núm. 1 (2004)

Tipo de documento: Artículo

La legítima en el Derecho civil aragonés

Ignacio Lasierra Gómez

Extracto

La legítima aragonesa se constituye sobre la mitad del caudal hereditario del causante, resultando la otra mitad de libre disposición, a diferencia de la legítima prevista en el Código Civil en que se establece en dos tercios del total del caudal relicto. La legítima regulada en la Compilación Foral aragonesa presupone una mayor libertad de disposición del causante, ya que además se le atribuye al mismo la facultad de entregarla a un solo heredero legitimario, o bien repartirla proporcionalmente entre todos ellos. Sin embargo, existen límites a la libre disposición del causante a través de la intangibilidad cuantitativa, pues las liberalidades que haya hecho en vida o en muerte reductoras de su patrimonio, no pueden perjudicar la parte proporcional que corresponda a cada legitimario, así como mediante la intangibilidad cualitativa, pues estos mismos tienen la facultad de solicitar que su cuota legitimaria se les satisfaga con bienes relictos.

A la hora de tratar la materia objeto de estudio en el presente trabajo, considero necesario hacer referencia a los caracteres que han acompañado a la Legítima durante los últimos siglos, tanto en su aplicación por nuestros Tribunales, como en su estudio por la Doctrina.

Ya desde el principio de su regulación, en el Derecho Histórico Aragonés, la concurrencia de principios romanos, favorables al sistema de la absoluta libertad de disposición mortis causa atenuado tardíamente por el derecho de legítima, así como germánicos, opuestos a aquella concepción romana con su rigurosa concepción de herencia forzosa ya suavizada a la llegada de los visigodos a nuestra península por su largo contacto con el Imperio Romano, y finalmente autóctonos, da lugar como consecuencia a una regulación del sistema legitimario, confusa y contradictoria, y así aparece plasmado en los Fueros.

En ese sentido, el Fuero de Huesca de 1247 restringe la libertad de disponer aunque admite la posibilidad de mejorar a alguno de los hijos. El Fuero de Alagón de 1307, de testamentis nobilium, permite a los nobles instituir herederos a un hijo dejando a los demás lo que quieran, que posteriormente es extendido a todos los ciudadanos por el Fuero de Daroca en 1311. Finalmente, el Fuero De Donationibus, dado en las Cortes de Zaragoza de 1398, reconoce no sólo la posibilidad de la libre distribución entre los hijos, sino incluso la de instituir heredero a un extraño, existiendo aquellos.

Toda esta serie de reglas generadoras de una regulación confusa y en ocasiones contradictoria no se agrupan mediante la aplicación del Derecho de los Fueros y Observancias, ni del Derecho Romano Canónico, ni el Castellano, sino a través del Derecho Consuetudinario, o Derecho Privado propiamente dicho, es decir, un conjunto de reglas constituidas por la costumbre unánimemente aceptada y conocida por todos los aragoneses. Este Derecho que no provenía de la Ley escrita se plasmó fundamentalmente en los documentos que conforman los protocolos notariales; y es como consecuencia del estudio del contenido de los testamentos, especialmente mancomunados, como desde el siglo XVI hasta la actualidad, se puede acreditar en base a las citadas fuentes documentales, la existencia de la libertad de testar absoluta que existía en Aragón. En ese sentido, eran normales las cláusulas en las que los cónyuges, habiendo hijos, se instituían herederos, o se instituían con la obligación de que el remanente, en su caso, de la herencia del premoriente pasase al fallecimiento del supérstite a los hijos, según conviniera al mismo.

La libertad de distribución entre los hijos autorizada por los citados Fueros de 1307 y de 1311, ocasionó la practica de intentar una cláusula en los testamentos en la que se nombraba  a todos los legitimarios con una atribución simbólica. Como consecuencia de esta distribución patrimonial, la cláusula constituía una declaración de conocimiento de la existencia de todos los legitimarios con una referencia patrimonial nominal, que permitía al testador disponer de sus bienes como estimase conveniente.

Como vemos, en el Derecho tradicional histórico, realmente la legítima no existía, ya que todo el patrimonio del causante era de libre disposición; tenía un significado meramente formal, pues el causante debía mencionar a los descendientes inmediatos otorgándoles una atribución simbólica para acreditar que conocía de su existencia, es decir, consistía en el derecho de los más próximos parientes herederos ab intestato a ser nombrados en el testamento sin cuyo requisito se entendía que el causante se había olvidado de ellos.

La claridad obtenida con el Derecho Consuetudinario, se empañó tras el Congreso de Jurisconsultos de 1880, en el que la libertad de testar fue notablemente mermada al establecerse un límite a la disposición de bienes por parte del testador a favor de los extraños, y hasta la promulgación del Apéndice se abre un período de confusionismo, pues a las Resoluciones de los Jurisconsultos vinieron a unirse la de las Instituciones publicadas por Franco y Guillén, así como la del Código Civil. Como consecuencia de ello, los jueces dictaban sentencias en las que no se tenía en cuenta el Derecho aragonés, suponiendo un ejemplo paradigmático de ello, aquellas resoluciones que concedían suplemento de legítima a aquellos hijos solamente mencionados en la cláusula de la legítima foral, como si en Aragón existiera la legítima individual o estricta del Derecho Castellano. Así, en sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 21 de enero de 1861, 7 de junio de 1862, 28 de noviembre de 1867, 6 de noviembre de 1878, 7 de junio de 1883 y 17 de junio de 1867, se repite una misma idea basada en la facultad de los padres para determinar el quantum como estimen conveniente y que, en consecuencia, no cabe solicitar el suplemento de la legítima. El único requisito es que el quamtum sea una cosa cierta, determinada y libre; no es necesario dejarla a título de institución ni tampoco hacerlo expresa y nominalmente con las palabras “por su parte legítima” o “en concepto y por vía de legítima”. No obstante, existen otras sentencias tales como las de 30 de agosto de 1948, 4 de junio de 1953, 4 de junio de 1959 y 27 de mayo de 1891, en las que se habla de un quantum equivalente a una cosa proporcionada al caudal del testador, pudiendo pedirse de otro modo un suplemento.

En consecuencia nos encontramos ante una Jurisprudencia vacilante, en donde se deslindan dos posiciones: aquella a favor de la legítima foral, que se basa en los Fueros y en la Jurisprudencia del TS, en la que se reconoce la facultad de los padres de dejar cualquier cantidad, por insignificante que sea, pudiendo otorgar testamento instituyendo heredero a uno de sus hijos y señalar a otro, por derecho de legítima, la cantidad de diez sueldos jaqueses, sin que por ello pueda este último considerarse desheredado, ni solicitar la nulidad del testamento; en consecuencia, esta postura se inclinaba en atribuir la legítima sobre la absoluta voluntad del padre. La segunda posición jurisprudencial es aquella en la que nuestra Audiencia si que se muestra conforme con la idea del suplemento de la legítima; se hablaba de que los padres, a la hora de distribuir sus bienes, debían hacerlo siempre con discreción y prudencia, y no de modo que, en los efectos, sea una desheredación infundada, como sucedería si consignaran solamente los diez sueldos jaqueses por bienes muebles y sitios como legítima, que estableció de modo abusivo la costumbre. En definitiva, cuando se solicitaba ante los Tribunales de Justicia el suplemento de la legítima, este era concedido, pues se entendía esa solución, conforme a los principios de equidad y justicia y al genuino sentido del Fuero, pues lo contrario sería defraudar la Ley, o una simulada desheredación que no puede hacerse sin motivo grave.

Por su parte, la Jurisprudencia del TS se mantuvo en aquella época favorable a su criterio tradicionalmente consolidado, entendiendo suficiente la legítima foral; así en sentencias como las de 11 de marzo, 17 y 28 de junio de 1864, 8 de octubre de 1877 y 10 de diciembre de 1879, disponía que el padre que al morir dejase a cada uno de sus hijos los diez sueldos jaqueses por legítima paterna, cumplía con lo prescrito en la legislación especial de Aragón. Así siguió pronunciándose tras la entrada en vigor del Código Civil en 1889. No obstante, se produjo una clara ruptura con ese criterio clásico con la sentencia de fecha 31 de diciembre de 1909, en la que el TS consideró que el padre, en el señalamiento de la legítima debía obrar conforme a las procedentes reglas de un criterio racional, teniendo en cuenta su caudal y las necesidades y condiciones de los legitimarios, excluyente de una desheredación encubierta. Conforme a esta interpretación, el problema en Aragón aumentaba, pues a diferencia de Castilla, aquí no estaba cuantificada la legítima, dependiendo su correcta valoración de criterios variables que surgían en cada caso, y según la conformidad que cada heredero legitimario mostrase con la parte que se le hubiere atribuido.

A partir del Apéndice de 1925, se regula la legítima en su artículo 30, considerando que no era posible dejar toda la herencia a extraños existiendo herederos forzosos, limitándose a una tercera parte la disponibilidad a favor de aquellos. Sin embargo, el problema continúa en parte, pues el mencionado artículo 30 no especifica el modo en que el testador debe repartir esos dos tercios restantes, pudiendo repartirlo discrecional o desigualmente. De manera que si se consigue eliminar la arcaica figura de los diez sueldos jaqueses propia de la legítima foral, reconociendo una limitación a la disposición de los bienes a favor de los extraños en el caso de haber hijos legitimarios, no es del todo efectiva para determinar que concretos derechos le corresponde a cada legitimario. Además, hay que tener en cuenta que el segundo apartado del artículo 30, regulando el derecho de alimentos, presuponía que pudieran darse grandes desigualdades a la hora de repartir los bienes, admitiendo las legítimas exiguas, sin entender que ello constituyese una desheredación (en ese sentido se pronuncia la APZ el 15 de octubre de 1928). No obstante, hay que tener en cuenta que hacía poco tiempo que el Apéndice se encontraba en vigor, y quizá fuese este el motivo de que todavía no fueren de absoluta aplicación los cambios legislativos.

Como quiera que fuere, la nueva regulación introducida por el Apéndice estableció un tercio de libre disposición mediante el que el causante podía atribuir bienes a extraños no legitimarios; sin embargo, y como ya he señalado, no especifica el modo de repartir los dos tercios restantes entre los diferentes herederos legitimarios. Además, coetánea a la innovación anterior, se regula el derecho de alimentos, algo que hasta el momento no había tenido regulación en el Derecho Foral Aragonés. Mediante este, el legitimario que quedaba en situación desfavorable tras la sucesión, tenía el derecho de reclamar alimentos al que fue nombrado heredero. Esta figura, a pesar de no tener un antecedente legislativo previo, si que lo tenía en la regulación consuetudinaria, concretamente en una costumbre del Alto Aragón, consistente en nombrar a un solo heredero con el fin de evitar la desmembración del patrimonio familiar, dejando a los demás lo mínimo que la Ley exija, y justificándose así las legítimas y dotes exiguas que tradicionalmente se habían determinado mediante sueldos jaqueses. El derecho de alimentos generaba al alimentante la obligación de alimentar a los hermanos mientras trabajasen en la Casa, y dotarlos al haber y poder de la misma para el caso de que contrajeren matrimonio (en este sentido la sentencia de la APZ de 26 de enero de 1909).

La evolución posterior de estas figuras dio lugar a interpretar por la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, que existía un libertad absoluta de testar, sin perjuicio del derecho de pedir alimentos, criterio este que será finalmente recogido por la Compilación Aragonesa (en ese sentido sentencia de APZ de 29 de abril de 1958 y 22 de abril de 1963).

