartae” actual46.  

Por otro lado, en el fragmento del Fuero de Teruel de 1564, transcrito en el apartado 2.1. del presente trabajo, tenido por LACRUZ y por DELGADO como interpretación auténtica de la Observancia 16, DE FIDE INSTRUMENTORUM, vemos que ya ha desaparecido el requisito de la existencia de charta o instrumento alguno, toda vez que:

1º dispone que “todos y qualesquiere pactos, e conuenciones que se haran entre partes, aun que sean contra natura del tal contracto, se hayan de obseruar y guardar en juycio, y fuera del” , sin mencionar para nada juzgar “ad cartam, et secundum quod in ea continetur”, como hacía la Observancia 16, y sin exigir ninguna otra forma específica, y

2º se permite que “el qual pacto se pueda poruar por testigos, sino quando fuere contra instrumento”.  Es decir, si no hay carta o instrumento, el pacto tiene exactamente el mismo valor, pudiendo probarse por testigos, medio de prueba que sólo decae ante la oposición de un medio de prueba que se considera mejor, el instrumento, pero que no añade nada al valor del pacto, sino, como se ha dicho, tan solo a la prueba del mismo.  

Además, estando escrito el fuero en lengua romance, mantiene en latín “sit standum chartae”, dentro de la frase “pues por fuero de Teruel sit standum chartae” lo cual parece ser un reconocimiento de la existencia de una especie de principio general47 de libertad de pacto, e incluso –además- un comienzo del apotegma que lo encarna48.

En cualquier caso, y volviendo a la actualidad, que es lo que nos interesa en esta parte del trabajo, debe quedar clara la distinción entre el apotegma y el principio que encarna, toda vez que resulta básico e indispensable para una adecuada interpretación del segundo, e incluso del artículo 3º de la Compilación, en que parcialmente ha cristalizado.

Empezamos ya en este punto del trabajo a estudiar standum est chartae desde la perspectiva de su naturaleza de principio del Derecho aragonés.  Con anterioridad he aludido a cómo en el siglo XIX se entendió mayoritariamente como un principio o regla hermenéutica, según el cual el fuero (entonces vigente), o los documentos incluso, no recibirían interpretación extensiva, sino literal, y cómo esta tendencia se invirtió a causa del Congreso de Jurisconsultos aragoneses y de la labor en el mismo de Joaquín Costa, pasando a considerarse generalmente como un principio de libertad civil.

Aunque de hecho algún autor, como NAVAL49, lamenta el que la conclusión tercera sobre el tema standum est chartae del Congreso de Jurisconsultos “deroga en absoluto este principio eterno del Derecho Aragonés, al consignar que deba admitirse la interpretación extensiva”, ya hemos señalado que esto no es así, y que durante mucho tiempo se ha seguido aludiendo a un doble principio –o incluso a dos principios distintos y con dos orígenes distintos, pero representados por el mismo apotegma- por un lado hermenéutico de leyes e incluso documentos y por otro de libertad civil.

Ya en 1988, y al menos en el ámbito de interpretación de los documentos, el profesor LACRUZ50 afirmaba sin titubeos que “actualmente, la supuesta prohibición de interpretación extensiva, carente ya de cualquier fundamento, ha dejado de alegarse”.

Mucho más recientemente, el profesor DELGADO51 afirma que “en cuanto al criterio de literalidad para la interpretación de los Fueros, de gran importancia histórica (...) es hoy cuestión totalmente ajena al sistema del Derecho civil aragonés.  Las leyes aragonesas se interpretan, básicamente, como cualesquiera otras y cabe, no sólo la interpretación extensiva de sus preceptos, sino la analogía legis y la analogía iuris”. Y sigue:  “tampoco para la interpretación de los documentos o de los actos jurídicos cabe alegar hoy una supuesta regla de interpretación literal, que ninguna norma establece y que desmentirían preceptos como los arts. 69 y 101 Lsuc. y 19 y 90-3 de la Lrem”.

Pese a esta opinión de los dos autores más relevantes en la reciente doctrina civilista aragonesa, y que constituyen sin duda la que el profesor MOREU52 llega a denominar, y yo con él, la doctrina aragonesa más autorizada, me temo que el tema no está tan claro.

En primer lugar, algunos autores, como BELLIDO53, apoyándose aquí en LALINDE, entiende que standum est chartae “referida principalmente a testamentos, contratos y fundaciones (...) es de carácter restrictivo y “estar a la carta” es estar a la letra”  llegando a afirmar poco después que “ha sido esta posición subjetiva formalista, de carácter restrictivo, la que ha trascendido mayormente hasta nuestros días en el modo de entender el “Standum est chartae””.  Creo que, incluso teniendo en cuenta que estas afirmaciones se realizaron en 1985, no se corresponde, ni se correspondía entonces, con la realidad la afirmación de que ésta sea la posición mayoritaria, pero sí creo que demuestra al menos la subsistencia de la misma, siquiera sea en un sector minoritario de la doctrina aragonesa.

Más interés tiene para mi el valor hermenéutico con respecto a las leyes supletorias que LACRUZ54 pone de relieve en las mismas jornadas de 1985 en Jaca. Allí, efectivamente, afirma, al hablar del significado y valor del artículo 3º de la Compilación, que “la voluntad de los otorgantes es la primera ley, y conforme a ella se debe respetar su efectividad e interpretar el texto del contrato, pero también entender la ley que se quiera aplicar al contrato como supletoria.  La voluntad de los otorgantes se superpone a toda ley, salvo si ésta es imperativa”.  Esta obligatoriedad de interpretar la ley de aplicación supletoria, de modo que se respete la voluntad de los otorgantes, no deja de ser una norma hermenéutica, si bien no prohibitiva de interpretación extensiva, sino basada, al contrario, en salvaguardar el principio de libertad de pacto incluso de otras interpretaciones de la ley que pudiesen desvirtuarlo. Se trata por tanto, más bien, de un efecto hermenéutico del principio de libertad de pacto, consecuencia de la necesidad de preservar la efectividad del pacto o disposición frente a la norma (siempre que no sea, naturalmente, imperativa de Derecho aragonés).

Mayores problemas interpretativos presenta la redacción del artículo 69.1 de la Ley 1/1999 de sucesiones por causa de muerte, el cual, bajo el explícito título “Interpretación y normas supletorias”, dispone que “Los pactos sucesorios se interpretarán, de conformidad con el principio standum est chartae, en los términos en que hayan sido redactados, atendiendo a la costumbre, usos y observancias del lugar, a los que deberá estarse cuando el pacto se refiera a determinadas instituciones consuetudinarias”.

Antes he aludido a la coherencia y sistematización realmente excelentes de la legislación civil aragonesa55.  Sin embargo, no es posible negar que el tenor literal de este artículo, específicamente la parte que he destacado en negrita, parece situarlo a contracorriente en el tema que tratamos, imponiendo una interpretación literal de los pactos sucesorios, y además vinculando tal interpretación al principio standum est chartae.

Sin embargo, la lectura de las Actas de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil56 de los días 25 de marzo y 1 de abril de 1998, nos permiten conocer la voluntad de quienes redactaron el borrador de la norma (borrador que no sufrió ninguna modificación sustancial hasta su promulgación).  Por la presentación que hace de la ponencia el día 25 de marzo D. José Luis Batalla Carilla, sabemos que el origen del artículo se encuentra en que decidieron prescindir de una regulación detallada de la situación jurídica que resulta de expresiones que consuetudinariamente se hacen constar en los pactos sucesorios, “y es que han entendido que el diverso alcance que puede resultar de tales expresiones no procede encorsetarlo en una interpretación legal, y han preferido dejar aquí amplio juego a la voluntad de los contratantes a través de la proclamación explícita del standum est chartae; para los casos en que dicha voluntad no resulte explícitamente formulada en el contrato, han previsto que se acuda a la costumbre, usos y observancias del lugar”.  En el Acta del día 1 de abril, el mismo ponente “explica que este artículo es el equivalente al actual 107 de la Compilación57, si bien se han resaltado sus términos y completado su ámbito”.

Resulta así claro que no se encontraba en la voluntad de la Comisión la imposición de ningún criterio hermenéutico impositivo de una interpretación literal, y menos el relacionarlo con standum est chartae, sino que acude al principio explícitamente para “dejar amplio juego a la voluntad de los contratantes”, y sólo establecen acudir a la costumbre, usos y observancias del lugar cuando dicha voluntad no resulte explícitamente formulada en el contrato. Parece que, sin embargo, la redacción final no fue la más acertada.

Esta interpretación no ha resultado sin embargo problemática para el profesor DELGADO según resulta de la cita que he transcrito anteriormente, referenciada en la nota al pie 51, y tampoco para el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según se desprende de su sentencia 3/2007, de 10 de mayo; e incluso, en cierto modo, de la de 26 de enero de 2005.

Veremos en el apartado siguiente cómo el conjunto de nuestro Ordenamiento civil sí muestra una visión única y coherente de standum est chartae como principio de libertad civil, y algunos de los efectos que se han derivado del mismo.

Ya hemos aludido anteriormente, en el punto 3, a los conceptos de ordenamiento jurídico y principios generales, y a la función vertebradora que los segundos realizan en relación al primero.

Vamos ahora a tratar standum est chartae como principio del derecho aragonés, excluyendo cualquier posible faceta del mismo como principio hermenéutico, a las que ya he hecho alusión en el punto anterior, y centrándonos en la que para mi es, al menos actualmente, su verdadera naturaleza, de principio general garantista de la libertad civil aragonesa.

Antes, haremos algunas breves referencias a los principios generales aragoneses en conjunto ya que, evidentemente, standum est chartae no es el único de los mismos.

En primer lugar, encontramos los principios constitucionales, que los aragoneses compartimos con el resto de España, pues el ordenamiento jurídico aragonés tiene su cúspide, exactamente igual que el resto del ordenamiento o, mejor dicho en este ámbito, ordenamientos jurídicos españoles, en la Constitución de 1978.  Los principios generales que establece, y los que pese a no haber sido explicitados en su texto la animan, son principios generales del Derecho aragonés exactamente igual que lo son de cualquier otro Derecho español.

Detrás, y en una clara tendencia a tener cada vez más importancia en el futuro cercano, encontramos los principios generales del Derecho comunitario europeo, que tienen en Aragón exactamente la misma incidencia que en el resto de España, como no podía ser de otro modo.

Después, encontramos ya los principios propiamente aragoneses.  Entre éstos creo necesario distinguir aquéllos que son netamente -o exclusivamente si se prefiere- aragoneses, y los que compartimos con el resto de España.

Efectivamente, algunos principios, como standum est chartae, han tenido su origen y se han desarrollado exclusivamente en el ámbito del Derecho aragonés, y a éstos me refiero al hablar de principios neta o exclusivamente aragoneses.  No obsta ello para que encontremos una clara relación con otros similares que existen en otros ordenamientos españoles, como los aludidos al principio del trabajo, pero su incardinación en ordenamientos, aunque relacionados, independientes, hace que debamos considerarlos así.

Otros, sin embargo, son principios que compartimos plenamente con el resto de los ordenamientos jurídicos españoles, y especialmente con el estatal.  En efecto, los muchos siglos de coexistencia de ambos ordenamientos y, más importante todavía, de convivencia de los aragoneses con el resto de los españoles, han creado sin duda una conciencia común en muchos aspectos, y hacen que compartamos gran cantidad de convicciones sociales, que en muchos casos han nacido en Aragón simultáneamente al resto de España.  Y no debemos olvidar que son precisamente estas convicciones socialmente aceptadas de un modo mayoritario, las que crean y mantienen la vigencia de los principios generales58.

No veo, por ello, problema alguno en considerar aragoneses a estos principios generales, siempre y cuando realmente lo sean (es decir, exista tal convicción en Aragón), al margen de que algún sector concreto de la doctrina aragonesa niegue, o al menos vea difícil, tal posibilidad59.