La promulgación de la Compilación Aragonesa de Derecho Civil el 8 de abril de 1967 estableció algunos cambios respecto de la regulación que hasta este momento se venía estableciendo. Por un lado, respecto del derecho de alimentos ya referido, deja de llamarse legítima individual, para ser calificada por autores como Lacruz como legítima material individual de muy especial naturaleza. No obstante, el artículo 119 de la Compilación impide valorar el derecho de alimentos de ese modo, pues allí se establece un concepto amplio de legitimario, mientras que el artículo 121, regulando el derecho de alimentos, excluye a los descendientes con mediación de persona capaz de heredar, que también son legitimarios según el artículo 119. De manera que ya no se sigue considerando el mencionado derecho de alimentos como una opción subsidiaria para aquellos casos en que alguno de los herederos legitimarios resulte menos favorecido en su participación del caudal hereditario; a partir de ahora, los alimentos van a ser calificados como se han venido entendiendo en la regulación que de los mismos se efectúa en el Código Civil. No puede darse por tanto a este derecho de alimentos la denominación de legítima sino que es en todo caso un complemento a la misma y responde a los mismos criterios que inspiraban las peticiones de suplemento de legítima anteriores a la promulgación del Apéndice. Con la regulación contenida en la Compilación se deriva que para que el legitimario pueda pedir alimentos, es preciso que se encuentre en la situación de pedirlos, mientras que no se genera este derecho por el hecho de que lo que se le haya asignado en la herencia, no sirva para cubrir sus necesidades, permitiéndole reclamar lo que crea conveniente al resto de los herederos. En consecuencia, esta relación alimenticia entre hermanos va a ser cada vez más excepcional, y habrá que acudir en todo caso a la regulación que de los alimentos efectúa el Código Civil en el artículo 142, como derecho supletorio, pues no se regula su definición en la Compilación. Así, el legitimario aragonés sólo podrá reclamar alimentos cuando no tenga cubiertas las necesidades que aparecen previstas en el artículo 142 citado, y podrá reclamarlos, primeramente a los sucesores del causante en proporción a los bienes recibidos, y en su defecto, se aplica el régimen previsto en el Código Civil.

Otro cambio esencial que se introduce por la Compilación en el tema que nos ocupa es el relativo a la redacción del precepto de la mención formal. En los Anteproyectos de 1961, 1962 y 1963 se precisaba que el testador realizase una mención de aquellos legitimarios que deseaba excluir, al menos con expresión que de a entender que el testador ha tenido en cuenta su existencia al asignar las legítimas. Por el contrario, el artículo 120 de la Compilación dice que bastará con que los legitimarios no favorecidos en vida del causante o que no resulten favorecidos en la Sucesión Intestada, sean nombrados o mencionados al menos en el testamento que los excluya; en consecuencia, no será necesario declarar que a determinados legitimarios se les excluye de la legítima, bastará su simple nombramiento o mención para evitar la preterición. Del mismo modo, si la Compilación también elimina el término legítima individual, estableciendo tan sólo un derecho de alimentos con la regulación referida, queda claro que el legitimario no tiene derecho a ninguna atribución patrimonial, ni siquiera simbólica. Expresión propia de estas novedades introducidas por la Compilación se puede advertir en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de septiembre de 1993, donde se trata pormenorizadamente la exclusión expresa del legitimario, así como las legítimas exiguas.

La Ley aragonesa 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte, regula la legítima en el Título VI, concretamente en los artículos 171 a 200. La legítima puede ser definida como aquella porción de bienes del causante que la Ley destina a determinados próximos parientes suyos, llamados legitimarios. En general, se puede adelantar, que tal y como dispone el Preámbulo de la Ley: “se han mantenido los rasgos fundamentales del sistema legitimario histórico en la forma en que se plasmó en la Compilación, con algunos retoques favorables a la mayor libertad de disponer y una pormenorizada regulación que evite la injerencia de normas del Código Civil que, en esta materia aún más que en otras, corresponden a un sistema radicalmente distinto”. La regulación de la legitima en la actual Ley aragonesa es claramente prolija, pues de los ocho artículos que sobre la misma contenía la Compilación, queda actualmente regulada en treinta y seis, por lo que es evidente el especial interés del legislador aragonés de dejar regulada esta materia lo más ampliamente posible, para evitar la aplicación supletoria del Código Civil.

Se pueden destacar como principios esenciales de la regulación actual de la legítima en la Ley de Sucesiones aragonesa, los siguientes:

-Configuración negativa de la legítima, pues la misma aparece prevista en la Ley como límite a la facultad de libre disposición del causante cuando en su artículo 3 se habla de “… sin más límites que el respeto a la legítima y los generales del principio standum est chartae”; en el mismo sentido, el artículo 149 establece dos situaciones, una cuando el causante no tenga legitimarios, donde podrá disponer de todos sus bienes o de parte de ellos a favor de cualquier persona que tenga capacidad para suceder, otra cuando los tenga, donde sólo puede disponer de sus bienes con las limitaciones que se establecen en la referida Ley.

-Sólo son legitimarios los descendientes, pero todos ellos, por lo que aquí se comprenden incluso los de grado no preferente viviendo los de grado preferente, es decir, los nietos viviendo los padres; en ese sentido se pronuncia el artículo 171 de la Ley de Sucesiones al disponer en su apartado primero “La mitad del caudal fijado conforme al artículo 174 debe recaer en descendientes, de cualquier grado, del causante, que son los únicos legitimarios”. Así, por descendientes habrá que considerar a los hijos y descendientes por naturaleza del causante, matrimoniales y no matrimoniales, y por adopción, tal y como se deriva de los artículos 14 y 39.2 de la Constitución, que proclaman el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley por razón de filiación, del artículo 108.2 del Código Civil, así como, en cuanto a los adoptivos, del artículo 19 de la Compilación. Además, correctamente habla la Ley de Sucesiones de legitimarios, que no de herederos forzosos, como desafortunadamente dispone el Código Civil.

-No son legitimarios, a diferencia del Código Civil, ni los ascendientes ni el cónyuge viudo. Efectivamente, la Ley de Sucesiones no reconoce derecho legitimario alguno al cónyuge ni a los ascendientes del causante, sin embargo, al cónyuge viudo, aunque no haya sido nombrado ni mencionado en el acto en que el cónyuge premuerto ordena su sucesión, existe un llamamiento legal del mismo por razón de su cuota usufructuaria, por lo que en Aragón el viudo no es preferible.

-La cuantía de la legítima es la mitad del caudal hereditario. En el Código Civil se establece la legítima de los hijos y descendientes en dos terceras partes del caudal hereditario, y una de libre disposición. A su vez, de una de las dos terceras partes que constituyen la legítima, el testador sólo puede disponer, por partes iguales, a favor de los legitimarios de grado preferente, salvo que alguno de ellos haya incurrido en justa causa de desheredación, en cuyo caso podrá privarle de su participación en dicho tercio. En cuanto al otro tercio de la legítima, el tercio de mejora, goza el testador de libertad de distribución entre los hijos y descendientes, pudiendo incluso asignarla a un nieto, viviendo su padre. En Aragón, la legítima se constituye sobre la mitad del caudal hereditario, a diferencia de las dos terceras partes en que estaba constituida en la regulación anterior de la Compilación. De conformidad con el Preámbulo de la Ley de Sucesiones parece que esta reducción tiene la finalidad de favorecer al cónyuge con los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, especialmente cuando no son importantes los que a su vez se heredaron y, por otra parte, se costeó en su momento para la formación de los hijos, y se ayudó sustancialmente a su bienestar económico cuando se independizaron. Como se puede comprobar, el legislador aragonés reduce la cuantía de la legítima respecto a la regulación anterior, por lo que se da un paso adelante hacia la libertad absoluta de testar. Considero que se ha desaprovechado una excelente ocasión para establecer en nuestra Comunidad Autónoma, un sistema de total libertad de disposición del caudal hereditario por el causante; el sistema de organización de las familias en nuestros días ha revelado un importante cambio en el modo de valorar los bienes en que puede estar consistiendo el objeto de la sucesión. En la mayoría de las ocasiones, las parejas contraen matrimonio, sin aportar otra cosa a la comunidad familiar, que su propia persona y trabajo; es posteriormente cuando se adquiere en propiedad la vivienda familiar, con el esfuerzo de ambos cónyuges, y prácticamente como único bien de importancia que pueda ser objeto en su día de la sucesión de la pareja. Evidentemente, el matrimonio presupone la voluntad de ambos cónyuges de compartirlo todo hasta el fin de sus días, por lo que la obligación de reservar a los descendientes las dos terceras partes del caudal hereditario del cónyuge fallecido, rompe con esa consideración, y es quizás por ello, que respecto de la referida vivienda conyugal se atribuya al cónyuge supérstite, el usufructo de la mitad del premuerto, pero manteniendo la nuda propiedad sujeta a los efectos de la legítima. Entiendo más bien, que la libertad absoluta de disposición de todos los bienes de patrimonio del causante por el mismo, es acorde con la idea que actualmente se entiende de la propiedad, esto es, la posibilidad de disponer de la misma una vez fallecido, tal y como se podía hacerlo en vida.

-Legítima colectiva. Es una de las características más relevantes de la regulación de la legítima en el Derecho aragonés, pues la misma no va dirigida a descendientes individualmente considerados, sino al grupo abstracto de tales descendientes. En efecto, el artículo 171.2 de la Ley de Sucesiones dispone, “esta legítima colectiva puede distribuirse, igual o desigualmente, entre todos o varios de tales descendientes, o bien atribuirse a uno sólo”, pudiendo hacerse esta atribución por cualquier título lucrativo. La verdad es que esta regulación da la idea de que la legítima aragonesa es como si fuese una parte de mejora, pues si ya la mitad del caudal hereditario queda bajo la libre disposición del causante, y la otra mitad, correspondiente a la legítima, puede repartirse una vez computada en los términos del artículo 174 de la Ley, entre cualquiera de los herederos legitimarios, o a todos ellos, perfectamente puede el causante dejar fuera de la atribución legitimaria a todos los hijos, entregándola en su integridad a un nieto. Esta facultad de que la legítima colectiva, pues en principio va dirigida a todos, pueda luego individualizarse en un solo legitimario, discriminando a todos los demás, entiendo que resulta acorde con la mayor libertad de disposición del causante respecto de todo su patrimonio al tiempo de fallecer. Es por ello, que la desheredación con causa legal sólo es necesaria cuando el causante quiere privar de la legítima a todos o al único legitimario; o cuando quiere justificar la no atribución de bienes a un legitimario no único; o, finalmente, cuando se quiera privar a un descendiente de su condición de legitimario de grado preferente, y, en consecuencia, de los derechos inherentes a dicha condición. Sin embargo, no será preciso acudir a la desheredación cuando se quiera privar de la legítima a alguno o algunos de los legitimarios, ya que, en tal supuesto, bastará su simple mención o exclusión voluntaria en el acto dispositivo.

-Legítima “pars bonorum”, pues en Aragón, salvo supuestos excepcionales, la legítima es, por un lado, parte alícuota de la herencia que confiere al legitimario la condición de comunero en la comunidad hereditaria, y por otro lado, una “portio debita”, de la que el causante sólo puede disponer a favor del grupo de legitimarios-descendientes.

-Derecho de alimentos, ya que como contrapeso a la libertad de distribución referida, el artículo 200 de la Ley dispone que “los legitimarios de grado preferente que al hacerse efectivas las disposiciones sucesorias estén en situación legal de pedir alimentos podrán reclamar los que les corresponderían, como descendientes del causante, de los sucesores de éste, en proporción a los bienes recibidos”.