Así, no hay duda de que hoy son principios generales del derecho aragonés, por ejemplo, el de igualdad entre los cónyuges, que se consagra legalmente en el artículo 1 de la Ley 2/2003, de régimen económico matrimonial y viudedad, o el de igualdad entre los hijos, proclamado como tal expresamente en el artículo 53 de la Ley 13/2006, de derecho de la persona60.

Evidentemente, standum est chartae es un principio del Derecho aragonés, pero no uno más de entre ellos.

El legislador lo ha recogido en un precepto legal, el artículo 3º de la Compilación pero, como ya he dicho anteriormente, no podemos confundir el principio general standum est chartae con la norma que, como señala el profesor DELGADO61, “fija y aclara su principal virtualidad (...) pero no agota sus potenciales aplicaciones”.

Volveremos a esta distinción con un poco más de profundidad en el punto siguiente del trabajo.  Si ahora menciono el artículo 3º de la compilación, es para señalar que el legislador lo ha situado en un lugar preferente, en el Título Prelimar de la Compilación, y ello porque, y de nuevo en palabras de DELGADO62, “enuncia expresamente el principio general tradicional y sistemático más importante del Derecho civil de Aragón”, único de los principios generales aragoneses que merece tal distinción.  

Este carácter preferente en el ordenamiento jurídico aragonés hemos visto que es reconocido por la doctrina al menos desde el Congreso de Jurisconsultos de 1881.

Desde luego, es también el principio al que tanto la doctrina, como la jurisprudencia e incluso el legislador reconocen, o atribuyen, más amplios efectos.

Es difícil establecer el momento en que surge en el ordenamiento aragonés standum est chartae como principio, incluso prescindiendo de lo ahistórico que puede ser tratar de buscar principios generales del Derecho siglos antes de que tal concepto sea establecido por la doctrina.

Ya anteriormente he aludido (final del punto 3.1 del trabajo) a cómo el Fuero de Teruel de 1564 parece aludir ya a standum est chartae como principio de libertad civil.

En el Repertorio de MIGUEL DEL MOLINO también encontramos, bajo la voz INSTRUMENTUM, un párrafo en que hace mención de una serie importante de efectos que los instrumentos tienen en Aragón , y tras la lista, dice, a mi entender a modo de recopilación, o señalando el principio común a todos ellos, “de foro stamus carte”.

En todo caso, desde finales del siglo XIX no hay duda de que standum est chartae, como se ha explicado anteriormente, es reconocido como principio general del Derecho aragonés, en primer lugar, y como también se ha dicho ya, por la doctrina, siendo COSTA y GIL BERGES sus mayores defensores, pero también por los tribunales e incluso por la ley, pues cuando se aprueba el Apéndice de 1925, pese a no regular como merecía standum est chartae, la única mención expresa que realiza del mismo, y aunque no llega a dedicarle un artículo específico, al menos reconoce su naturaleza de principio al decir “con arreglo al principio Standum est chartae”.  Además de que en la Exposición que realiza el ministro Galo Ponte, y transcrita ya parcialmente, afirma que standum est chartae “estuvo infundido en el Apéndice desde su primera redacción, con cuantas derivaciones positivas se le pueden atribuir”, clara alusión a una función conformadora de la ley,  propia de un principio del Derecho, aunque no de todos.

No existiendo hoy duda alguna sobre esta naturaleza de standum est chartae como principio del Derecho aragonés, creo interesante pasar a establecer sus principales funciones, y para ello partiré de una clasificación de las mismas en dos categorías:

1.- funciones que podríamos llamar comunes, en cuanto a que son unas funciones que no le corresponden en exclusiva, sino que las lleva a cabo al igual que muchos otros principios.  Entre ellas señalaremos:

- función sistematizadora, con sus aspectos vertebrador e integrador, a los que he aludido en el punto 3 del trabajo.

- función relacional.  Al ser un principio tradicional, como señala DELGADO63, pone en relación el Derecho vigente con sus raíces históricas, realizando así una función semejante a la de la tradición jurídica de otros derechos autonómicos, como el navarro o el catalán.

- función interpretativa, que en el caso de standum est chartae -aun dejando de lado, como ya hemos dicho, su anterior aspecto limitador de toda posible interpretación extensiva al imponer supuestamente la interpretación literal- alcanza unos niveles realmente importantísimos en el Derecho aragonés vigente.  Además, el legislador ha dispuesto en el artículo 1º.2 de la Compilación que “el Derecho civil general del Estado se aplicará como supletorio sólo en defecto de normas aragonesas y de acuerdo con los principios que las informan”.  Siendo el más importante de dichos principios, toda norma del Derecho civil general del Estado deberá ser interpretada al ser aplicada en el ámbito del Derecho aragonés de un modo que sus efectos resulten conformes al mismo.

- función integradora64, pues permite llenar las lagunas de la ley en muchas ocasiones sin necesidad de acudir al Derecho supletorio.

2.- efectos específicos, propios tan solo, o al menos primordialmente en el ordenamiento aragonés,  de standum est chartae.

- en primer lugar, habremos de aludir a su efecto principal, causa también de su misma existencia hoy en el Derecho aragonés, y es el de consagrar la libertad civil de los aragoneses, entendida como capacidad para autoregular, mediante pactos o disposiciones, su propio ámbito jurídico, salvo que el legislador competente establezca, en aras a un superior interés social, una norma de carácter imperativo que impida o limite en algún sentido esa capacidad.  Del reconocimiento de esta naturaleza de standum est chartae, y del reconocimiento de que la libertad más amplia posible65 debe ser la guía a la hora de legislar y a la hora de aplicar la legislación, se derivan otra serie de efectos, que por lo tanto lo son a su vez de standum est chartae.

- Derivado de lo anterior, este principio tiene un claro efecto conformador del resto del ordenamiento jurídico aragonés.  Incluso el profesor MOREU, en el marco del trabajo doctrinal contemporáneo en mi opinión más crítico con standum est chartae y su actual regulación en el Derecho aragonés, no deja de reconocer66 que “en casi todos los institutos más característicos, y en algunos de los más vivos, del actual Derecho aragonés, ha tenido un papel protagonista la amplia libertad de pacto ejercida por los aragoneses”.

Ya se ha aludido en el punto 2.1 del trabajo, tras la petrificación ocasionada al Derecho civil aragonés por los decretos de nueva planta, a este efecto conformador, desde su perspectiva histórica.

Pero también actualmente el legislador reconoce con gran generosidad este efecto, y en todas las leyes civiles aragonesas encontramos la huella de standum est chartae de un modo expreso, además de resultar evidente que han sido redactadas en gran parte teniéndolo en cuenta y procurando respetarlo en lo posible.

Ya en las conclusiones 1ª y  2ª de las aprobadas al respecto de standum est chartae por el Congreso de Jurisconsultos de 1881, transcritas anteriormente (punto 2.3 del trabajo), sugerían que debería separase en dos secciones, dentro de cada institución, sus condiciones imperativas  y sus condiciones voluntarias, pudiendo los particulares derogar o no a voluntad éstas últimas; y que además, para deslindar unas condiciones de otras, debía atenderse al Derecho aragonés.

Pues bien, el legislador aragonés parece haber aceptado estas conclusiones expuestas hace más de un siglo.

Invirtiendo el orden, señalaré en primer lugar que la reforma operada en 1999 en el artículo 3º establece como límite a la voluntad particular el que sea contraria “a las normas imperativas del Derecho aragonés”, sustituyendo la redacción anterior en la cual la referencia era a “norma imperativa aplicables en Aragón”, acabando por tanto con cualquier duda sobre que, dentro del ámbito propio del Derecho aragonés, tan solo sus propias normas imperativas, y no las del Derecho supletorio, aun cuando resultasen aplicables en un caso concreto, pueden limitar a los otorgantes.

En cuanto a la separación en dos secciones de las normas imperativas y las voluntarias, aunque no ha sido ésta le técnica seguida, sí vemos en todas las leyes civiles aragonesas, y especialmente en las más importantes y técnicamente mejores, las que han sido producto del trabajo de la Comisión Aragonesa de Derecho civil, una distinción clara, e incluso muchas veces expresa, entre lo que en ellas considera el legislador imperativo o meramente dispositivo.

Otra manifestación de ese efecto conformador lo encontramos en la Ley de sucesiones por causa de muerte, en cuyo preámbulo el legislador reconoce expresamente que, al establecer el orden de los títulos II a VII de la misma, ha seguido “el de la preferencia de los modos de delación, empezando, por tanto, por la sucesión voluntaria.  Parece lo coherente en una Ley que proclama (art. 3) que «el causante goza de la más amplia libertad para ordenar su sucesión ... sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio standum est chartae»”.

- Frente, o más bien junto al efecto conformador, que relaciona a standum est chartae con la actividad legislativa, encontramos el que lo relaciona con la labor aplicadora de la ley, que a su vez tiene al menos dos manifestaciones.

Por el primero de estos efectos, las normas se presumen no imperativas.  Este rasgo, que el profesor DELGADO67 extrae principalmente de la tradición jurídica de standum est chartae, es una de las razones por las que la regulación normativa del principio se ha situado en el frontispicio de la Compilación.  Se trata de una presunción iuris tantum, pues evidentemente el legislador aragonés es libre para dictar en su ámbito competencial propio cuantas normas imperativas estime pertinentes68.

Además de la presunción de no imperatividad, encontramos a la hora de aplicar las normas la necesidad de averiguación caso por caso de las consecuencias de la contravención de lo dispuesto en una de carácter imperativo.  Es decir, y contrariamente a lo que dispone el código civil estatal en su artículo 6.3º, según el cual “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”, en el Derecho aragonés se debe proceder a determinar caso por caso las consecuencias de la contravención de la disposición, bien porque la propia norma lo diga expresamente, bien mediante una labor interpretadora de la misma.  

En el artículo 3º de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, el legislador ha plasmado la esencia de standum est chartae, su principal efecto, lo cual implica que, a sensu contrario, no ha plasmado todo standum est chartae, ni todos sus efectos, los más importantes de los cuales ya hemos visto en el apartado anterior.

En este apartado vamos a analizar por tanto standum est chartae desde su tercera perspectiva o naturaleza, como norma legal recogida en el artículo 3º de la Compilación.

Debo adelantar que en este análisis voy a prescindir totalmente de aludir a si se exige o no, según lo dispuesto en este artículo y para que el mismo despliegue todos su efectos, que como veremos son bastantes y de gran relevancia, un requisito formal consistente en la plasmación del acuerdo o estipulación en un escrito, dado que ese es el tema central del trabajo y se desarrolla en el siguiente apartado.

El título es explícito, consiste en el apotegma, en el sentido ya visto en el punto 3.1, y nos adelanta que el artículo regula standum est chartae.

El cuerpo del artículo se compone a su vez de tres partes.

La primera la constituyen las palabras “conforme al principio standum est chartae ...”, y su propio tenor literal indica que lo que sigue es el núcleo central de la norma legal, y que lo regulado allí es la plasmación, para el legislador, de un efecto del principio standum est chartae.  Pero el constituir el título del artículo el mismo apotegma, y el hecho de que, como también se ha visto ya, se sitúe el artículo en el título prelimar de la Compilación, indica que éste no es un efecto más, sino el principal y más importante de ellos.  

Por otra parte, no se encuentra vinculado a ninguna otra norma legal específica, en cuyo caso entenderíamos que lo que sigue es el efecto del principio standum est chartae en relación a la misma.  

Se excluye que el resto del artículo sea la plasmación del principio como tal, pues el tenor literal indica “conformidad”, y no “identidad”.

La segunda parte del artículo, como ya se anunciaba, la constituye el efecto primordial del principio:  “se estará, en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones”.  Expresión clara y nítida de la capacidad individual para regular las propias relaciones jurídicas, establecería una potestad casi ilimitada en tal ámbito si no fuese porque sigue una tercera parte, en la que se explicitan los límites de esta facultad :  “siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las normas imperativas del Derecho aragonés”.

Comenzaremos estudiando los tres límites expresados, que la doctrina y la jurisprudencia identifican (no he encontrado ninguna opinión en contra al respecto) con los del mismo principio standum est chartae.

-  Señalar lo imposible como límite hoy día suena a obviedad innecesaria, pero el profesor DELGADO69 indica cómo, a sensu contrario, evidencia que todo lo posible constituye el campo de acción de la autonomía de la voluntad.  En mi opinión además se mantiene tal mención por motivos de tradición jurídica.  Recordemos que en la Observancia 16 los límites explicitados eran lo imposible y la contravención del Derecho natural.  Ambos límites se plasmaron en el artículo 3º en 1967, añadiéndose como tercer límite las normas imperativas aplicables en Aragón.   En 1985 la reforma del artículo por el legislador aragonés eliminó la referencia al Derecho natural, modificación que fue muy criticada por el profesor LACRUZ, y que todavía hoy DELGADO70 considera que se realizó “desconsideradamente y sin pensar en sus consecuencias”.  

Creo por todo ello que el mantenimiento hoy de dicho límite, si bien no es necesario, sí realiza unas aportaciones interesantes, y en cualquier caso no crea dificultad ninguna a la inteligencia de la norma.

-  En cuanto a la Constitución, tampoco era estrictamente necesario señalar que actúa como límite, pues evidentemente es la norma superior de tono nuestro ordenamiento jurídico, y en modo alguno, aunque nada se mencionase al respecto, podría ir contra ella.  Sin embargo, desaparecida la mención al Derecho natural, parece que la Constitución encarna hoy los valores éticos comúnmente aceptados en nuestra sociedad que la libertad individual no podrá transgredir71.

-  Si hay un límite que tiene hondo calado es el tercero, referido a “las normas imperativas del Derecho aragonés.”

Este límite fue introducido en la reforma de 1999, sustituyendo al anterior, constituido por la “norma imperativa aplicable en Aragón.”

La importancia del cambio es evidente, pues se trata de dilucidar qué normas, aparte de la Constitución, pueden limitar los efectos de standum est chartae; y recordemos que se considera normalmente que estos límites lo son de la facultad establecida en el artículo 3º, pero también del principio general.  En efecto, al circunscribir únicamente al ámbito del Derecho aragonés la posibilidad de actuar como límite, estamos excluyendo a todo el Derecho estatal que, aun cuando sea aplicable supletoriamente, y lo sea en una norma imperativa, al no ser aragonesa, no podrá actuar como tal ante standum est chartae.

Como vemos, va un paso más allá de lo establecido en el artículo 1º 2. de la misma Compilación.  Allí, tras declarar que el Derecho estatal se aplicará como supletorio sólo en defecto de normas aragonesas, dispone que tal aplicación se hará “de acuerdo con los principios que las informan” (evidentemente, a las normas aragonesas).  Siendo un efecto ya visto del principio standum est chartae que las normas se presumen dispositivas, esto supone que tal presunción afecta también a las normas estatales cuando se aplican supletoriamente en el ámbito del Derecho aragonés.  Sin embargo, ya hemos visto que la posibilidad de actuar como límite en el ámbito de standum est chartae se establece tan sólo para la norma imperativa aragonesa, por lo que la norma estatal, sea imperativa o no por su contenido, en su aplicación supletoria sólo podrá actuar como dispositiva.

Las normas imperativas que podrán afectar a la aplicación de standum est chartae se encuentran mayoritariamente en las leyes, pero también pueden emanar, como acertadamente señala el profesor DELGADO, de la costumbre y de los principios generales.  En la STSJA de 18 de diciembre de 1990 (RDCA 1995, I, 1º, 2), encontramos que se declara nula una donación de inmuebles por entender que la tradición jurídica aragonesa, y no el principio standum est chartae, exige la forma de escritura pública para su validez.

En cuanto a las normas legales imperativas, pueden encontrarse en leyes autonómicas de cualquier tipo72.

Con esta regulación, que potencia enormemente las posibilidades de standum est chartae al ser aplicado por los particulares, dadas las limitaciones establecidas para el Derecho estatal, resulta todavía más importante delimitar el ámbito de aplicación de la facultad reconocida en el artículo 3º de la Compilación.

Para el profesor DELGADO73 no hay duda de que su ámbito lo constituye “la totalidad del Derecho civil aragonés posible”, amplio campo pues hemos visto cómo la jurisprudencia constitucional considera como tal todo lo no reservado al Estado como competencia exclusiva.  Frente a esta postura que podemos considerar maximalista, se ha dado algún intento minoritario74 tendente incluso a limitar, vía interpretativa, el decir literal del artículo 3º.  Entre ambas posturas encontramos una tercera que considera más acertado seguir más estrictamente la doctrina del Tribunal Constitucional, y propugna que también en el ámbito de standum est chartae debe darse un “crecimiento orgánico”, pudiendo alcanzar no tan sólo a las instituciones ya reguladas por el legislador aragonés, sino también a las “instituciones conexas” con las mismas.

Habrá de ser la jurisprudencia la que determine en cada momento el ámbito de aplicación de standum est chartae, tanto norma como principio, pero ya actualmente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desde su sentencia de 5 de octubre de 1998 extiende el mismo al muy amplio e importantísimo campo de las obligaciones y contratos, sentencia en la que por ello el profesor MOREU75 encuentra “cierta dosis de temeridad”.  Sin embargo, se manifiestan en el mismo sentido las SSTSJA de 13 de septiembre de 1999, de 10 de junio de 2008 y la de 29 de mayo de 2000, si bien ésta última matiza en el Fundamento de Derecho quinto que “es acreditada la opinión doctrinal de que, en materia de obligaciones, donde la presencia de peculiaridades forales es, además mínima, apenas se pretenden aplicaciones del principio citado”.

Estudiado el tema de los límites y, relacionado con él, el del ámbito de aplicación del artículo 3º, voy a pasar a analizar, si bien brevemente, el núcleo del mismo, la facultad reconocida a los particulares para regular sus propias relaciones jurídicas.

Al margen del tema reservado para el punto siguiente del trabajo, de si hoy el artículo 3º de la Compilación exige un requisito formal, consistente en la plasmación por escrito de los pactos o disposiciones, para desplegar sus efectos, creo que su simple dicción literal, unida a su interpretación histórica, si bien con un historicismo relativo, en el sentido ya explicado, deja poco margen de duda, y hoy es postura casi unitaria de la doctrina y de la jurisprudencia el entender que dicho artículo supone la proclamación de la autonomía de voluntad de los individuos, con los límites explicitados.

Un tanto marginalmente, me gustaría plantear un tema que repetidamente me ha aparecido relacionado con standum est chartae.  Según una interpretación del artículo a la que hace mención el profesor MOREU76, podría entenderse que el mismo no alude, o al menos no solamente, a la libertad de autorregulación de los particulares.  Es decir, cuando el artículo habla de “se estará”, lo más importante, aquello a lo que se estará, no sería “la voluntad de los particulares”, sino dicha voluntad en cuanto “expresada en pactos o disposiciones”.  Con ello, restaría importancia a la propia voluntad de los particulares -interpretación subjetiva-, para dársela al modo en que dicha voluntad ha sido plasmada en los pactos o disposiciones, interpretación más objetiva, pero que, al menos en los negocios bilaterales, ofrecería mayor seguridad jurídica a la contraparte, que no ha conocido la posible disensión entre la voluntad real y la plasmada en el pacto.  En parecido sentido ya se plantearon ARAGÜÉS y PUEYO77 la “doble cara” de la cuestión, al incidir en que la contraparte de la libertad aragonesa expresada en el apotegma standum est chartae era que, una vez existía la carta, ésta era la ley del contrato, y a ella quedaban vinculadas las partes.  Matizaban, eso sí, que “frente a la ley única del título 16 del Ordenamiento de Alcalá, que establece el principio espiritualista en el Derecho de Obligaciones (...) el ”Standum est chartae” significa no la prioridad de la forma, sino la exigencia de seriedad, de reflexión, de asesoramiento, ausencia de ligereza”.  Como vemos, no acaban de definir su postura sobre la cuestión de si debe priorizarse la voluntad real o la exteriorizada, pero no deja de ser cierto que de algún modo plantean esa relación entre standum est chartae y el respeto debido a la manifestación de la propia voluntad.

Creo que este tipo de planteamientos apuntan a un problema inexistente, pues no es incompatible la conjunción del respeto a la voluntad del particular con la necesaria protección a la buena fe de quien pactó fiando en la expresión de esa voluntad, conjunción de ambos intereses legítimos que los tribunales realizan diariamente, y no tan sólo en el ámbito de standum est chartae, sino en todo negocio bilateral.

Para finalizar este apartado, analizaré el significado del inicio del artículo, “conforme al principio standum est chartae...”.

Considero que alude al principio únicamente para expresar que lo que sigue a continuación, es precisamente la expresión legal esencial del mismo.  Creo que las palabras standum est chartae están allí en su sentido de apotegma, según se ha explicado anteriormente, o sea, actuando como nombre del principio, pues es así como en Aragón se le conoce, pero sin pretender extraer de las mismas ninguna otra consecuencia, que en mi opinión no tendría sentido al mantenerse en latín, lengua que la inmensa mayoría de los aragoneses desconoce.

Finalmente, al relacionar la norma con el principio, principio tradicional del Derecho aragonés, parece evidente que además implican la necesidad de tener en cuenta tal tradición en la interpretación de la misma, pero en el sentido de historicismo relativo defendido anteriormente.

Analizados el origen y evolución de standum est chartae, y la situación actual del mismo en el actual ordenamiento jurídico aragonés, estamos en situación para responder a la pregunta que ha dado origen a este trabajo.

En primer lugar, es necesario delimitar con claridad el ámbito de la pregunta, excluyendo aquellos aspectos en los que no existe duda alguna.  En efecto, constituyendo uno de los límites de standum est chartae las normas imperativas del Derecho aragonés, resulta evidente que, caso de que una de estas normas exija, en su materia respectiva, la plasmación de los pactos o disposiciones por escrito, está imponiendo un requisito formal que deberá cumplirse.  Así ocurre, por ejemplo, en la Ley de Régimen económico matrimonial y viudedad, cuyo artículo 13, en su apartado 1º, regula el contenido posible de los capítulos matrimoniales, estableciendo como límites genéricos los del principio standum est chartae .  Sin embargo, su apartado 2º establece a continuación un requisito formal, según el cual los capítulos matrimoniales y sus modificaciones requieren, para su validez, el otorgamiento en escritura pública.  Establecido tal requisito expreso en norma aragonesa, es evidente que debe cumplirse, pero no porque sea una exigencia formal genérica de standum est chartae, sino porque lo impone el apartado 2º.

El análisis se va a centrar, por tanto, en si existe un requisito formal genérico, que, aun en el caso de no existir norma expresa que lo haga, exigiría siempre y en todo caso la plasmación por escrito de los pactos o disposiciones, para que se desplieguen todos los efectos del artículo 3º de la Compilación.

Doctrinalmente éste ha sido casi siempre considerado un tema menor, y pocos autores le han dedicado atención, y por ello no encontramos muchos que manifiesten una posición definida al respecto, y entre ellos todavía son menos los que argumentan su propia posición.

JOAQUÍN COSTA no manifiesta una opinión explícita al respecto, si bien de su lectura parece deducirse que pensaba normalmente en la existencia de un documento escrito, público o privado según los casos.  En una de sus obras78 alude a la costumbre existente en su época, en diversos valles, donde dice que “los padres hacen la institución de heredero verbalmente, o a lo más, en cédulas privadas”.  Evidencia la creencia de aquellas personas de estar realizando, incluso verbalmente, un acto con eficacia jurídica, si bien COSTA  manifiesta su opinión de que dichas designaciones, no realizadas en forma legal, son nulas.