La regulación que respecto de la legítima ha establecido la actual Ley de Sucesiones ha supuesto una serie de modificaciones que diferencian esta de la anterior legislación contenida en la Compilación, de entre las que se pueden destacar las siguientes:

- El máximo respeto a la voluntad del causante, pues a pesar de que de lo que se trata es de proteger unos derechos específicos de los legitimarios del causante con la fijación de la misma en la mitad del total del caudal hereditario, lo cierto es que existe una absoluta libertad de disposición en lo que a la otra mitad del caudal hereditario se refiere. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que de la mitad del caudal que el causante debe reservar para la legítima, tiene libertad para poder repartirlo entre todos los herederos o bien reservarlo para uno sólo en perjuicio de los demás.

-La Ley de Sucesiones Aragonesa desarrolla una regulación muy completa en la que trata de evitar las remisiones al Código Civil, esto es, pudiendo regular el legislador aragonés esta materia, y teniendo en cuenta las grandes diferencias que entre nuestra legislación y la del Derecho Común existen, se ha preferido un desarrollo específico y autónomo de la materia.

-Se ha producido una simplificación de su normativa, especialmente en lo que se refiere a la preterición intencional y a los efectos de la preterición, así como de la desheredación sin causa y de la lesión de la legítima colectiva.

Como ya he dicho, el apartado primero del artículo 171 de la nueva Ley regula la cuantía y los beneficiarios de la legítima cuando dice que “la mitad del caudal fijado conforme al artículo 174 debe recaer en descendientes, de cualquier grado, que son los únicos legitimarios”. Efectivamente, a diferencia de lo que disponía en Apéndice y el artículo 119 de la Compilación, en donde se fijaba una legítima de dos tercios del total del caudal hereditario, ahora se reduce a la mitad del mismo, por lo que el causante podrá disponer a favor de extraños en cuantía superior a la anteriormente prevista. Del mismo modo se determina a los beneficiarios de la misma al referirse exclusivamente a los legitimarios, por que queda definitivamente aclarado que no hay legítima en Aragón para los ascendientes ni el cónyuge viudo. Sin embargo, el apartado segundo del artículo 171 de la citada Ley dispone “esta legítima colectiva puede distribuirse igual o desigualmente, entre todos o varios de tales descendientes, o bien atribuirse a uno solo”; de aquí se deduce que los legitimarios no tienen un derecho individual a la legítima, sino que nos encontramos ante una legítima colectiva, esto es, que va dirigida a todos ellos, si bien, su distribución por el causante puede ser desigual entre los mismos. Además, la Ley establece una regla especial para los casos en los que no se haya distribuido la legítima entre los legitimarios pues, “sino se ha distribuido o atribuido de otra manera, la legítima colectiva se entiende distribuida por partes iguales entre los legitimarios de grado preferente”, que son, los hijos y, en lugar de los premuertos, desheredados con causa legal o indignos de suceder, sus respectivos hijos; sustituidos en los mismos casos y sucesivamente por sus estirpes de descendientes; no tendrán esta condición los descendientes de los que hubieren renunciado a la legítima. En definitiva, el causante tiene absoluta libertad para distribuir la legítima entre todos o cualquiera de sus descendientes, sean sus hijos, los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. No obstante si que tiene especial importancia la distinción de los legitimarios de grado preferente respecto de los que no lo son, pues son aquellos los que disponen de acción para reparar la lesión de la legítima colectiva, para solicitar alimentos concedidos, en determinadas circunstancias, y sólo a aquellos puede considerárseles preteridos y reclamar los efectos que esa preterición pueda producir; por su parte, los demás legitimarios sólo tienen sobre la legítima los derechos que el causante les haya querido conceder.

Otro aspecto a destacar en la nueva regulación es el relativo a la denominación del titulillo que se refiere a legítima colectiva, a diferencia de la que establecía la Compilación cuando hablaba de legítima material colectiva. En el nuevo precepto se ha suprimido la palabra “material”, y ello porque la Compilación regulaba juntamente con la “legítima material” la que denominaba “legítima formal”, diferenciación que ahora no es necesaria al haber eliminado la nueva Ley la “legítima formal”. La legítima formal era el derecho de todos los legitimarios de grado preferente a ser nombrados en el testamento, omisión que conllevaba la preterición del omitido con la consecuencia de la delación abintestato de los dos tercios o de todo el caudal hereditario, según los casos. Y aunque la nueva Ley en su artículo 188 entiende preteridos los legitimarios de grado preferente cuando no han sido mencionados en el pacto, testamento o en ejecución de la fiducia, si esa omisión es intencional no produce efecto alguno, pues el artículo 192 sólo reconoce a esos preteridos el derecho a reclamar lo que les corresponda en la legítima colectiva, frente a terceros, cuando exista lesión de la misma; es decir, el mismo que corresponde a todos los legitimarios de grado preferente, preteridos o no. No existe, por tanto, en la misma Ley, una legítima formal distinta de la material.

La legítima es aquella parte del caudal hereditario del causante que necesariamente han de percibir los herederos legitimarios. La forma mediante la que estos pueden recibir aquellos bienes es muy amplia, pues ya el apartado primero del artículo 172 de la Ley de Sucesiones dispone “la legítima puede atribuirse por cualquier título lucrativo”, es decir, por pacto, testamento, sucesión legal, ejecución de la fiducia e incluso por donación “inter vivos”. En ese sentido se pronuncia el artículo 2 de la Ley cuando en él no figura la legítima como modo de delación; pero, a veces puede admitirse una delación legitimaria, como en el supuesto de lesión de la legítima colectiva o de preterición no intencional, en lo que la atribución de algunos bienes a los legitimarios no es por la voluntad expresa o tácita del causante, sino en cumplimiento forzoso del deber de respetar la legítima.

 

Por otro lado, el apartado segundo del mismo artículo dispone “la existencia de legitimarios no impide instituir de forma clara y explícita, heredero a un extraño”, por lo que queda claro que el causante no tiene porque atribuir la legítima a uno o varios herederos legitimarios necesariamente a titulo universal, e implícitamente se está reconociendo su facultad, de que siempre que se parta del respeto a los legitimarios de la mitad del caudal, atribuido por cualquier título, puede el causante designar heredero a un extraño, no legitimario, sucediendo este a aquel por título universal, como por supuesto podrá hacerlo también a título particular.

Acerca de la forma de calcular la legítima y su imputación a cada legitimario, hay que partir de la idea de que la legítima aragonesa no es considerada como un crédito que cada uno de los legitimarios ostenta contra el caudal hereditario, sino que más bien se entiende como una “pars bonorum”, es decir, como un derecho sobre los bienes relictos, de tal forma que la legitima se ha de traducir en el bien o bienes a que corresponda su participación respecto de la mitad del caudal hereditario. El cálculo de la legítima supone efectuar las siguientes operaciones, dirigidas a determinar cual es el caudal del causante sobre el debe practicarse la valoración de su mitad correspondiente a la cuota de todos los legitimarios. En primer lugar, el caudal computable se valora al tiempo de liquidarse la legítima, tal y como se establece en el artículo 174 de la Ley, y conforme al parecer mayoritario de la doctrina y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es decir, al tiempo de adjudicarse los bienes, normalmente en la partición. A esa cantidad se le debe sumar el valor de los bienes donados por el causante, calculado al tiempo en que se efectuó la donación, sin embargo, debe atribuírseles un valor actualizado al que les correspondiese en el momento de liquidarse la legítima. Se trata en definitiva de lo que en el Código Civil se refiere a colacionar todas aquellas liberalidades que cada uno de los legitimarios hubiere podido percibir del causante durante la vida de este, para así determinar que parte de la legítima corresponde atribuir en su caso a cada legitimario. Finalmente, el apartado segundo del referido artículo establece una serie de conceptos que no deben computarse en la suma citada anteriormente, que consisten en las liberalidades usuales, los gastos de alimentación, educación y asistencia en enfermedades de parientes dentro del cuarto grado que estén en situación de necesidad, aunque el causante no tuviera obligación legal de prestarles alimentos. Al final del mismo hace una salvedad, pues en relación a los gastos de educación y colocación de los hijos sólo se computarán los mismos cuando lo sean de naturaleza extraordinaria.

Establecido el importe al que asciende la legítima, que en definitiva es la mitad del valor computable obtenido conforme a las operaciones anteriores, hay que realizar otras operaciones dirigidas a determinar si el valor de los bienes recibidos por los descendientes del causante, y por el concepto de legítima, alcanza o no aquel importe. Es decir, que en aquellos casos en que los legitimarios ya hubieren recibido en vida del causante trasmisiones procedentes del mismo, hay que establecer si las mismas pueden integrar o no el importe de la legítima que como tal legitimario corresponde a ese heredero, y, una vez efectuada esa operación, habrá que determinar si esos bienes imputables en la cuota legitimaria del heredero, constituyen una cantidad superior o inferior al total de la cuota que le corresponda. En este sentido, los artículos 175 y 176 de la Ley hablan claro al entender que son imputables a la legítima colectiva todas las liberalidades recibidas del causante por cualquiera de sus descendientes, extendiéndose a los premuertos, a los incapaces de suceder, y a los desheredados con causa legal o renunciantes a la legítima. No obstante, no se entenderán imputables a la legítima, las liberalidades que el causante hubiera excluido de la imputación, así como las no computables para el cálculo de la legítima, esto es, las previstas en el apartado segundo del artículo 174 de la Ley. Por otro lado, la valoración de las liberalidades imputables a la legítima se efectuará igual que para el cálculo del caudal relicto sobre el que debe determinarse la cuantía a que asciende el valor de la legítima colectiva. En concreto, a esas liberalidades, se les atribuirá el valor que tuvieren en el momento de su imputación, pero teniendo en cuenta una regla especial, que para el caso de liberalidades por causa de muerte, no se les deducirá a su valor, el correspondiente a los gravámenes impuestos por el causante a los descendientes, que tendrán la facultad prevista en el artículo 184, ni tampoco el de los impuestos por la Ley.

La intangibilidad de la legítima propiamente dicha es aquella particularidad de la misma por la que se trata de asegurar que los herederos legitimarios van a recibir la parte proporcional de bienes de la herencia que conforme a su participación en la legítima colectiva les corresponda (esto es, la intangibilidad cuantitativa), o bien garantizar que la misma legítima es recibida por cada legitimario, pero en bienes relictos propiamente dichos (esto es, la intangibilidad cualitativa). Procedemos al estudio de cada uno de los supuestos separadamente.

-Intangibilidad Cuantitativa: como ya he señalado, se trata de asegurar la legítima en cuanto a la cantidad de la misma, evitando que las liberalidades en vida o en muerte efectuadas por el causante, puedan haber mermado de tal modo su patrimonio, que al tiempo de entregar a cada heredero legitimario su cuota correspondiente de la legítima colectiva, no existan bienes suficientes en el caudal relicto para satisfacer a cada uno su cuota proporcional. En ese sentido, el artículo 179 de la Ley de Sucesiones habla de lesión de la legítima, cuando se permite reducir las liberalidades hechas por el causante a favor de no descendientes en la forma prevista en el apartado primero y segundo del citado artículo, para el caso de que los beneficios percibidos por el conjunto de los descendientes no alcance la cuantía de la legítima colectiva. Como puede observarse, la reducción se produce respecto de las liberalidades realizadas a favor de no descendientes, por lo que no se extiende a las percibidas por legitimarios, estableciéndose una clara medida de protección de la legítima colectiva, en perjuicio de la voluntad del causante que ya en vida, o bien, mediante testamento, haya podido establecer a favor de cualquier otra persona que no tenga la condición de legitimario. No obstante, el apartado segundo del referido artículo establece una limitación a esas reducciones, pues dice expresamente “salvo que la voluntad del causante sea otra…”, de donde se deduce que salvo que las liberalidades con que el causante haya beneficiado a los descendientes sean directamente imputables a la legítima por que así lo hubiese dispuesto el causante en el momento de efectuar la liberalidad, se entiende que deberá considerarse a ese descendiente, con relación a aquella liberalidad, como un extraño, y en consecuencia podrá quedar sujeto a reducción. Es por ello, que como vemos se respeta en el último momento la voluntad del causante.