En 1944, PALÁ79 manifiesta su opinión contraria a la exigencia de plasmación escrita del acuerdo, afirmando, ciertamente sin mayor argumentación al respecto, que en el ámbito de standum est chartae, “charta es el acto o acuerdo exterior, no el documento o el escrito; charta será la declaración de voluntad conocida o, en caso de duda, reconocida por el Juez mediante la prueba ordenada por la ley”.

Casi treinta años más tarde, en 196980, MARTÍN-BALLESTERO dedica más esfuerzos a argumentar su propio concepto de carta, que para él será siempre escrito, llegando a decir que “parecen haber olvidado no poco el sentido de la propia palabra chartae, carta, papel o instrumento o documento, material tangible, en donde la voluntad se vacía y en donde el querer se condiciona y se determina con cierta exactitud.  Nadie dijo nunca, o al menos nadie tradujo el “standum est chartae” como el estar a la voluntad o al querer, sin más, sino a esta voluntad y a ese querer contenido precisamente en la carta”, y poco después afirma también que “la carta es una vestimenta de la amplísima libertad de los aragoneses”.  Sin embargo, la argumentación que realiza es casi totalmente de carácter histórico, y sólo de pasada alude al artículo 3 de la Compilación aprobada dos años antes para decir que no habla sino de un modo ambiguo de pactos o disposiciones.  En otra obra suya de 197181, vincula claramente esta exigencia de escrito con el origen medieval del apotegma, diciendo que “Aragón no podía ser una excepción a ese formalismo y en los tiempos en que surgió el “Standum est chartae”, y sin duda alguna esto tiene todavía en la actualidad una realización práctica”.  

ARAGÜÉS82, en un trabajo de 1976, mantendrá la misma opinión de exigencia de escrito, argumentando al respecto que “frente a la ligereza de la charla, del seudo compromiso contraído en un momento de euforia, de impremeditación que conduce fácilmente al engaño, en Aragón se “está a la carta, al documento”.  El documento exige meditación, información, quizá asesoramiento, en todo caso decisión pensada.  Seguidamente, redacción cuidadosa que plasme con detalle las obligaciones que se quieren contraer y las situaciones que se quieren regular”.

El profesor LACRUZ83, en la obra que en mi opinión más profundamente trata hasta la actualidad el tema standum est chartae, defiende también la exigencia de documento, utilizando sin embargo una argumentación escasa, basada principalmente en que “la doble mención del apotegma Standum est chartae, en el epígrafe del artículo y en el cuerpo del mismo, es más que suficiente para fundar en ella la exigencia de documento, y entender ahora el apotegma como «estar a lo hablado» es la negación de toda su historia y todo su significado anterior”.

Sin embargo, los hermanos BANDRÉS y JOSÉ LUIS MERINO sostienen, en un trabajo del año 200084, bien es cierto que sin recurrir a ninguna argumentación, que en principio, la dicción del artículo 3º, al hablar de pactos o disposiciones “apuntaría a la idea de charta como documento”, pero añaden luego que “sin embargo, con arreglo a la propia tradición antiformalista del Derecho aragonés, no cabe en absoluto rechazar la obligatoriedad del pacto verbal”.

Defiende la necesidad de escrito el profesor MOREU, pero en el marco de un trabajo muy crítico con standum est chartae85, especialmente tras la última reforma del mismo, y en el que expresamente busca “rectificar la desafortunada redacción que tiene desde 1999 el artículo 3º de la Compilación aragonesa86”.  

En cuanto al profesor DELGADO, sin duda hoy la máxima autoridad doctrinal en Derecho aragonés, no manifiesta su opinión al respecto, si bien hace una alusión87, al comentar una sentencia del TSJA, al requisito de forma, del cual dice “que el principio exige en su propio enunciado”.  Creo por tanto, que en principio sería partidario de la existencia de tal requisito formal de exigencia de escrito, aunque sin duda no desde una reflexión propia sobre el tema.

Vemos, por tanto, que la posición de la doctrina no ha sido, ni es, unitaria al respecto, y que la mayoría de los autores han manifestado su opinión, más que realizado un estudio meticuloso sobre el tema.

No habiendo encontrado una posición doctrinal que pueda decantar la respuesta al interrogante planteado en un sentido o en otro, voy a pasar a realizar un estudio pormenorizado del artículo 3º de la Compilación, por otra parte imprescindible para poder tomar una postura personal sobre el tema.

Acudiendo en primer lugar al sentido propio de sus palabras, tanto en el usual como en el técnico-jurídico, nada hay en la norma que exija que los pactos o disposiciones deban plasmarse por escrito.  La simple alusión a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, tanto LACRUZ como los hermanos BANDRÉS y MERINO, todos ellos en sus obras citadas en este mismo apartado, entienden que daría la impresión de referirse a expresión por escrito, pero que en realidad no es posible concluir, de esta dicción literal, que esta forma sea la única posible.

No exigida tal forma por lo dispuesto en el artículo, resta ver si, tal como sostiene LACRUZ –y en cierta manera parece suscribir DELGADO en el modo apuntado- la inclusión del apotegma en la norma es suficiente para deducir de su texto tal imposición, y creo que no.

Ya he expresado ampliamente en el punto 3.1 del trabajo, al que me remito, mi opinión respecto al apotegma y su concreto significado, diferenciándolo del principio al que sirve por nombre.  Insisto por ello en que constituye un exceso de celo historicista intentar extraer efectos modificativos del claro tenor literal de una norma, simplemente por el hecho de expresarse al comienzo de la misma que la regulación se realiza “conforme al principio standum est chartae”.  

El contexto de las palabras no aporta ninguna matización a las mismas, aunque quizá del contexto de la norma, esto es, de lo regulado en otras normas del Derecho aragonés,  sí podemos extraer algún argumento de interés.

A título de ejemplo, el artículo 3.1 de la Ley de régimen económico matrimonial y viudedad dispone, a los efectos que ahora nos interesan, que “los cónyuges pueden ... celebrar entre sí todo tipo de contratos, sin más límites que los del principio standum est chartae”.  No tiene sentido imponer, en un ámbito como es el de las relaciones entre los cónyuges, una obligatoriedad de plasmar, cuando menos en documento privado, cualquier tipo de contrato que celebren entre sí, que de hecho normalmente serán verbales, e incluso en muchas ocasiones con consentimiento tácito, como en el caso del mandato, expresamente regulado más tarde en el artículo 9 de la ley, y que usualmente no dará lugar a su plasmación en documento alguno.  Es más, el artículo 26 contempla, dentro del régimen de separación de bienes, la posibilidad de que exista la gestión de los bienes o intereses del cónyuge sin mandato expreso.

En cuanto a los antecedentes históricos, ya he explicado ampliamente cómo lo que se conoce sobre el origen de standum est chartae no es mucho, y que incluso analizando aquello que se conoce y sobre lo que suele existir general consenso, encontramos argumentos a favor de la no exigencia de documento escrito.  Es cierto que el apotegma, si bien parece tener su origen en el Fuero De confessis, se ha vinculado tradicionalmente con las Observancias, y dentro de ellas especialmente con el ámbito de la fe pública instrumental, pero también lo es que, ya en fecha relativamente temprana, encontramos argumentos a favor de la presencia del principio en ámbitos distintos, como el regulado en el Fuero de Teruel de 1564, en que se hace alusión al mismo excluyendo expresamente la necesidad de que se plasme por escrito.

Todavía más importancia tiene, a mi entender, la evolución seguida en la inteligencia que del mismo han hecho los aragoneses.  Como también hemos visto ya, en el Congreso de Jurisconsultos de 1881, la creencia generalizada por parte de quienes lo prepararon de que standum est chartae era un axioma foral que únicamente fundaba un sistema interpretativo restrictivo, hizo que el planteamiento inicial fuese dudar de la conveniencia de conservarlo.  Sólo la labor de COSTA, y la aceptación de sus ideas por la generalidad de la doctrina, permitió el resurgir de standum est chartae, pero entendido principalmente como consagración de la libertad civil.  Toda esta evolución, y sobre todo la que se ha dado en los últimos años, de acelerados cambios políticos y sociales, hacen que, en mi opinión, no podamos atenernos únicamente a los antecedentes históricos medievales, sino al conjunto de la evolución vivida por standum est chartae.

Los antecedentes legislativos son todavía más esclarecedores.

Prescindiendo del Apéndice de 1925, que nada aporta al análisis del artículo 3º de la Compilación, resulta muy ilustrativo el estudio del origen de dicho artículo, y las diversas versiones del mismo, con los cambios introducidos, hasta su promulgación en 1967.

Al ponerse en marcha los trabajos para la redacción de la futura Compilación, la primera versión del artículo 3º era la siguiente:

“Conforme al apotegma Standum est chartae, en aquellas materias capaces de regularse por pacto o disposición unilateral, la ley, mientras no se deduzca claramente lo contrario, tiene sólo valor supletorio del arbitrio del individuo.  En consecuencia, los tribunales habrán de atenerse a la voluntad de las partes, reflejada en las cláusulas de los documentos, siempre que no resulten éstas de imposible cumplimiento o sean contrarias a las normas y principios señalados en el artículo anterior.

El pacto o la disposición se interpretarán e integrarán mediante la costumbre y, en su defecto, la ley.”

Esta propuesta fue modificada por la Sección especial de la Comisión de Codificación, quedando redactado como sigue:

“Standum est chartae

Artículo 3.  Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a las cláusulas de los documentos que sean expresión de la libre voluntad individual, manifestada en pacto o disposición unilateral, siempre que no resulten aquéllas de imposible cumplimiento o sean contrarias al Derecho natural o a una Ley imperativa.”

Como vemos, esta segunda versión todavía conserva la mención de las cláusulas de los documentos, muestra inequívoca de exigencia de plasmación por escrito de los pactos o disposiciones para la eficacia del resto de la norma.  Sin embargo, la redacción con que finalmente llegó a ser promulgado el artículo 3º de la Compilación suprimió tal mención, quedando en el tenor literal que ha sido transcrito en el apartado 2.3. del trabajo.

Pese a que el profesor LACRUZ88 considera que esta modificación “pretende ser exclusivamente de estilo”, no creo que esto sea así, o al menos no totalmente.  En efecto, no podemos olvidar que la Compilación se promulgó como ley estatal, en un momento en que no existía nada semejante a la autonomía política, y que como tal entiendo que intentaría por un lado ser respetuosa con el Derecho aragonés, que el tradicionalismo político podía aceptar, pero por otro intentaría que fuese a la vez consecuente con los principios del Derecho estatal, que por otra parte en Aragón sin duda se habían asimilado, al menos algunos de ellos, también como propios tras siglos de convivencia, y entre ellos el principio espiritualista y con él el de libertad de forma.  En tales circunstancias, pretender que una modificación que trasmuta el sentido de standum est chartae, no tenga otro objeto que “agilizar la expresión del párrafo”, no creo que sea un argumento demasiado sólido.

Pero además, también he aludido ya a las siguientes modificaciones de redacción sufridas por la norma en 1985 y en 1999, ninguna de las cuáles ha considerado volver a introducir mención alguna a las “cláusulas de los documentos”.  Además, estas dos últimas han sido realizadas ya por las Cortes de Aragón, con lo que no podría argumentarse que, en la versión de 1967, la exclusión de cualquier mención a los documentos había sido realizada en instancias estatales, frente a la versión inicial, fruto de instancia aragonesa, si bien de carácter técnico, pues política no existía ninguna.  Lo cierto es que en más de  25 años de autonomía no se ha planteado una modificación en tal sentido, sin duda porque sería un intento de volver a una época felizmente superada.

Ello nos lleva, en el último tramo de esta interpretación histórico-evolutiva, a la adecuación a la realidad social del tiempo en que la norma ha de ser aplicada, es decir, la realidad social del Aragón del año 2009.

Nadie niega que hoy en Aragón, en la sociedad aragonesa, tiene clara preponderancia la concepción espiritualista, no formalista, del Derecho.  Espiritualismo también relativo, pues evidentemente siguen y seguirán existiendo actos claramente formales, pero no en absoluto todos los que pueden caer en el ámbito de standum est chartae.

Retomando el argumento que ofrecía en el año 1971 MARTÍN-BALLESTERO, no niego que sea cierto que hacen falta siglos de evolución para pasar del formalismo medieval, mediante la influencia del Derecho natural, del Código civil de la Francia revolucionaria, y muchas otras, a un criterio preponderantemente espiritualista.  Ciertamente, “Aragón no podía ser una excepción a ese formalismo y en los tiempos en que surgió el «Standum est chartae»; lo que sí niego es que ello tenga “todavía en la actualidad una realización práctica”.  El Derecho aragonés permaneció fosilizado durante siglos, pero no Aragón, que siguió evolucionando, como no podía ser de otro modo.  Y mediante los instrumentos que le ofrecía ese Derecho fosilizado, especialmente la libertad civil representada en el apotegma standum est chartae, la sociedad aragonesa fue capaz de volver a hacer de ese Derecho algo vivo, si bien no por vía legislativa, cuyas fuentes estaban cegadas, sino por vía consuetudinaria y, más todavía, por la creación de soluciones jurídicas individuales caso por caso al amparo de esa libertad.

Por mucho tributo que queramos rendir a la historia, e incluso a los orígenes ancestrales de la institución, en una sociedad democrática como la actual, el Derecho es tributario del pueblo al que sirve, y se adapta al mismo, bien mediante los cambios legislativos, bien mediante el cambio de su interpretación adaptándose a las nuevas concepciones de esa sociedad.

Nadie puede en buena lógica democrática pretender que el Derecho actual, que Aragón se da a sí mismo en el siglo XXI, es más tributario del Derecho medieval, que de la sociedad aragonesa del XXI.

Ello me lleva a la última parte de éste análisis del artículo 3º de la Compilación, que lo relaciona con el propio espíritu y la finalidad de la misma norma que contiene.  Parece evidente que, siendo la expresión de una amplísima libertad civil, cuyas reformas últimas en todo caso la han reforzado privando, ahora indiscutiblemente, de toda eficacia imperativa a las normas del Derecho estatal cuando se aplican supletoriamente dentro de su ámbito, sería contradictorio exigir un requisito formal por vía interpretativa, dado que la letra de la ley no lo establece, y recurriendo además únicamente a argumentos historicistas que prescinden del aspecto evolutivo de la Historia.

Si, como he defendido, y en esto coincide la doctrina mayoritaria, standum est chartae supone reconocer y respaldar la libertad de los aragoneses para regular su propio ámbito jurídico, sin más limitaciones que las expresamente establecidas por el legislador en norma imperativa, y además lleva implícita una presunción de no imperatividad de las normas, no encuentro adecuado al propio espíritu y finalidad de standum est chartae forzar una interpretación del mismo que imponga un requisito formal limitativo de la voluntad particular, y que el legislador no ha impuesto expresamente, ni parece, como se ha visto, que haya querido tampoco imponer.

Hay todavía un argumento más, que considero de carácter principalmente lógico, a favor de la interpretación del artículo 3º de la Compilación en el sentido de no ser exigible, de modo general, la plasmación por escrito del pacto o disposición para que se desplieguen los efectos conformes al principio standum est chartae previstos en el mismo.

En base al artículo 149.1.8 de la Constitución son competencia exclusiva del Estado “las bases de las obligaciones contractuales”, con lo que en Aragón rige el principio espiritualista que permite la creación de obligaciones con plena libertad de forma, y por tanto el pacto verbal tendrá plena efectividad.  Sin embargo, si entendemos que tal pacto, sólo podrá ampararse en el artículo 3º de la Compilación si se documenta por escrito, encontraríamos que dos pactos, excepto en su forma verbal o escrita, exactamente iguales, tendrían diferente régimen jurídico.  Para el escrito, el Derecho estatal aplicable supletoriamente tan solo tendría valor dispositivo, sin posibilidad de limitar la voluntad de los contratantes, mientras que para el oral esas mismas normas resultarían imperativas y por tanto limitativas.  Debo reconocer que aceptan este efecto los profesores LACRUZ89 y MOREU90, llegando este último a defender incluso que, contrariamente al decir expreso del artículo 23.3º de la Ley estatal 34/2002 reguladora del comercio electrónico, el soporte informático, cada vez más utilizado en la vida corriente, no debería servir para tener por cumplido a estos efectos la posible exigencia de constancia escrita del contrato.  No creo sin embargo que eso sea lo que el legislador aragonés, ni la sociedad aragonesa, desean que signifique el principio standum est chartae, máxime cuando el legislador, en los casos en que considera necesaria la existencia de documento privado o escrito, así lo hace constar sin limitación ninguna en la ley correspondiente.  

Resta ver la interpretación que, respecto al tema que nos ocupa, hacen los tribunales de justicia al aplicar el artículo 3º de la Compilación, e incluso el principio standum est chartae en general.  Al existir relativamente poca jurisprudencia en sentido estricto, haré referencia también a sentencias de juzgado de primera instancia a que he tenido acceso, y que me parecen también interesantes.

Creo que en este tema los tribunales han ido, y van, más adelantados que la doctrina, e interpretan más acertadamente la legalidad vigente, sin duda porque su labor diaria les mantiene más cercanos a la realidad social y es menos propicia a excesos en interpretaciones teóricas que no conduzcan, o incluso puedan alejar, la solución justa del caso concreto que se les presenta.  Sin embargo, pocas ocasiones han tenido y tienen los tribunales para pronunciarse sobre el tema que nos ocupa.  En primer lugar, porque es práctica habitual que, cada vez que se realiza un pacto de una cierta importancia, se documente por escrito. Por tanto, dado que por actos o negocios de escasa importancia no solemos pedir la tutela judicial, cuando uno de estos problemas se plantea ante el tribunal suele existir documentación escrita.  Además, también es un motivo que hace en muchas ocasiones desistir de solicitar la tutela judicial el saber que no se cuenta con suficientes medios de prueba, y desde luego es más difícil contar con ellos en un pacto verbal que en uno escrito.

Pese a estas importantes limitaciones prácticas, los juzgados y tribunales han tenido ocasiones -aunque pocas, como se ha dicho- para manifestar su opinión también sobre esta cuestión.

En el siglo XIX y comienzos del XX, la jurisprudencia no tiene una posición clara sobre el tema de si es necesaria, en relación al principio standum est chartae, la plasmación escrita de los acuerdos o disposiciones.  Existen sentencias que niegan el cobijo del principio a los contratos orales, como la de la Audiencia de Zaragoza de 7 de diciembre de 1895, mientras que otras sí consideran equivalentes todas las manifestaciones de voluntad, con independencia de su forma, como la de 14 de octubre de 1926.

Sin embargo, centrada la cuestión en la situación actual del problema, deberemos acudir a las sentencias más actuales.

Consultadas las sentencias que expresamente tratan el tema standum est chartae, debo señalar que no he podido encontrar ninguna de fecha relativamente reciente que exija un requisito genérico formal (que derivaría del artículo 3º de la Compilación, o del principio standum est chartae, directamente, y no de alguna otra norma aragonesa que impone tal forma imperativamente), y que por tanto haya dejado de aplicar standum est chartae a un pacto o disposición simplemente por ser oral.

El profesor DELGADO, en su sucinta alusión al tema ya referida91, alude a dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que tratan el tema de la forma, pero ninguna de ellas lo hace del modo que hemos expresado.

Ciertamente la primera de ellas, STSJA de 18 de diciembre de 1990 (RDCA, 1996, II, 1º, 3), niega la eficacia de una donación de inmuebles por incumplimiento de requisito formal, pero no de forma escrita, pues la donación se formalizó en documento que fue firmado ante el Juez de Paz de la localidad y ante otros testigos, como recoge el primero de los Antecedentes de hecho.  La fundamentación para considerar incumplido el requisito formal, según expresa en el Fundamento de Derecho cuarto, radica en que “el principio «standum est chartae» indica el marco legal en que debe moverse la interpretación del Juez que no puede salirse de lo contenido en la carta o documento salvo la necesidad de respetar las normas imperativas aplicables en Aragón, entre las que están la forma en la escritura pública de inmuebles, en concordancia con la tradición jurídica aragonesa”.  En definitiva, no se trata de que el principio standum est chartae, o el artículo 3º de la Compilación, exijan para ser aplicados documentación escrita del acuerdo, sino que la sentencia considera que nos encontramos ante un caso concreto en que una norma imperativa aragonesa, en este caso de carácter consuetudinario según creo entender, exige especialmente que el pacto se recoja en escritura pública para su validez.  Quizá la alusión a la “carta o documento” pudiera hacer considerar que ambas expresiones se consideran equivalentes, y que por tanto, aunque en mi opinión desde luego no es así, sí establece -siquiera sea marginalmente- con carácter general para standum est chartae, la necesidad de que exista el mismo, pero otra sentencia posterior a la que luego aludiré, también del TSJA, y con la misma ponente, creo que aclarará mucho más la cuestión.

La otra STSJA citada por el profesor DELGADO, de 29 de septiembre de 1992, (RDCA, 1995, I, 1º, 8) tan solo menciona, sin entrar en él, el requisito de forma, diciendo que, en el caso y respecto al documento que les ocupa en ese momento, “sus efectos nunca podrían prescribirse por el defecto formal de no haberse otorgado en escritura pública, si se le diese el sentido de pactos o capitulaciones y de acuerdo con el artículo 58 del Apéndice y 25.2 de la Compilación”.  Argumentación que, aparte su carácter marginal respecto al caso que se juzga, vuelve a remitir a normas imperativas que imponen –ellas, y no standum est chartae- el requisito formal de constar en escritura pública.

No habiendo encontrado en ningún trabajo doctrinal reciente ninguna otra alusión a sentencias que traten el tema que nos ocupa, paso a señalar aquellas que son más relevantes para el mismo.

En primer lugar, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Teruel, de 31 de diciembre de 1994 (RDCA 1996, II, 2º, 27), recaída en juicio de cognición en reclamación de cantidad, en que el actor pedía la restitución de lo que entendía pagado en exceso, pues pactado con el propietario el arrendamiento de una vivienda de protección oficial, consideraba que el precio del arrendamiento no podía ser fijado libremente por las partes y reclamaba por tanto el supuesto exceso.  El juzgador desestima la demanda, argumentando en su Fundamento de Derecho 3º que, “establecido con carácter general, en nuestra Compilación de Derecho Foral Aragonés, Art. 3.º, el principio Standum est Chartae, conforme al cual, se estará en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulten de imposible cumplimiento, y habiendo quedado acreditado en las presentes actuaciones que ambas partes fijaron libremente y de común acuerdo, incluso desde el año 1985 como reconoce expresamente el actor, la renta que ha venido abonando regularmente en concepto de alquiler, procede la desestimación de la demanda”.  Pero lo más importante es que, este pacto, cuya eficacia se reconoce del modo visto, se hizo mediante un “contrato verbal”, como señala el Fundamento de Derecho 2º.  

Aparte de hacer una, en mi opinión, innecesaria mención del artículo 1255 del Código civil, esta sentencia tiene el mérito de ser la primera que, en época contemporánea, reconoce la plena validez de un pacto verbal en el ámbito de standum est chartae.

La única ocasión que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha tenido de manifestarse sobre el tema de la necesidad o no de existencia de escrito como requisito formal para la aplicación de standum est chartae ha sido bien aprovechada por el mismo, mostrando su opinión al respecto con claridad meridiana, en la STSJA de 5 de julio de 1995 (RDCA 1996, II, 1º, 4).