Son titulares de esa acción de reducción de liberalidades los descendientes que el disponente haya manifestado y, en otro caso, los legitimarios de grado preferente. Esta acción de complemento de la legítima colectiva es individual, por lo que cada titular tendrá derecho a obtener una fracción del importe de la lesión que sea proporcional a su cuota en la sucesión legal. Por otro lado, no existe un derecho de acrecer entre los titulares de esta acción, de manera que ni la renuncia, ni la simple falta de ejercicio de su derecho incrementa el de los demás.

Para la práctica de la reducción de las liberalidades ya referidas, se procederá de la forma prevista en el artículo 180 de la Ley que establece las siguientes reglas: en primer lugar se tendrá en cuenta  la voluntad del causante por la que se especifique para estos casos que liberalidades han de ser reducidas en primer lugar; en el caso de que no se hubiere pronunciado el disponente acerca de este aspecto se reducirán primero las liberalidades por causa de muerte, a prorrata, con independencia de su título de atribución. Por lo que como vemos no se carga con toda la reducción a una sola de la liberalidades en el caso de que sean por causa de muerte, sino que se reparte la reducción entre todas ellas proporcionalmente. Finalmente, para el caso de que aún no se hubiere podido completar la cuantía de la legítima colectiva con el importe de las liberalidades mortis causa, se reducirán las liberalidades entre vivos, empezando por la de fecha más reciente; siendo de la misma fecha, se reducirán también a prorrata. Importante circunstancia esta por la que sólo en el caso de que la fecha de la práctica de la liberalidad sea diferente, podrá discriminarse entre unas y otras, pudiendo reducirse la de fecha mas reciente en su totalidad, y manteniendo sin reducción alguna las de fecha mas antigua, siempre que con la reducción de la anterior se haya completado el total de la cuantía de la legítima colectiva.

Finalmente, el artículo 181 establece unas reglas especiales para la práctica de la reducción en determinados casos. En primer lugar, para el caso de que la reclamación de reducción se dirija contra el cónyuge viudo del causante, éste tiene la facultad de evitar la reducción pagando en metálico lo que al legitimario reclamante le correspondiese percibir. De manera que no se trata de que el cónyuge viudo ostente la facultad de exonerarse de la reducción de la liberalidad que por el disponente hubiera percibido, sino que podrá conservar el mismo bien que recibió por el causante, a cambio de pagar el valor en que la reducción consistía al legitimario reclamante. La segunda regla se refiere a los casos en que el que haya de sufrir la reducción hubiese percibido del disponente varios bienes, donde se le permitirá escoger el que desee para hacer frente a la reducción, siempre que con aquel fuere suficiente para sufragar el total de dicho importe reclamado. La tercera regla va referida a aquellos casos en que el bien objeto de reducción tenga un valor superior al de la reducción misma, y no pueda fraccionarse la parte que queda en manos del receptor del mismo, respecto de la que debe entregar al legitimario. Para esos casos hay dos posibilidades, una, que ambos lleguen a un acuerdo por el que uno de ellos se queda con el bien pagándole al otro en metálico la parte que le correspondiese; o bien, en defecto de acuerdo, se quedará con el bien la parte cuya participación en el mismo sea superior a la de la otra parte, debiendo en este caso indemnizar también en metálico a ésta en la parte correspondiente.

-Intangibilidad Cualitativa: es aquel derecho del que se benefician los legitimarios, en virtud del cual poseen la facultad de recibir todas las atribuciones que respecto de la legítima les correspondan con bienes relictos. El artículo 182 de la Ley de Sucesiones regula este derecho y los efectos de su incumplimiento. Se produce lesión cualitativa de la legítima cuando el valor de las donaciones imputables a la legítima colectiva, más el de los bienes atribuidos del caudal relicto, recibidos ambos por todos los descendientes, sea inferior a la cuantía de la legítima colectiva. La lesión cualitativa sólo puede producirse en aquellos casos en los que la legítima no se haya a tribuido a los legitimarios en bienes relictos, tal y como prescribe al apartado primero del artículo 182 de la mencionada Ley. En concreto, cada legitimario tiene derecho a que la parte proporcional que le corresponda en concepto de derecho de legítima, una vez que se le haya descontado la parte ya satisfecha por el causante mediante donaciones imputables a favor del mismo legitimario, respecto de la parte restante, tiene la facultad de reclamar su satisfacción mediante bienes relictos, para el caso de que así no hubiere sido. La forma de solventar esa lesión cualitativa aparece prevista en el apartado segundo del artículo 182 ya citado, mediante la entrega de los bienes relictos por los herederos extraños a los legitimarios, renunciando éstos últimos a los bienes no relictos que hubieren recibido en concepto de legítima, para con ello resarcir a los no legitimarios del valor de los bienes en cuyo favor se han desprendido.

Esta acción de los legitimarios, que es individual, deberá ejercitarse frente a los extraños que hubieren recibido bienes relictos, excepto frente al cónyuge del causante, aplicándose a este caso las normas sobre la reducción de liberalidades por lesión cuantitativa de la legítima; el descendiente que reciba de un extraño bienes relictos deberá renunciar, a favor de este, los bienes no relictos que hubiera recibido del causante. Así, al descendiente se le concede la siguiente opción: reclamar lo que le corresponda en bienes relictos, cediendo a los extraños todos los no relictos, o conformarse con los bienes no relictos recibidos por disposición mortis causa de del ascendiente; también hay que tener en cuenta que la reducción de liberalidades no afecta al cónyuge viudo.

Como conclusión a esta materia, y a pesar de que la Ley nada diga al respecto, hay que tener en cuenta para los casos que pueda existir al mismo tiempo un supuesto de intangibilidad cuantitativa y otro de intangibilidad cualitativa, primero será necesario asegurar la recepción por el legitimario de bienes suficientes equivalentes a su parte proporcional de legítima, y una vez satisfecha esta, se procederá a valorar la cualitativa, esto es, si la legítima se ha recibido toda en bienes relictos, o si por el contrario procede intervenir del modo previsto en el artículo 182 ya citado.

El artículo 183 de la Ley de Sucesiones sigue el mismo criterio que el artículo 125 de la Compilación, cuando prohíbe gravámenes sobre la legítima, pero estableciendo las siguientes correcciones: la prohibición sólo afecta a los gravámenes sobre bienes relictos, no a las donaciones inter vivos; y serán válidos dichos gravámenes, cuando el valor de los demás bienes relictos atribuidos a los descendientes, sumado al de las donaciones imputables a la legítima, cubran el importe de la legítima colectiva. De manera que nos encontramos ante otra de las múltiples medidas que la Ley establece para garantizar la absoluta satisfacción de la legítima, pues los gravámenes sólo podrán recaer sobre los bienes percibidos por los descendientes mediante donaciones inter vivos, y nunca respecto de los que se obtengan directamente del caudal relicto, pero además será preciso que el valor de los restantes bienes relictos atribuidos a los descendientes, más el de las donaciones imputables a la legítima, alcancen el importe de la legítima colectiva.

En el apartado segundo del citado artículo 183 se da un concepto muy amplio de gravamen como, toda carga, condición, término, modo, usufructo, obligación o limitación impuestos en el título sucesorio, que disminuya el valor de los bienes relictos o la plenitud de la titularidad o del conjunto de facultades que correspondan al causante. Añade el precepto que no se considerarán gravámenes los legados de titularidad plena de bienes ciertos con que el causante hubiera gravado a un descendiente, ya que en este caso el descendiente recibe un bien que no se tendrá en cuenta en la imputación de la legítima.

El artículo 184 de la Ley regula el efecto general que la imposición de un gravamen al legitimario sobre bienes relictos produce, efecto que coincide con el regulado en el artículo 125 de la Compilación, esto es, se tendrá por no puesto, derecho que corresponde exclusivamente al legitimario gravado. De manera que cuando se produzca una infracción en la imposición de un gravamen por recaer sobre bienes relictos, el efecto inmediato será la consideración de tenerlo por no puesto. No obstante, se establecen una serie de reglas para los siguientes casos: en primer lugar, cuando la infracción que con el gravamen se produzca, sólo afecte a parte del gravamen y no a todo el que haya sido impuesto por el causante, sólo se tendrá por no puesto esa parte de gravamen que cometa la infracción, pero en el caso de que por su naturaleza no se pudiere dejar sin efecto parcialmente, se tendrá por no puesto en su totalidad. En segundo lugar, para el caso de que fueran varios los descendientes sujetos a gravamen, la parte que deba quedar sin efecto se repartirá entre ellos en la misma proporción en que hayan sido favorecidos por el causante en su disposición por causa de muerte. En tercer lugar, cuando a un mismo descendiente se le hubieren impuesto varios gravámenes podrá este decidir el orden en que deben quedar sin efecto.

Por otro lado, la Ley en su artículo 186 reconoce una serie de gravámenes permitidos, con un contenido muy similar al del artículo 125 de la Compilación, y que en concreto son: los dispuestos en beneficio de otros descendientes, presentes o futuros, dentro de los límites de las sustituciones fideicomisarias; los establecidos para el caso de fallecer todos los legitimarios sin descendencia, y sólo respectivamente a los bienes de que cada uno no hubiere dispuesto; los establecidos con justa causa, que se encuentre expresada en el título sucesorio o en documento público, conforme a lo previsto en el artículo 187; cualesquiera otros previstos por la Ley.

En ese sentido, por justa causa se entiende la que busca un mayor beneficio del legitimario gravado o de los demás legitimarios, y si el gravamen impusiera una obligación cuyo incumplimiento produzca la transferencia de los bienes a otro descendiente. De manera que se trata de una limitación en beneficio en todo caso de otro descendiente para el caso de que se produzca el incumplimiento de dicha obligación. También termina el artículo 187 de la Ley con una coletilla en la que se establece la presunción de que la causa es justa mientras no se demuestre lo contrario.

Finalmente, y para finalizar el estudio del Capítulo III del Título VI de la Ley, el artículo 185 trata las cautelas de opción compensatoria. Se trata de una institución por primera vez tratada en nuestro Derecho, también conocida como cautela sociana, por la que el causante puede conceder a uno o varios legitimarios una alternativa a la legítima libre de gravamen por otra de mayor importe pero sujeta a un gravamen prohibido  por al artículo 183. Así pues, se trata de la posibilidad de imponer por el causante alguno de los gravámenes expresamente prohibidos por la Ley, pero siempre que la legítima que a cambio se le atribuya al legitimario sea superior a la ordinaria. Dos son los requisitos exigidos para su imposición: que en el caso de optar por la atribución libre de gravamen, no hay lesión en la legítima colectiva; y que, para el caso de optar por la atribución gravada, el conjunto de liberalidades recibidas por los legitimarios cubra además la parte de libre disposición. Si la opción incumple estos requisitos, es ineficaz, y al gravamen impuesto se le aplicarán las reglas previstas en el artículo 184, es decir, las que son consecuencia de la infracción de la prohibición de gravámenes sobre la legítima.