La Sentencia resolvió un recurso de casación declarando, entre otras cuestiones, “que entre las partes ha existido un contrato atípico que creó una situación permanente de comunidad familiar”

Pues bien, dicho contrato atípico, según señala en su Fundamento de Derecho 4º, “surge a la vida del Derecho al amparo del principio de la libertad de pacto”, principio sobre el que ya en el Fundamento de Derecho 2º hace una breve exposición, interpretando con arreglo a su propia literalidad el artículo 3º de la Compilación. Dice el Tribunal:

“Una de las originarias características del Derecho aragonés ha sido y es la libertad de pacto. En su virtud las partes pueden dar forma a su voluntad estableciendo aquello que mejor les parezca, siempre que lo convenido no vaya en contra de las normas imperativas aplicables en Aragón o resulte de imposible cumplimiento, de tal modo que las Observancias primero, y los Fueros después recogieron la libertad de contratación al consagrar los principios por los cuales "De foro stamus chartae" (Observancia 1º Libro I "De equo vulnerato") y "Iudex debet stare semper et iudicare ad cartam". (Observancia 16º, Libro II "De fide instrumentorum) principios que hoy son recogidos en el artículo 3º de la Compilación”.

Y esta clarísima aplicación de lo dispuesto en la norma que estamos analizando, la realiza el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Fundamento de Derecho 3º) en base a un contrato verbal:  “En el caso de autos, el contrato consensuado entre las partes tuvo carácter verbal, ajeno a la concurrencia con situaciones matrimoniales o sucesorias”.  Mención ésta última que explica la no exigencia de documento alguno, al no incluirse en capitulaciones matrimoniales ni de testamento o pacto sucesorio, en cuyo caso, sus respectivas regulaciones específicas sí exigen forma escrita.

Pero es más, acepta incluso, como no podía ser de otro modo, que uno de los contratantes prestó su consentimiento de un modo tácito, pues ni siquiera estuvo presente en el momento en que se celebró dicho contrato verbal.  Así, dice el Fundamento de Derecho 1º que “el actor contrató con el marido y aunque contrató solo, evidentemente lo hizo en nombre de la sociedad conyugal y la esposa ha prestado un consentimiento tácito, que aparece evidenciado por su aquietamiento durante todo el tiempo que ha durado el contrato”.

Sentencia ésta muy clara, y de impecable argumentación en los extremos expuestos.  Es importante señalar que no se formuló ningún voto particular en la misma, lo que indica la clara unanimidad de todos los Magistrados de la Sala.

Por otro lado, y en relación con la anteriormente estudiada STSJA de 18 de diciembre de 1990 (RDCA, 1996, II, 1º, 3), debo señalar que su ponente es la misma que la de la Sentencia que acabamos de analizar, ROSA Mª BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT.  Antes he dicho que, forzando la argumentación, quizá podría atisbarse un indicio en la Sentencia de 1990 de exigencia en todo caso de documento escrito como requisito formal intrínseco a standum est chartae.  Creo sinceramente que la lectura conjunta de ambas resoluciones, poco separadas en el tiempo, unida al hecho de que en las dos fue ponente la misma persona, cuya posición doctrinal también hemos expuesto, y es claramente favorable a la no exigencia de requisito formal para la aplicación del principio, evidencian que en ningún caso aquella Sentencia exigía un requisito formal en el sentido que estamos estudiando, sino tan solo porque, como expresamente dice, lo exige otra norma imperativa distinta del artículo 3º de la Compilación.

La última Sentencia que alude a la inexistencia de requisito formal alguno en relación a standum est chartae, es la SAPZ de 26 de julio de 1999 (RDCA 2000, VI, 2º, 39).  Sentencia mucho menos importante respecto al tema que nos ocupa, puesto que en el caso que se enjuiciaba existía documentación escrita del pacto, pese a lo cual, en el Fundamento de Derecho 4º, aprovecha para decir que “el mentado acuerdo o pacto (...) tiene plena eficacia jurídica, enmarcándose en el ámbito del principio «standum est chartae», que rige en el Derecho aragonés, sin que quede condicionado en cuanto a su plena validez y eficacia, tanto en juicio como fuera de él, al cumplimiento de forma alguna, tal como resulta de lo preceptuado en el artículo 3 de la vigente Compilación del Derecho Civil de Aragón”.

Ya he aludido a los condicionantes que de hecho dificultan la llegada a los Tribunales de Justicia de demandas fundadas en pactos verbales.  Pese a ello, en cuantas ocasiones han podido los mismos manifestarse al respecto, han dejado clara su postura en el sentido de interpretar claramente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Compilación, no existe hoy exigencia de cumplimiento de forma alguna para la aplicación de standum est chartae, sin que obste a ello que cualquier norma imperativa aragonesa pueda imponer tal requisito para los casos concretos que el legislador estime pertinentes.

En conclusión, creo que de todo lo expuesto se infiere claramente que, en el marco del actual Derecho aragonés, no existe un requisito formal, consistente en la documentación por escrito, ni de ninguna otra manera, de los pactos o disposiciones para que los mismos alcancen su plena validez y eficacia en el ámbito del principio standum est chartae.

Conclusión ésta que, sinceramente, confío que seguirá siendo la defendida por nuestros Tribunales en la aplicación del Derecho, y espero que sea también claramente defendida por la Doctrina, pues nos encontramos en un momento en que el Derecho aragonés precisa tener unos fundamentos fuertes y claros para lograr se aplicado, con total normalidad, en su ámbito propio.  Si standum est chartae, el principio aragonés que se ha mostrado más fecundo a lo largo de sus siglos de historia, y que actualmente muestra además mayor potencial en su aplicación, ve trabadas sus posibilidades de actuación por intentos de interpretación, no dudo que bienintencionados, pero que de alguna manera le ligan a supuestos significados pretéritos, alejados del que tiene en el Aragón del siglo XXI, estaremos en cierto modo dando de lado a la competencia que la Constitución y nuestro Estatuto nos reconocen de “conservación, modificación y desarrollo del Derecho foral aragonés”.

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Notas a pie de página numéricas:

1 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, en “El Justicia Jimeno Pérez de Salanova, experto en Fuero y Derecho”, en Segundo Encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, editado por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2002, páginas 61 a 92, y en especial páginas 84 y 85.
2 En este aspecto concreto considero más que suficiente la exposición que hace el profesor DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS en Manual de Derecho civil aragonés, 2ª edición, editado por El Justicia de Aragón, dirigido por el propio profesor DELGADO, página 92 y, para el caso de querer profundizar más, la realizada por el profesor LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, en su Comentario al art. 3º ("Standum est chartae") de la Compilación aragonesa”, dentro de Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por el propio J. L. LACRUZ, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, páginas 229-298, y en especial, respecto a este tema, páginas 230 y siguientes.
3 Traducido por mi del original en catalán.
4 No tiene estos mismos problemas el Derecho Público, sin duda por la distribución competencial que realiza la Constitución, a la que más adelante haré referencia en este mismo trabajo, y sobre todo por el hecho de que el Derecho Público cuenta con una Administración que lo ejecuta, imponiendo su observancia a los ciudadanos.
5 La misma opinión parece compartir el profesor ANTONIO EMBID IRUJO, pues en la página 23 del manual Derecho Público Aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 4ª edición, 2008, dirigido por él mismo, podemos leer:  “Pero durante mucho tiempo de la vida autonómica reciente habría sido posible preguntar también si sobrevivía Derecho Privado Aragonés, al menos en el plano de la práctica, dado el desconocimiento complacido que del mismo se tenía en los despachos profesionales y en el foro, realidad que afortunadamente está cambiando con relativa velocidad y para lo que puede ser decisiva la continuación, prudente y firme, del trabajo normativo continuado de las Cortes de Aragón desde su primera intervención en 1985”.
6Destacar entre ellas el Foro de Derecho Aragonés; la publicación del manual Derecho Público Aragonés, que dirigido por ANTONIO EMBID IRUJO ha alcanzado en 2008 su 4ª edición, y del Manual de Derecho Civil Aragonés, dirigido por JESÚS DELGADO ECHEVERRÍA, cuya 1ª edición vio la luz en 2006, pero que ha sido actualizado en su 2ª  edición, de 2007; el reconocimiento como mérito preferente en la carrera profesional de magistrados, jueces y secretarios judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial del conocimiento del Derecho aragonés; el Curso de Derecho Aragonés impartido por la Facultad de Derecho en la cátedra Lacruz Berdejo; la creación de la Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés (BIVIDA, cuya accesibilidad vía internet (http://www.bivida.es) facilita enormemente el acceso a muchos recursos de nuestro Derecho), así como el auge de las publicaciones al respecto, dirigidas tanto a profesionales como a legos en Derecho.
7 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, en “Comentario al art. 1º (fuentes jurídicas) de la Compilación aragonesa”, en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, página 166.
8 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, en la misma obra de la nota anterior, página 186.
9 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Joaquín Costa y el Derecho aragonés (Libertad civil, costumbre y codificación). Facultad de Derecho, Zaragoza, 1978.  Una versión abreviada de este texto constituyó la Primera Lección Solemne pronunciada en su condición de nuevo profesor agregado de la Universidad de Zaragoza por el Dr. DELGADO.
10 Salvando todas las distancias, me parece comparable a pretender extraer unas consecuencias actuales al origen de la presencia del león en el escudo de la ciudad de Zaragoza.  No creo, y desde luego no tengo constancia de ello, que nadie defienda la existencia hoy de ninguna vinculación especial de la ciudad de Zaragoza con León, y menos una dependencia o sumisión expresa.  Su origen es eso, su origen, pero su significado original se perdió hace muchos siglos, siendo sustituido por otro diferente, y aun éste ha seguido evolucionando.
11 LALINDE ABADÍA, JESÚS, “Perfil histórico de la foralidad aragonesa”, en Estudios de Derecho aragonés (Cuadernos de cultura aragonesa) ed. del Rolde de Estudios Aragoneses y del Colegio de Abogados de Zaragoza, Zaragoza, 1994, páginas 44 y 45.
12 MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, páginas 430 y 431.
13 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS,  Joaquín Costa y el Derecho aragonés (Libertad civil, costumbre y codificación). Facultad de Derecho, Zaragoza, 1978.  
14JESÚS DELGADO ECHEVERRÍA  sitúa el origen del apotegma en el Fuero De confesis, varios siglos anterior a las primeras Observancias, en su trabajo “El Justicia Jimeno Pérez de Salanova, experto en Fuero y Derecho”, en Segundo Encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, editado por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2002, página 84.
15 Existen varias colecciones de Observancias.  Cuando no especifico a cual de ellas me refiero, la mención debe entenderse hecha a la colección oficial, vigente hasta el siglo XX y derogada por el Apéndice de 1925 como parte del Cuerpo legal de los Fueros y Observancias del reino de Aragón.
16 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, en la obra referenciada en la nota 14, páginas 61 a 92, y en cuanto al entrecomillado que sigue, página 73.  En este punto sigo básicamente este trabajo y otros del mismo autor, Los Fueros de Aragón, en la colección “Mariano de Pano y Ruata”, editado por la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 1997, y finalmente el primer apartado del Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, páginas 37 a 76, que recomiendo a quien quiera tener una perspectiva, quizá breve, pero considero que suficiente y muy clarificadora, de la génesis del Derecho civil aragonés.
17 LALINDE ABADÍA, JESÚS, Los fueros de Aragón, editados por Librería General, Zaragoza, 1985, dentro de la colección “Aragón”, página 93
18 Sin embargo, el profesor DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, en el Manual de Derecho civil aragonés, que acabo de referenciar, página 57, señala también a SANCHO DE AYERBE y a PELEGRÍN DE ANZANO como autores y posibles recopiladores de Observancias.
19 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, “El Justicia Jimeno Pérez de Salanova, experto en Fuero y Derecho”, en Segundo Encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, editado por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2002, página 73
20DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, “El Justicia Jimeno Pérez de Salanova, experto en Fuero y Derecho”, en Segundo Encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragón, editado por El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2002, páginas 61 a 92, pero en este tema especialmente páginas 83 a 92.
21 Del texto de la observancia 16 De fide instrumentorum.  Nótese que incluso la observancia habla de carta mientras la rúbrica en que se contiene habla de instrumento.
22 LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, en su Comentario al art. 3º ("Standum est chartae") de la Compilación aragonesa”, dentro de Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por el propio J. L. LACRUZ, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, páginas 229-298, y en especial, respecto a este tema, páginas 234 y 235.
23 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 92
24 El texto que sigue lo transcribo de la página 235 del texto del profesor LACRUZ referenciado en la nota 22.
25 Tomado de la cita de Molino, en un tema que nada tiene que ver con el presente, que a su vez hace DE LA FUENTE PERTEGAZ, PEDRO, en La interpretación de los fueros de Aragón, página 313, dentro de Revista de Derecho Privado, tomo XXIX (Enero-diciembre 1945).  El profesor DELGADO me hizo ver que ésta era una expresión muy utilizada por los juristas de la época.  No me parece en cualquier caso una mala recomendación.
26 Sirvan de ejemplo las Sentencias de la Audiencia de Zaragoza de 2 de julio de 1862 “Para dar á los Fueros el valor que les corresponde, sin extender sus disposiciones más allá de lo que los mismos establecen, se ha de estar siempre a su contexto literal, según las Observancias 1.ª DE EQUO VULNERATO, 4.ª DE TESTAMENTIS, 24 DE PROBATIONIBUS FACIENDIS CUM CARTA Y 16 DE FIDE INSTRUMENTORUM” y de 17 de febrero de 1866 “El principio de derecho aragonés STANDUM EST CHARTAE, se viene entendiendo, ó interpretando, desde inmemorial por los Tribunales y escritores forales, en el sentido de que se debe estar á lo escrito literalmente”, o la del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1873 “Lo convenido en un contrato sin ofensa de las prescripciones prohibitivas del derecho, ni de los deberes de la moral, es ley para los contratantes y para sus causahabientes; doctrina de universal aplicación, que tiene especial valor y eficacia en Aragón, cuyos FUEROS Y OBSERVANCIAS consignan el principio de que ha de juzgarse con sujeción al documento ateniéndose á su texto literal y sin darle interpretación extensiva; no habiendo necesidad, cuando hay documentos que constituyen la ley del pleito y en los que se hallan previstas y resueltas las cuestiones objeto del recurso, de acudir para su decisión á los indicados FUEROS Y OBSERVANCIAS”.
El texto de las tres sentencias lo he obtenido de la obra Jurisprudencia Civil de Aragón, tomo primero, páginas 4 y 5, de RIPOLLÉS Y BARANDA, MARIANO, Zaragoza, 1897, el cual no contiene sino breves extractos de cada una de ellas (de hecho, los tres transcritos lo han sido íntegramente).
Ha sido el único modo en que he podido acceder, aun con las limitaciones expuestas, a decisiones judiciales de esta época.
Señalar que en cuanto a referencias jurisprudenciales abundantes y normalmente, a mi juicio,  bien utilizadas, he encontrado de especial utilidad tres obras que por su interés al respecto refiero ordenadas cronológicamente:
- ARAGÜES PEREZ, FELIPE y PUEYO GI, MICAELA, Las fuentes del Derecho en Derecho aragonés  II, BCAA, núm. 74, 1 de julio de 1979, páginas 99 y ss., y en especial en cuanto a este tema páginas 126 a 130
- LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, Comentario al art. 3º ("Standum est chartae") de la Compilación aragonesa”, en Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por J. L. LACRUZ, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, páginas 229-298
-  MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, páginas 315 a 503, y en especial respecto a este tema páginas 327 a 330.  Destacar además en este trabajo la nota 22, en las páginas 327 y 328, que he encontrado de especial utilidad a la hora de guiar mis pasos para localizar sentencias antiguas.
27 Sirvan de ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1860 “La OBSERVANCIA 16 DE FIDE INSTRUMENTORUM dispone que se juzgue por lo que resulte de los documentos que se presenten, siempre que no contengan algo imposible ó contra el derecho natural” y de 19 de junio de 1861 “La OBSERVANCIA 16 DE FIDE INSTRUMENTORUM, previene que se juzgue según el contenido de los documentos” (las transcripciones vuelven a ser íntegras del mismo texto de RIPOLLÉS Y BARANDA de la cita anterior).
28 Las citas del discurso inaugural de GIL BERGES las he extraído de la obra de COSTA MARTÍNEZ, JOAQUÍN, La libertad civil y el Congreso de jurisconsultos aragoneses. Introducción de J. DELGADO. Obras de J. Costa, T. I, Guara ed., Zaragoza, 1981.
29 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Joaquín Costa y el Derecho aragonés (Libertad civil, costumbre y codificación). Facultad de Derecho, Zaragoza, 1978, páginas 24 y 25
30 MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, página 321
31 Extraídas de la obra de COSTA MARTÍNEZ, JOAQUÍN, La libertad civil y el Congreso de jurisconsultos aragoneses. Introducción de J. DELGADO. Obras de J. Costa, T. I, Guara ed., Zaragoza, 1981.  No lo entrecomillo por no ser cita textual, sino que lo he realizado uniendo diversos fragmentos del texto.  En cualquier caso, es expresiva de las conclusiones alcanzadas.
32 LUIS FRANCO Y LÓPEZ fue encargado para redactar una Memoria de las instituciones aragonesas que debían incluirse en el futuro Código civil para regir únicamente en Aragón, y realizó la misma mientras se desarrollaba el Congreso, pero totalmente al margen que sepamos del mismo.  En todo caso, tampoco esta Memoria, ni la Adición a la Memoria que realizó más tarde, fructificaron legislativamente.
33 RIPOLLÉS Y BARANDA, MARIANO, Jurisprudencia Civil de Aragón, tomo primero, Zaragoza, 1897, páginas 5 y 6.
34 MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer marqués del Risco (1644-1703), coordinado por Miguel Ángel González de San Segundo, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, páginas 327 y 328.
35 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 70
36 VALENZUELA DE LA ROSA, JOSÉ, y SANCHO DRONDA, JOSÉ J., El Apéndice Foral Aragonés a través de la Jurisprudencia, en Anuario de Derecho Aragonés, III, 1946, páginas 375 a 462, y el entrecomillado es del prefacio, página 378.
37 En realidad, existen sectores de la doctrina que defienden la aplicabilidad también al respecto de la Disposición Adicional Primera de la Constitución, pero creo que tratar este tema excede con mucho al objeto del presente trabajo.
38 Del preámbulo de la ley 3/1985, de 21 de mayo, de las Cortes de Aragón.
39 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 89.
40 Hoy, el artículo 30 de la Ley del Justicia de Aragón contiene una enumeración de las normas que integran dicho ordenamiento.
41 DÍEZ-PICAZO, LUIS y GULLÓN, ANTONIO, Sistema de Derecho civil, volumen I, 10ª edición, Editorial Tecnos, página 142
42 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, misma obra y página de la nota al pie número 39.
43 LALINDE ABADÍA, JESÚS, Perfil histórico de la foralidad aragonesa, en Estudios de Derecho aragonés (Cuadernos de cultura aragonesa) ed. del Rolde de Estudios Aragoneses y del Colegio de Abogados de Zaragoza, Zaragoza, 1994, página 44
44 DÍEZ-PICAZO, LUIS y GULLÓN, ANTONIO, Sistema de Derecho civil, volumen I, 10ª edición, Editorial Tecnos, páginas 146 y 147.
45 La traducción incluida en el texto, como ya he dicho, es la del libro de la cita anterior, página 146.  La cita original en latín del DIGESTUM NOVUM dice así:  Regula est, quaerem quae est, breviter enarrat:  non ut ex regula ius sumatur: sed ex iure quod est, regula fiat.
46 Me parece sumamente interesante la mención que hace el profesor MOREU BALLONGA en la página 344 de su obra ya citada “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007.  Allí dice que “Vidal de Canellas, considerado por algunos (...) uno de los más brillantes juristas aragoneses (aunque de origen catalán) de todos los tiempos, explicó en el siglo XIII con toda claridad que, habiendo “paramiento” hecho en tiempo de bodas, quedarían excluidas toda una serie de normas de régimen económico matrimonial que acababa de exponer y explicar (Vidal Mayor, VI, nº 6), pero no invocaba para ello el standum est chartae”.  Como digo me parece muy interesante toda vez que el profesor, si no he entendido mal, ve una muestra de libertad de pacto, con declaración de supletoriedad del fuero en ausencia del mismo, pero no vinculada al apotegma aragonés actual.  Sin embargo, sí creo que se vincula claramente con el apotegma navarro “paramiento fuero vienze”, que ya he transcrito y citado repetidamente en este trabajo.  No me parece extraño que no se mencione sino una sola de las fórmulas de apotegma, y aun ésta de modo incompleto, pues ni siquiera sabemos si en aquel momento existían ya dichos apotegmas.  Me parece lo más plausible que entonces no existiesen, pues ya he señalado que tres siglos después, al menos, “standum est chartae” no se había fijado todavía como tal apotegma, pero no deja de ser una evidencia de la existencia de un principio de libertad civil, como entiendo que señala MOREU, y además muestra una relación estrecha entre los derechos navarro y aragonés, como no podía ser de otro modo, y es que ya se ha mencionado también que el principio de libertad civil se encuentra presente ya en la Edad Media en todo nuestro entorno geopolítico.