Se hace necesario en relación a esta materia realizar una referencia a la regulación que sobre la preterición efectuaba la Compilación de 1967. En ese sentido el artículo 120 de la misma, mantenía el deber de nombrar o mencionar al legitimario sin mediación de persona alguna capaz de heredar, no favorecido en vida del causante o en su sucesión intestada, en el testamento que los excluya; pero, como consecuencia de la redacción del Anteproyecto de la Comisión general de la Codificación de 1965, dicho deber de mencionar resulta ya menos rígido y formalista, al suprimirse la referencia, a la forma en que debía tener lugar la mención contenida en los Anteproyectos de 1961, 1962 y 1963. Por otro lado, en cuanto a los efectos de la preterición, se distinguía en sus artículos 122 y 123, la preterición o desheredación injusta total, en cuyo caso se abría la sucesión legal de los dos tercios del caudal, si la existencia de todos los legitimarios era conocida por el testador al tiempo de hacer la disposición mortis causa, y la de todo el caudal, en otro caso; y la preterición o desheredación injusta, en cuyo caso se concedía al preterido o desheredado una porción en el caudal igual a la del menos favorecido por el testador. Sin embargo, la regulación de la preterición en la Compilación planteaba numerosas dudas, por lo que se trataba de una de las instituciones mas necesitadas de reforma, y entre las diferentes críticas que recibía se pueden destacar las siguientes: por un lado, la obligación de mencionar al legitimario en el testamento que lo excluya, o legítima formal, constituye una obligación que procede de los sistemas medievales que pasaron de la vinculación sucesoria a la libertad de testar y viene a ser como una especie de derecho honorífico, un sucedáneo de la atribución patrimonial; en ese sentido, en los tiempos actuales no hay razón para establecer derechos honoríficos ni sucedáneos de beneficios patrimoniales, por lo que la legítima foral debería desaparecer. En esa línea, en la actual Ley de Sucesiones ha desaparecido el concepto de legítima formal; el Preámbulo señala que se ha evitado el concepto de legítima  formal, una novedad de la Compilación, que no parece haya podido cumplir la función sistematizadora y de auxilio a la interpretación que cabía esperar de ella. No hay por tanto un deber de nombrar o mencionar a ningún legitimario en el acto de disposición mortis causa. Por ello, el título del artículo 171 de la Ley de Sucesiones pasa a ser el de legítima colectiva frente al título legítima material colectiva del artículo 119 de la Compilación. No existe pues en la Ley una legítima formal distinta de la material.

Por otro lado, se regulaban de modo insatisfactorio los efectos de la preterición, al intuir, pero no desarrollar, la distinción entre preterición intencional y la que no lo es y al regular, de modo conjunto, los efectos de la preterición y de la desheredación injusta, siendo así que se trata de instituciones muy diferentes. La nueva Ley centra su regulación en la distinción entre preterición intencional y no intencional y, además, dentro del Título destinado a la legítima, regula en capítulos diferentes la preterición y la desheredación y exclusión.

Finalmente, resultaba absurdo en un sistema de legítima colectiva como el aragonés, que la preterición singular intencional atribuyera al legitimario una porción en el caudal hereditario igual a la del menos favorecido por el testador. En dicho sistema, el preterido intencionalmente no ha de recibir nada, como luego veremos. Además, la reforma habría devenido urgente como consecuencia de la peculiar interpretación dada a los artículos 120 y 123 de la Compilación por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de septiembre de 1993, y 11 de noviembre de 1998, a las que luego se hará referencia.

Entrando ya en el estudio de la institución dentro de la regulación de nuestra actual Ley de Sucesiones, hay que partir de una definición de la misma, y conforme al artículo 188.1 de la Ley puede entenderse como la falta de mención suficiente en el testamento, pacto sucesorio o en el acto de ejecución de la fiducia, de un legitimario de grado preferente que no haya sido favorecido en vida del causante ni en su sucesión legal. Se agradece que la actual Ley nos de un concepto de la preterición que resulta mas preciso que el establecido en el artículo 120 de la Compilación, siendo así que se trata de un concepto no pacífico, a nivel general, ni en la jurisprudencia ni en la doctrina. De esta manera, se echa a faltar que el Código Civil, en su artículo 814, después de las reformas de 24 de abril de 1958 y de 13 de mayo de 1981, rehuya dar un concepto de preterición. Por ello, la doctrina sigue discutiendo en la actualidad, en el ámbito de derecho común, si existe o no preterición en los siguientes supuestos: cuando no se menciona a un legitimario en el testamento, pero se le ha favorecido por acto inter vivos a través de una donación imputable a la legítima; cuando se menciona al legitimario en el testamento, pero no se le deja nada en el; cuando se menciona al legitimario en el testamento pero para atribuirle algo tan singular como una cosa ajena o incluso propia del discutible preterido; y cuando se hace al legitimario un legado de cosa específica que posteriormente queda revocado ex artículo 869 del Código Civil, por enajenación de la cosa legada.

En cuanto a los requisitos con que ha de contar la preterición, hay que tener en cuenta los siguientes:

- En primer lugar, que sólo puede producirse la preterición en aquellos casos en que se deje de mencionar a un legitimario de grado preferente, es decir los legitimarios inmediatos o de grado más próximo; la falta de mención de un legitimario de grado ulterior no produce preterición. La distinción entre legitimarios de grado preferente y los que no lo son, no afecta al causante, cuya facultad de disposición de la legítima no resulta mermada por aquella; con respecto a los legitimarios si es importante esa distinción, pues sólo los de grado preferente están legitimados activamente para el ejercicio de la acción de reducción de liberalidades, tienen un derecho preferente en la sucesión legal, conservan el derecho a reclamar alimentos en ciertas condiciones, y finalmente, su falta de mención provoca preterición. El artículo 173.1 de la Ley de Sucesiones considera como legitimarios de grado preferente a los hijos, y en lugar de los premuertos, desheredados con causa legal o indignos de suceder, sus respectivos hijos, sustituidos en los mismos casos y sucesivamente por sus estirpes de descendientes. Por su parte, el artículo 24 de la Ley, bajo el título “sustitución legal en la legítima”, añade que “la sustitución legal en la condición de legitimario de grado preferente tiene lugar cuando el legitimario ha premuerto, ha sido desheredado con causa legal o declarado indigno de suceder”. Así, en los supuestos de premoriencia, desheredación con causa legal e indignidad declarada, la condición de legitimario de grado preferente pasa a los descendientes del legitimario de primer grado que ya ha dejado de serlo. A sensu contrario no son preteribles: los descendientes del legitimario de grado preferente que hubiera renunciado a su legítima; ni los descendientes del legitimario de grado preferente voluntariamente excluido; ni tampoco los descendientes del legitimario de grado preferente excluido absolutamente de la sucesión.

El artículo 188.2 de la Ley de Sucesiones dispone que “no se considerarán preteridos quienes en el momento de la delación de la herencia son legitimarios de grado preferente por sustitución de un ascendiente que no había sido preterido”. En ese mismo sentido el artículo 814.3 del Código Civil dispone que los descendientes de otro descendiente que no hubiera sido preterido representan a éste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos. La Compilación entendía que en estos supuestos debería aplicarse, respecto de la legítima foral, la sustitución legal prevista en el artículo 141, por lo que en los supuestos referidos no habría preterición. Con la actual Ley de sucesiones, el principal problema que se plantea en la interpretación de su artículo 188.2, es si la misma es aplicable a los tres supuestos de premoriencia, desheredación con causa legal e indignidad, en que la condición de legitimario de grado preferente pasa a los descendientes del legitimario de primer grado que ha dejado de serlo, o si sólo es aplicable al supuesto de premoriencia del hijo o descendiente de primer grado que deja descendientes. De la Cámara entiende que ni el  desheredado con causa legal ni el indigno para suceder pueden considerarse preteridos o no, porque para que haya preterición es preciso que  exista un legitimario preterido al que se omita al ordenar la sucesión, y es claro que ni el desheredado con justa causa ni el indigno para suceder merecen la consideración de preferibles. No obstante la posición expresada por De la Cámara, parece más acertado entender que el artículo 188.2 de la Ley de Sucesiones es aplicable a los tres supuestos referidos: premoriencia, desheredación con causa legal e indignidad sucesoria.

-En segundo lugar, otro de los requisitos sería que sólo son preteribles los legitimarios de grado preferente que lo sean al tiempo de la delación de la herencia. La preterición no se produce mientras no se produzca la delación de la herencia, y así, si el que fue omitido al ordenarse la sucesión no vive al deferirse la herencia, no habrá preterición, y sí que la habrá si con posterioridad a la ordenación de la sucesión nace un hijo no tenido en cuenta en aquella.

-En tercer lugar es necesario que el legitimario de grado preferente no haya sido favorecido en vida del causante. Efectivamente, pues si el causante ya ha beneficiado en vida al legitimario de grado preferente mediante cualquier acto de liberalidad, la omisión de este no genera preterición. No obstante, hay que tener en cuenta que a pesar de que la legítima se puede dejar por cualquier título, y que las donaciones hechas  a los legitimarios se imputan a su legítima, el Tribunal Supremo, en sentencias de 17 de junio de 1908 y de 23 de abril de 1932, ha entendido que se incurre en preterición cuando no se menciona en el testamento a un descendiente, aunque éste haya recibido donaciones en concepto de anticipo de legítima. De manera que aplicando en sentido estricto la actual Ley de Sucesiones, sólo las donaciones o liberalidades imputables a la legítima recibidas por el legitimario de grado preferente, impiden o evitan la preterición, y no otra liberalidad. Los artículos  174 y 176 de la Ley disponen la no imputabilidad a la legítima de las liberalidades que el causante hubiera excluido de imputación, así como las liberalidades no usuales.

-Que el legitimario de grado preferente no haya sido favorecido en la sucesión legal del causante, abierta conforme al artículo 201 de la Ley de Sucesiones “en defecto total o parcial de sucesión ordenada válida y eficazmente por pacto o testamento”. Al abrirse la sucesión legal el preterido recibe por esta vía bienes, y por tanto no podrá ejercer la acción de preterición.

-Que el legitimario de grado preferente no haya sido mencionado suficientemente: la actual Ley a diferencia de la dualidad terminológica que la Compilación establecía al respecto “nombrar o mencionar”, ha preferido recoger exclusivamente el término mencionar, dentro del que hay que entender comprensiva toda referencia, nominal o no, que no ofrezca duda acerca de la persona a que se refiere. No obstante, si que se plantea el problema relativo a si para evitar la preterición es suficiente la mera “nominatio”, o si es necesaria  además la “assignatio” o la expresa exclusión. La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sentencia de 30 de septiembre de 1993 establece que la mención ha de realizarse necesariamente en la parte dispositiva del testamento, aunque sea para manifestar que a determinado o determinados legitimarios no se les deja nada, y ello porque lo que debe tenerse en cuenta es que el testador, precisamente al tiempo de asignar las legítimas, no olvidó la existencia de alguno de aquellos. Criterio reiterado por la sentencia de 11 de noviembre de 1998 por la misma Sala, si bien contiene un voto particular de el actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Don Fernando Zubiri, teniendo en cuenta las críticas que la anterior resolución había tenido.

La actual Ley aclara la situación rectificando los dos pronunciamientos judiciales antes referidos, por lo que para evitar la preterición basta la simple mención del legitimario, aún sin disposición alguna a su favor ni exclusión expresa; por lo que cualquier legitimario realmente mencionado con cualquier propósito, se reconozca o no su condición de familiar y se le deje o no algo, no es un preterido. Además, la mención se puede producir en cualquier parte o cláusula del testamento o escritura en que se ordene la sucesión; por lo que también queda corregido en este punto la dirección establecida por las dos resoluciones ya referidas. Por su parte, la Disposición Transitoria Décima de la Ley de Sucesiones señala que lo dispuesto en el artículo 189 sobre mención suficiente se aplicará también a las sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor de la Ley, evitando toda duda sobre la validez de los testamentos ya otorgados en que la mención de algunos legitimarios no se había hecho de acuerdo con los criterios mantenidos por las dos sentencias de constante referencia.

 

Dispone el apartado segundo del artículo 189 que es también suficiente cualquier atribución de carácter simbólico o de valor irrelevante. Acertadas fueron las críticas que sobre este apartado se mantuvieron en su día, por entender que se trataba de una referencia superflua, y que el contenido de este ya se encontraba integrado en el anterior.

El último apartado de este artículo 189 determina la insuficiencia de la mención respecto de los nacidos después de otorgarse el testamento o la escritura, en cuanto al uso de expresiones no referidas especialmente a ellos. De manera que lo que esta claro es que cuando el causante instituye genéricamente herederos a sus hijos, y resulta que alguno de ellos ha nacido con posterioridad a la ordenación de la sucesión, éste resultaría preterido. El precepto plantea la cuestión de si es posible utilizar alguna fórmula genérica para evitar la preterición de los hijos nacidos después de la ordenación. Los argumentos a favor de dicha consideración serían la generosidad que la Ley ofrece a la hora de identificar a la persona favorecida; que lo que realmente esta prohibido son las disposiciones a favor de personas inciertas; y que el artículo 10.1 de la Ley de Sucesiones, inspirado e la jurisprudencia del TS y de la D.G.R.N., más reciente y en lo dispuesto en la Ley 154 del Fuero de Navarra, señala que en la sucesión voluntaria puede disponerse a favor de los hijos aun no concebidos de persona determinada viva al tiempo de la apertura de la sucesión.

Termina el apartado tercero del artículo 189 diciendo “tampoco es mención suficiente la referencia a un descendiente como fallecido cuando en realidad vive”; de manera que el hecho de mencionar a un descendiente como fallecido, cuando realmente estaba vivo, por equivocación del testador, no es causa suficiente para evitar su preterición errónea.

-Otro requisito es el relativo al lugar en que ha de constar la mención, que deberá hacerse en el pacto sucesorio, testamento o en el acto de ejecución de la fiducia. Lo que supone una importante diferencia respecto de la regulación que la Compilación contenía, pues sólo preveía que constase en el testamento.

El artículo 122 de la Compilación regulando los efectos de la preterición total distinguía entre la preterición intencional y la errónea, pero luego no las desarrolló. Sin embargo, el artículo 190.1 de la actual Ley de Sucesiones define la intencional como aquella en la que el disponente, al ordenar la sucesión, conocía la existencia del legitimario y su condición de tal; por su parte, el artículo 191 define la no intencional como la que realiza el disponente al ordenar la sucesión, desconociendo la existencia del legitimario o su condición de tal, y en particular por haber nacido después, creer el causante que había fallecido, o desconocer que era descendiente suyo.

Como se puede observar, la Ley ha diferenciado claramente las dos formas de preterición, que además poseen una regulación y requisitos muy diferentes. La preterición intencional es la que se comete a sabiendas, de propósito, deliberadamente o, como señala Lacruz, se debe al propósito o voluntad deliberada del causante de que el nombre de un legitimario no aparezca en el acto por el que se ordena la sucesión, movido por el odio, o por el deseo de no publicar una relación extramatrimonial o por otras causas; así, el disponente, sabiendo que existe ese legitimario, en vez de mencionarle sin más, o de hacerlo para decir que no le deja nada, o para hacerle una atribución simbólica, omite cualquier mención del mismo en el acto de última voluntad, porque no quiere dejarle nada.

En la preterición no intencional el disponente no menciona a alguno o a todos los legitimarios, pero sin intención de privarles de su legítima, ya que desconocía o ignoraba su existencia o condición de tales. Es en esta clase de preterición donde se diferencian dos doctrinas: una, la que entiende que se produce cuando el legitimario ha nacido después del fallecimiento del disponente, después de otorgarse el acto de última voluntad o, bien, cuando el disponente creía equivocadamente fallecido al legitimario. Otra posición más moderna entiende que también se produciría la no intencional cuando el legitimario ha llegado a serlo después de ordenarse la sucesión; se refiere pues a los casos en que el causante desconoce la condición de legitimario que posea alguno de sus descendientes. La Ley de Sucesiones parece decantarse por esta última posición, pues habla de descuido o falta de previsión de futuro, error o ignorancia, y desconocimiento de la condición de legitimario del preterido.

El apartado segundo del artículo 190 de la Ley de Sucesiones sienta una regla disponiendo que “la preterición se presumirá intencional,  salvo prueba en contrario”. La actual Ley resuelve un problema que el artículo 814 del Código Civil sigue sin resolver después de la reforma de 1981, y que presenta dos posiciones doctrinales: una, sustentadora de una idea favorable a entender acaecida, salvo prueba en contrario, una preterición intencional (Lacruz), y otra, que entiende inexistente una presunción a favor de uno u otro tipo de preterición (Diéz-Picazo y Gullón). En la Ley de Sucesiones la intención de preterir se presume, y al que alegue la existencia de error o imprevisión le correspondería la prueba. Así las cosas, bastará con probar el error, sin ser necesario probar que el mismo, fue además determinante de la preterición. En los casos en que el causante desconocía la condición de legitimario del preterido, tal vez, habría que probar el desconocimiento de la condición de legitimario como también el desconocimiento de su existencia. En definitiva, estas consideraciones en cuanto a la prueba pueden dar lugar a que una preterición, que podría calificarse de errónea al tiempo de otorgarse el acto de última voluntad, puede ser calificada como intencional de acuerdo con las nuevas circunstancias existentes a la hora del fallecimiento del testador.

 

El estudio de los diferentes efectos que se derivan de la preterición se pueden estudiar partiendo de cada uno de los supuestos que de la misma pueden plantearse: la preterición intencional total o singular; la preterición no intencional singular; y la preterición no intencional total.

A) Preterición intencional total o singular: conforme a la regulación que el artículo 814.1 del Código Civil establece para estos casos, no se produce perjuicio de la legítima, reduciéndose la institución de heredero antes que los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias; por lo que el intencionalmente preterido conserva su derecho a la legítima, no obstante, discute la doctrina si el legitimario preterido hace suya la legítima vía apertura de la sucesión intestada, o a través de un llamamiento que la ley hace directamente a favor del preterido.

Por su parte, en la Compilación la preterición intencional total originaba la delación abintestato de 2/3 del caudal, y la parcial o singular concedía al legitimario de grado preferente el derecho a una porción en el caudal igual a la del menos favorecido por el testador.

En la Ley de Sucesiones la preterición intencional constituye la regla general, conforme a lo ya dicho respecto del apartado segundo del artículo 190 de la misma Ley. Y los efectos los prevé el artículo 192, donde el legitimario preterido intencionalmente no tiene otro derecho que el que pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma. De ahí no se distingue diferenciación alguna entre el tratamiento de la preterición intencional total o parcial, por lo que se entiende el mismo régimen aplicable a ambos casos. La preterición intencional no produce efecto alguno, por lo que el preterido intencionalmente no posee acción alguna para impugnar el acto de última voluntad basándose en la preterición cometida. La verdad es que esa solución es coherente con el sistema aragonés de legítima colectiva, conforme al que el preterido intencionalmente no ha de recibir nada, pues esa es la voluntad del testador. No obstante, el preterido intencionalmente conserva el derecho a reclamar lo que le corresponda en la legítima colectiva, frente a terceros, cuando exista lesión de la misma; es por ello, que el Preámbulo de la Ley de Sucesiones dispone que “Consiguientemente, la exclusión expresa, como la preterición intencional, no ha de producir otros efectos que, en su caso, el derecho a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, efecto que no es, propiamente de la preterición o exclusión, sino de la lesión de la legítima”.

La legítima colectiva debe ser respetada por el causante, no atribuyendo a extraños liberalidades que excedan de la mitad del caudal computable, calculado conforme al artículo 174 de la Ley. De acuerdo con el artículo 179 de la misma Ley, si los beneficios percibidos por el conjunto de los descendientes alcanzan, al menos, la mitad del caudal computable, el preterido intencionalmente carecerá de toda acción, pues no se habrá producido lesión en la legítima colectiva. Por el contrario, si tales beneficios son inferiores a la mitad de dicho caudal, en principio, el intencionalmente preterido podrá ejercitar la acción de reducción de las liberalidades inoficiosas; pero el artículo 179.2 de la Ley atribuye la legitimación activa para el ejercicio de la acción de reducción a los legitimarios de grado preferente, salvo que la voluntad del disponente sea otra; por lo que cabe que el causante haya excluido al preterido de la posibilidad de ejercitar la acción de reducción.

Otros efectos propios de este tipo de preterición son: que la legitimación pasiva corresponde a los extraños favorecidos por liberalidades que excedan de la mitad del caudal computable, es decir, que lesionen la legítima colectiva, al igual que los descendientes que hayan recibido liberalidades del ascendiente que éste haya excluido de la imputación a la legítima, al amparo del artículo 176 a) de la Ley de Sucesiones. Salvo voluntad contraria del disponente, en el supuesto de pluralidad de legitimados activamente, cada legitimario de grado preferente tendrá derecho a obtener una fracción del importe de la lesión proporcional a su cuota en la sucesión legal. Además, la renuncia o la simple falta de ejercicio por alguno de los legitimarios de su derecho de reclamación, no incrementa el de los demás, esto es, no hay acrecimiento, y redunda en beneficio de los extraños. Las liberalidades susceptibles de reducción son tanto las inter vivos como las mortis causa. Finalmente, es observable que la nueva Ley de Sucesiones ha superado la laguna existente en esta materia, en la Compilación, que obligaba a aplicar como supletorio el Código Civil, y en la actualidad regula minuciosamente el orden de reducción de las liberalidades y la forma de practicar la reducción, evitando así, una vez más, la necesidad de acudir al Código Civil como supletorio, cuando la mayoría de sus normas son incompatibles con la legítima aragonesa.

B) Preterición no intencional singular o parcial: El Código Civil dispone que para este caso se anulará la institución de herederos, pero valdrán las mandas y mejoras ordenadas por cualquier título, en cuanto unas y otras no sean inoficiosas; si bien, la institución de heredero a favor del cónyuge sólo se anulará en cuanto perjudique a las legítimas. En consecuencia, se anula totalmente la institución de herederos ordenada y se abrirá la sucesión intestada en la parte no dispuesta como mejora o legado, de forma que los hijos o descendientes preteridos en tal forma percibirán la legítima embebida en la abierta sucesión intestada.

Por su parte, la Compilación, sin distinguir entre preterición intencional y errónea, atribuía al singularmente preterido el derecho a una porción en el caudal igual a la del menos favorecido por el testador.

La Ley de Sucesiones regula en el artículo 193 las consecuencias de la preterición no intencional, singular y total, sobre la base de que el disponente no habría dispuesto como lo hizo de haber contado con el legitimario preterido.

Comenzando por el estudio de la preterición no intencional singular, hay que partir de lo previsto en el artículo 193 conforme al que “El legitimario preterido no intencionalmente tiene derecho, salvo previsión distinta del disponente, a una porción del caudal relicto igual a la que después de la reducción corresponda al menos favorecido por aquel. Esta porción se formará reduciendo proporcionalmente las participaciones de los restantes legitimarios, aunque estos tendrán derecho a pagar al preterido su parte en metálico. A la reducción se le aplicará lo dispuesto en el artículo 181”. Evidentemente, la redacción de este precepto está inspirada en el artículo 123 de la Compilación, si bien se mejora su redacción, resolviendo algunas de las dudas que en su momento había planteado.