47 Salvando, naturalmente, el hecho de que entonces no se conoce el concepto jurídico de principios generales, y el que éstos tienen su lugar natural en un derecho codificado, creo que sí podríamos hablar de un “germen” de los actuales principios generales.
48 Debo reconocer que no me ha sido posible todavía, al redactar este trabajo, consultar la versión original del Fuero de Teruel de 1564, ni siquiera en edición facsimilar o transcrita, por lo que las conclusiones que he extraído se basan en la transcripción realizada por el profesor LACRUZ en la página 235 de su Comentario al art. 3º ("Standum est chartae") de la Compilación aragonesa”, dentro de Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por el propio J. L. LACRUZ, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, que en todo caso considero plenamente fiable.
49 NAVAL Y SCHMID, EDUARDO, Compilación articulada del Derecho foral vigente en Aragón y conclusiones aprobadas por el Congreso de Jurisconsultos Aragoneses, con observaciones a las mismas, Zaragoza, 1881, establecimiento tipográfico de C. Ariño.
50 LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, Comentario al art. 3º ("Standum est chartae") de la Compilación aragonesa”, dentro de Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por el propio J. L. LACRUZ, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, página 245.
51 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 91.
52 MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, página 450.
53 BELLIDO Y DIEGO-MADRAZO, DANIEL, Aplicaciones del apotegma "Standum est chartae" en vinculaciones primogeniales aragonesas”, en Actas de las Jornadas de Derecho civil aragonés (Jaca, 1985), Cortes de Aragón, Zaragoza, 1986, página 42.
54 LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, "Standum est chartae", en Actas de las Jornadas de Derecho civil aragonés (Jaca, 1985), Cortes de Aragón, Zaragoza, 1986, página 34.
55 Aunque la Ley 6/1999 relativa a parejas estables no casadas y su incardinación en el resto del ordenamiento civil presenta alguna que otra incorrección en mi opinión, y en especial, por lo que afecta al tema que tratamos, el artículo 5.1, al seguir refiriendo los límites de la libertad de pacto a las normas imperativas aplicables en Aragón, en lugar de a las normas imperativas aragonesas, como establece el artículo 3º de la Compilación tras la reforma operada por la Ley 1/1999, que por lo tanto ya había sido modificado en el momento de promulgarse aquella.  No deja de ser otra muestra de deficiente técnica legislativa, en mi opinión, que espero el legislador corrija en la primera ocasión que se le presente, si bien todavía no lo ha hecho.
56 Las Actas de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil las he podido consultar en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Zaragoza, donde se encuentran bajo la signatura DCIV/2/223.
57 El artículo al que hace referencia decía;  
58 A este respecto, me remito al trabajo ya referido de DÍEZ-PICAZO, LUIS y GULLÓN, ANTONIO, Los principios generales del Derecho, en Sistema de Derecho civil, volumen I, 10ª edición, Editorial Tecnos, páginas 139 a 148.
59 En concreto, el profesor MOREU, en su obra tantas veces citada “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, afirma en la página 375 de la misma que considera “sumamente problemática e improbable la justificación histórica rigurosa de que dichos principios han sido también principios generales y tradicionales aragoneses”.  Considero que sin embargo el profesor DELGADO mantiene una postura totalmente compatible con lo expuesto, pues cuando en la página 90 de su trabajo también reiteradamente citado Manual de Derecho civil aragonés, evidencia la existencia de criterios interpretativos propios en el Derecho aragonés, dentro del ámbito de los principios generales, considera que pueden ser “eventualmente distintos de los que propone el Código civil”, luego entiendo que contempla también la posibilidad de que existan criterios eventualmente iguales.
60 Además de estos principios, que considero obvios por estar expresamente consagrados en leyes aragonesas, se podrían señalar muchos más, como el basado en no limitar la capacidad de los menores más allá de lo necesario para su propia protección; el que establece la anulabilidad como régimen general de invalidez cuando ésta persigue proteger el interés particular de persona determinada..., labor ésta de señalar los principios generales del Derecho aragonés sin duda apasionante, y digna de un trabajo doctrinal que estoy seguro sería de lo más interesante.
61 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 94.
62 Misma obra y página de la nota anterior.
63 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 89.
64 No confundir con el aspecto integrador de la función sistematizadora.  En aquel caso, la función consiste en presentar el ordenamiento jurídico como la suma de partes, pero que unidas constituyen un todo (y de ahí la alusión a integrar en la primera acepción que recoge el Diccionario de la Real Academia Española en su 21ª edición, “constituir las partes un todo”), que además muestra una estructura al encontrarse vertebrada por esos mismos principios.
Ahora aludo a integrar en su segunda acepción, “completar un todo con las partes que faltaban”.
No utilizo sinónimos a fin de diferenciarlas porque la mayoría de la doctrina emplea el verbo integrar en ambas acepciones, y considero que sustituir una de ellas por un sinónimo podría crear más confusión en lugar de simplificar la comprensión.
65 Naturalmente, ello no implica que se abandone la función social o colectiva del Derecho, dado que en cualquier caso queda claro que el legislador puede y debe proteger el interés social, así como el de quienes ocupan una posición más débil, para quienes un “todo vale” supondría su sometimiento a los más fuertes, social y económicamente hablando.  Simplemente, en Aragón se entiende que toda norma imperativa debe expresarlo (aunque no es necesario que lo haga explícitamente, como veremos), y además debe tener su justificación en un interés superior, no simplemente en una decisión arbitraria del legislador.
66 Sin embargo, a continuación matiza esta afirmación, y llega a afirmar que no cree que tal libertad pacticia haya de relacionarse con standum est chartae.  Todo ello en MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, página 336 para la cita y siguientes para la matización.
67 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 94
68 Sin embargo para el Derecho civil estatal, cuando opere en el ámbito de standum est chartae, ya se ha explicado que sus normas nunca podrán considerarse imperativas.
69 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 97.
70 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 96.
71 Pese a que en este momento no puedo extenderme más en el tema por no ser relevante al objeto de este trabajo, creo importante señalar que la referencia a la Constitución lleva implícita, en mi opinión, la referencia a todo lo que es consecuencia inmediata de la misma, aspecto éste que creo que no ha sido todavía desarrollado suficientemente por la jurisprudencia ni por la doctrina.
72 El profesor DELGADO, en la página 98 del Manual de Derecho civil aragonés, entiende que se encontrarán casi exclusivamente en leyes autonómicas de carácter civil pues, según él, “de estar fundadas en títulos competenciales distintos de la conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil propio, según reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional no pueden determinar las consecuencias inter privatos del incumplimiento de las prohibiciones legales”, y cita al respecto la STC 264/1993, de 22 de julio, al declarar inconstitucional el ap. 2 del art. 24 de la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón.  En realidad, en esta Sentencia el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de dicha norma por entender que, al efectuar una regulación de obligaciones inter privatos dentro del ámbito del Derecho mercantil y obligacional (supongo que en cuanto a las bases de las obligaciones contractuales, aunque esta precisión no la hace el Tribunal Constitucional), se han invadido competencias exclusivas del Estado, ex art. 149.1.6 y 8 de la Constitución.  Claramente, dice de un modo expreso (FJ 5) que la norma “debe reputarse inconstitucional desde la perspectiva del orden competencial, puesto que, ... , la determinación de los supuestos de exención de las obligaciones civiles o mercantiles y, más en general, de las consecuencias inter privatos del incumplimiento de las prohibiciones legales ... corresponde indudablemente al legislador estatal, en virtud de los títulos competenciales invocados”.  Sin embargo, en la página 83 del mismo Manual expone el profesor DELGADO, en mi opinión aquí sí con toda exactitud, el principio que rige en esta materia:  “Las leyes aragonesas que contienen normas de Derecho civil no necesitan invocar expresamente el título competencial del art. 149.1.8ª Const. y el art. 35.1.4ª EAA, aunque es habitual que lo hagan sus exposiciones de motivos.  Ni con ello tienen mayor fuerza ni la disminuye no mencionar el título.  Puede así ocurrir que en leyes sobre materias distintas y diversas se encuentren normas civiles, plenamente válidas si realmente corresponden a la competencia autonómica:  el único reproche podría ser, según los casos, de técnica legislativa”.
El profesor M
OREU, según manifiesta en la página 386 de “Mito y realidad en el Standum est chartae”, comparte la valoración de la STC 264/1993 realizada por DELGADO en la página 98 del Manual, si bien considera que “esta doctrina parece excesivamente formalista y discutible”, valoración que compartiría si no fuese porque, como ya he dicho, entiendo que no es eso lo que dice el Tribunal Constitucional.
En la reciente STSJA 5/2008, de 10 de junio, se confirma la resolución de un contrato privado de compraventa de vivienda, reconociendo que la parte compradora no tuvo voluntad rebelde al cumplimiento de sus obligaciones, pero que su situación administrativa (al no cumplir, y así haberse declarado, la totalidad de los requisitos de acceso al tipo de vivienda protegida de que se trata, según lo previsto en la Ley 24/2003, de 26 de diciembre y el Decreto 80/2004, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón) impide el cumplimiento pleno del contrato, mediante la escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, y esta importante limitación frustra –desde una óptica objetiva- el fin del contrato de venta, lo que aboca a la resolución del mismo.  Como vemos, aplica normas administrativas con claras y directas consecuencias inter privatos, sin plantearse en ningún momento la posible inconstitucionalidad de las mismas.
73 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, páginas 95 y 96.
74 MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007.
75 MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, misma obra de la anterior nota al pie, página 378, nota a pie de página nº105.
76MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, páginas 453 a 455.
77 ARAGÜES PÉREZ, FELIPE y PUEYO GOÑI, MICAELA, Las fuentes del Derecho en Derecho aragonés  II, BCAA, número 74, páginas 125 y 126.
78 COSTA MARTÍNEZ, JOAQUÍN, Derecho consuetudinario y economía popular de España., Introducción de L. Martín-Retortillo. T. I, Guara editorial, Zaragoza, 1981, página 178.
79 PALÁ MEDIANO, FRANCISCO, Notas para un estudio del apotegma "Standum est chartae", ADA, I, 1944, páginas 273-286, y especialmente en este tema página 280.
80 MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, LUIS, Más acerca del concepto y naturaleza del Standum est chartae”. Estudios de Derecho civil en honor del profesor Castán Tobeñas, III, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1969, páginas 303-323.
81 MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, LUIS, Los Derechos Hispánicos (Comparados a través de la Compilación de Derecho civil de Aragón), Ponencia de las Jornadas de Derecho Aragonés celebradas en 1971 en Jaca; en Anuario de Derecho Aragonés, XV, 1970-71. Páginas 11-88, y en especial 26 a 29.
82 ARAGÜÉS PÉREZ, FELIPE, Standum est Chartae, BCAZ, núm. 63, 1976, páginas 49 y ss, en especial 55 y 56.
83 LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, Comentario al art. 3º ("Standum est chartae") de la Compilación aragonesa”, dentro de Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por el propio J. L. LACRUZ, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, páginas. 229-298, y en especial 262 a 264.
84 BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, JOSÉ MANUEL y ROSA MARÍA, y MERINO HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS, Comentario a los arts. 1 a 3 de la Compilación aragonesa”, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, dirigidos por M. ALBALADEJO, T. XXXIII, vol. 1º, Edersa, Madrid, 2ª edición, 2000, páginas 50 a 61.  En la primera edición de esta obra, de 1986, los hermanos BANDRÉS ya sostenían esta misma opinión, y es a ésta a la que el profesor LACRUZ hace referencia en su obra de la nota anterior.  He preferido citar la obra del año 2000 por estar firmado el capítulo referido al artículo 3º también por JOSÉ LUIS MERINO, y poder así hacer referencia de una sola vez a la opinión de tres autores de reconocida solvencia.
85 De hecho, en otro trabajo más reciente, “Sobre la influencia de Joaquín Costa en el Derecho civil aragonés”, dentro de la obra colectiva El pensamiento jurídico. Pasado, presente y perspectiva.  Libro homenaje al profesor Juan José Gil Cremades, coordinado por MARÍA ELÓSEGUI ITXASO y FERNANDO GALINDO AYUDA, editado en 2008 por El Justicia de Aragón, el profesor JOSÉ LUIS MOREU BALLONGA llega a afirmar en las páginas 768 y 769:  “ratifico mi afirmación incidental de 1988 sobre el carácter más bien idológico conservador de la regla o pincipio jurídico del standum est chartae, y propongo que o se suprima aquél como regla o principio general de todo el Derecho civil aragonés, o que, al menos, no se tome demasiado en serio a la hora de legislar para los aragoneses por eventuales legisladores futuros que no se identifiquen idológicamente con el liberalismo más clasista o conservador”.
86 MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, página 387 in fine.
87 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 100.
88 LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, Comentario al art. 3º ("Standum est chartae") de la Compilación aragonesa”, dentro de Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por el propio J. L. LACRUZ, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, páginas 229-298, y en especial páginas 255 y 263.  De este mismo texto he extraído las sucesivas versiones transcritas del artículo 3º.
89 LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, Comentario al art. 3º ("Standum est chartae") de la Compilación aragonesa”, dentro de Comentarios a la Compilación del Derecho civil de Aragón, dirigidos por el propio J. L. LACRUZ, T. I, DGA., Zaragoza, 1988, página 264.
90 MOREU BALLONGA, JOSÉ LUIS, “Mito y realidad en el Standum est chartae”, en Un jurista aragonés y su tiempo, el doctor Juan Luis López, primer Marqués del Risco (1644-1703), coordinado por MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DE SAN SEGUNDO, ed. por el Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, páginas 416 y siguientes, y especialmente 420 a 422.
91 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, Manual de Derecho civil aragonés, editado por el Justicia de Aragón, 2ª edición, página 100.

Para citar este artículo :

VÍCTOR CAZCARRO PÉREZ. «STANDUM EST CHARTAE:  ¿EXISTE HOY UN REQUISITO FORMAL (DOCUMENTO) PARA SU APLICACIÓN?», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=516