De la primera parte del mencionado artículo se deduce la permanencia del principio “standum est chartae”, a pesar de carácter imperativo con que se regula la legítima, pues al regular los efectos de la preterición errónea singular, dispone que los mismos se producirán salvo previsión distinta del disponente, posibilidad esta que el apartado 2 del artículo 193 de la Ley no contempla, para el supuesto de la preterición errónea total.

Por otro lado, se habla de derecho a una porción en el caudal relicto; las ya señaladas sentencias del TSJA, de 30 de septiembre de 1993, y de 11 de noviembre de 1998, establecieron que la base del cálculo de lo que correspondía a los preteridos, caso de preterición singular, no era el caudal hereditario del causante, pues el caudal que se mencionaba en el artículo 123 de la Compilación, ha de entenderse comprende sólo los 2/3 de la herencia que integran la legítima colectiva, sin que le 1/3 de libre disposición se deba ver afectado por la preterición declarada. La Ley de Sucesiones, al añadir la palabra relicto, resuelve la cuestión,  en sentido contrario a tales pronunciamientos judiciales; de modo que la base de cálculo de lo que debe corresponder al preterido no intencional ha de ser la totalidad de la herencia o caudal relicto, sin que deba quedar al margen la mitad de libre disposición.

En cuanto a la cantidad concreta a la que el preterido tiene derecho, se calcula partiendo de la que corresponda al legitimario menos favorecido, pero una vez que ya se haya producido la reducción correspondiente consecuencia de la preterición no intencional a la que se hace referencia. No obstante, surge un problema en cuanto a la forma de atribución de dicha porción al legitimario, ya que no puede hablarse de una delación forzosa de la legítima como un “tertium genus” autónomo frente a la delación testada, paccionada o legal; más bien parece que los bienes o valores reducidos no pueden llegarle al legitimario preterido más que por la vía de la sucesión legal, abierta sólo a su favor, al amparo del artículo 201 de la Ley de Sucesiones, y ello sin perjuicio de que, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Supremo y de la D.G.R.N., se pueda prescindir de la apertura formal de la sucesión legal, y consiguiente declaración de herederos, si todos los legitimarios favorecidos reconocen al preterido su porción en el caudal.

Ya respecto del artículo 123 de la Compilación, entendieron Lacruz y Calatayud que el preterido sería heredero cuando lo fueran todos los otros legitimarios, siendo titular de una especie de legado legal de parte alícuota en los demás casos. Sin embargo parece más acertada la consideración de que el preterido adquiere una parte del caudal en concepto de legatario, ya que además el propio precepto que estamos examinando faculta a los legitimarios no preteridos para pagar al preterido su parte en metálico.

Otro problema que se plantea es el relativo al descendiente en que hay que fijarse para determinar la cantidad que finalmente ha de recibir el preterido, pues a pesar de que se habla de la misma que recibe el legitimario menos favorecido, no se ha hecho distinción entre las posibles generaciones de legitimarios que pueden acudir a la sucesión, esto es, si debe valorarse esa cantidad dentro de los legitimarios de cada generación que concurre, hijos, o nietos, o si por el contrario se debe acudir al menos favorecido cualquiera que sea la generación en que se encuentre. La Ley de Sucesiones continúa sin incluir referencia alguna a las expresiones “de su misma clase” o “de igual grado”, por lo que a pesar de que pueda resultar más o menos coherente, lo cierto es que la solución es la segunda, sin distinción alguna entre todos los legitimarios que acuden a la sucesión.

Para el caso de que el causante ya hubiese satisfecho todo o parte de la legítima a alguno de los legitimarios mediante donaciones inter vivos y haya instituido heredero a un extraño, habría dos posibles soluciones: la primera, que el legitimario preterido no tuviera derecho a porción alguna en el caudal relicto, sin derecho a ejercitar la acción de reducción de liberalidades al no resultar lesionada la legítima colectiva. La segunda, aplicar el artículo 193.2 de la Ley, para el caso de preterición errónea total cuando no haya sido designado heredero o legatario ningún otro descendiente, con la consiguiente delación legal de todo el caudal relicto. Teniendo en cuenta el fundamento último de la preterición en Aragón, la protección de la legítima colectiva, parece más correcta la primera de las soluciones expuestas, ya que en tal supuesto, como hemos visto, la legítima no queda lesionada.

Acerca de la forma de obtener el montante con que ha de quedar satisfecho el preterido el artículo 193.1 de la Ley lo deja claro al afirmar que reduciendo proporcionalmente las participaciones de los restantes legitimarios; y esto produce las siguientes consecuencias: la reducción no afecta a herederos que no sean al mismo tiempo legitimarios; la reducción también afecta al legitimario menos favorecido, no porque su cuota sea tomada como criterio para determinar lo que se ha de abonar al preterido va a dejar de ver reducida su cuota proporcionalmente a la de los demás; por lo que puede darse la paradoja de que el menos favorecido inicialmente, reciba al final menos cantidad que el preterido, pues después de tomarse su porción legitimaria de referencia para valorar lo que se satisfará al preterido, verá reducida su cuota para abonar la correspondiente de aquel. Según Lacruz, la fórmula matemática para obtener la cuantía de la reducción es la siguiente: se divide todo el caudal asignado a los legitimarios por dicho caudal incrementado con lo asignado al menos favorecido, y ese cociente se multiplica por las cuotas de todos los legitimarios con lo que se obtendrá lo que les corresponde después de la reducción, y al preterido se le dará una cuota igual a la que resulte para el menos favorecido.

La última coletilla del apartado primero del artículo 193 de la Ley de Sucesiones atribuye a los legitimarios la facultad de abonar al preterido su parte en metálico, aplicando lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley. De la interpretación dada por Merino del artículo 123 de la Compilación, se entendía que el preterido, en principio, tenía derecho a una porción de los mismos bienes hereditarios, calculada en la forma ya señalada, por lo que, si alguno de los bienes había sido enajenado por los legitimarios no preteridos, el derecho del preterido se convertiría en un crédito contra los restantes legitimarios. Sin embargo, la nueva Ley considera, de forma general, que el preterido no tiene derecho a una porción de los mismos bienes hereditarios y atribuye a los legitimarios no preteridos la facultad de optar por pagar su porción al preterido ya en bienes relictos ya en metálico. Si se opta por la primera opción, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de Sucesiones, por el que el obligado tiene la posibilidad de elegir un bien si hubiera recibido varios, y regula la forma de practicar la reducción cuando el bien elegido no admita cómoda división, estableciendo entonces la posibilidad de compensaciones en metálico por acuerdo entre ambas partes y, en defecto de acuerdo, si la reducción no absorbe la mitad de su valor, quedará para el que hubiera recibido la liberalidad; en caso contrario, para el legitimario que reclama, debiéndose compensar la diferencia en metálico.

De todos modos, en todo caso, parece que la legítima habrá dejado de ser para el preterido “pars bonorum” para convertirse en una “pars valoris” o derecho de crédito, ya que es la misma Ley la que directamente deja, al pleno arbitrio de la persona obligada al pago de la legítima, la posibilidad de satisfacerla en dinero, aún cuando no lo haya en la herencia, o en bienes relictos.

Como consecuencia de la naturaleza que finalmente se le atribuye a la porción que va a corresponder al preterido, la garantía registral de los derechos del mismo no parece vengan protegidos por la vía de la anotación preventiva de demanda, sino más bien por la de la anotación preventiva del legado de cantidad, prevista por el artículo 42. 7º y artículos 48 a 58 y 87, todos de la Ley Hipotecaria, y 166.6ª de su Reglamento. También el artículo 844 del Código Civil establece que el legitimario, cuya porción hereditaria se pague en metálico, tiene las garantías legales establecidas para el legatario de cantidad; no obstante, el artículo 80.2 del Reglamento Hipotecario, sin excluir la anotación, prevé otra forma de garantía registral para tales legitimarios. En Cataluña se prevé la anotación preventiva del legado para el legitimario en el artículo 366 del Código de Sucesiones.

C) Preterición no intencional total: Nuestro Código Civil prevé para aquellos casos en que la preterición no intencional de hijos o descendientes es total, la anulación de las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial. Lo que significa que se abrirá la sucesión intestada para que el o los preteridos perciban su parte de legítima, sin embargo el testamento no es nulo y se mantiene todo el contenido no patrimonial del mismo.

En la Compilación, la preterición no intencional total provocaba la delación abintestato de todo el caudal. Mientras que por su parte, la Ley de Sucesiones, en su artículo 193.2 señala que “Cuando todos o el único legitimario de grado preferente hayan sido preteridos no intencionalmente y no haya sido designado heredero o legatario ningún otro descendiente, se produce la delación abintestato de todo el caudal relicto.

De esta forma caben dos posibilidades: la primera, que haya sido designado heredero o legatario algún otro descendiente, en cuyo caso los efectos serían los propios de la preterición errónea singular, pues desaparece el presupuesto básico para que se de la total, y en consecuencia se reducirá la participación del descendiente heredero o legatario. La razón de la solución legal puede basarse en una interpretación voluntarista del acto de última voluntad, ya que la actitud del disponente ha de examinarse a partir de la preeminencia del principio de buena fe, básico en Derecho Civil, pues normalmente el abuelo que elige a un nieto, desconociendo la existencia de su hijo, lo efectúa precisamente para elegirlo y no para excluir a los no elegidos, es decir una actitud positiva y dinámica, no negativa.

La segunda se refiere al supuesto en que no haya sido designado heredero o legatario ningún otro descendiente, en cuyo caso se produce la delación abintestato de todo el caudal relicto, por lo que la delación es de todo el caudal relicto, sin incluir el donatum, como resulta de la naturaleza de la sucesión intestada, sin perjuicio del posible ejercicio de la acción de reducción de liberalidades. Por otro lado se produce la nulidad de la disposición testamentaria, y además, ya que en estos casos de preterición errónea total, el preterido o preteridos tienen derecho a la totalidad de la herencia, no puede hablarse de sanación por acuerdo entre los afectados, por lo que no es de aplicación en Aragón, la doctrina ya señalada del Tribunal Supremo y de la D.G.R.N., de que no es necesario proceder a la apertura formal de la sucesión intestada, ni obtener la declaración consiguiente, si todos los instituidos, de común acuerdo con el preterido o preteridos, formalizan las operaciones particionales y los primeros reconocen a los segundos la porción de herencia que les hubiera correspondido de haber fallecido el causante intestado. En este caso, la protección registral del preterido o preteridos, frente a posibles enajenaciones de los bienes hereditarios, verificadas por los instituidos a favor de terceros de buena fe, si podrá tener lugar a través de la anotación de demanda, pues según la D.G.R.N., cabe dicha anotación, aunque se ejerciten acciones personales, siempre que, de prosperar la demanda, se produzca una mutación jurídico real inmobiliaria, es decir, una alteración de la situación jurídica que el Registro publica.

Finalmente, hay que tener en cuenta que de conformidad con el artículo 193.3 de la Ley de Sucesiones “el preterido intencionalmente tendrá, además, el derecho que pueda corresponderle a reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma”. Este derecho corresponderá al preterido, salvo que la voluntad del disponente sea otra, tal y como se desprende del artículo 179.2 de la Ley.

Por su parte, el artículo 199 de la misma Ley dispone que “si el motivo de la exclusión, aún absoluta, o la causa de la desheredación, expresados en el título sucesorio, son erróneos, pero no han sido determinantes, se tienen por no puestos. Si han sido determinantes, se producen para los legitimarios de grado preferente las consecuencias de la preterición no intencional. Ese precepto regula las consecuencias que se producen cuando el disponente funda la desheredación en causas o motivos erróneos.

La acción de preterición no puede ser apreciada de oficio por el Tribunal que corresponda, se trata más bien de una acción que para su eficacia debe ser ejercitada por el preterido o sus herederos; de esta forma no se comparte la tesis de Vallet de que se trata de una acción personalísima exclusivamente ejercitable por el legitimario preterido.

Por otro lado, la legitimación pasiva recae sobre todos los legitimarios que sí han sido mencionados en la disposición testamentaria, o bien sus causahabientes, caso de preterición errónea singular, o a los herederos instituidos o a sus causahabientes cuando proceda la delación abintestato de todo el caudal.

Acerca del plazo de prescripción de la acción hay que tener en cuenta que el Código Civil no deja la cuestión clara en el ámbito que le corresponde, y por ello la doctrina se encuentra dividida: Vallet entiende que se trata de una acción rescisoria por lo que fija un plazo de 4 años; Lacruz sigue el criterio dispuesto por el Tribunal Supremo en cuanto a las acciones dirigidas a obtener la nulidad del testamento y lo fija en 15 años; a quien como Bolás realiza una distinción más específica entre la acción de preterición intencional y la de preterición errónea, atribuyéndole a la primera una naturaleza rescisoria (4 años), y a la segunda otra de nulidad (15 años).

A diferencia de la Compilación, que nada dijo al respecto, la actual Ley de Sucesiones dispone en su artículo 178 que “Las acciones reguladas en este Título prescriben en el plazo de 5 años contados desde el fallecimiento del causante o desde la delación de la herencia si ésta se produce con posterioridad”. En relación al mismo parece que la Ley se haya inspirado en la regulación que sobre la misma acción efectúa en Código de Sucesiones de Cataluña, por lo que parece que el legislador aragonés haya considerado que el testamento afectado de preterición errónea no es un testamento directamente nulo, sino que se trata de una disposición que produce todos sus efectos mientras que no se ejercite la acción de preterición referida, que impugnará en su caso la disposición testamentaria.

Como ya he señalado anteriormente, el plazo de esta acción lo es de prescripción, y no de caducidad, por lo que su apreciación debe serlo siempre a instancia de parte y no de oficio por el propio Tribunal que esté conociendo del asunto. El artículo examinado  aclara que el día de inicio para el cómputo del plazo debe comenzar el día del fallecimiento del causante o el de la delación de la herencia si ésta se produce con posterioridad. En el caso de fiducia sucesoria puede plantearse el problema de determinar cuando debe comenzar a contarse el plazo de prescripción; en principio parece que debiera ser desde el día de ejecución de la fiducia, o bien desde su extinción, sin embargo hay que diferenciar dos posibles supuestos: cuando la fiducia se ejecuta por vía de testamento, donde el computo del plazo deberá iniciarse desde el día del fallecimiento del fiduciario, pues es el momento en que se habrá producido la delación de la herencia del disponente y ésta se encontrará en la situación de poder ser aceptada o repudiada. En este caso, una vez ha quedado acreditado el fallecimiento del fiduciario, el preterido podrá obtener copia del testamento otorgado por aquel comprobando si ha subsanado o no la preterición cometida por el comitente. En el caso de fiducia ejecutada mediante escritura pública, el dies ad quo deberá empezar a contar desde el otorgamiento de dicha escritura, momento en que se habrá producido la delación de la herencia del comitente. El problema que se puede plantear en el presente caso es que el preterido no haya sido nombrado en dicha escritura, pues en el otorgamiento de la misma entre el fiduciario y el asignatario, ha podido ser ocultado, sin que, además, para el caso de tratarse de bienes muebles los que tenga por objeto dicha escritura, no habrán tenido acceso al Registro de la Propiedad; en consecuencia, si el plazo hubiera de empezar a contarse desde el mencionado otorgamiento, la pretensión del preterido podría resultar frustrada. Otro supuesto es el relativo a la ejecución parcial de la fiducia por acto inter vivos, donde el día inicial del cómputo será el del otorgamiento de la escritura con la que se ejecute en su totalidad la fiducia, pudiendo aplicarse lo ya dicho para el caso de ocultación; si el fiduciario hubiera fallecido sin haber ejecutado totalmente la fiducia por acto inter vivos, el dies ad quo sería el del fallecimiento del fiduciario.

Para terminar, el artículo 178.2 de la Ley dispone que “si el legitimado para el ejercicio de estas acciones fuera menor de 14 años al iniciarse el cómputo, el plazo finalizará para él cuando cumpla diecinueve”. Esta disposición va en directa relación con el artículo 5 de la Compilación foral aragonesa, en donde se le atribuye al menor de 14 años la facultad de poder celebrar toda clase de actos y contratos, por lo que parece coherente que a partir del momento en que cumpla los 14 se le empiece a contar el plazo de prescripción, y no antes.

Se puede afirmar que la desheredación en Aragón es una institución que en modo alguno posee la importancia que en otras legislaciones pudiera tener, pues ya que como hemos visto, la legítima colectiva puede ser distribuida por el causante a los legitimarios de grado preferente como bien prefiera, no se hace necesario acudir a la institución de la desheredación más que en aquellos casos en que el causante quiera privar de la legítima al único o a todos sus descendientes.

La desheredación con causa legal, según el artículo 194 de la Ley de Sucesiones, es la que se basa en una de las causas taxativamente señaladas por el artículo 195 de la misma Ley, cierta y expresada en el pacto, testamento o en el acto de ejecución de la fiducia, causa cuya prueba de ser cierta corresponde a los herederos del causante si el desheredado la niega. Esta desheredación priva al desheredado de la condición de legitimario y de las atribuciones sucesorias que le correspondan por cualquier título, exceptuando todas aquellas atribuciones que a título voluntario hubiera podido percibir el desheredado del causante con posterioridad a la desheredación. Además, hay que tener en cuenta que esta desheredación extingue la legítima colectiva en el caso de que ya no existan más legitimarios, pues difícilmente se podría repartir la misma cuando no hay sobre quien hacerlo.

El artículo 195 de la Ley dispone cuales son las causas legales de desheredación, y entre ellas destaca las de indignidad para suceder, y las propias de la desheredación; a pesar de ir contenidas en el mismo artículo, existen importantes diferencias entre ambas, pues la desheredación priva de la legítima, mientras que las causas de indignidad privan de la totalidad de los derechos hereditarios, es por ello que el artículo 15.2 de la Ley señala que la indignidad declarada priva al indigno de la herencia o legado y, en su caso, de la condición de legitimario. Por su parte, las causas de indignidad han de ser siempre probadas, mientras que la certeza de la desheredación sólo debe probarse por los herederos del causante si el desheredado la niega o contradice.

En concreto, las causas de indignidad para suceder aparecen previstas en el artículo 13 de la Ley; y las de desheredación propiamente dichas son: haber negado sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda; haber maltratado al mismo de obra o haber injuriado gravemente, así como a su cónyuge, si éste es ascendiente del desheredado; y haber sido judicialmente privado de la autoridad familiar sobre descendientes del causante por sentencia fundada en el incumplimiento del deber de crianza y educación.

A pesar de los efectos que la desheredación pudiese producir, también hay que tener en cuenta que los mismos desaparecen desde el momento en que media la reconciliación entre el disponente y el desheredado, o el primero perdona al segundo respecto de la causa por la que se hubiere generado la desheredación originaria.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sucesiones, el causante tiene atribuida la facultad de excluir a los legitimarios de grado preferente aun cuando no concurran los requisitos de la desheredación a los que se refiere el artículo 194, y sin necesidad de alegar causa alguna. Esta exclusión consiste en una declaración de voluntad en el acto dispositivo y distinta de la simple omisión de asignación de bienes del caudal relicto. Pueden ser excluidos los legitimarios de grado preferente y los excluidos podrán reclamar la legítima colectiva frente a terceros, cuando exista lesión de la misma, así como lo que les corresponda en la sucesión legal.

Acerca de las clases de desheredación, se podría decir que existen dos: la absoluta intencional, y la no intencional. La primera es aquella en la que el disponente expresa su voluntad de privar al excluido de todo derecho en la sucesión, quedando así privados también de la sucesión legal y de la acción por lesión de la legítima colectiva. No obstante, para aquellos casos en que la desheredación absoluta afecte a todos o al único legitimario, este o aquellos conservarán el derecho a suceder abintestato y a reclamar en caso de lesión, la legítima colectiva frente a terceros. Por otro lado, si los  excluidos absolutamente y los desheredados sin causa legal tuvieran descendientes, éstos, por estirpes, sucederán abintestato al causante y podrán ejercer la acción por lesión de la legítima colectiva. La segunda de las desheredaciones, la no intencional o por error, es aquella en la que se dan dos posibilidades, una, que el motivo de la exclusión o la causa de desheredación expresados en el título sucesorio, sean erróneos, pero no determinantes, en cuyo caso se tendrán por no puestos, otra, que si que sean determinantes, entonces se produce para los legitimarios de grado preferente las consecuencias de la preterición no intencional.

Se hace necesaria una referencia al especial derecho alimenticio que el artículo 200 de la Ley de Sucesiones atribuye a los legitimarios de grado preferente para aquellos casos en que al tiempo de hacerse efectivas las disposiciones sucesorias estén en situación legal de pedir alimentos; en ese sentido, podrán reclamarlos a los sucesores del causante pero en proporción a los bienes recibidos. Se trata de una disposición claramente protectora de los derechos que en vida del alimentante hubieren correspondido al alimentista para el caso de haber querido reclamarlos, y siempre que se den los requisitos generales para su atribución, y con dos precisiones más: que esos alimentos serán los mismos que hubiere correspondido satisfacer al causante de haber estado vivo, y que los sucesores sólo están obligados a pagarlos en defecto del cónyuge viudo usufructuario o de los parientes del alimentista conforme a la legislación general.

Para concluir la exposición del tema, y a pesar de que el articulado de la Ley de Sucesiones lo prevé con anterioridad, he considerado conveniente tratar ahora la renuncia a la legítima por ser una de las formas en las que la misma pierde su eficacia para el renunciante. Acerca de momento en que se puede practicar la renuncia, el artículo 177 de la Ley plantea la posibilidad de hacerlo antes o después de la delación de la sucesión, indistintamente, y en este último caso, unilateralmente o como resultado de un pacto sucesorio. Los requisitos de capacidad y de forma son los mismos que para la repudiación de la herencia si se hace la renuncia después de la delación, y para el caso de hacerse antes, con los requisitos del otorgamiento del pacto sucesorio.

Un efecto especial de la renuncia de la legítima se constituye en que la misma por un descendiente no da lugar a la sustitución del renunciante por sus legitimarios, modificando así lo dispuesto en el artículo 141.1 de la Compilación. Además, la renuncia no afectará a los derechos que correspondan al renunciante en la sucesión legal ni a los que le provengan de la sucesión voluntaria del causante. Sin embargo, la renuncia a cualquier atribución patrimonial por causa de muerte procedente del ascendiente, implica la renuncia a la legítima.

Bibliographie

BIBLIOGRAFÍA

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Para citar este artículo :

Ignacio Lasierra Gómez. «La legítima en el Derecho civil aragonés», Cuadernos "Lacruz Berdejo",
http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=94

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